Los Fariseos de la libertad

PREFACIO: Mi columna de hoy sobre lo que debería ser el centro del debate, el derecho constitucional a la libertad de expresión, el derecho a recibir información y la obligación de los medios de prensa a permitir que ellos sean ejercidos. ¿Pueden los dueños de los medios garantizarlos o sus intereses empresariales pueden más? Si seguimos creyendo que las ideas de la mayoría deben ser impuestas sin darles la posibilidad a las minorías de expresarse estaremos construyendo una “dictadura de la mayoría” Cuando los anarcoliberales peruanos dicen que quienes tienen ideas de izquierda pueden comprar periódicos de izquierda olvidan lo mas importante. ¿Que pasa con aquellos cuyo acceso a la información es limitado y que no saben que hay ideas distintas? Un ejemplo son los campesinos de Cajamarca entre Goyo Santos y Roque Benavides (con su milicia mas) Mientras sigamos creyendo que los campesinos de Cajamarca son unos ignorantes sin derechos azuzados por la izquierda y no les demos “voz” e información, difícilmente construiremos un país.

"La mayor amenaza para la libertad es la concentración del poder"

Friedman

Quienes sostienen que la asociación entre EC y Epensa debe ser analizada solo desde una visión de libre mercado, se equivocan. La prensa no es una empresa cualquiera ni puede ser comparada con el mercado de gaseosas. La prensa es la columna vertebral de la libertad y de la democracia. Los medios tienen la obligación ética y moral de permitir que las personas ejerzan su libertad de expresión y de facilitar el diálogo político. De darle voz a las minorías, aunque su línea editorial sea opuesta a los intereses de aquellas. Porque la base de la democracia es que existan opiniones diversas y que los ciudadanos puedan escucharlas y decidir libremente. Breña Pantoja escribiendo en Correo es un botón.

¿Acaso los comuneros que se oponen a las inversiones mineras –Conga– pueden ejercer su libertad de expresión y comunicarle al resto de peruanos sus preocupaciones?

Nuestros liberales sostienen que con la tecnología el costo del acceso a la información es mínimo. Disfruto la facilidad con la que opinan sin analizar data. Según el INEI, el 20% de los hogares peruanos tiene acceso a internet. Desagregado por región es así: Costa 30%, Sierra 8.8% y Selva 5.6%. En Lima es 38.7%, Cajamarca 4.6%, Huancavelica 1.7% ¿Cuando Bullard habla del acceso a la información se refiere al acceso de quienes viven en Miraflores, SI, Surco o La Molina?

Aquí no se trata de concentración de medios ni de una amenaza al derecho constitucional a la propiedad, como sostienen las partes. Se trata de garantizar la libertad de expresión de las minorías y la obligación de los dueños de medios de permitirles ejercerla. Esta columna es una muestra de esa libertad.

La Jefa

Nadine Heredia es oficialmente la presidenta del Partido Nacionalista y Primera Dama del Perú. Extraoficialmente, Primera Ministra. Ella convoca y nombra ministros, pone la agenda y coordina con ellos. Según el ministro de Defensa, también les da luz verde. Sus ministros se creen protegidos, sintiéndose, incluso, por encima del Congreso.

Heredia no es funcionaria pública, por ello no está obligada a rendir cuentas. Sostiene que no existe un presupuesto asignado a su despacho, pero no dice de dónde, cómo ni por qué sale el dinero que financia sus viajes y presentaciones. La semana pasada, la flamante presidenta del Partido Nacionalista dio una entrevista desde Palacio. En ella hizo un recuento de los logros de su gobierno y de paso le metió su chiquita a un expresidente.

El poder de Heredia es un riesgo, porque este es informal y no está sujeto a ningún contrapeso. Por ello, ¿cómo se explica que el director de un diario de oposición y una de las editoras de otro del mismo grupo hayan accedido a una audiencia privada con ella? ¿No es acaso que cuestionan la falta de institucionalidad y están preocupados por lo que sucedería si se desempolva La gran transformación?

En política no se puede ser ingenuo, si al 2015 Heredia tiene un porcentaje interesante de intención de voto, se va a lanzar. El problema no es que se lance, sino que utilice recursos públicos, como viene haciendo desde el 28 de julio del 2011 para promover su imagen y candidatura. Por ello, el Congreso debería recordar su rol en un Estado de Derecho, el de hacerle contrapeso al Ejecutivo, y legislar limitando las posibilidades de que ello, el uso de recursos públicos, siga ocurriendo.