CVR

La Ley de creación de la CVR de Sudáfrica, considerada un ejemplo internacional, estableció como requisito que los comisionados debían ser imparciales y carecer de perfil político (Ley 34 de 1995: Promoción de Unidad Nacional y Reconciliación). Debían actuar sin ningún tipo de prejuicio. Debían ser independientes, no podían pertenecer a ningún partido, gobierno, ni representar intereses. Debían servir imparcialmente, dejando de lado opiniones personales o preferencias políticas y en buena fe. La Comisión debía enviar reportes financieros al parlamento y aquellos que fuesen de interés público, o que fuesen demandados por el Presidente del Senado o el Representante de la Asamblea Nacional. Estableciendo así, un sistema de control.

La CVR peruana, creada por el Presidente Paniagua prematuramente, omitió el requisito de imparcialidad de los comisionados, y nombro en su mayoría a personas de izquierda, 11 de 13. Además omitió un mecanismo de control y rendición de cuentas.

La CVR sentó premisas falsas: calificó a Sendero como “partido político” (“Hatun Willacuy” pagina 16) y a los años de violencia terrorista como “conflicto armado interno” (“Hatun Willacuy” pagina 16). Así, le dio a Sendero calidad de fuerza insurrecta en un conflicto armado, en lugar de establecer claramente y sin lugar a dudas que fue un grupo terrorista. Además, la CVR se refirió a la “guerra popular” (“Hatun Willacuy” Pagina 16), a los “ajusticiamientos” (“Hatun Willacuy” Conclusion 20) y “acciones armadas” (“Hatun Willacuy” pag.158) legitimando la terminología maoísta usada por Sendero.

La CVR sostuvo que las FFAA y policiales tuvieron una “práctica sistemática de violación de DDHH” y les adjudicó la responsabilidad del 37% de muertes, junto a los comités de autodefensa. Además encontró responsabilidad penal en el gobierno fujimorista, pero sólo política en los gobiernos de Belaunde y García. Pese a que reconoce que el gobierno acciopopulista toleró violaciones de DDHH. Mientras, en el caso del gobierno aprista reconoce que se produjo la “matanza de los penales”, se encubrió la matanza de Cayara y encontró indicios de existencia de escuadrones de la muerte (“Hatun Willacuy” Conclusiones 87, 88, 92, 93, 94, 97 y 100).

La CVR identificó únicamente 23,969 muertos pero usando la técnica de “Estimación de Múltiples Sistemas” elevo la cifra en 2.9 veces a 69,259, considerando el 46% como responsabilidad de SL (“Hatun Willacuy” Cita 3).

Los últimos diez años una posición hegemónica de lo “políticamente correcto” controlada por la “reserva moral del Perú” ha logrado dividir al país. Los que critiquen el informe CVR son descalificados como “fujimontesinistas” por quienes lo han tomado como su biblia y se dicen defensores de los DDHH. Para ellos y para Salomón Lerner Febres que calificó a los críticos de poseer “triste precariedad mental”(“La CVR, La verdad y Una Prensa Vil” La Republica 22 de Enero 2012), una cita del Presidente Paniagua:

"No se les puede considerar dentro del más elemental concepto de partido político, ni equiparar jurídica y políticamente a Sendero con los partidos. (..) Es un absoluto menosprecio por las instituciones que se enfrentaron a esa organización criminal.” Refiriéndose a las posiciones de Sofia Macher adoptadas por la CVR sostuvo "deben ser revisados. Errar es humano." (11 de Junio 2003. Agencia Peru)

Ese es el punto. El informe CVR debe ser revisado, porque no ha logrado llegar a la verdad ni reconciliar al Perú.

Daño Colateral

Ni Sendero ni el MRTA fueron grupos guerrilleros ni insurgentes. Ni guerra interna, ni conflicto armado. ¡Terroristas! Sendero mataba campesinos, asesinaba padres delante de sus hijos, abría vientres de mujeres embarazadas y arrebataba a los no nacidos, ejecutaba autoridades rurales y dejaba sus cuerpos colgados para que todos vieran como trataban a los “traidores”, masacraba pueblos enteros. El MRTA secuestraba empresarios a quienes mantenía en condiciones infrahumanas encerrados en cajones bajo tierra durante meses. Sendero y el MRTA son terroristas, pero extrañamente la CVR les dio status de grupo beligerante.

Cuando el Presidente Paniagua creo la CVR, fui muy crítica. Primero porque Sendero seguía activo, como hasta el día de hoy, y una comisión que busca la verdad y la reconciliación de un país no puede ser creada mientras el terrorismo no haya sido vencido. Pero además porque fue conformada por gente de izquierda, cercana a grupos de DDHH y sin representantes militares. Todos enemigos declarados del fujimorismo. ¿Entonces que imparcialidad podía tener? Más aun, la metodología utilizada no resiste análisis académico alguno (recomiendo revisar http://catarsisyharakiri.blogspot.com/2012/01/observacperuanosiones-academicas-al-informe-cvr.html).

Hoy, Sendero busca legalizar su brazo político: MOVADEF. Una vergonzosa resolución del JNE estaría demostrando que no hay autoridades dispuestas a enfrentárseles. Con la falta de visión de los políticos peruanos estoy segura que este caso terminará en la CIDH. Pero, preocupa más todavía, que hayan conseguido las firmas necesarias para lograrlo. Abimael comenzó capturando jóvenes en la Universidad Nacional de Huamanga. Continúo en La Cantuta y San Marcos. Y hoy están repitiendo la historia.

¿Cómo llegamos a esto? El Presidente Toledo junto al flamante presidente de la Corte IDH y del Museo de la Memoria Diego García Sayán, flexibilizó las leyes contra el terrorismo. Indultó y conmutó penas a terroristas, pese a que sus peticiones habían sido rechazadas por la Comisión Lanssiers. El gobierno de Toledo implementó una política de allanamiento en casos de DDHH. Así, se allanaron a las demandas presentadas ante la CIDH por defensores de terroristas amparados en el informe de la CVR, y les pagaron millonarias indemnizaciones. No contentos, iniciaron persecuciones a militares y policiales. Muchos de ellos hoy presos por haber defendido al país frente a terroristas. Toledo, también despenalizó el delito de apología al terrorismo. Gracias a ello y amparados en la libertad de expresión hay profesores que enseñan a sus alumnos que Sendero y MRTA fueron grupos románticos que luchaban contra la injustica social y propagan el “pensamiento Gonzalo”

Uno puede no coincidir con el fujimorismo como puede oponerse al Apra, a Gana Perú, al PPC o a Perú Posible, pero estos son partidos políticos legales. La base de la democracia. Es inaceptable que el fujimorismo sea comparado con Sendero. Como sería inaceptable comparar al Apra con el MRTA. El odio hacia Fujimori no puede llevar a la caviarada a tal ceguera. Parecería que en el camino por desacreditar al fujimorismo, los caviares creen que indemnizar terroristas y encarcelar comandos y policías es sólo daño colateral.

¿Dónde quedó el alma combativa del fujimorismo?

La capacidad de los caviares para tergiversar la realidad y reescribir la historia del Perú es ampliamente conocida. Basados en las tesis del nazista Goebbels: “Cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá” y “una mentira repetida mil veces se convierte en realidad” se han empeñado en cuestionar las tres grandes reformas del fujimorismo: la estabilidad y el crecimiento económico; la lucha contra el terrorismo y la estrategia de programas sociales.

Toledo ha sostenido impunemente que recibió un país en recesión, lo cual es falso. La mentira de las 300,000 esterilizaciones “forzadas” fue el gran golpe en la campaña del 2011. Hoy, atacan su bastión más fuerte: la lucha contra el terrorismo y la exitosa operación Chavín de Huantar.

Cuando se hizo público el informe de la CIDH (Informe #66/11 CIDH) que recomendaba al Perú volver a juzgar a los Comandos en el fuero civil, e indemnizar económica y reparar moralmente a las familias de los terroristas, el pueblo peruano se levantó. Entonces, los caviares se vieron obligados a retroceder y reacomodar su historia. Ahora sostienen que la operación Chavin de Huantar no está siendo cuestionada y han armado la tesis de que junto con los Comandos hubo un grupo de agentes del SIN, quienes una vez terminado el operativo habrían ejecutado extrajudicialmente a tres terroristas “quienes se encontraban en estado de indefensión” (Demanda presentada por Aprodeh ante la CIDH. Informe #66/11 CIDH) (?!) Esta tesis es además, sostenida por el Procurador Azabache, nombrado para defender al Estado Peruano ante la Corte IDH y es rechazada enérgicamente por los 140 comandos. (Ver entrevista al Capitan Alex Segura http://www.frecuencialatina.com/90segundos/interior.php?idnot=44167&not=)

Desde que se inicio la investigación contra los Comandos, ellos han sostenido que entraron a cumplir una misión: rescatar a los rehenes. Además, sostienen enérgicamente que no hubo ningún emerretista rendido ni detenido. ¿A quién le creemos? ¿A quienes se jugaron la vida por el honor del Perú o a los caviares y su afán de desprestigiar a Fujimori?

Los caviares quieren deslegitimar la operación para golpear al fujimorismo. Como no lograron su objetivo primero de cuestionar toda la operación, han lanzado esta tesis de dos operaciones distintas sin mayor sustento. Si el Procurador Azabache reconoce que hubo ejecuciones extrajudiciales ¿Qué es lo que va a defender ante la Corte IDH?

Finalmente, la caviarada estaría gestando una estrategia adicional, la de crear la leyenda urbana de un supuesto contubernio entre el fujimorismo y Sendero. Así La Republica ha comenzado a publicar el diario de un supuesto “Camarada José” que revelaría como Fujimori usaba un doble discurso frente a Sendero. Mientras que sus columnistas, sostienen por un lado que el fujimorismo estaría pidiendo una amnistía general y por el otro afirman que Abimael habría felicitado a Fujimori por haberse impuesto a los partidos democráticos.

No deja de sorprenderme la falta de reacción del fujimorismo. Tal vez deberían tomar en cuenta el consejo de una de mis profesoras del colegio: “guerra avisada no mata gente y si mata, mata por idiotas”

Los de arriba y los de abajo

Para North, Wallis y Weingast la diferencia entre un país desarrollado y uno no desarrollado es que el primero tiene un orden social de acceso abierto (OAA) y el segundo uno de acceso limitado (OAL) a las instituciones económicas y políticas. En el OAL, este acceso está condicionado a características personales y basado en las relaciones entre la élite. En el OAA las relaciones personales o de elite no son determinantes: no importa quién seas, todos los ciudadanos tienen acceso a los mismos derechos. En los OAL, el crecimiento económico no es suficiente para el desarrollo, pues este está basado en la exclusión, las relaciones asentadas en privilegios y la apropiación de rentas.

El Perú es un OAL. A, B y C viven en un seudo Estado de Derecho, en una democracia electoral donde la captación de rentas y privilegios impulsa el crecimiento económico. D y E viven a décadas de distancia de los primeros.

José (22) vive en SJL. La familia de su enamorada Jackelyn(18) se opone a la relación. En año nuevo se encontraron en una fiesta. Su papá la siguió y agarro a golpes a José, le voló un diente y lo dejo inconsciente con una contusión en la cabeza. El papá de Jackelyn es policía. No hubo denuncia. En los pueblos jóvenes no hay autoridades ni derechos que proteger. No existe Estado de Derecho. Existe la ley del más fuerte.

Marlene va por su séptimo embarazo. Su tercer marido la golpea cada que llega borracho. Su hijo Jeferson(3) tiene labio leporino. Trabaja lavando ropa en su “sitio” lo que le da para el “diario” En la farmacia se “consigue” sin receta unas pastillas para prevenir ulceras por S/50. Se toman 2 y se colocan vaginalmente 3. El dolor es intenso pero en 45 minutos el problema estará resuelto. Si no se expulsa el feto completo, Marlene desarrollará una infección que si no es atendida a tiempo le ocasionará la muerte y pasará a engrosar el ratio de 103 muertes maternas por 100,000nv. Una de las más altas de Latinoamérica. En Chile es de 17 por 100,000nv.

Sarela (11) vive en un caserío con su abuela y acaba de dar a luz a un niño. El violador es su abuelo, quien sigue libre ya que no existe denuncia policial ni acusación fiscal.

El Premier Valdés sostuvo que el gobierno aspira a que el Perú se convierta en un país desarrollado a través de una visión de futuro integral e inclusivo. La inclusión no pasa sólo por programas sociales. Para convertir al Perú en un país desarrollado necesitamos entender que el desarrollo económico y el político van de la mano; que la inversión en capital físico y humano, las mejoras en los servicios públicos y las reformas del Estado son pasos hacia adelante pero no son suficientes. Para lograr el desarrollo hay que empezar por romper los privilegios y desterrar las desigualdades que son la base de la exclusión.