sábado, 26 de octubre de 2013

El ombligo del mundo

El plazo para que los países cumplan las metas del milenio está cerca de cumplirse y ya se está discutiendo cuál será la agenda post 2015. La erradicación de la violencia contra la mujer está siendo considerada como una de las nuevas metas.

La violencia de género es la mayor forma de discriminación contra la mujer. No es cosa de mujeres ni pertenece al ámbito privado. La violencia contra la mujer afecta a toda la sociedad y es reconocida como un problema de salud pública. Esto no solo por los costos que genera al Estado en servicios de salud, sino además porque sus efectos se extienden a través de generaciones. La exposición de un niño a la violencia en contra de su madre es uno de los mayores factores de riesgo para que ese niño sea violento cuando crezca.

La OMS calcula que 35% de mujeres en el mundo ha sufrido violencia de género. En el Perú, el 69% de mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas. La primera experiencia sexual del 24% de mujeres rurales fue forzada. El 23% de mujeres en Lima y 47% en Cusco han sido forzadas por sus parejas a tener sexo. ¿Sabía que entre 2010 y 2012 ha habido un aumento de 61% de denuncias por violación sexual en el Perú? Tenemos un congresista denunciado por haber violado a su asesora, un expresidente con denuncias por violencia doméstica y sus sobrinos por violencia sexual. Y aquí no pasa nada.

En lo que va del año se han presentado 32 denuncias de desaparición de menores en Piura. El 90% de casos está vinculado a la explotación sexual. Según un informe del Ministerio del Interior, entre 2011 y 2013 se reportaron 2000 víctimas. De ellas 840 eran niñas o adolescentes. ¿Cuántas adolescentes son prostituidas por sus madrinas en los puertos de Pucallpa? ¿Cuántas más son víctimas de explotación sexual en los campamentos de los mineros ilegales? ¿Cuántas en los prostíbulos del Perú?

¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno para reducir la incidencia de casos de violencia contra la mujer? Para eliminar la violencia contra la mujer no es suficiente atender a las sobrevivientes. Se necesitan programas de prevención, incluir a hombres y adolescentes en la discusión y ser firmes como sociedad en rechazar la violencia contra la mujer. La impunidad y la aceptación impiden su erradicación. La violencia contra la mujer es un delito que no se justifica en ningún supuesto. Ni el maltrato sicológico, ni el físico, ni el sexual.

Y a pesar de que el Perú es uno de los países con mayor incidencia de violencia contra la mujer, la lideresa política que encabeza las encuestas no solo no tiene una agenda de género, sino que además decidió infelizmente atacar las pocas medidas de género del presidente Humala para cuestionar la eficiencia de su gobierno. El Perú siempre ha tenido el complejo de creerse el ombligo del mundo, sería bueno que comenzáramos a mirar la agenda de la política pública internacional a ver si aprendemos algo.

sábado, 19 de octubre de 2013

Welcome to Peru...

...uno de los países más desiguales del mundo, donde 1.6 millones de niños son pobres multidimensionales. De ellos, 768,205 menores de 5 años no tienen acceso a centros de educación inicial ni guardería, limitando su desarrollo temprano. 571,409 de entre 6 a 17 años de la Sierra y Selva no van al colegio. En el 2012, 458,136 niños dejaron de asistir al colegio, en el 33% de los casos por razones económicas. 166,928 adolescentes mujeres de entre 12 a 17 años han abandonado el colegio, limitando considerablemente sus posibilidades de escapar de la pobreza. Esta es la verdadera pobreza. ¿O cree que porque un canillita saque más de $2 al día ha dejado de ser pobre?

El gobierno del presidente Humala y su bandera de la inclusión social, con Carolina Trivelli a la cabeza de los programas sociales, poco hizo para llegar a los pobres multidimensionales. El primer error es que el Estado sigue usando mapas de pobreza monetaria. ¿Sabe por qué? Porque esas cifras son más bonitas, más convenientes, le exigen menos esfuerzo al Estado y dejan mejor parado al Perú y sus gobernantes. Pero poco dicen de la realidad en la que vive uno de cada tres peruanos. Las cifras oficiales dicen que hay 7.8 millones de pobres (25.8%) que viven con menos de $2 al día, pero si usamos el índice de pobreza multidimensional hay 11.1 millones de pobres (36.6%). Ahora, hágame un favor y póngale caras a esas cifras.

Tomemos Qali Warma, programa diseñado por Trivelli, la estrellita de la inclusión social. Casi un millón de niños peruanos viven en hogares con déficit calórico, esto es que no se alimentan bien. En Huancavelica, el 51.3% de los niños sufre de desnutrición crónica. Un gobierno eficiente debería concentrar el gasto en lugares como Huancavelica, para atacar directamente el problema de la desnutrición beneficiando a quienes más lo necesitan. Sin embargo, el estudio de Enrique Vásquez encontró que las regiones con mayor número de niños de 6 a 11 años, en cuyos hogares había déficit calórico, no recibían un mayor gasto por escolar y sin embargo en Tumbes donde hay menos pobreza el gasto social es mayor. Mala focalización, el dinero no llega a los más necesitados. Pero no solo eso, ¿sabía usted que 31% de los recursos fueron adjudicados a proveedores que no tenían experiencia en el sector alimentos? Entonces, ¿por qué nos sorprendemos de la cantidad de niños intoxicados?

¿Cómo Trivelli puede sostener que el problema no es de Qali Warma cuando estamos viendo las fallas en el diseño, implementación y focalización? ¿Dónde está la responsabilidad del Estado y sus funcionarios? Si como ciudadanos no les exigimos a las autoridades rendir cuentas, ¿cómo pretendemos tener un Estado eficiente? ¿No le importan los pobres? Hágalo, porque Trivelli y sus programas sociales son financiados con el dinero de todos que sale de nuestros bolsillos y que, en lugar de intoxicar niños, debería ser usado para alimentarlos y ayudarlos a desarrollar sus capacidades, lo que en el futuro les permitirá escapar de las trampas de la pobreza. Ese es el objetivo de un programa social bien diseñado.

sábado, 12 de octubre de 2013

Pregunte por qué

Hasta hace poco una mujer andina embarazada dudaba en acercarse al centro médico. Tenía miedo, el doctor no habla quechua, no la trata bien. Para dar a luz, la quieren echar en una camilla. Por eso, sin importar la inversión del Estado en caminos y hospitales, el número de mujeres que tenía un parto institucionalizado no aumentaba.

La evidencia demuestra que las mujeres víctimas de violencia domestica tienen menos probabilidades de acceder a cuidado prenatal y mayores probabilidades de sufrir un aborto. Sus hijos tienen mayores probabilidades de sufrir de desnutrición.

Un adolescente que a los 15 años se encuentra en primero de secundaria, tiene la autoestima baja, no entiende, se aburre. Está avergonzado. Entonces, abandona el colegio, limitando sus oportunidades.

Cuando una empleada doméstica baja a la playa con uniforme a cuidar niños, ¿es porque no siente calor? La respuesta de los patrones suele ser: "no se siente cómoda en ropa de baño". ¿No se siente cómoda, o las barreras sociales que le han sido impuestas le impiden sentirse cómoda?

La exclusión no es sinónimo de pobreza. Se puede pertenecer a la clase media y estar excluido. Un ejemplo son los homosexuales, quienes son agredidos físicamente por el solo hecho de serlo. ¿Cuántos no revelan su identidad sexual por miedo a perder el trabajo?

La exclusión social le impide a distintos grupos de personas participar activamente en el desarrollo económico, social y político del país. En los últimos años hemos visto manifestaciones alrededor del mundo donde grupos excluidos se levantan y demandan al Estado desde mejores servicios hasta el fin de privilegios. Un estudio reciente muestra cómo en los años que antecedieron a la primavera árabe, el coeficiente de Gini, que mide la inequidad en el ingreso, se había reducido en Egipto. La explicación no es económica.

El Banco Mundial acaba de publicar el reporte sobre Inclusión Social: "Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity" que demuestra la importancia de que todos los ciudadanos puedan participar en los mercados, servicios y espacios políticos, sociales y culturales. El reporte encuentra grupos excluidos en todos los países, sin importar si son desarrollados o no, o si son democracias o no.

Una mujer quechua en Bolivia tiene 28% menos probabilidades de terminar la secundaria que un hombre blanco. La exclusión social tiene consecuencias económicas para un país ya que limita la participación de grupos en los mercados, su acceso al empleo formal y el desarrollo de capital humano. La raza y el color de la piel son también causas de exclusión. ¿Ha visto en los periódicos anuncios de empleo que piden personas de "tez clara"? La exclusión social en el acceso al mercado laboral se demuestra por la diferencia en los ingresos entre los grupos privilegiados y los excluidos. En el Perú un hogar no-indígena tiene ingresos laborales que casi doblan a los de un hogar indígena.

Un país donde sigan existiendo categorías distintas de ciudadanos es inviable, sin importar el crecimiento económico que experimente. Lograr la inclusión social solo es posible con el diagnóstico correcto: preguntando el por qué de la exclusión.

sábado, 5 de octubre de 2013

¿La sociedad civil o la sociedad privilegiada?

En las últimas semanas hemos sido testigos de una acción colectiva iniciada por la "sociedad civil" contra las famosas fotopapeletas. A diferencia de los mineros ilegales y la CGTP que salen con palos y piedras a tomar calles, los organizadores de la acción colectiva contra las fotopapeletas no usaron la violencia. Usaron simplemente su acceso al poder.

Veamos las similitudes que existen entre los mineros ilegales y los organizadores de la acción colectiva contra las fotopapeletas:

1. Ambos grupos cuestionan la autoridad del Estado para poner orden en una situación donde existe caos, desorden, ilegalidad e informalidad. No olvidemos que las papeletas son producto de la violación de normas de tránsito.

2. Ambos grupos esgrimen como pretexto para sus protestas el abuso del Estado y los altos costos de transacción que el Estado impone, ya sea para formalizar la concesión minera, o para cumplir con una regla de tránsito.

3. Ambos grupos congregan gente con capacidad y recursos de organización.

4. Ambos grupos son privilegiados. Por un lado, los mineros ilegales están defendiendo una renta del Estado y por el otro el privilegio de circular por la calle a la velocidad que quieran sin que la Policía los sancione.

¿Por qué estos grupos que representan a una minoría de ciudadanos (las fotopapeletas tienen 43,000 'Me gusta" en Facebook) tienen la capacidad de hacer que el Estado escuche su "voz"? ¿Qué es lo que sucede con las millones de personas que viven en Lima y circulan en transporte público? ¿Es que acaso ellos no tienen la posibilidad de que el Estado escuche sus reclamos por el exceso de velocidad y la inseguridad del transporte? ¿Y los millones que viven en comunidades y que se ven afectados por la deforestación y la contaminación producida por la minería ilegal?

La sociedad civil llegó hasta el ministro del Interior, a la Comisión de Transporte y a la de Defensa del Consumidor. Atacando a policías y sosteniendo que eran corruptos logró que el ministro recule. Cosa que en este gobierno no es muy difícil, pero que es una muestra de la absoluta debilidad institucional del país y de la falta de cohesión política. Una sociedad antiweberiana, donde las leyes solo se aplican para aquellos que no tienen poder económico ni acceso al poder político y mediático.

Los ciudadanos no entienden que hay un vínculo directo entre las autoridades políticas que llevan al poder y el desarrollo del país. Lima es un caos, pero usted votó por la tía bacán y luego por el No a la Revocatoria. Este es el resultado. Cuando se elige a una autoridad se le da el poder de llevar la voz de los ciudadanos y de representarlos, y por ello se le debe exigir rendir cuentas. Pero, no hay incentivos para hacerlo. La revocatoria era uno, ¿pero se acuerda que nos dijeron que era "por la institucionalidad"?

En un país con debilidad institucional, sin cohesión política para que los ciudadanos logren ser escuchados hay dos opciones, o usar la violencia o los privilegios del acceso al poder.