El pueblo no quiere más pan ni circo

Cuando la Constitución estableció que los miembros del TC debían ser nombrados con el voto de dos tercios de sus miembros lo que se buscaba era que los congresistas llegaran a un consenso. Que se pusieran los intereses del país por delante y que dejando de lado intereses partidarios, se nombren a los mejores para el cargo. Los miembros del TC no solo deben tener un conocimiento profundo de la ley, sino además una intachable trayectoria moral, absoluta independencia de criterio y una visión de la problemática jurídico-social-económica del país. Al resolver las causas el TC tiene que cuidar que el derecho de los ciudadanos y los objetivos constitucionales primen en sus decisiones.

Quienes sostienen que el mecanismo de nombramiento de los miembros del TC es malo, se equivocan. El problema es la falta de responsabilidad de los partidos, quienes desvirtuando completamente la Constitución, han optado por una vulgar repartija. El TC y la Defensoría se han convertido en un botín y los partidos han decidido que lo mejor es repartírselo de acuerdo a cuotas partidarias. La institucionalidad del país poco importa.

En el reparto ya no se cuidan ni las formas ni las vergüenzas.

¿Será que nos estamos acostumbrando a la mediocridad de la clase política? ¿A que todos defiendan sus intereses y ninguno los del país? Digamos que indignados estamos, pero no tanto como para salir a las calles a decirle al Gobierno que no queremos más que sus congresistas blinden a Toledo, que no queremos más que se repartan puestos claves, que no queremos más gente mediocre mamando del Estado.

Los ciudadanos no están dispuestos a salir a las calles ni a enfrentarse al Estado porque no tienen los incentivos necesarios. Los peruanos siguen creyendo que la ola de crecimiento económico nos arrastrará indubitablemente al desarrollo, y nos conseguirá una membresía en la OECD. Ilusamente, creen que poco importa lo que hagan los políticos en el Congreso, quiénes sean los vocales del TC o el Defensor del Pueblo. Aún no se han dado cuenta que la economía ha comenzado a desacelerarse, que el Perú está en la cola del índice de competitividad, y que cuando las papas quemen, van a ser esas autoridades de cuestionable calidad quienes tomarán decisiones que nos afectarán a todos.

El gran problema es el diseño institucional: no existen incentivos para que las autoridades rindan cuentas. Así, quienes son elegidos difícilmente representan a los electores. Quienes llegan al Congreso buscan defender sus intereses personales o partidarios, saben que probablemente solo tengan 5 años para hacerlo. Hoy no existe visión de país. Hoy en el Congreso hay que tomar lo que se pueda y salir corriendo. ¿Cómo explica sino, que pese a los cuestionamientos que hay a Rolando Sousa, Cayo Galindo, Víctor Mayorga y Pilar Freitas, el Congreso siga defendiendo sus nombramientos? Los ciudadanos estamos cansados de los papelones que hacen los congresistas en los programas cómicos, en los cumpleaños de sus lideresas y en los bautizos de sus ahijados. No los hemos llevado al poder para que sean los payasos del circo.