Terrorismo

Sendero y el MRTA bañaron al Perú en sangre con la excusa de la lucha armada. Con la del indio oprimido, asesinaron indios, campesinos, ciudadanos pobres, policías, militares y empresarios. El baño de sangre fue indiscriminado, siniestro y encarnizado.

SL y MRTA no son simples delincuentes, son terroristas ideologizados. Para acabar con el terror se diseñó un régimen especial de tres pilares: el de inteligencia, buscaba la captura; el de legislación antiterrorista buscaba un juzgamiento eficaz y penas severas para evitar que se acogieran a beneficios y el del régimen penitenciario, para impedir que se reorganizaran.

Pacificado el país, la CIDH y la izquierda, promovieron beneficios para terroristas. Sabiendo de la ideologización de la Corte, el Perú acordó en la mesa de diálogo de la OEA el retorno a la Corte con reservas en casos de terrorismo. Acuerdo incumplido durante el Paniaguato. Toledo y García Sayán modificaron y flexibilizaron las leyes antiterroristas que permitieron juzgar y condenar bajo un régimen especial a los terroristas, reduciendo penas y concediéndoles beneficios.

Una vergonzosa entrevista busco humanizar a un terrorista concediéndosele dos horas en televisión para justificar y defender sus crímenes. “A uno lo quieren poner como un ser violento” dice Cárdenas. ¡Imagínese!

Carlos Tapia, ex miembro de la CVR, mostrando su debilidad ideológica, sostiene que todos los terroristas pidieron perdón cuando la CVR los entrevistó. El problema dice, “es que no ha habido una educación sobre lo que realmente sucedió”. Peter Cárdenas orgulloso dice haber colaborado con la CVR, y usa el informe final como defensa. Además, anuncio estar dispuesto a apoyar una candidatura de Izquierda. Esa prima hermana del SL y MRTA, que fue incapaz de enfrentarlos. Y que, para legitimarse, creo internacionalmente la imagen del Perú como una dictadura violadora de DDHH. Queriendolo o no le hicieron un favor al terrorismo quienes hoy pueden decir que como luchadores sociales fueron víctimas de un Estado terrorista, que sus DDHH fueron violentados y tienen fallos de la CIDH a su favor, indemnizaciones, presos políticos y hasta un monumento.

Chapa a tu golpeador

La tasa de violencia contra la mujer es de las más altas de Latinoamérica, 4 de cada 10 han sido atacadas por sus parejas. En Lima 23% de mujeres han sido forzadas a tener sexo, 47% en Cusco.

El Estado ha sido incapaz de implementar políticas públicas y campañas de cambio de comportamiento que logren reducir su incidencia. No existe un programa integral ni atención psicológica. Es noticia de todos los días. Mujeres violadas por sus parejas, golpeadas, quemadas, asesinadas. Mujeres a las que poderosos empresarios les quitan a sus hijos. ¡Y todos miran hacia otro lado!

Se cree equivocadamente que la violencia contra la mujer pertenece al ámbito privado. Que es problema de la pareja y que nadie tiene derecho a involucrarse. La Sociedad le echa la culpa a la mujer por elegir mal, por permitirlo, por no ponerle un pare. Y así las mujeres son víctimas de violencia doméstica y social.

La violencia de genero responde al control y dominio que busca ejercer un hombre sobre una mujer. Es una muestra de poder, de superioridad. El hombre la considera un objeto y reclama su derecho de propiedad a través de la violencia. La violencia de género es un delito, pero no importa. Aquí las leyes no se cumplen. Y es que una de las grandes barreras para acabar con la violencia es la impunidad.

Hace unos meses se hicieron públicas las denuncias por violencia doméstica contra un regidor. Hoy son contra un Congresista. Sin embargo, la sociedad y las lideresas de sus partidos los protegen. En los últimos días he leído varios cometarios defendiendo a Diaz Dios. Como en su momento a Pablo Secada. Lourdes Flores sostuvo que las denuncias contra Secada “no eran suficientes para descalificar a un político que tenía mucho que aportar”. Y Keiko se ha limitado a un par de tuits pidiendo que se aclare el incidente. Imagínese que ellos son actores políticos, responsables de diseñar y ejecutar políticas públicas.

Para Secada, su mujer era “muñeca brava” y Diaz sostiene que el no expondrá a su esposa. La violencia contra la mujer es inaceptable en cualquier circunstancia. Y quien protege o no sanciona al que la comete se convierte en cómplice.

A punta de chantaje

Para gobernar no basta ganar elecciones. Para gobernar se necesita legitimidad y la confianza del pueblo y de los inversionistas. En el Perú no existe ninguna. ¿Quién gobierna? ¿Confía usted en el Estado? Con una economía en desaceleración y una crisis institucional seria, los rumores de los últimos días no hacen más que empeorar la crisis.

La impersonalidad de las instituciones es una característica fundamental para lograr cruzar el umbral del desarrollo. Pero en el Perú, país caudillista seguimos esperado al outsider que salvara al país. Lo que nos hace idealizar candidatos y sobredimensionar sus posibilidades de acción para luego, una vez que fracasen, desilusionarnos y perder aún más confianza en la democracia y en las instituciones. Es un error defender personas por encima de instituciones. Como es un error permitir que se doblegue el principio de autoridad que debe ejercer un estado.

En Loreto, 600 miembros de la Fediquep y la Feconaco han tomado el helipuerto de Andoas y bloquean el ingreso al Lote 192 desde el sábado pasado. El Presidente de la Feconaco exige la llegada de una comisión de alto nivel del Ejecutivo para dialogar. ¿Acaso se puede dialogar bajo condiciones de fuerza?

Este tipo de acciones para exigirle al gobierno central presencia en zonas en conflicto y decisiones que beneficien a un grupo, se han hecho costumbre en el País. El gobierno de Toledo aceptó el levantamiento popular, la captura de rehenes y la toma de carreteras como mecanismos validos en la negociación con el Estado. El de García lo institucionalizó. Es momento que el Estado demuestre que tiene el control sobre la violencia y que ninguno de esos mecanismos puede ser exitoso. Quien bloquea una carretera, toma un aeropuerto o impide el libre desarrollo de las actividades comerciales comete un delito. El Estado no puede aceptar el chantaje de quienes están fuera de la ley. El estado peruano está siendo progresivamente secuestrado por la coerción de los ilegales. No podemos mantener un modelo de ausencia de autoridad.

¡A la cola!

Lima se sorprende cuando en las zonas de influencia minera y petrolera las comunidades buscan parar las inversiones. Pero Lima nunca pregunta por qué.

Cajamarca es la región más pobre del Perú. El 52.2% de cajamarquinos vive en pobreza. 32.7% de los menores de 5 sufre anemia y hay más de 600,000 pobladores que padecen déficit calórico. En Islay, área de influencia de Tía Maria, viven 53 mil personas. El 25% viven en pobreza, el 40% de las viviendas no están conectadas a una red pública de desagüe.

Las comunidades no confían ni en las empresas ni en el Estado. Ellos ven como con la mina llega gente de fuera, construyen caminos privados, traen seguridad que les impide el acceso, destruyen sus Apus, contaminan su agua y se llevan “su” riqueza. Y ellos siguen en la misma pobreza. Y nadie se toma el trabajo de explicarles si se cumple con los estándares medio ambientales y cuáles son las medidas de mitigación.

La falta de partidos formales que representen los intereses de los pobladores más pobres y de las regiones más alejadas los empuja hacia movimientos radicales. Los ciudadanos sienten que han sido abandonados por el estado y que las opciones pro-sistema no los benefician. Y por ello le exigen a sus autoridades locales que los protejan contra las mineras y contra el Gobierno Central.

La solución pasa por escuchar a la comunidad y diseñar intervenciones que cubran sus expectativas (caminos, colegios, centros de salud, redes de agua y desagüe, etc.) y a la vez le permitan a la empresa explotar el mineral, generando puestos de trabajo directos e indirectos, y regalías, para que todos los peruanos nos beneficiemos del crecimiento económico.

El gobierno central tiene un rol importantísimo que jugar y eso pasa por reconocer a las autoridades locales elegidas por el pueblo y trabajar con ellos para lograr el desarrollo de su comunidad. Comenzar respetando a las autoridades es un buen paso. Hacer que un alcalde haga cola para entrar a una reunión con un viceministro es un error que muestra que Lima, nunca entiende nada.

Chapa tu choro

“Cincuenta y seis personas que se meten a una casa, roban, agreden, son capturadas y luego son liberadas ¿cómo explicar eso? Señores fiscales, jueces, la policía si ‘chapa a los choros’” Fueron las declaraciones de un indignado José Luis Pérez Guadalupe, Ministro del Interior en respuesta a la resolución de la jueza Hayde Vergara Rodríguez.

En Lima, el 82% de los ciudadanos considera como el principal problema la delincuencia e inseguridad ciudadana. De acuerdo con cifras del INEI entre Octubre del 2014 y Marzo del 2015 el 32% de peruanos que viven en zonas urbanas con más de 20,000 habitantes ha sido víctima de algún hecho delictivo, sin embargo solo el 15% lo denunció. La incidencia de victimización en Lima es mucho mayor, en el 2014 el 43.1% de limeños fue víctima de algún delito.

Una de las condiciones para que un país cruce el umbral del desarrollo es que el Estado tenga el control del monopolio de la violencia. Esto es, solo el Estado a través de la ley puede ejercer la violencia (orden, persecución, sanción) sin que ningún otro grupo (narcoterrorista, sicario, pandillero) pueda hacerlo. En el Perú, el principio de autoridad ha sido socavado por la pérdida de legitimidad del Estado. Los ciudadanos no confían en las autoridades y eso se ve reflejado en la alta percepción de inseguridad y en el bajo porcentaje de denuncias de las víctimas.

Esta falta de confianza en el Estado ha llevado a un grupo de ciudadanos a promover el linchamiento de los delincuentes, tal como vienen haciendo rondas y comités de autodefensa. Cuando el ciudadano se ve obligado a “resolver” sus problemas por incapacidad del Estado, todos los ciudadanos pierden porque corremos el riesgo de que se imponga una anarquía.

Cabe resaltar que la incapacidad del poder Judicial no se ve reflejada exclusivamente en la liberación de delincuentes comunes. La impunidad con la que operan los delincuentes de cuello y corbata, esos que se pasean por los distintos poderes del Estado, amparados en Habeas Corpus, es otro ejemplo.