Justicia Tramposa

El permiso de salida del país otorgado a dos emerretistas ha causado indignación. El MRTA fue un movimiento terrorista, que secuestraba, extorsionaba y asesinaba empresarios para obtener dinero para la lucha armada. Lori Berenson fue detenida, acusada y condenada por planear la toma del Congreso. Lautaro Mellado fue uno de los 4 chilenos, junto con Castillo Petruzzi que controlaban las “cárceles del pueblo” donde empresarios secuestrados eran retenidos en condiciones infrahumanas durante meses hasta que las familias pagaban rescates millonarios. Este dinero nunca ha sido encontrado. Se cree que estaría en cuentas en Suiza y que la esposa de Cerpa, Nancy Gilvonio, quien también ha pedido autorización para viajar a Francia, y otros más, tendrían esta información.

El MRTA tomo la embajada del Japón en diciembre de 1996 y mantuvo secuestrados a 72 rehenes durante más de 4 meses. A cambio de su liberación exigían la entrega de Polay, Gilvonio, Mellado, Castillo Petruzi y demás emerretistas. Ellos se consideran prisioneros políticos.

El Supremo San Martin ha salido en defensa de los jueces que autorizaron los permisos de viaje. Ha dicho que los jueces son independientes y que ellos son responsables ante su conciencia. Efectivamente, los jueces son independientes y salvo prevaricato sus fallos no deben ser cuestionados. Estos terroristas recibieron la liberación condicional al amparo del DL 927 otorgado por el expresidente Toledo y posteriormente derogado. Sin embargo, las condiciones de la liberación condicional deben ser cumplidas. El artículo 6 establece que “El Juez Penal al conceder el beneficio penitenciario de liberación condicional, dispondrá el impedimento de salida del país del liberado” No dice podrá disponer, lo ordena. Los jueces, violando el principio de ultraactividad de la ley, no lo han aplicado. Eso, Supremo San Martin se llama prevaricar y no debe quedar sólo en la conciencia de sus jueces.

Además, la crítica es a la doble moral con la opera el PJ. Por un lado amparado en el D.Leg. 927 concedieron beneficios penitenciarios a los condenados por terrorismo y por otro procesa dilatada y reiteradamente a los miembros de las Fuerzas Armadas del Perú. ¿Cómo podemos confiar en Jueces que aplican con subjetividad las leyes? Un país necesita de la predictibilidad de la ley y nuestro PJ no es garantía de ello.

El PJ a través de convenios con ONGs de Derechos Humanos ha permitido que estas capaciten a los jueces. Las ONGs tienen intereses creados ya que algunas representan a los condenados por terrorismo ante la CIDH y cobran un porcentaje de las indemnizaciones que logran. Esto se llama ideologizar.

Toledo y Vargas Llosa envalentonados sostienen que el indulto a Fujimori sería una vergüenza. ¿No es una vergüenza otorgar permisos navideños de viaje a terroristas que no han cumplido sus sentencias ni han pagado la reparación civil que le deben al país? (En el caso Berenson la ideologizada CIDH ordeno la suspensión de la reparación civil que Berenson debía pagar y ordenó que el Estado Peruano reparara a sus padres con US$30,000) El Perú no debe olvidar lo que fue el terrorismo.

El Imperio de la Ley

La falta de principios y valores es la debacle de una sociedad. El Perú ha perdido el principio de autoridad. Contrariamente a lo que algunos sostienen, autoridad no significa autocracia ni autoritarismo, significa respeto. Respeto a las leyes y a las autoridades. Además, implica la confianza de los ciudadanos en que el Estado actuara de manera responsable, administrando justicia conforme a ley, esa que es ciega y no considera el partido político al que perteneces; legislando con sapiencia y honor, guiando al país hacia el desarrollo y controlando la violencia. En el Perú no existe respeto ni confianza en la policía, en los jueces, en los congresistas, ni en los maestros. Entonces, ¿cómo queremos que el Perú sea grande?

No entendemos que por encima de todo está la Ley y no las FFAA como dijo el Presidente. No tenemos la costumbre de someternos a la Ley. Si no nos gusta una ley, no pasa nada, la cambiamos. Queremos seguir creciendo y convertirnos en un país desarrollado, entonces debemos aprender de ellos. En los países desarrollados el imperio de la ley es real y no ficticio como en el Perú.

Tenemos un país sin orden. Los últimos diez años los gobiernos nos han demostrado que para que las cosas funcionen hay que levantarse, hacer manifestaciones, tomar carreteras, rehenes y masacrar policías. En el camino se instalará una mesa de diálogo y el gobierno reculará.

Hemos implantado la ley del más fuerte, esa que lleva a meter la camionetaza a la fuerza y que se friegue el del costado, a tocarle la bocina a una señora para que cruce más rápido, a gritar al heladero porque se demora con el vuelto o a la empleada que trabaja 18 horas al día porque no te lavo el polo de ayer. Pero lleva también a que el Ministerio del Interior pase por encima de la Municipalidad de Lima cuando ésta emite un informe señalando que el Estadio Nacional no ofrecía la seguridad requerida o cuando Nadine posa en la foto del recién juramentado gabinete Valdés, como si ella fuera parte. La lucha del poder. Quien puede más.

El Presidente Toledo y sus constantes amenazas de ponerse la vincha y salir a las calles cada vez que algo no le gusta, es una muestra de cómo un “líder” menoscaba los principios de un país. En un Estado de Derecho hay vías democráticas para que los ciudadanos reclamen. Levantar al pueblo contra un gobierno democrático no es una de ellas, es una forma de ejercer presión y amenazar la gobernabilidad del país.

Sin el principio de autoridad, sin un Estado que haga cumplir las leyes, se someta a ellas y sancione a quienes no las cumplen sentando precedente, que defienda los derechos de los ciudadanos, que controle la violencia pero que sobre todo recupere la confianza de los ciudadanos, no habrá crecimiento económico que nos aguante.

Así los radicales la tienen fácil

El problema de Conga es un conflicto sobre derechos de propiedad. Por un lado tenemos los derechos de “propiedad” sobre la tierra y el agua de las comunidades y por otro el derecho de “propiedad” de Yanacocha sobre la concesión minera. Estos derechos de “propiedad” deberían poder coexistir si es que las dos partes negociaran sus intereses en igualdad de condiciones. No es así. Según cifras del INEI, 49.1% de la población de Cajamarca es pobre.

Cuando los servicios que brinda el Estado no son adecuados, los ciudadanos tienen dos opciones, usar su “voz” para exigir la mejora del servicio o usar una “salida” acudiendo a un proveedor distinto del servicio. Un ejemplo de “salida” es quien manda a su hijo a un colegio privado en lugar de uno público.

En el caso de Conga, Yanacocha ejerce su “voz” a través de los medios de comunicación, sus abogados y el gremio minero. Además tiene una “salida”, puede decidir invertir en otro lugar. En cambio, las comunidades no tienen la posibilidad de usar su “voz” pues no tienen abogados, acceso a medios, ni gremios que las representen. Tampoco tienen la posibilidad de una “salida”, ya que esta implicaría trasladarse a otras tierras. Esta desigualdad se muestra claramente en la capacidad de organización, de acceso a la información y de acceso a los recursos. El Estado debería “nivelar la cancha” haciendo que las comunidades tengan “igualdad de oportunidades” para discutir sus derechos.

Esta desigualdad, producto de la pobreza, es aprovechada por grupos radicales de izquierda quienes se posicionan como voceros de las comunidades. Lo cierto es que estos movimientos radicales en lugar de permitirles a las comunidades usar su “voz” lo que hacen es confundirla con sus propios intereses políticos.

Los partidos políticos peruanos no han logrado funcionar como correas de transmisión de los intereses de los ciudadanos. En el caso de las comunidades, los partidos no tienen presencia alguna. Esta falla en el mercado político es la que ha permitido que la izquierda radical capture la “voz” de las comunidades, al ser los únicos que las escuchan.

En el Perú, el desarrollo minero ha estado marcado por dos extremos, quienes ponen por delante sólo los intereses empresariales –el sector de la derecha que es mercantilista- y los que buscan desestabilizar el sistema -la ultraizquierda y su discurso antiminero. Hay un justo medio donde todos los peruanos somos ciudadanos y tenemos la posibilidad de ejercer nuestra “voz” con un Estado que responde. El Estado y los partidos políticos que creen en el mercado, la libertad y la democracia deberían contribuir a que la “voz” de los campesinos sea realmente representada sin manipulación política. Y Yanacocha necesita rectificar su actitud de los últimos 17 años y ganarse la confianza de la población. De lo contrario, todos los peruanos perdemos.

¿Y dónde está el Presidente?

Se acuerda de la película ¿y dónde está el piloto? Una comedia donde en pleno vuelo, el piloto desaparecía. Tengo la impresión que lo mismo está sucediendo en el Perú, solo que esta no es una comedia.

Una de las características de este gobierno son sus mensajes contradictorios. Desde los discursos del Presidente, uno en Paraguay que nos hizo recordar la “Gran Transformación” y otro diametralmente opuesto en la APEC. Las declaraciones del Premier sobre la participación de Nadine en los Consejos de Ministros, el calificativo de Antauro como preso político, y el status del asesor Favre. Todos rectificados al día siguiente. Se acuerda cuando Eguiguren dijo que la resolución de la CIDH no se refería a los Comandos y días después reconoció que en verdad sí. ¿Y cuando Roncagliolo desde España declaró que la relación con USA ya no era primordial mientras el Premier estaba en visita oficial en Washington?

Regresando de APEC el Presidente afirmo que “Conga va” y sin embargo después de siete días de paro en Cajamarca, el Premier y Yanacocha declaran su suspensión. Para Lerner dicha suspensión es un logro del gobierno. ¿Logro?

El gobierno tiene que dar las condiciones necesarias para atraer inversiones. Para que estas lleguen se necesita estabilidad política y jurídica. Pero no son los inversionistas privados quienes tienen que marcarle la agenda al gobierno. El gobierno no está distinguiendo los intereses públicos de los privados. Los ministros y Roque Benavides llegaron a Conga como los gamonales de antaño, basurearon al Presidente Regional y a las comunidades y volvieron en el avión de Yanacocha a Lima para terminar de arreglar el tema. ¿Que creían?

Yanacocha ha declarado que seguirá trabajando para lograr la aprobación social y que perfeccionaran el EIA. Sin embargo, Newmont ha anunciado que evalúa la posibilidad de redireccionar sus inversiones a otros países, por la oposición antiminera. Esta amenaza soterrada es la actitud matonesca que enfurece a las comunidades y que hace exitosos a los azuzadores radicales de izquierda que logran aglutinarlas simplemente porque estas comunidades no confían ni en las mineras ni en el Estado.

El gobierno no puede bailar al ritmo de las empresas privadas. Si Newmont se quiere ir, ¿qué podemos hacer? Sacaremos nuevamente el proyecto en concesión. El Perú debe exigir que los EIA cumplan con los estándares más altos, que se hagan evaluaciones de impacto social y económico y se prepare un plan para mitigarlos; pero además el Estado debe recuperar la confianza de la población. Estados Unidos y Canadá tienen estándares muy exigentes para las explotaciones mineras en sus territorios y que Newmont cumple sin chistar porque sabe que estos países no entran en vainas. Entonces, ¿por que el Perú no puede?

A todo esto, ¿y dónde está el Presidente? ¿Sera que ahora si se decide y aparece?