Terrorismo

Sendero y el MRTA bañaron al Perú en sangre con la excusa de la lucha armada. Con la del indio oprimido, asesinaron indios, campesinos, ciudadanos pobres, policías, militares y empresarios. El baño de sangre fue indiscriminado, siniestro y encarnizado.

SL y MRTA no son simples delincuentes, son terroristas ideologizados. Para acabar con el terror se diseñó un régimen especial de tres pilares: el de inteligencia, buscaba la captura; el de legislación antiterrorista buscaba un juzgamiento eficaz y penas severas para evitar que se acogieran a beneficios y el del régimen penitenciario, para impedir que se reorganizaran.

Pacificado el país, la CIDH y la izquierda, promovieron beneficios para terroristas. Sabiendo de la ideologización de la Corte, el Perú acordó en la mesa de diálogo de la OEA el retorno a la Corte con reservas en casos de terrorismo. Acuerdo incumplido durante el Paniaguato. Toledo y García Sayán modificaron y flexibilizaron las leyes antiterroristas que permitieron juzgar y condenar bajo un régimen especial a los terroristas, reduciendo penas y concediéndoles beneficios.

Una vergonzosa entrevista busco humanizar a un terrorista concediéndosele dos horas en televisión para justificar y defender sus crímenes. “A uno lo quieren poner como un ser violento” dice Cárdenas. ¡Imagínese!

Carlos Tapia, ex miembro de la CVR, mostrando su debilidad ideológica, sostiene que todos los terroristas pidieron perdón cuando la CVR los entrevistó. El problema dice, “es que no ha habido una educación sobre lo que realmente sucedió”. Peter Cárdenas orgulloso dice haber colaborado con la CVR, y usa el informe final como defensa. Además, anuncio estar dispuesto a apoyar una candidatura de Izquierda. Esa prima hermana del SL y MRTA, que fue incapaz de enfrentarlos. Y que, para legitimarse, creo internacionalmente la imagen del Perú como una dictadura violadora de DDHH. Queriendolo o no le hicieron un favor al terrorismo quienes hoy pueden decir que como luchadores sociales fueron víctimas de un Estado terrorista, que sus DDHH fueron violentados y tienen fallos de la CIDH a su favor, indemnizaciones, presos políticos y hasta un monumento.

Chapa a tu golpeador

La tasa de violencia contra la mujer es de las más altas de Latinoamérica, 4 de cada 10 han sido atacadas por sus parejas. En Lima 23% de mujeres han sido forzadas a tener sexo, 47% en Cusco.

El Estado ha sido incapaz de implementar políticas públicas y campañas de cambio de comportamiento que logren reducir su incidencia. No existe un programa integral ni atención psicológica. Es noticia de todos los días. Mujeres violadas por sus parejas, golpeadas, quemadas, asesinadas. Mujeres a las que poderosos empresarios les quitan a sus hijos. ¡Y todos miran hacia otro lado!

Se cree equivocadamente que la violencia contra la mujer pertenece al ámbito privado. Que es problema de la pareja y que nadie tiene derecho a involucrarse. La Sociedad le echa la culpa a la mujer por elegir mal, por permitirlo, por no ponerle un pare. Y así las mujeres son víctimas de violencia doméstica y social.

La violencia de genero responde al control y dominio que busca ejercer un hombre sobre una mujer. Es una muestra de poder, de superioridad. El hombre la considera un objeto y reclama su derecho de propiedad a través de la violencia. La violencia de género es un delito, pero no importa. Aquí las leyes no se cumplen. Y es que una de las grandes barreras para acabar con la violencia es la impunidad.

Hace unos meses se hicieron públicas las denuncias por violencia doméstica contra un regidor. Hoy son contra un Congresista. Sin embargo, la sociedad y las lideresas de sus partidos los protegen. En los últimos días he leído varios cometarios defendiendo a Diaz Dios. Como en su momento a Pablo Secada. Lourdes Flores sostuvo que las denuncias contra Secada “no eran suficientes para descalificar a un político que tenía mucho que aportar”. Y Keiko se ha limitado a un par de tuits pidiendo que se aclare el incidente. Imagínese que ellos son actores políticos, responsables de diseñar y ejecutar políticas públicas.

Para Secada, su mujer era “muñeca brava” y Diaz sostiene que el no expondrá a su esposa. La violencia contra la mujer es inaceptable en cualquier circunstancia. Y quien protege o no sanciona al que la comete se convierte en cómplice.

A punta de chantaje

Para gobernar no basta ganar elecciones. Para gobernar se necesita legitimidad y la confianza del pueblo y de los inversionistas. En el Perú no existe ninguna. ¿Quién gobierna? ¿Confía usted en el Estado? Con una economía en desaceleración y una crisis institucional seria, los rumores de los últimos días no hacen más que empeorar la crisis.

La impersonalidad de las instituciones es una característica fundamental para lograr cruzar el umbral del desarrollo. Pero en el Perú, país caudillista seguimos esperado al outsider que salvara al país. Lo que nos hace idealizar candidatos y sobredimensionar sus posibilidades de acción para luego, una vez que fracasen, desilusionarnos y perder aún más confianza en la democracia y en las instituciones. Es un error defender personas por encima de instituciones. Como es un error permitir que se doblegue el principio de autoridad que debe ejercer un estado.

En Loreto, 600 miembros de la Fediquep y la Feconaco han tomado el helipuerto de Andoas y bloquean el ingreso al Lote 192 desde el sábado pasado. El Presidente de la Feconaco exige la llegada de una comisión de alto nivel del Ejecutivo para dialogar. ¿Acaso se puede dialogar bajo condiciones de fuerza?

Este tipo de acciones para exigirle al gobierno central presencia en zonas en conflicto y decisiones que beneficien a un grupo, se han hecho costumbre en el País. El gobierno de Toledo aceptó el levantamiento popular, la captura de rehenes y la toma de carreteras como mecanismos validos en la negociación con el Estado. El de García lo institucionalizó. Es momento que el Estado demuestre que tiene el control sobre la violencia y que ninguno de esos mecanismos puede ser exitoso. Quien bloquea una carretera, toma un aeropuerto o impide el libre desarrollo de las actividades comerciales comete un delito. El Estado no puede aceptar el chantaje de quienes están fuera de la ley. El estado peruano está siendo progresivamente secuestrado por la coerción de los ilegales. No podemos mantener un modelo de ausencia de autoridad.

¡A la cola!

Lima se sorprende cuando en las zonas de influencia minera y petrolera las comunidades buscan parar las inversiones. Pero Lima nunca pregunta por qué.

Cajamarca es la región más pobre del Perú. El 52.2% de cajamarquinos vive en pobreza. 32.7% de los menores de 5 sufre anemia y hay más de 600,000 pobladores que padecen déficit calórico. En Islay, área de influencia de Tía Maria, viven 53 mil personas. El 25% viven en pobreza, el 40% de las viviendas no están conectadas a una red pública de desagüe.

Las comunidades no confían ni en las empresas ni en el Estado. Ellos ven como con la mina llega gente de fuera, construyen caminos privados, traen seguridad que les impide el acceso, destruyen sus Apus, contaminan su agua y se llevan “su” riqueza. Y ellos siguen en la misma pobreza. Y nadie se toma el trabajo de explicarles si se cumple con los estándares medio ambientales y cuáles son las medidas de mitigación.

La falta de partidos formales que representen los intereses de los pobladores más pobres y de las regiones más alejadas los empuja hacia movimientos radicales. Los ciudadanos sienten que han sido abandonados por el estado y que las opciones pro-sistema no los benefician. Y por ello le exigen a sus autoridades locales que los protejan contra las mineras y contra el Gobierno Central.

La solución pasa por escuchar a la comunidad y diseñar intervenciones que cubran sus expectativas (caminos, colegios, centros de salud, redes de agua y desagüe, etc.) y a la vez le permitan a la empresa explotar el mineral, generando puestos de trabajo directos e indirectos, y regalías, para que todos los peruanos nos beneficiemos del crecimiento económico.

El gobierno central tiene un rol importantísimo que jugar y eso pasa por reconocer a las autoridades locales elegidas por el pueblo y trabajar con ellos para lograr el desarrollo de su comunidad. Comenzar respetando a las autoridades es un buen paso. Hacer que un alcalde haga cola para entrar a una reunión con un viceministro es un error que muestra que Lima, nunca entiende nada.

Chapa tu choro

“Cincuenta y seis personas que se meten a una casa, roban, agreden, son capturadas y luego son liberadas ¿cómo explicar eso? Señores fiscales, jueces, la policía si ‘chapa a los choros’” Fueron las declaraciones de un indignado José Luis Pérez Guadalupe, Ministro del Interior en respuesta a la resolución de la jueza Hayde Vergara Rodríguez.

En Lima, el 82% de los ciudadanos considera como el principal problema la delincuencia e inseguridad ciudadana. De acuerdo con cifras del INEI entre Octubre del 2014 y Marzo del 2015 el 32% de peruanos que viven en zonas urbanas con más de 20,000 habitantes ha sido víctima de algún hecho delictivo, sin embargo solo el 15% lo denunció. La incidencia de victimización en Lima es mucho mayor, en el 2014 el 43.1% de limeños fue víctima de algún delito.

Una de las condiciones para que un país cruce el umbral del desarrollo es que el Estado tenga el control del monopolio de la violencia. Esto es, solo el Estado a través de la ley puede ejercer la violencia (orden, persecución, sanción) sin que ningún otro grupo (narcoterrorista, sicario, pandillero) pueda hacerlo. En el Perú, el principio de autoridad ha sido socavado por la pérdida de legitimidad del Estado. Los ciudadanos no confían en las autoridades y eso se ve reflejado en la alta percepción de inseguridad y en el bajo porcentaje de denuncias de las víctimas.

Esta falta de confianza en el Estado ha llevado a un grupo de ciudadanos a promover el linchamiento de los delincuentes, tal como vienen haciendo rondas y comités de autodefensa. Cuando el ciudadano se ve obligado a “resolver” sus problemas por incapacidad del Estado, todos los ciudadanos pierden porque corremos el riesgo de que se imponga una anarquía.

Cabe resaltar que la incapacidad del poder Judicial no se ve reflejada exclusivamente en la liberación de delincuentes comunes. La impunidad con la que operan los delincuentes de cuello y corbata, esos que se pasean por los distintos poderes del Estado, amparados en Habeas Corpus, es otro ejemplo.

¡Sálvese quien pueda!

Mientras la bolsa de Valores China cae estrepitosamente contagiando al resto de países emergentes, entre ellos el Perú, no nos queda más que enfrentarnos a nuestra cruel realidad. Si bien, en los últimos años, hemos sido consientes de nuestras limitaciones como país en cuanto a la debilidad institucional que enfrentábamos, reconocíamos el impresionante crecimiento económico que experimentábamos como algo positivo. Este era el escenario cuando lo de la Gran Transformación y la Hoja de Ruta. Cuando las agendas aún no se perdían y su dueña dibujaba corazoncitos en ellas con ojos de Rico Mc Pato.

Como la pareja presidencial llegó al poder creyendo que el crecimiento económico estaba garantizado, dejaron de lado la implementación de políticas públicas adecuadas que mantuviesen el crecimiento y que facilitasen la inversión privada y la seguridad. El ruido político que generaron los dos aventureros y claro, la incapacidad demostrada lograron que los empresarios perdieran la confianza y las trabas burocráticas se encargaron de limitar la inversión pública. Todo lo anterior, sumado a factores externos, derivaron en el magro crecimiento económico 2014 y lo que va del 2015.

Mientras la desaceleración económica comienza a sentirse y nos enfrentamos al riesgo de que aquellos que salieron de la pobreza puedan caer nuevamente en ella, los temores sobre la magnitud del Fenomeno de El Niño se confirman. Y mire usted la incapacidad del Gobierno Nacionalista, el Ministro encargado de coordinar todas las acciones de prevención del gobierno ante El Niño, Juan Benites, no pudo responder ante la Comisión de Agricultura al no estar “preparado”. Si, así mismo lo dijo.

Hace un par de semanas yo preguntaba “Qué es lo que ha hecho el Estado para prevenir los efectos devastadores de un Niño extraordinario?” hoy tenemos la respuesta: nombrar a un Ministro incapaz de explicarse ante el Congreso.

Las agendas truchas de la primera dama

Cuando un ciudadano postula a un cargo de elección popular o acepta un puesto en el sector publico sabe bien que el puesto viene con la obligación de rendirle cuentas al país. Y que por ello, podría ser sujeto de infructuosas investigaciones: de contraloría, del congreso, de la fiscalía y sobre todo de la prensa.

Nadine Heredia no es funcionaria pública y por ello no está obligada a rendir cuentas. Sin embargo, ejerce un ilimitado poder. Pone, quita y da luz verde a Ministros y pese a que no existe un presupuesto asignado a su despacho, nadie sabe de donde, como ni porque sale el dinero que financia sus viajes, presentaciones y asesores. El poder de Heredia es un riesgo, porque es informal y no está sujeto a ningún contrapeso.

 Este poder informal de la primera dama es cuestionado desde hace mucho tiempo, sin que nada se pueda hacer en realidad por limitarlo. Ello demuestra la debilidad institucional en la que se mantiene nuestra endeble democracia.

El domingo Panorama presento una investigación sobre unas agendas que habrían sido escritas de su puño y letra. Nadine Heredia sin presentar prueba alguna que desacreditara la investigación, sostuvo que ella “no le atribuía ninguna seriedad”.

Las agendas hechas públicas muestran el manejo de dineros previamente a que la pareja llegara a Palacio. ¿Cuál es el origen de esos dineros? No sabemos. ¿Fueron aportes de campaña? De ser el caso, ¿de quién y porque no entraron a las cuentas del Nacionalismo?

Y usted se preguntara, si son previos al 2011, ¿Importa? Claro que importa porque serian ingresos no declarados y que son usados para financiar los gastos personales de quienes hoy rigen los destinos del país. La ley de partidos políticos busca arrojar transparencia sobre los aportes, aportantes y gastos de los partidos. El objetivo es limitar la corrupción y la infiltración de dinero del narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado en los partidos. Sin éxito alguno, por cierto.

¿Para quién trabajan los ministros?

El Senhami ha advertido que la llegada de una nueva onda Kelvin en la primera semana de setiembre refuerza la posibilidad de un fenómeno El Niño extraordinario.

Previamente a ello, Defensa Civil anuncio que cerca de 1200 viviendas de La Victoria en Chiclayo colapsarían de registrarse intensas lluvias. Mientras que Ingemmet advierte que hay 9 distritos en la ciudad de Lima que se verían seriamente afectados por la cantidad de viviendas precarias que existen. En Piura y Tumbes hay 17 distritos declarados en emergencia.

¿Qué es lo que ha hecho el Estado para prevenir los efectos devastadores de un Niño extraordinario? En 1996, cuando se supo que teníamos un niño en camino el gobierno central adopto una serie de medidas preventivas que iban desde movilización de personal especializado a las zonas vulnerables, simulacros de inundación y sequía, obras de ingeniería y reubicación de poblaciones vulnerables. Al no tener información sobre la magnitud del fenómeno, se consideró como escenario que la magnitud sería similar a la del de 1983-84, es decir bastante severa.    

Casi 20 años después y en referencia al niño actual, la flamante Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sostiene que “el gobierno central está haciendo su esfuerzo, pero los gobiernos locales tienen que asumir su responsabilidad”.  Mientras que el Ministro de Economía dice que él es ministro del gobierno central. ¿Sabrán los “ministros” que los ciudadanos no esperamos de ellos “un esfuerzo” sino el cumplimiento eficiente de su deber? ¿No es eso lo que prometieron al juramentar el cargo?

El Estado es el llamado a tomar las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos, especialmente aquellos en pobreza que son los más afectados ante los desastres naturales. Por cierto, la Ministra también sostuvo que en el caso del friaje y los 129 fallecidos, el Estado también “ha hecho su mejor esfuerzo”.

El Perú de la gran transformación

El ultimo año de gobierno del Presidente Humala empezó en un ambiente político caldeado y a través de un discurso donde no se asume responsabilidad alguna, ni política ni económica ni social. Los conflictos sociales han paralizado las grandes inversiones por todo el país. El BCR registra un crecimiento económico de solo 2.1% entre Enero y Mayo.

El fenómeno del Niño ya está declarado y la incapacidad del Estado para prever los desastres naturales, mitigar sus consecuencias y reparar los daños, es evidente. Como en el caso del friaje, los más afectados por esa clase de desastres son generalmente quienes menos tienen, y por ello la
responsabilidad del Estado es mayor y urgente.

Mientras la desnutrición crónica infantil afecta al 50.1% de los niños menores de cinco años en Huancavelica, a 35% en Cajamarca y a 30% en Ayacucho, la desaceleración económica comienza a sentirse y la delincuencia y el sicariato son cosa de todos los días, los ministros se toman selfies frente a Palacio. Y es que lo cierto es que una es la vida antes de llegar al poder y otra con un “ex ministro” en el CV. Ello sin importar lo buena o mala que haya sido la gestión.

Por otro lado, el gobierno del Presidente Humala, al amparo de la Ley del “Paquetazo ambiental”, habría suspendido y reducido las multas impuestas por la OEFA a empresas mineras y petroleras por haber incumplido con sus obligaciones medio ambientales. Gracias a ello empresas como Doe Run Perú (La Oroya), Volcan, Buenaventura y Santa Luisa se han beneficiado con multas congeladas por reiteradas faltas ambientales.

Así es como el gobierno de la “Gran Transformación” acoge y tutela los intereses creados de los sectores más poderosos, sin que los intereses de los más vulnerables cuenten con similar protección.  ¿Y qué dicen los “garantes” que facilitaron su elección? ¿Que les “devuelva” su voto?

En sus marcas, listos, ¡ya!

La campaña presidencial 2016 comenzó. Y como el Perú es un país sin memoria histórica, plagado de odios y venganzas, de intereses personalísimos y de demasiada mediocridad, ha comenzado una vez más la campaña anti-fujimorista, “políticamente correcta”, que olvido, convenientemente, que el Perú en 1990 era un país inviable. Se repiten una vez más con matices, historias que tratan al fujimorismo como si fuese el nazismo y hubiese llegado al poder a implementar una política sistemática de genocidio y corrupción. Las historias siempre son las mismas y ya llevan 15 años: violaciones de DDHH, esterilizaciones forzadas, los US$6,000 millones de la privatización embolsicados. Veamos:

Para condenar a Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, se tuvo que recurrir a la ficción jurídica de la autoría mediata, aludiendo al hecho de que Fujimori era el jefe supremo de las FFAA por la inexistencia de pruebas que demostraran su culpabilidad. Hace unas semanas, Cesar Azabache critico la sentencia de Fujimori al considerar que en 1991 Fujimori no tenía el control de las FFAA como para haber sido responsable de los hechos de Barrios Altos. ¿Por qué si Fujimori es responsable penal de las violaciones de DDHH ocurridas durante su gobierno, no lo es Belaunde de la política de tierra arrasada implementada durante el suyo y García de las desapariciones de campesinos, los asesinatos del Comando Rodrigo Franco y las matanzas de los penales? ¿Por qué la CVR encontró responsabilidad penal en Fujimori mas solo política en Belaunde y García?

Han vuelto también las mal llamadas “esterilizaciones forzadas” para aludir al Programa de Salud Reproductiva y Panificación Familiar que beneficio 850 mil familias al año, proveyendo de todos los métodos anticonceptivos disponibles (En 1997 el 13% de los beneficiarios eligió una esterilización, el 33.6% Depo-Provera, 20% píldora, 16% DIU y 12% condones) ¿Por qué si la Defensoría document 150 casos de esterilizaciones sin consentimiento, la campaña sostiene que hubo 300,000 esterilizaciones forzadas? ¿Por qué las esterilizaciones sin consentimiento ocurridas durante el Toledato no se mencionan?

¿Dónde está el informe Kroll contratado por el gobierno de Toledo para investigar y descubrir los dineros mal habidos de Fujimori, pero que sin embargo no le habría encontrado nada ilegal? ¿Sera por ello que Toledo lo declaro convenientemente secreto de estado?

Que el Fujimorismo aun no sea capaz de articular una defensa política sólida que responda a las acusaciones que se le hace, escapa a toda lógica. Los meses traerán renovadas versiones de lo anterior y más. La clase política será inmisericorde con Keiko, ello sin importar que ella no es Alberto y que los delitos no se heredan.

¿Y usted confía en el Estado?

Los ciudadanos a nivel mundial vienen perdiendo confianza en la democracia y en los actores políticos. El Perú no es la excepción. La sensación de que los políticos responden a intereses privados se acentúa incluso en países occidentales de larga historia democrática. La membresía partidaria viene cayendo en todos los países desarrollados, al igual que la participación electoral en aquellos donde el voto es voluntario. Una encuesta en siete países europeos encontró que más de la mitad de los votantes no confía en el Estado.

¿Y como pretendemos que los ciudadanos confíen en el Estado cuando estamos plagados de
políticos mediocres involucrados en escándalos de corrupción, lavado de activos y extrañas movidas?

La fiscalía ratifico la denuncia contra Alejandro Toledo por lavado de activos. El Sano y Sagrado el luchador contra la corrupción y la mafia, el “adalid” de “la reserva moral”, aquel a quien Julio Cotlear admiraba en como un ejemplo de político limpio, sin departamentos en Paris. Sobre quien Alvarez Rodrich sostuvo que siempre se ubicaba en el lado correcto, el de la decencia.  El mismo. Al ser cuestionado por el periodista de Univisión Jorge Ramos sobre el caso Ecoteva, sostuvo desencajado “pregúntele a mi suegra. Yo no sé si usted conoce las cuentas de sus suegros. ¡Esa casa nunca iba a ser para mi! ¡A mi me investigan por ser el yerno! ¡Están tratando de obstaculizar mi candidatura presidencial!”.

Nadine Heredia armo un teatro en el congreso rodeada de escuderos nacionalistas. Había sido
vejada en su condición de mujer, madre y esposa, dijo. Pero no dijo porque consideraba necesario usar una tarjeta adicional de la cuenta de una amiguísima. Quien por cierto resulto con un alto cargo en el OSCE. Digo, si no hay nada que ocultar, ¿para qué nos ocultamos? Mientras PCM sigue colocando y financiando Diario 1, de propiedad del padre de Martin Belaunde Lossio. 

PPK, cuando ministro de Toledo, exoneró a la Interoceánica del paso obligado por el SNIP. Ello
es hoy materia de un escándalo de corrupción. Y ahora, el candidato PPK ha propuesto eliminar el SNIP. Esto es eliminar el control que impide o dificulta que autoridades elegidas (alcaldes, gobernadores, y hasta el Presidente) puedan robarse la plata de todos los peruanos o utilizarla en obras absurdas. ¿Por qué PPK? Y es que, si con SNIP estamos hundidos en un pantano de corrupción, como seria sin SNIP? ¿O será que quiere ser consecuente con su decisión sobre la Interoceánica y de paso usarlo como defensa para la investigación que se vendría?  

Yo no sé usted, pero yo tampoco confío en el Estado ni en los políticos peruanos.

Más que solo buenas intenciones

Las declaraciones del Papa en Bolivia generaron que El Comercio le dedicara un editorial crítico el 12 de Julio pasado. El editorial resaltaba que las libertades económicas, basadas en derechos de propiedad, la defensa de los contratos y el estado de derecho son las responsables de la reducción de pobreza, la mejora en los indicadores de salud y educación, y en general, de la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos en el mundo.

Sin embargo, el mismo editorial reconocía que en 2008 la incidencia de pobreza global era de 60% y la extrema de 34%. Esto significa que aún hay mucho por hacer. Un mundo donde las libertades económicas, civiles y políticas solo alcanzan a unos cuantos no es sostenible. Ello es lo que reconoce el Papa.

El Perú es uno de los países más desiguales del mundo: 1.6 millones de niños son pobres multidimensionales. Solo 77% de los adolescentes asiste al colegio. En las zonas rurales es 67%. En Huánuco y Cajamarca 62% y en Loreto 58%. En el 2012, 458,136 niños dejaron de asistir al colegio, en el 33% de los casos por razones económicas, limitando sus posibilidades de escapar de la pobreza. La tasa de embarazo adolescente es 14%, la mortalidad materna 103x100,000nv y la infantil 16x1000nv. Existe, además, una brecha entre los indicadores de las zonas urbanas y las rurales siendo Lima quien mejores indicadores tiene. El 50.1% de los niños menores de 5 en Huancavelica sufre de desnutrición crónica, 35% en Cajamarca y 30% en Ayacucho. En Omacha, Cuzco la desnutrición alcanza al 80% de los niños. 

El liberalismo de hoy, basado en la doctrina clásica debe proponer un Estado efectivo y eficiente, que garantice igualdad de oportunidades, que complemente el mercado donde no funciona, y que no deje que, con el pretexto de la libertad, unos pocos se apropien del Estado, capturando rentas para beneficiarse. Se trata de hacer políticas públicas basadas en igualdad de oportunidades para “emparejar la cancha” en términos de acceso a nutrición, educación, salud, propiedad, crédito y justicia. sin importar su nivel socioeconómico, lugar de origen, sexo, raza o lugar de residencia

Nuestros liberales no han entendido que el liberalismo debe, como toda propuesta doctrinaria, ser adaptado a los cambios globales y a la realidad del país. No es posible implementar políticas liberales que pueden funcionar en sociedades homogéneas como Austria, en países heterogéneos donde prima la desigualdad y la inequidad. Es aquí donde el Estado tiene que intervenir para lograr reducir la inequidad y que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de prosperar en base a su esfuerzo y capacidades personales.

Dios los cría

El presidente de la Republica, dio una entrevista desde la cumbre de la Alianza del Pacifico. Y uno creería que iba a escuchar del presidente todos los beneficios que la alianza le traerá al desarrollo del país. Contrario a ello y olvidando que él no es más un hombre privado y si el Presidente de todos los Peruanos, fuimos sorprendidos por una defensa cerrada de su señora, la primera dama y presidenta del partido nacionalista y un ataque contra el poder legislativo y la congresista  Marisol Pérez Tello.

Para ello comparo la labor de la Comisión de Investigación del Congreso sobre el caso Belaunde Lossio con los juicios populares de Sendero. Y uno se pregunta ¿es que acaso el Presidente de la Republica entiende que el poder legislativo, además de otorgar leyes tiene la obligación de ejercer un rol de control tal como lo establece la Constitucion? ¿Sabrá el Presidente la importancia que tienen los distintos poderes del Estado en una democracia? “La primera dama no es funcionaria pública” nos dijo también el Presidente sobre su esposa. Y claro, eso lo sabemos bien y es precisamente uno de los cuestionamientos al poder informal que ejerce Heredia en el ejecutivo. Ella al no ser funcionaria pública no está obligada a rendir cuentas. Y esa lección se la aprendieron bien en Palacio. 

Mientras ello sucede, la procuradora de Lavado de Activos Julia Príncipe es acusada de inconducta funcional al haber hecho declaraciones relacionadas con la investigación sobre Nadine Heredia. Y mire usted, extrañamente PPK, flamante candidato presidencial que andaría buscando “todo el apoyo” sale a defender a la primera dama: “El Congreso esta para investigar a expresidentes y a exministros; ella no es ni expresidente ni exministro y el congreso no tiene nada que ver ahí”.  Y ello justo cuando PPK está siendo cuestionando por haber exonerado a la Interoceánica del filtro del SNIP.  

Existe en el país una percepción de que quienes entran a la política lo hacen por intereses personales y/o económicos. No existe actor político relevante sobre quien no pese alguna sospecha de corrupción. Lo mismo sucede con la percepción que tienen los ciudadanos sobre las grandes empresas. Y si esta percepción está basada en hechos ciertos o no, es irrelevante. Los ciudadanos no confían en el Estado ni en las grandes empresas que
tienen vínculos con el sector público.

El problema es que ambas organizaciones son fundamentales para el crecimiento económico y el desarrollo del país. La falta de confianza de los ciudadanos en estas instituciones solo pueden alimentar opciones antisistema, y a la larga afectar el desarrollo del país.

Chavín de Huantar

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (C-IDH) falló contra el Estado Peruano en el caso Chavin de Huantar, al considerar que Eduardo Nicolás Cruz Sánchez (a) “Tito” fue ejecutado extrajudicialmente y por ello el Estado Peruano es responsable internacional.

18 años después de la operación considerada internacionalmente como el modelo de rescate  de rehenes, la C-IDH decide que el Estado Peruano debe seguir investigando la muerte de "Tito” y con ella a los Comandos, héroes nacionales. Ello porque la tercera sala penal da como cierta la versión de Hidetaka Ogura, quien mediante una carta enviada desde Japón sostuvo que “Tito” fue detenido en la casa contigua y tenía las manos amarradas cuando habría sido ejecutado. 

En su sentencia, la sala solo consideró la pericia forense del antropólogo Baraybar (socio de Aprodeh) y no quiso valorar las pericias de médicos forenses contratados por el Estado que sostenían que “Tito” tenía más de un impacto de bala y que además el disparo en la cabeza habría entrado de lado y la trayectoria no coincidiría con un disparo característicos de una ejecución extrajudicial. Esta es la clave de todo el proceso.

Chavín de Huantar fue una operación militar de rescate de rehenes secuestrados por terroristas armados con fusiles AKM, lanzagranadas, cargas de dinamita,  que habían cubierto el perímetro de la residencia con minas antipersonales (http://hagamosmemoria.com/?p=497). Luego de más de 4 meses de cautiverio, al iniciarse la operación, los terroristas no se rindieron, Al contrario, implementaron un plan detallado de ejecución de rehenes, asesinando al vocal de la Corte Suprema Carlos Guisti y 2 Comandos: el Comandante EP Juan Valer, quien cayó protegiendo al Canciller Tudela, y el Capitán EP Raúl Jiménez, dejando más de veinte heridos.

En su carta, Ogura, sostuvo además que al momento de ser rescatado vio como Herma Luz Meléndez y Víctor Peceros se rendían mientras eran rodeados por los Comandos. Ello, se demostró falso y se probó que los emerretistas murieron en combate. ¿Porque si se ha demostrado que Ogura mintió en este caso, se acepta su versión en el caso “Tito”? ¿Cómo es posible que en el jardín donde supuestamente se le detuvo había 10 rehenes japoneses y 6 magistrados peruanos, y ninguno de ellos vio lo que dice Ogura? ¿Por qué 140 comandos y 70 rehenes tienen la misma versión pero la C-IDH le crea a Ogura, rehén japonés, posteriormente expulsado del servicio diplomático?

La sentencia de la C-IDH ordena al Estado Peruano pagarle a Aprodeh y Cepril US$30,000 por las costas del proceso. Y ello es considerado como “una sentencia positiva para el Perú” por el exPremier Jimenez Mayor.

Anemia económica, anomia institucional

Durante la primera década del Siglo XXI, Latinoamérica experimentó una gran reducción de pobreza monetaria. De acuerdo al Banco Mundial el factor principal que impulsó dicha reducción de pobreza fue el aumento en los ingresos laborales. Ello pese a que la mayoría de los trabajadores de la Región
son emprendedores autoempleados o trabajan en micro empresas, en su mayoría en el sector informal.

La pregunta que el estudio del Banco Mundial buscó responder fue: ¿qué sucedió en Latinoamérica para que el ingreso laboral aumente de tal manera que se produzca una importante caída en la pobreza? Se encontró que, durante el periodo comprendido entre el 2003 y el 2013, pese a que el aumento en los ingresos laborales se produjo en la mayoría de los países de Sudamérica, en todos los sectores económicos, niveles de habilidades y  tipo de trabajos, este se produjo sobretodo en los países que se beneficiaron por el boom del precio de los comodities. Hubo incluso países de centro américa que no se beneficiaron del boom de los comodities, en donde los ingresos laborales no solo no aumentaron sino que disminuyeron.

En el caso peruano, de acuerdo con el INEI, la pobreza monetaria cayo de 53% en el 2002 a 24% en el 2013. Lo preocupante es que quienes han logrado escapar de la pobreza son considerados nueva clase media, pese a que carecen de acceso a salud y educación de calidad y a empleo formal. Esta
clase media es considerada una clase media vulnerable ya que cualquier shock externo podría hacerla volver a caer debajo de la línea de la pobreza.

El boom de los comodities habría llegado a su fin y, con él, el crecimiento económico acelerado de los países de Latinoamérica. De acuerdo a cifras del Banco Mundial además, la reducción de la pobreza a nivel regional se ha desacelerado y la reducción de la inequidad está estancada desde el 2010.

Latinoamérica ha dejado escapar este boom de crecimiento económico sin implementar las reformas estructurales que eran necesarias y sin hacer inversiones en infraestructura y educación. ¿Significa ello que necesariamente vamos a regresar a los niveles de pobreza y crecimiento económico previos al boom del 2003? Por supuesto que no. Pero es una llamada de atención.

El Perú se enfrenta a una suerte de anemia económica y a una anomia institucional. El resultante descontento ciudadano, la falta de confianza en las autoridades y los crecientes escándalos de corrupción, en año pre-electoral, es lamentablemente la fórmula perfecta para el surgimiento de opciones radicales cuestionadoras del estado de derecho y la democracia.

La Jefecita

Esta es la historia de dos aventureros que llegaron a Palacio apoyados por un Marques enamoradizo y
un grupo de irresponsables líderes de opinión, políticos y empresarios llevados exclusivamente por el
anti y los intereses personales. Porque nadie puede sostener que el apoyo al candidato Humala estuvo
basado en la convicción de que podría dirigir los destinos del país. Alguien que podía cambiar la Gran Transformación por la Hoja de Ruta en cuestión de semanas era claramente un aventurero dispuesto a lo que fuera necesario. Quien converso con él en aquella época sabia de su limitada capacidad intelectual y del rol dominante que ejercía su mujer sobre él.

Las voces que desde el principio cuestionaron el rol de Heredia fueron acalladas por la Derecha, esa que dicen es bruta y achorada. “Es gracias a ella que se ha mantenido el modelo económico”, “Es la única pensante en Palacio” “¡Que importa si le da luz verde a los ministros mientras se mantenga el
crecimiento económico!” Y claro, en el Perú billetera siempre mata galán. Mientras los bolsillos se
siguiesen llenando, poco importaba la institucionalidad, la transparencia, la rendición de cuentas. ¡Pero si estamos a un pasito de la OCDE! El grave problema del Perú es que no tenemos líderes, ni
empresariales ni políticos, ni mucho menos una visión de país. 

Heredia no es funcionaria pública y por ello no está obligada a rendir cuentas. Ha sostenido muchas
veces que no existe un presupuesto asignado a su despacho, pero no dice de dónde, cómo ni por qué
sale el dinero que financia sus viajes, presentaciones y asesores. Ni tampoco sabemos cómo paga a sus abogados. La falta de transparencia que los rodeó desde que aparecieron en política está cobrándoles caro esta vez. Cuentas en Europa, tarjetas de crédito de amigas y el sueldo intacto del Presidente.

Explicaciones que se contradicen, y tardías subsanaciones en pago de tributos sobre compras realizadas. El poder de Heredia es un riesgo, porque es informal y no está sujeto a ningún contrapeso. El descaro con el que hace uso de él es una afrenta a la institucionalidad, al estado de derecho y a la democracia. Como lo fue el que alguna vez tuvo Vladimiro Montesinos desde el SIN, quien no era más que un asesor.

No hemos aprendido nada de la historia reciente. No basta decirnos demócratas y ser apoyados por
Marqueses libertarios. Heredia se da el lujo de llegar al Poder Legislativo y decirles a los congresistas que pueden y que no deben preguntar. Parecería creer estar por encima de todo, con su 16% de aprobación

Economía y política: ¿Fin del divorcio?

Mientras el Perú se entretiene con las compras, las cuentas y el descaro de Nadine, la economía
nos juega una mala pasada. Hace unos días nos “sorprendió” el anuncio de que la economía
peruana habría crecido 1.73% en el primer trimestre del año. El Ministro de Economía, sin embargo,
se muestra inexplicablemente entusiasta: "Ya hay razones para estar tranquilos sobre la aceleración
de la economía" dijo, mientras que el BCR redujo su estimado de crecimiento de Perú para el 2015
del 4.8% anunciado a 3.9%. Con mayor prudencia,  redujo su proyección de crecimiento a 3.3% y el
Citibank a 2.8%. Para Julio Velarde, presidente del BCR, el ajuste se explica por la caída en los
sectores construcción e hidrocarburos. No obstante, nada ha dicho sobre el efecto sobre las
expectativas de la inestabilidad política y de la paralización de proyectos mineros como Tía Maria.
El crecimiento económico es responsable de la reducción de pobreza y de una menor desigualdad.
El ensanchamiento de la clase media en teoría tiende a traer estabilidad política, social y económica
y a alejar del poder a líderes radicales antisistema. Ello porque una clase media tiene derechos de
propiedad que defender y no suele estar dispuesta a arriesgarlos.

Sin embargo, en el caso peruano, quienes han logrado escapar de la pobreza carecen de acceso a
salud y educación de calidad y a empleo formal. Por ello son calificados como una clase media
vulnerable al no haber incrementado sus activos mediante mayores niveles de ahorro, o capital
humano. El BID calcula que la clase media peruana era el 40.1% de la población. Sin embargo, el
38% de los peruanos son considerados como “población vulnerable”. Esto es podrían volver a caer
en pobreza ante cualquier eventualidad.

Así, la caída del poder adquisitivo de la clase media y el posible aumento de las familias en pobreza
tendrían como efecto inmediato el aumento del descontento, mayor precariedad institucional y
menor capacidad del estado -al disminuir sus ingresos- para responder ante la población. Todo ello
representa riesgos para la gobernabilidad en un contexto pre-electoral donde líderes antisistema y
anti inversión están ganando adeptos al interior del país. Por cierto, se calcula que la inversión
privada en el 2015 crecerá en 1%.

El conocido divorcio entre la política y la economía lleva a los ciudadanos de todos los niveles socio-
económicos a no entender que de las autoridades que eligen depende el futuro del país. Además de
una marcada irresponsabilidad en los líderes empresariales y en los partidos políticos. Todo
parecería indicar que ya no hay divorcio: ahora la política va mal y la economía también.

Ella se lo buscó

La Comisión de Justicia del Congreso decidió que la ley que despenalizaba el aborto en casos de violación no justificaba ser debatida en el pleno y dispuso su archivo. Ello sin importar que en el Perú ocurran aproximadamente 400,000 abortos al año.

El aborto es la tercera causa de muerte materna en el Perú. Ello porque la ilegalidad genera redes clandestinas y las mujeres que se someten a abortos lo hacen en condiciones insalubres que ponen en riesgo su vida. La OMS calcula que el 98% de los abortos inseguros ocurren en países donde abortar es ilegal. Las cifras del aborto inseguro y sus consecuencias son consideradas una epidemia silenciosa.

El aborto es una realidad, como lo es que la primera experiencia sexual del 24% de las mujeres rurales haya sido forzada. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el Perú 7 de cada 100 mujeres será violada durante el curso de su vida.

¿Por qué el Congreso y el sector conservador puede decirnos que las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos? El aborto no es un Método Anticonceptivo ni debe ser visto como tal. Pero existen casos en los que las mujeres deben tener derecho a decidir sin poner en riesgo su vida. Uno de ellos es en el caso de violación.

¿Sabía que cada año la fiscalía recibe 15,000 denuncias por violación? El 75% de las víctimas son menores de edad. El 42% fue violada en su casa. Según la ENDES 2013, en el 48% de casos de violación, las victimas no denuncian al violador por miedo, vergüenza o sentimiento de culpa, lo que impide visibilizar la magnitud del problema y permitirles acceder a la justicia. Mientras tanto el 32% de limeños cree que las mujeres son violadas porque provocaron al hombre. Algo así como
“ella se lo buscó, ahora que se aguante.”

La decisión del Congreso, afectará fundamentalmente a las mujeres pobres. Ello porque cuando una mujer del NSE A-B se somete a un aborto lo hace sin riesgo en una clínica privada, mientras que las mujeres del NSE D-E deben recurrir a comadronas, curanderos o “resolver” usando pastillas para la úlcera.

Lo mismo sucede con la Resolución del TC que limitó el acceso de las mujeres pobres a la píldora del día siguiente, al impedir su distribución gratuita por considerarla abortiva. Como la venta es libre, quien tenga dinero puede comprarla en cualquier farmacia. Estas políticas amplían la brecha de desigualdad en el acceso a la salud.

Parecería que el Estado peruano sigue considerando que las mujeres somos incapaces y por ello debe decidir por nosotras.

El guerrero que todo lo ve

El Presidente sostuvo que Sendero estaría detrás del conflicto contra Tía María. Sendero y ciertos
intereses políticos estarían buscando desestabilizar al país. El Perú post-Fujimori optó por la
desarticulación de los servicios de Inteligencia, olvidando que no existe país desarrollado que no cuente con una inteligencia sólida. Los “demócratas”, demostrando su falta de capacidad para gobernar, creyeron que lo mejor era eliminar la semilla del mal, y no vieron que la inteligencia era necesaria, que se debía regular y colocar contrapesos. Hoy con una inteligencia dedicada a investigar a Gastón, los dirigentes de Tierra y Libertad, Sendero y el etnocacerismo amenazan con incendiarnos la pradera. Ollanta, el guerrero que todo lo ve, decidió regresarnos a los ochenta declarando Estado de Emergencia en Islay. Sin inteligencia, volvió al rastrillaje casa por casa, como hacia el ejército durante los gobiernos de Belaunde y García. Recordándonos que fueron los campesinos atrapados entre dos fuegos quienes más sufrieron.

La historia del desarrollo de los países ha sido distinta en tiempos y procesos, pero si en algo coinciden los expertos es que para lograrlo se requieren tres requisitos indispensables. Primero, la impersonalidad de las instituciones. En un país desarrollado existe un orden social de acceso abierto a las instituciones económicas y políticas, mientras que en uno no desarrollado este acceso está condicionado a características personales y basado en las relaciones entre la élite. El crecimiento económico no es suficiente, pues en los países en desarrollo está basado en la exclusión, las relaciones asentadas en privilegios y la apropiación de rentas. Ello se evidencia en el caso de las industrias extractivas en el Perú.

Por ello, aunque el crecimiento experimentado la década pasada hubiese sido mantenido, sería
insuficiente para lograr el desarrollo. Segundo, el estado de derecho. En los países desarrollados el estado garantiza la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, el respeto al derecho de propiedad y los contratos. En el Perú la justicia la compra aquel que tiene acceso al poder.

Tercero, el Estado debe tener el control sobre el monopolio de la violencia. Esto es, solo el Estado a
través de la ley puede ejercer la violencia (orden, persecución, sanción) sin que ningún otro grupo
(narco/terrorista, huaraquero,etnocacerista) pueda hacerlo. En el Perú, el principio de autoridad ha sido socavado por la pérdida de legitimidad del Estado. La población cuestiona el uso legítimo de la violencia por el gobierno de Humala.  

Hace unos meses la clase empresarial, siempre tan conectada con el país, sostenía que estábamos a un pasito de la OCDE. Que ya casi llegábamos, que era cosita de nada. ¿Cómo la ve?