¿Inexperiencia o excusa?

Sin lugar a dudas el tema emblemático del primer año del Presidente Humala ha sido Conga. El gobierno se ha excusado sosteniendo que no fueron ellos quienes otorgaron la concesión ni quienes aprobaron el EIA. Si bien eso es cierto ha sido este gobierno quien ha permitido la escalada del conflicto.

El problema de Conga fue desde un inicio un problema de percepciones y de intereses. Las comunidades reclamaban el respeto a sus derechos al agua y al medio ambiente y los percibían en riesgo en base a la trayectoria de Yanacocha. Mientras Yanacocha reclamaba tener derecho a explotar la concesión al haber cumplido los requisitos legales y percibía que el problema era generado por agitadores y sus intereses políticos. Este era un conflicto de derechos y percepciones. El derecho de propiedad que tiene Yanacocha sobre la concesión minera enfrentado al derecho de propiedad que tienen las comunidades de Cajamarca sobre el medio ambiente y la salud de sus habitantes.

En este enfrentamiento, estaban sentados a la mesa Yanacocha frente a las comunidades y era el Estado quien debía actuar como árbitro, facilitar el entendimiento entre las partes y resolver el conflicto. Más aun considerando que existe una clara desigualdad de acceso a la información – y al Estado- entre Yanacocha y las comunidades, el Estado debía igualar las oportunidades de las partes en la discusión. Sin embargo, el Presidente Humala, con una clara falta de estrategia política, decretó “conga va” sin siquiera haber oído a las comunidades ni evaluado sus reclamos. Así paso de ser árbitro a ser parte del proceso. Ollanta se sentó cómodamente a la mesa al lado de Yanacocha.

Las comunidades tenían reclamos legítimos que debían haber sido atendidos por el Estado. Prueba de ello es el dictamen de los peritos contratados por el Estado Peruano para revisar el EIA que Yanacocha ha aceptado.

Los ganadores en este proceso han sido los líderes radicales quienes claramente tienen mucha más experiencia política que Ollanta y sus ministros. Así, lograron que el Estado peruano perdiera en manos de un presidente sin sentido común, su rol de árbitro y de garante del principio de autoridad, teniendo que recurrir a la Iglesia. Hoy el conflicto no será resuelto por la autoridad del Estado, sino por lo que la Iglesia pueda lograr como mediadora. Esto, no es casualidad, fue diestramente manejado por los líderes radicales, quienes obligaron a Ollanta a dejar su rol de árbitro y sentarse junto a Yanacocha.

Parece que hemos olvidado la gran experiencia política que tiene la izquierda y sus facciones radicales. Lamentablemente, desde el gobierno del Presidente Toledo el Estado ha ido perdiendo el principio de autoridad hasta terminar hoy en manos de un presidente que en sus primeros meses fue arrinconado por líderes radicales y terminó siendo parte del conflicto.

Cuando un Estado se vuelve rentista, pierde la independencia y con ello el principio de autoridad y la confianza de sus ciudadanos. Este es el principal resultado del primer año de gestión del Presidente Humala.

¿Justicia?

La justicia, que se supone es ciega, no conoce de membrecías en partidos políticos, colectivos civiles ni asociaciones. Lo contrario no es justicia. Hace unos días la acusación contra el General Chacón por presunto uso indebido de recursos del Estado fue declarada prescrita por el Poder Judicial. Inmediatamente la izquierda caviar declaró que la prescripción no le hace bien a la lucha contra la corrupción. Habría que recordarles que la prescripción es un mecanismo de contención para evitar el abuso del poder. Así, la Convención Americana de DDHH de la OEA establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Si el acusado es culpable, se presentaran las pruebas que lo acrediten y este será sentenciado. Pero, ¿y si es inocente? Si no hay pruebas, ¿Lo perseguiremos el resto de su vida?

La izquierda caviar que llego al poder de la mano del Presidente Paniagua en Noviembre del 2000 ha controlado el Ministerio de Justicia, la procuraduría, y hasta el Poder Judicial desde entonces. ¿Por qué es que no han sido capaces de lograr probar sus acusaciones? Han tenido cerca de doce años para hacerlo. De acuerdo a la Constitución uno es inocente hasta que se pruebe judicialmente lo contrario. Sin embargo en el Perú, es la caviarada quien decide quién es culpable y quién no. Para ello no se necesitan pruebas, ni sentencia que lo declare, solo basta con acreditar a qué partido político pertenece el acusado. Así, usan los medios de comunicación y las redes sociales, manchan honras y nombres, aunque el poder judicial que controlan no les dé la razón. La Justicia que ellos dicen defender es aquella donde quien ellos deciden es culpable, con pruebas o sin ellas.

Esta izquierda caviar se rasga las vestiduras con los nuevos peritajes que establecen que el terrorista Eduardo Nicolás Cruz Sánchez “Tito” no fue ejecutado y que murió producto de un disparo a larga distancia. Incapaces de reconocer que se equivocaron -o mintieron- ahora argumentan que estos peritajes solo favorecen a Montesinos. Pero, si no hubo ejecución extrajudicial, ¿no importa? ¿No importa la persecución que por años sufrieron los Comandos?

La Izquierda caviar no puede reconocer que Chavín de Huantar fue la operación de rescate de rehenes más exitosa del mundo porque eso significaría concederle algo al gobierno de Fujimori. Y eso ¡Jamas! Porque además significaría que el tinglado montado contra el gobierno de Fujimori como sistemáticamente corrupto, violador de DDHH y genocida, comenzaría a caerse. Es que a la izquierda caviar no le importa la verdad. Ellos no tienen ningún interés de que se haga justicia. Lo que ellos tienen es una agenda política.

Un delito es un delito sin importar quien lo cometa. Un delito debe ser perseguido y sancionado. Pero, ¿y si no hay delito? ¿Basta con formar parte de un partido político o haber sido funcionario público de un régimen determinado para ser considerado culpable? Eso se llama persecución política.

La caviarada en su laberinto

Como durante los ochentas en San Marcos, Sendero entro a la PUCP, interrumpió la presentación de un libro y defendió al “Presidente Gonzalo”. Mientras los dueños de casa, bajaban la cabeza y callaban. Sendero exigió que se respetara su libertad de expresión. La caviarada dueña de la PUCP acepto. Así Sendero tuvo la posibilidad de hacer impunemente lo que hasta que llego Toledo era delito: apología al terrorismo. La presentación continuó sin que nadie se enfrentase a Sendero y termino entre arengas que retumbaron en el Centro Cultural de la PUCP.

Al día siguiente la intelectualidad caviar e izquierdista frente a sus pantallas y teclados decidió defender su orgullo mancillado. Cuestiono su silencio y lo vistió de pluralidad en lugar de vergüenza. Argumentó como esta vez no fue miedo. Fue sólo ingenuidad, falta de reflejos políticos. Permítanme disentir. Lo que vimos en la PUCP es lo mismo que vivimos en los ochentas. La izquierda no supo como contestarle a Sendero. Y esta vez Sendero se atrevió a entrar en su casa, mentarles la madre y escupirles la cara. ¡Fuerte y Claro!

En los ochentas, la izquierda, la caviarada hippie y los partidos no se atrevieron a responderle a Sendero. Fueron incapaces de resolver el problema. Fujimori logro acabar con Sendero, reducirlo a su mínima expresión, apresar a sus líderes y pacificar el país. Luego llegaría la caviarada con el Presidente Paniagua primero, Toledo y García después. Pasaríamos la página rápidamente y nos concentraríamos en el crecimiento económico, en creernos el milagro peruano y olvidar que durante años vivimos con velas, sin agua, con cinta adhesiva pegada en las ventanas, con bombas y sangre como música de fondo. Con campesinos, soldados y policías asesinados por Sendero. Y dejamos la educación de los niños y jóvenes en manos del Sutep.

Toledo junto a García Sayán aplicó una política de allanamiento ante la CIDH, liberaron e indemnizaron terroristas y construyeron el Ojo que llora. Borraron a Sendero de la conciencia colectiva para vender que el verdadero culpable había sido el Estado violador de DDHH.

Para legitimarse condenaron al Estado y hundieron a Fujimori. Nadie puede negar que el Estado cometió crímenes en la lucha contra Sendero, pero la mayoría de violaciones de DDHH ocurrieron en los ochentas. Sin embargo, la CVR le adjudicó a Fujimori responsabilidad penal, mientras que a Belaunde y a García sólo responsabilidad política. No creo que Fujimori haya ordenado “Barrios Altos” ni “La Cantuta” y en el proceso plagado de irregularidades y venganzas políticas no hubo una sola prueba que lo demostrara.

Así los caviares controlaron el país, los medios y convencieron al Perú que el camino era ser políticamente correcto. Hoy Sendero se pasea por la PUCP y arenga con impunidad porque la caviarada se enredo en su laberinto. Ellos, admiradores del Che y Fidel. Y que fue el Che si no un guerrillero terrorista y asesino. Pero qué bonito se ve en los polos y gorritos que usan, ¿no?