¡A la búsqueda del Tesoro!

La izquierda sostiene que el Perú siempre ha sido gobernado por poderes fácticos, que el Estado ha sido privatizado. Es lo que en "El otro sendero", De Soto describe cómo el mercantilismo les permite, a aquellos con acceso al poder, obtener privilegios del Estado. ¿Extraña coincidencia?

Un día antes de que sean elegidos los nuevos miembros del TC, repartija aparte, el TC de salida decidió resolver sobre la acción presentada por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), a fin de que se ordene el pago de los bonos agrarios.

¿Es tan simple sostener que esta es una acreencia del Estado que debe ser honrada sin discusión? ¿Es este un simple perro muerto? Discutible. ¿Qué llevó al TC a decidir este importante tema con gran impacto fiscal, estando de salida?

Desde hace años, especuladores con grandes bolsillos fueron adquiriendo los bonos agrarios de manos de sus tenedores originales por un porcentaje mínimo de su valor. Se calcula que 70% a 80% de los bonos están hoy en manos de especuladores.

¿Es que tiene legitimidad ética una decisión sobre el pago de los bonos adoptada por un TC que decide con el voto dirimente de su presidente, quién fue funcionario de uno de los tenedores más grandes de bonos? ¿De qué deuda con los perjudicados hablamos si los que cobrarán son los especuladores?

Cuando el TC resuelve una causa, debe cuidar que el derecho de los ciudadanos y los objetivos constitucionales primen en sus decisiones con absoluta independencia de criterio y una visión de la problemática jurídico-social-económica del país. Lamentablemente, no es el caso. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo los poderes fácticos de los que habla la izquierda, o el mercantilismo del que habla De Soto, captura rentas del Estado.

Analistas económicos sostienen que el pago ordenado por el TC, en un plazo de 8 años, no significará ningún problema para el Estado. ¿El Estado pagará 4000 millones de dólares, 80% de los cuales irán a manos de especuladores, a cambio de qué? A cambio de que uno de cada cinco niños siga estando desnutrido, de que el Perú sea el país con mayor índice de TBC, de seguir mandando a nuestras tropas al VRAEM sin rancho ni balas ni guantes, a cambio de que el Hospital Policial carezca de insumos, de que el Perú tenga la peor educación de los países de ingreso medio-alto. A cambio de ser incapaces de luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y de que la brecha de infraestructura siga creciendo. Porque, para todo lo anterior, se necesitan recursos.

¿Por qué es que la deuda agraria tiene precedente sobre la deuda a los fonavistas? ¿Será porque los fonavistas no tienen especuladores detrás que puedan organizarse para promover que el TC falle a favor, detallando incluso cómo debe proceder el MEF? ¿Por qué el CIP presenta una acción para beneficiar a intereses privados? ¿Quién estuvo detrás? ¿Por qué recién el decano del CIP sostiene que aquí hay irregularidades?

¿Será por esto que los recursos del Estado son llamados el Tesoro de la Nación?

El pueblo no quiere más pan ni circo

Cuando la Constitución estableció que los miembros del TC debían ser nombrados con el voto de dos tercios de sus miembros lo que se buscaba era que los congresistas llegaran a un consenso. Que se pusieran los intereses del país por delante y que dejando de lado intereses partidarios, se nombren a los mejores para el cargo. Los miembros del TC no solo deben tener un conocimiento profundo de la ley, sino además una intachable trayectoria moral, absoluta independencia de criterio y una visión de la problemática jurídico-social-económica del país. Al resolver las causas el TC tiene que cuidar que el derecho de los ciudadanos y los objetivos constitucionales primen en sus decisiones.

Quienes sostienen que el mecanismo de nombramiento de los miembros del TC es malo, se equivocan. El problema es la falta de responsabilidad de los partidos, quienes desvirtuando completamente la Constitución, han optado por una vulgar repartija. El TC y la Defensoría se han convertido en un botín y los partidos han decidido que lo mejor es repartírselo de acuerdo a cuotas partidarias. La institucionalidad del país poco importa.

En el reparto ya no se cuidan ni las formas ni las vergüenzas.

¿Será que nos estamos acostumbrando a la mediocridad de la clase política? ¿A que todos defiendan sus intereses y ninguno los del país? Digamos que indignados estamos, pero no tanto como para salir a las calles a decirle al Gobierno que no queremos más que sus congresistas blinden a Toledo, que no queremos más que se repartan puestos claves, que no queremos más gente mediocre mamando del Estado.

Los ciudadanos no están dispuestos a salir a las calles ni a enfrentarse al Estado porque no tienen los incentivos necesarios. Los peruanos siguen creyendo que la ola de crecimiento económico nos arrastrará indubitablemente al desarrollo, y nos conseguirá una membresía en la OECD. Ilusamente, creen que poco importa lo que hagan los políticos en el Congreso, quiénes sean los vocales del TC o el Defensor del Pueblo. Aún no se han dado cuenta que la economía ha comenzado a desacelerarse, que el Perú está en la cola del índice de competitividad, y que cuando las papas quemen, van a ser esas autoridades de cuestionable calidad quienes tomarán decisiones que nos afectarán a todos.

El gran problema es el diseño institucional: no existen incentivos para que las autoridades rindan cuentas. Así, quienes son elegidos difícilmente representan a los electores. Quienes llegan al Congreso buscan defender sus intereses personales o partidarios, saben que probablemente solo tengan 5 años para hacerlo. Hoy no existe visión de país. Hoy en el Congreso hay que tomar lo que se pueda y salir corriendo. ¿Cómo explica sino, que pese a los cuestionamientos que hay a Rolando Sousa, Cayo Galindo, Víctor Mayorga y Pilar Freitas, el Congreso siga defendiendo sus nombramientos? Los ciudadanos estamos cansados de los papelones que hacen los congresistas en los programas cómicos, en los cumpleaños de sus lideresas y en los bautizos de sus ahijados. No los hemos llevado al poder para que sean los payasos del circo.

La clase política fallida

No tenemos Defensor del Pueblo, ni directores del BCR, ni miembros del TC. Tenemos una ministra que no controla su cartera, donaciones que se pierden en el camino, bienes embargados que son regalados en actos proselitistas por congresistas oficialistas. Una Ley de Servicio Civil y una Universitaria que nadie ha explicado. Empleados públicos tomando carreteras, la CGTP apedreando a policías, universitarios en las calles, pobladores movilizados por todo el Perú, un Premier sin correa y un Presidente "cosito".

Pilar Freitas, exprocuradora toledista, y Guido Lombardi son candidatos a Defensor del Pueblo. Yehude Simon renuncia a la bancada de APGC, Enrique Wong dice que renuncia pero Lourdes Alcorta aclara que no, que es solo un malentendido. PPK se muestra ofuscado, traicionado y sostiene que esa bancada no lo representa. Cuando los ofuscados y traicionados deberían ser todos aquellos ingenuos que votaron por PPK.

Alejandro Toledo desaparece. Perú Posible sostiene que el expresidente vendrá a dar explicaciones, que nada es cierto, que el cholo sigue siendo sano y sagrado. Su exvicepresidente replica que Eva Fernenbug nunca estuvo en la lista de los indemnizados por el Holocausto. Y el Perú se queda pensando que algo grande ocultan.

El PPC sostiene que es crítico de la gestión de la alcaldesa, olvidando que fue por ellos que Villarán sigue siendo alcaldesa. Es por la institucionalidad, dijeron. Cuando Villarán, y con ella todos los políticos, debieron recibir el mensaje claro: una autoridad incompetente e incapaz será revocada por el pueblo. Es un despilfarro, dijeron, y en el camino Villarán gasta 140% más en parques que en escaleras y muros. La ciudad es un caos y ella habría gastado S/.270 millones en consultorías. Pero el PPC quiere convencernos que cumple su rol, olvidando que el rol de un partido es el de ser una correa de transmisión de las necesidades de la población, para que así esa población no tenga que salir a las calles.

El sector fundamentalista del fujimorismo pretende poner sus creencias religiosas por encima de los intereses públicos que el Estado debe tutelar: el derecho a la vida de las mujeres embarazadas y el derecho a la educación sexual de los adolescentes. El Congreso elimina la orientación sexual como agravante en casos de discriminación.

Desde la izquierda se escuchan voces sosteniendo que lo que tenemos es un desprestigio de la clase política. ¡Qué novedad! Aunque aún no deciden si este es generado por la poca capacidad de los políticos.

Todos estos son síntomas de una enfermedad: la falta de una democracia funcional. Para que una democracia funcione se necesita que los ciudadanos tengan confianza en el Estado, esto es que sepan que el Estado va a responder imponiendo orden y seguridad, controlando la violencia, administrando justicia, defendiendo derechos de propiedad y garantizando libertades civiles, políticas y económicas. Pero además se necesita el respeto de los ciudadanos a la autoridad. En el Perú no existe ninguno. Lo que tenemos es una falta de representación política real. Esta es la verdadera debilidad institucional del Perú. La misma que afecta a Brasil, Egipto y Turquía.