Catarsis y Harakiri

Artículos aparecidos en el blog "Catarsis y Harakiri"

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Publicado en el Blog Catarsis y Harakiri el 10 de Agosto de 2012 

El tigre Asiático de Sudamérica 

La ola de crecimiento económico que tiene sumido al Perú en el éxtasis del triunfalismo nos hace creer que vamos camino a convertirnos en el tigre asiático de Sudamérica. Y sin embargo hemos olvidado que los tigres asiáticos antes de serlo invirtieron considerablemente en educación. Es por ello que poseen un capital humano educado y altamente calificado. Mientras que el Perú está en la cola del mundo en materia de educación. De acuerdo a la prueba PISA 2009 el Perú está en el puesto 63 de 65 países. Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2011 del MINEDU que se administra a niños de segundo grado de primaria demostró que solo 3 de cada 10 niños entiende lo que lee, mientras que solo 15 de cada 100 niños que viven en zonas urbanas pueden resolver problemas de matemáticas. En la zona rural solo 3 de cada 100 niños. ¿Cómo es entonces que pretendemos convertirnos en un tigre asiático latinoamericano?

La educación es la base del desarrollo de un país y su crecimiento económico. A mayor educación, el capital humano es mayor y por lo tanto genera más riqueza. Mientras más educada sea la población tendrá menos hijos y estos recibirán mejor alimentación y educación lo que nos llevará directamente a un aumento en el ingreso per cápita, una mejora en la economía familiar y con ello el desarrollo del país.

La consecuencia directa de un sistema educativo fallido es un alto nivel de abandono escolar. Si un niño o adolescente no entiende lo que lee ni puede resolver un problema de matemáticas se frustra, su autoestima se ve afectada y pierde el interés por aprender. En el Perú la tasa de repetición de grado es bastante alta. Un adolescente que a los 15 sigue en primero de secundaria con niños de 12 años se siente avergonzado. La consecuencia directa de estas dos situaciones es el abandono escolar.

A más jóvenes sin educación, mayor pandillaje, consumo de drogas y delincuencia, mayor número de adolescentes embarazadas, menor número de gente capacitada y por lo tanto menor crecimiento económico y mayor carga para el Estado. Mientras más jóvenes estén desempleados y sus aspiraciones no puedan ser realizadas, mayor descontento social. Un joven sin educación tiene menos posibilidades de escapar de las trampas de pobreza y mayores posibilidades de transferir pobreza inter-generacional, es decir sus hijos tendrán menos probabilidades de escapar de la pobreza.

Uno de los principales impedimentos para reformar el sector educación ha sido el SUTEP, capturado años atrás por Patria Roja, es de tendencia marxista y promueve la lucha de clases. El SUTEP se ha caracterizado por su intransigencia y su resistencia a cualquier reforma educativa que implique un sistema de incentivos individuales para los maestros y una carrera en base a la meritocracia. Si bien el SUTEP es el sindicato único de trabajadores no todos los maestros se identifican con el, con su intransigencia ni con sus métodos.

La gran reforma educativa de los últimos 30 años fue la ley de Carrea Publica Magisterial que buscó romper con el SUTEP y generar incentivos individuales. La CPM estableció un sistema de evaluación para entrar y para ascender en la carrera magisterial y recibir aumentos. Sin embargo, 6 años después del inicio de su implementación solo cerca de 50,000 profesores de los 300,000 que tenemos se han acogido a ella. Un sistema educativo regulado por dos regímenes distintos no iba a lograr reformar la educación en el Perú. Por lo que una reforma de la CPM era necesaria.

El proyecto de ley de Reforma Magisterial busca acabar con esos regímenes y les otorga a todos los maestros la entrada a la carrera pública magisterial y un aumento de sueldo sin necesidad de la evaluación previa exigida por la CPM. Este proyecto de Ley ha sido visto como una capitulación ante el SUTEP al concederle precisamente lo que pedían: aumento sin evaluación. Esta percepción es en gran parte responsabilidad de la falta de capacidad política del gobierno y de su falta de manejo comunicacional. ¿O todo esto es deliberado?

El gran problema de la educación en el Perú es uno de gestión y de incentivos. Los maestros hoy en día no están bien remunerados, no reciben el respeto que deberían, no están capacitados adecuadamente y muchos de ellos no tienen los medios económicos para acceder a una capacitación. Más aun, en muchos casos los maestros tienen un segundo trabajo, después de clases, para lograr mantener a su familia. Entonces es el Estado el que tiene la obligación de facilitarle a los maestros la posibilidad de capacitarse, de tener mejores sueldos y mejorar su desempeño. Sin buenos maestros no hay reforma que funcione. Pero pasa también por romper con el SUTEP que es el principal obstáculo para introducir los grandes cambios para una educación de calidad.

Los directores de los colegios no tienen capacidad de toma de decisiones, no pueden contratar maestros, premiarlos, sancionarlos ni optar por no renovarles el contrato. Si los directores no tienen autonomía en sus colegios no tienen ni los incentivos ni la capacidad de mejorar el nivel de educación de su colegio. En el Perú los directores están pintados en la pared. Las experiencias exitosas en materia de políticas públicas de educación pasan por darles esa autonomía a los directores y darles un rol fiscalizador a los padres de familia.

El Perú necesita una verdadera reforma educativa que no pase sólo por darles beneficios a los maestros sino que tenga como centro de la educación al niño. Esta reforma pasa además por aumentar los presupuestos de los sectores educación y ciencia y tecnología. Sólo cuando logremos todo lo anterior podremos creer que vamos camino a convertirnos en el tigre asiático de Sudamérica.

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Publicado en el Blog Catarsis y Harakiri el 7 de Julio de 2012

Crónica de una captura anunciada

En los últimos meses ha surgido una corriente de opinión muy fuerte dentro del país que sostiene la necesidad de que el Perú se retire de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta, como consecuencia del informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Chavín de Huantar” y su posterior denuncia ante la Corte. No es la primera vez que el Perú buscaría el retiro de la Corte. En 1998 y como consecuencia de una recomendación de la Comisión y de un fallo de la Corte que benefició a los terroristas chilenos del MRTA Jaime Castillo Petruzzi, Lautaro Mellado, María Concepción Pincheira y Alejandro Astorga (quienes manejaban las llamadas “cárceles del pueblo”), el gobierno del Presidente Fujimori decidió retirarse de la competencia contenciosa de la Corte. Lo hizo sin denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos pues la intención no fue dejar de lado los derechos ciudadanos protegidos por el pacto de San José, sino discutir la legitimidad de una justicia internacional que había devenido en un instrumento de activismo político.

En el 2000 en la Mesa de Dialogo para la transición democrática de la OEA, TODOS los representantes de los partidos políticos, la sociedad civil y el gobierno acordaron que el Perú retornaría a la competencia contenciosa de la Corte pero estableciendo reservas para los casos de terrorismo. Esto significaba que la Corte Interamericana no podría pronunciarse sobre ellos. Este acuerdo había sido negociado y aceptado por la OEA y reflejaba la estrategia del gobierno de Fujimori para evitar que la Corte siga haciendo activismo con el tema y desconociendo la naturaleza y características del terrorismo que azotó el país. Lamentablemente la falta de visión de los políticos peruanos hizo que durante el gobierno de transición del Presidente Paniagua un proyecto de ley impulsado por Antero Florez Araoz, Jorge del Castillo, Diego García Sayán y Javier Perez de Cuellar decidiera el retorno a la Corte sin reservas. De haber cumplido con el acuerdo, el Perú se habría evitado la humillación de indemnizar económica y moralmente a los terroristas que desangraron al país y de tener, eventualmente, que volver a juzgar a los comandos.

La Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada el Pacto de San José es un valioso instrumento que busca proteger a los ciudadanos de posibles violaciones de DDHH cometidos por los Estados. El problema no es la Convención, ni la Comisión ni la Corte. El problema es que estas instituciones han sido capturadas por activistas ideologizados que promueven sus intereses políticos utilizando el sistema interamericano de DDHH.

Desde la caída de Fujimori, activistas, políticos y periodistas políticamente correctos convencieron a una gran parte de peruanos que ellos eran la reserva moral del Perú, se vendieron como demócratas cabales, pese a ser admiradores, y en algunos casos amigos personales, de Fidel, y buscaron reescribir la historia reciente del Perú. Durante muchos años controlaron la información y los mensajes a la opinión pública y quienes no estaban de acuerdo, fueron acallados. El Presidente Toledo, cuya única virtud fue estar en el lugar y momento indicado para liderar una oposición rabiosa, hizo del antifujimorismo su bastión. Con él estuvo todo aquel que odiaba a Fujimori. Desde la izquierda que acompaño a Fujimori en sus primeros meses en el poder y que se sintió traicionada cuando los dejo de lado, pasando por los partidos tradicionales que se sintieron robados cuando Fujimori cerró el Congreso, la caviarada políticamente correcta que no tuvo espacio en los noventas, hasta los popularmente conocidos fujicaviares, esos “técnicos” que trabajaron para el gobierno fujimorista durante los noventas y que luego se acomodaron al discurso de la caviarada, olvidando su pasado para mantener amistades y nuevos trabajos. Todo aquel que defendiese las reformas del gobierno fujimorista era descalificado como corrupto, antidemocrático, violador de DDHH y genocida. Mucha gente opto por callar amedrentados por el bullying antifujimorista. Así dejamos que la caviarada controlara al País.

Pero han pasado doce años y la opinión pública está comenzando a cansarse. Ya se oyen voces críticas. Ya los políticamente correctos no llevan la voz cantante ni son los dueños de las redes sociales. Sin embargo, aun tienen mucho poder y están bien organizados a diferencia de la derecha peruana, tibia y pusilánime. En estos días Ronald Gamarra estaría siendo propuesto como nuevo Defensor del Pueblo y Roció Silva Santisteban como miembro del Tribunal Constitucional. Tanto Gamarra como Silva Santisteban son activistas ideologizados como los miembros de la CIDH. Si Gamarra lograra llegar a la Defensoría y Silva Santisteban al TC, estas instituciones serian capturadas de la misma manera como lo fue el sistema interamericano de DDHH y el activismo de izquierda se apoderaría de ellas. Difícilmente los propuestos candidatos y sus corifeos tendrán la hidalguía de reconocer que su activismo político los priva de una condición fundamental para ejercer justicia y defender derechos ciudadanos: la imparcialidad e independencia de criterio. Valientemente, se cobijaran bajo la formalidad de no estar inscritos en partido político alguno.

El sistema interamericano de DDHH ha perdido legitimidad. Ni sus comisionados ni sus jueces son imparciales y han demostrado actuar en beneficio de quienes comparten su ideología. Esto ha sucedido porque los países miembros de la OEA lo han permitido. Porque los partidos políticos de derecha de esos países no tuvieron una voz fuerte. No propusieron alternativas, renunciaron al manejo de los derechos humanos, cediéndoselo a la izquierda. La derecha latinoamericana prefirió quedarse con el manejo económico. ¿Es entonces razonable que un país siga sometido a la competencia contenciosa de una Corte que ha perdido legitimidad? ¿Qué es lo que sucedería con instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional si Gamarra y Silva Santisteban logran ser nombrados? ¿Podrían los ciudadanos peruanos confiar en la imparcialidad de estas instituciones o perderían legitimidad como el sistema interamericano de DDHH?

La derecha tiene que organizarse, reposicionarse y levantar la voz. Tanto el sistema interamericano de DDHH, como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional son instituciones muy valiosas que garantizan el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos. En el caso del sistema interamericano de DDHH es necesario independizar las instituciones, romper con la captura y despolitizarlas. No podemos darnos el lujo de renunciar a ellas. Como tampoco podemos darnos el lujo de permitir que instituciones nacionales sean capturadas por activistas políticos altamente ideologizados. Estamos a tiempo de evitarlo.