¿La sociedad civil o la sociedad privilegiada?

En las últimas semanas hemos sido testigos de una acción colectiva iniciada por la "sociedad civil" contra las famosas fotopapeletas. A diferencia de los mineros ilegales y la CGTP que salen con palos y piedras a tomar calles, los organizadores de la acción colectiva contra las fotopapeletas no usaron la violencia. Usaron simplemente su acceso al poder.

Veamos las similitudes que existen entre los mineros ilegales y los organizadores de la acción colectiva contra las fotopapeletas:

1. Ambos grupos cuestionan la autoridad del Estado para poner orden en una situación donde existe caos, desorden, ilegalidad e informalidad. No olvidemos que las papeletas son producto de la violación de normas de tránsito.

2. Ambos grupos esgrimen como pretexto para sus protestas el abuso del Estado y los altos costos de transacción que el Estado impone, ya sea para formalizar la concesión minera, o para cumplir con una regla de tránsito.

3. Ambos grupos congregan gente con capacidad y recursos de organización.

4. Ambos grupos son privilegiados. Por un lado, los mineros ilegales están defendiendo una renta del Estado y por el otro el privilegio de circular por la calle a la velocidad que quieran sin que la Policía los sancione.

¿Por qué estos grupos que representan a una minoría de ciudadanos (las fotopapeletas tienen 43,000 'Me gusta" en Facebook) tienen la capacidad de hacer que el Estado escuche su "voz"? ¿Qué es lo que sucede con las millones de personas que viven en Lima y circulan en transporte público? ¿Es que acaso ellos no tienen la posibilidad de que el Estado escuche sus reclamos por el exceso de velocidad y la inseguridad del transporte? ¿Y los millones que viven en comunidades y que se ven afectados por la deforestación y la contaminación producida por la minería ilegal?

La sociedad civil llegó hasta el ministro del Interior, a la Comisión de Transporte y a la de Defensa del Consumidor. Atacando a policías y sosteniendo que eran corruptos logró que el ministro recule. Cosa que en este gobierno no es muy difícil, pero que es una muestra de la absoluta debilidad institucional del país y de la falta de cohesión política. Una sociedad antiweberiana, donde las leyes solo se aplican para aquellos que no tienen poder económico ni acceso al poder político y mediático.

Los ciudadanos no entienden que hay un vínculo directo entre las autoridades políticas que llevan al poder y el desarrollo del país. Lima es un caos, pero usted votó por la tía bacán y luego por el No a la Revocatoria. Este es el resultado. Cuando se elige a una autoridad se le da el poder de llevar la voz de los ciudadanos y de representarlos, y por ello se le debe exigir rendir cuentas. Pero, no hay incentivos para hacerlo. La revocatoria era uno, ¿pero se acuerda que nos dijeron que era "por la institucionalidad"?

En un país con debilidad institucional, sin cohesión política para que los ciudadanos logren ser escuchados hay dos opciones, o usar la violencia o los privilegios del acceso al poder.