"La Municipalidad de Lima es una municipalidad pobre" fue la respuesta que dio la gerente de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad de Lima, preguntada por el aumento del comercio ambulatorio en el Centro. Alberto Andrade debe haberse retorcido en su tumba.
Esta es una muestra de lo que sucede cuando los ciudadanos votan sin tener en cuenta las capacidades de las autoridades que eligen. Cuando no las obligan a rendir cuentas y ellas se rodean de incapaces. Esta es una muestra de que Lima es gobernada por improvisados. Y, sin embargo Villarán tiene 20% de aprobación. ¿Qué es exactamente lo que aprueban? ¿El caos del transporte, la falta de gobernanza, las obras sin terminar, las mentiras, la falta de transparencia, las excusas de que los ataques son por ser mujer?
¿Sabía que la Municipalidad de Lima (que dicen es pobre) aumentó en 642% los gastos para publicidad e imagen institucional?
La campaña para la reelección de Villarán ya comenzó. La estrategia será nuevamente la de poner a la alcaldesa y sus regidores como la reserva moral, sus adversarios políticos serán sin duda corruptos probados o en potencia. Nuevamente, la decencia versus la mugre.
En el debate poco importará que Lima requiera autoridades con capacidad para gobernar y conocimiento de políticas públicas, porque nuevamente la "tía bacán" y su asesor convencerán a los limeños de que Lima no puede parar. Y los ilusos olvidarán las horas perdidas en el tráfico infernal, olvidarán que la alcaldesa aún no ha cumplido su promesa de rendir cuentas por la campaña por el "No", olvidarán el desorden de la ciudad y la mala calidad de vida que sufrimos como consecuencia de su mala gestión. Pregunto, ¿quién financia a Villarán?
Mientras tanto, el revocado y recontratado Eduardo Zegarra nos dice que Villarán, cual Virgen María, ha hecho un gran sacrificio al ser alcaldesa.
Escribo para enfrentar lo "políticamente correcto", que constituye el mayor lastre del Perú. No formo ni he formado parte de partido político alguno y digo solo aquello en lo que creo, independientemente de a quién le guste y a quién no. Creo que estas razones son las que hacen de la irreverencia una virtud.
sábado, 31 de mayo de 2014
sábado, 24 de mayo de 2014
Vale Todo
Pese a que Latinoamérica ha experimentado altas tasas de crecimiento económico, ha reducido la pobreza considerablemente y la desigualdad, ha logrado mejorar los indicadores de salud y el acceso a la educación, no ha conseguido satisfacer las demandas de sus ciudadanos por seguridad, mejor calidad de educación, salud e infraestructura, ni ha logrado reducir la informalidad. Todo ello debilita la confianza de los ciudadanos en el Estado.
Para Fukuyama, esto se debe a la mala administración burocrática y la debilidad de los Estados. Por ello, considera que se deben "concentrar en desarrollar una administración pública de elevada calidad", siendo necesario acabar con el clientelismo. Sin una sociedad que mantenga la presión sobre sus gobernantes, ello no será posible, sostiene.
Lamentablemente, en el Perú no existe una cultura de rendición de cuentas. Hay una desconexión entre los políticos y los ciudadanos que los llevaron al poder. Los primeros no entienden que tienen la obligación de actuar con transparencia y eficiencia; y los segundos, que son ellos quienes tienen el poder a través del voto.
La inseguridad ciudadana, el sicariato y la violencia política están coartando al Estado y el Gobierno no tiene la capacidad para enfrentarlo. Hace unos días, Carlos Meléndez escribía sobre la amenaza que representan las mafias en la sociedad. Aquellas que extorsionan empresarios, políticos y ciudadanos por igual. Para Meléndez, hoy, es difícil distinguir entre víctimas y victimarios.
Esta anomia es producto de la falta de Estado. Ante ella, el monopolio de la violencia, que debe necesariamente ser ejercido por el Estado, no existe. La violencia es ejercida por cualquiera. Si el Estado no logra imponerse, nos convertiremos en el Medellín de los ochenta o en el norte de México.
Estamos cansados de vivir en medio de la violencia, la inseguridad y la informalidad. Pero sobre todo de autoridades ineficientes que no tienen capacidad para gobernar.
Para Fukuyama, esto se debe a la mala administración burocrática y la debilidad de los Estados. Por ello, considera que se deben "concentrar en desarrollar una administración pública de elevada calidad", siendo necesario acabar con el clientelismo. Sin una sociedad que mantenga la presión sobre sus gobernantes, ello no será posible, sostiene.
Lamentablemente, en el Perú no existe una cultura de rendición de cuentas. Hay una desconexión entre los políticos y los ciudadanos que los llevaron al poder. Los primeros no entienden que tienen la obligación de actuar con transparencia y eficiencia; y los segundos, que son ellos quienes tienen el poder a través del voto.
La inseguridad ciudadana, el sicariato y la violencia política están coartando al Estado y el Gobierno no tiene la capacidad para enfrentarlo. Hace unos días, Carlos Meléndez escribía sobre la amenaza que representan las mafias en la sociedad. Aquellas que extorsionan empresarios, políticos y ciudadanos por igual. Para Meléndez, hoy, es difícil distinguir entre víctimas y victimarios.
Esta anomia es producto de la falta de Estado. Ante ella, el monopolio de la violencia, que debe necesariamente ser ejercido por el Estado, no existe. La violencia es ejercida por cualquiera. Si el Estado no logra imponerse, nos convertiremos en el Medellín de los ochenta o en el norte de México.
Estamos cansados de vivir en medio de la violencia, la inseguridad y la informalidad. Pero sobre todo de autoridades ineficientes que no tienen capacidad para gobernar.
sábado, 17 de mayo de 2014
Una persecución política forzada
Una Comisión del Parlamento Andino llegó al Perú para presionar al Ministerio Público y al PJ por el caso de las mal llamadas esterilizaciones forzadas. Hace un tiempo, lo hizo Luz Patricia Mejía, comisionada de la CIDH.
¿Puede una comisión integrada por Hilaria Supa, activista política, ser imparcial? Supa sostiene que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar-PSRPF fue "la mayor discriminación (contra la mujer andina)" y añade que "la concepción del gobierno fujimorista fue profundamente racista. Quiso desaparecer a ese sector de la población". Además, el comunicado del Parlamento Andino señala que "en el Perú fueron esterilizadas forzosamente 300,000 mujeres y 22,000 hombres". ¿En qué basan esas afirmaciones? ¿Están buscando justicia o venganza política? ¿Por qué no investigan las 26 esterilizaciones sin consentimiento durante el gobierno de Toledo?
¿Está facultado el Parlamento Andino para investigar casos de DDHH? ¿Puede interferir en un caso que está judicializado? ¡Ni el Congreso peruano puede interferir con el PJ! La Comisión se reunió con víctimas y fiscales. ¿Se reunieron acaso con los ministros de Salud a los que acusan? ¿Y el debido proceso?
El PSRPF fue diseñado considerando la alta mortalidad materno-infantil en los segmentos marginados, dándosele énfasis a la población de la sierra por la desigualdad existente. En 1996, la mortalidad materna era 185 x100,000nv, pero en Ayacucho era 1039; si en Lima morían 26 niños por cada 1000nv, en Huancavelica morían 106. En 1993, murieron 1670 madres: una mujer cada 5 horas.
El PSRPF permitió que mujeres pobres accedieran a servicios de salud gratuitos, beneficiando a 850,000 familias al año. Como resultado se redujo la mortalidad materna en 30%.
Durante la implementación ocurrieron aproximadamente 150 casos donde médicos irresponsables realizaron esterilizaciones sin consentimiento. Los médicos debieron ser juzgados y condenados por la justicia y las víctimas resarcidas. Hubo 18 casos fatales como el de Mamerita Mestanza.
Lo que no dice el Parlamento Andino es que la Fiscalía encontró responsabilidad penal en los médicos que practicaron las esterilizaciones sin consentimiento. Además, ordenó que se investigue a jueces y fiscales que impidieron el acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, ¿a quiénes se quiere condenar?
En un Estado de Derecho, nadie puede ser perseguido políticamente. Aunque esta persecución venga del Parlamento Andino, CIDH o la conciencia moral. Ni siquiera los fujimoristas.
¿Puede una comisión integrada por Hilaria Supa, activista política, ser imparcial? Supa sostiene que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar-PSRPF fue "la mayor discriminación (contra la mujer andina)" y añade que "la concepción del gobierno fujimorista fue profundamente racista. Quiso desaparecer a ese sector de la población". Además, el comunicado del Parlamento Andino señala que "en el Perú fueron esterilizadas forzosamente 300,000 mujeres y 22,000 hombres". ¿En qué basan esas afirmaciones? ¿Están buscando justicia o venganza política? ¿Por qué no investigan las 26 esterilizaciones sin consentimiento durante el gobierno de Toledo?
¿Está facultado el Parlamento Andino para investigar casos de DDHH? ¿Puede interferir en un caso que está judicializado? ¡Ni el Congreso peruano puede interferir con el PJ! La Comisión se reunió con víctimas y fiscales. ¿Se reunieron acaso con los ministros de Salud a los que acusan? ¿Y el debido proceso?
El PSRPF fue diseñado considerando la alta mortalidad materno-infantil en los segmentos marginados, dándosele énfasis a la población de la sierra por la desigualdad existente. En 1996, la mortalidad materna era 185 x100,000nv, pero en Ayacucho era 1039; si en Lima morían 26 niños por cada 1000nv, en Huancavelica morían 106. En 1993, murieron 1670 madres: una mujer cada 5 horas.
El PSRPF permitió que mujeres pobres accedieran a servicios de salud gratuitos, beneficiando a 850,000 familias al año. Como resultado se redujo la mortalidad materna en 30%.
Durante la implementación ocurrieron aproximadamente 150 casos donde médicos irresponsables realizaron esterilizaciones sin consentimiento. Los médicos debieron ser juzgados y condenados por la justicia y las víctimas resarcidas. Hubo 18 casos fatales como el de Mamerita Mestanza.
Lo que no dice el Parlamento Andino es que la Fiscalía encontró responsabilidad penal en los médicos que practicaron las esterilizaciones sin consentimiento. Además, ordenó que se investigue a jueces y fiscales que impidieron el acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, ¿a quiénes se quiere condenar?
En un Estado de Derecho, nadie puede ser perseguido políticamente. Aunque esta persecución venga del Parlamento Andino, CIDH o la conciencia moral. Ni siquiera los fujimoristas.
sábado, 10 de mayo de 2014
Poderes Paralelos
Pese a los cuestionamientos al rol que ejerce Heredia en el gobierno de su marido, ella en reciente entrevista nos dejó en claro que poco le importa ser cuestionada. El problema no radica en lo que Heredia pueda pensar, sino en el hecho de que no existen contrapesos que limiten el poder que ella ejerce.
Es equivocado deslegitimar los cuestionamientos al rol de Heredia en el Gobierno desde una perspectiva de género. Nadine Heredia usurpa funciones sin asumir las responsabilidades de un puesto público. No es un tema de género, porque quienes hoy la cuestionamos, haríamos lo mismo si quien ejerciese un poder informal fuera Mark Villanella. Heredia no fue elegida para gobernar y al no asumir cargo público, no está obligada a rendir cuentas. Eso de por sí es grave, sin importar si ella tiene aspiraciones de postular a la Presidencia en el 2016 o no. El uso de recursos públicos es un problema distinto. Igual de serio, pero que no debe confundirse con la crítica que hace al poder que ejerce Heredia.
El caso de Heredia grafica la forma como el Perú está siendo gobernado, en base a instancias de poderes informales, pero no es el único. Dacia Escalante, militante nacionalista nombrada por el Presidente para dirigir la Onagi. Su puesto dependía del Ministerio del Interior, pero el ministro no tenía autoridad alguna sobre ella. Existen serios cuestionamientos sobre la utilización política de los gobernadores y de los recursos del Estado, y sin embargo esta funcionaria decidió no presentarse ante el Congreso. Uno se pregunta: ¿cómo es que ministros como Walter Albán, ex defensor del Pueblo, permiten que se use su imagen para esconder detrás poderes informales y actos de corrupción? ¿Qué más estará ocurriendo bajo las narices del ministro?
Nos estamos acostumbrando a que nadie rinda cuentas, a que nadie asuma responsabilidad
Es equivocado deslegitimar los cuestionamientos al rol de Heredia en el Gobierno desde una perspectiva de género. Nadine Heredia usurpa funciones sin asumir las responsabilidades de un puesto público. No es un tema de género, porque quienes hoy la cuestionamos, haríamos lo mismo si quien ejerciese un poder informal fuera Mark Villanella. Heredia no fue elegida para gobernar y al no asumir cargo público, no está obligada a rendir cuentas. Eso de por sí es grave, sin importar si ella tiene aspiraciones de postular a la Presidencia en el 2016 o no. El uso de recursos públicos es un problema distinto. Igual de serio, pero que no debe confundirse con la crítica que hace al poder que ejerce Heredia.
El caso de Heredia grafica la forma como el Perú está siendo gobernado, en base a instancias de poderes informales, pero no es el único. Dacia Escalante, militante nacionalista nombrada por el Presidente para dirigir la Onagi. Su puesto dependía del Ministerio del Interior, pero el ministro no tenía autoridad alguna sobre ella. Existen serios cuestionamientos sobre la utilización política de los gobernadores y de los recursos del Estado, y sin embargo esta funcionaria decidió no presentarse ante el Congreso. Uno se pregunta: ¿cómo es que ministros como Walter Albán, ex defensor del Pueblo, permiten que se use su imagen para esconder detrás poderes informales y actos de corrupción? ¿Qué más estará ocurriendo bajo las narices del ministro?
Nos estamos acostumbrando a que nadie rinda cuentas, a que nadie asuma responsabilidad
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