El lobby son las acciones que hace un grupo de personas que representan intereses para influir en funcionarios públicos para lograr beneficios. Estos se pueden dar a través de la aprobación, modificación o derogación de normas y a través del otorgamiento de derechos como beneficios tributarios, subsidios, aranceles, restricciones sobre la competencia, contratos con el Estado, licencias y permisos. Todo lobby tiene efecto en la sociedad para bien y para mal.
El lobby y los lobbystas -aquellos que ejercen profesionalmente la actividad- son, en principio legales. El lobby busca influir en las decisiones del Estado. Busca que ese grupo de interés determinado sea escuchado. De la misma manera como grupos determinados de personas buscan proteger sus derechos y que el Estado los escuche y responda a sus necesidades. Sin embargo, el lobby tiene efectos económicos y los lobbystas reciben honorarios profesionales.
Si el Estado es capaz de administrar sus recursos de manera eficiente y transparente, evita la captura de rentas por parte de grupos de interés, tiene políticas de buen gobierno como transparencia, facilidad en el acceso a la información, rendición de cuentas, además de tener instituciones, políticas y regulación sobre el lobby, este no generaría mayores problemas.
Sin embargo, hay una delgada línea entre el lobby legal y el conflicto de interés, la corrupción y la captura de funcionarios públicos por parte de intereses privados. Hobbes sostenía que el hombre no es por naturaleza bueno y por lo tanto es necesario establecer incentivos para que éste actúe correctamente. Son los mecanismos del buen gobierno los que obligan a los funcionarios públicos a actuar teniendo el interés común como misión.
En EE.UU. el lobby está regulado al detalle. Las empresas lobbystas -dedicadas al lobby profesionalmente-, incluso las unipersonales, así como la empresa que tenga un lobbysta interno tienen la obligación de registrarse, declarar el nombre de su cliente, el asunto objeto del lobby y el costo aproximado. Esta información es pública. Pese a ello existen casos de corrupción. En el Perú no existe regulación alguna.
También hay los que tratan de influir en la opinión pública. ¿Cuando un periodista, analista político o columnista defiende los intereses de un grupo determinado a cambio de un beneficio no debería el público que lo sigue saberlo? ¿La opinión del experto es producto de un análisis concienzudo y especializado o es un lobby para beneficiar a una empresa o grupo de intereses por el que recibe un chequecito o viajecito? ¿Y cuando se trata de ONGs, consultoras y encuestadoras?
Ejemplos hay muchos. Periodistas que le hacen publicidad a una AFP, aceptan dictar conferencias a favor de mineras o escriben columnas sobre las ventajas de determinada concesión. JDC presentando una ley que beneficio a su exasesor, funcionarios del MEM defendiendo el EIA de Conga que luego tuvo que ser corregido. ¿Y cuando Alvarito escribe a favor de la posición chilena?
En aras de la transparencia es momento de regular el lobby y de que los lobbystas salgan del clóset.
Escribo para enfrentar lo "políticamente correcto", que constituye el mayor lastre del Perú. No formo ni he formado parte de partido político alguno y digo solo aquello en lo que creo, independientemente de a quién le guste y a quién no. Creo que estas razones son las que hacen de la irreverencia una virtud.
sábado, 22 de diciembre de 2012
sábado, 15 de diciembre de 2012
Neguémoslo siempre
Las comisiones de Justicia y Constitución del Congreso han aprobado el proyecto de Ley del Negacionismo, que busca sancionar a aquel que "públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas." Marisol Pérez Tello sostiene que se trata de un tipo penal cerrado, que busca darle una herramienta adicional al Estado para defenderse. Mientras que Chehade no sabe qué es terrorismo.Cuando Sendero y el MRTA atacaron al Estado Peruano, este no estaba preparado para enfrentarlo. Al hacerlo se cometieron muchos errores. Miembros de las FF.AA. y Policiales cometieron crímenes terribles que son inaceptables y por los cuales están presos. Sin embargo, esos crímenes no fueron una política de Estado ni fueron ejecutados por las FF.AA. como institución. Por eso, escuchar a Ricardo Letts sostener que "las FF.AA. del Perú son terroristas" es vergonzoso.
El Estado Peruano aprendió a defenderse, y así pudo capturar y juzgar a la cúpula de Sendero y del MRTA. Lamentablemente, por razones políticas, la izquierda y la caviarada decidieron, desde el gobierno del presidente Paniagua, reescribir la historia y poner en igualdad de condiciones a los grupos terroristas y al Estado. Para ello utilizaron a la CVR, el Museo de la Memoria, El Ojo que Llora, el juicio contra los Chavín, la política de allanamiento ante la CIDH impulsada por García Sayán, y nos dijeron que el Estado cometió "violaciones sistemáticas de derechos humanos". Como su motivación era política, lo hicieron a partir de 1990. Así, la CVR encontró solo responsabilidad política en Belaunde y García, pero responsabilidad penal en Fujimori.
¿Por qué no se denunció al Movadef por apología cuando sus miembros irrumpieron en la presentación del libro de Portocarrero? Si no hay un solo proceso por apología del terrorismo, ¿para qué necesitamos el Negacionismo? La izquierda y la caviarada pretenden utilizar el Negacionismo para solidificar esta historia del Perú reescrita, en la que ellos, que fueron incapaces de enfrentar al terrorismo, se lavan la cara y quedan como grandes luchadores, demócratas y defensores de los DD.HH.
Pretenden decirnos que en los 90 hubo terrorismo de Estado y, por lo tanto, la Ley del Negacionismo debe incluirlo. Para ello, Rimarachín utiliza la sentencia de Fujimori como prueba. Más aún, pretende que se incluya dentro del concepto de terrorismo el delito de corrupción, con una clara motivación política. Una que no beneficia al país, sino a sus intereses de grupo.
El Perú enfrenta la posibilidad de una reagrupación del MRTA, considerando que parte de su cúpula será liberada en los próximos meses. Enfrenta además a Sendero y la liberación de Morote. Sin embargo, políticos mezquinos, limitados e incapaces pretenden convencernos de la necesidad de declarar al fujimorismo como ¿un partido terrorista?
Es necesario unir al Perú y trabajar políticamente en defensa de la democracia y el Estado de Derecho para enfrentar a la lacra que buscó destruir al Estado y dinamitar al país: Sendero y el MRTA. Para ello necesitamos no solo herramientas legales, sino políticos y generadores de opinión responsables.
El Estado Peruano aprendió a defenderse, y así pudo capturar y juzgar a la cúpula de Sendero y del MRTA. Lamentablemente, por razones políticas, la izquierda y la caviarada decidieron, desde el gobierno del presidente Paniagua, reescribir la historia y poner en igualdad de condiciones a los grupos terroristas y al Estado. Para ello utilizaron a la CVR, el Museo de la Memoria, El Ojo que Llora, el juicio contra los Chavín, la política de allanamiento ante la CIDH impulsada por García Sayán, y nos dijeron que el Estado cometió "violaciones sistemáticas de derechos humanos". Como su motivación era política, lo hicieron a partir de 1990. Así, la CVR encontró solo responsabilidad política en Belaunde y García, pero responsabilidad penal en Fujimori.
¿Por qué no se denunció al Movadef por apología cuando sus miembros irrumpieron en la presentación del libro de Portocarrero? Si no hay un solo proceso por apología del terrorismo, ¿para qué necesitamos el Negacionismo? La izquierda y la caviarada pretenden utilizar el Negacionismo para solidificar esta historia del Perú reescrita, en la que ellos, que fueron incapaces de enfrentar al terrorismo, se lavan la cara y quedan como grandes luchadores, demócratas y defensores de los DD.HH.
Pretenden decirnos que en los 90 hubo terrorismo de Estado y, por lo tanto, la Ley del Negacionismo debe incluirlo. Para ello, Rimarachín utiliza la sentencia de Fujimori como prueba. Más aún, pretende que se incluya dentro del concepto de terrorismo el delito de corrupción, con una clara motivación política. Una que no beneficia al país, sino a sus intereses de grupo.
El Perú enfrenta la posibilidad de una reagrupación del MRTA, considerando que parte de su cúpula será liberada en los próximos meses. Enfrenta además a Sendero y la liberación de Morote. Sin embargo, políticos mezquinos, limitados e incapaces pretenden convencernos de la necesidad de declarar al fujimorismo como ¿un partido terrorista?
Es necesario unir al Perú y trabajar políticamente en defensa de la democracia y el Estado de Derecho para enfrentar a la lacra que buscó destruir al Estado y dinamitar al país: Sendero y el MRTA. Para ello necesitamos no solo herramientas legales, sino políticos y generadores de opinión responsables.
sábado, 8 de diciembre de 2012
La tristeza de la Primera Dama
Finalmente, la Primera Dama habló sobre el "affaire" Villena. Rodeada por las ministras Trivelli y Triveño, nos dijo que el ministro Villena ya había pedido disculpas y que "es una situación que hasta nos ha entristecido. Hay lecciones que aprender de esta experiencia".
Nadine Heredia, que en la práctica cogobierna con su marido y que no puede ocultar su intención de postular en el 2016, nos dijo que lo importante no era el empujón, ni el apretón, sino la disculpa. Así nomás, como cuando un policía en una comisaría de SJL le dice a la mujer ensangrentada que quiere denunciar a su marido porque le rompió la cara a golpes, que mejor no denuncie, que él está arrepentido y ha aprendido la lección. Seguro que no lo vuelve a hacer.
¿Dónde quedan los principios de esas ministras que seguirán sentándose en un Consejo de Ministros al lado de una pequeña persona que cree que cuando le pusieron un fajín en la cintura lo convirtieron en reyezuelo, en pacha, en inca? Ese que cree que le dieron las llaves del reino y lo convirtieron en señor feudal. ¿Es que el poder seduce al punto que hace que las ministras pierdan la decencia? ¿Cómo vamos a acabar con la violencia contra la mujer si el gobierno permite que ese reyezuelo siga usando fajín?
De acuerdo con un estudio multipaís de la OMS, la violencia en el Perú es más alta que en Etiopía, Tanzania y Bangladesh. El 69% de las mujeres rurales peruanas ha sufrido violencia física y/o sexual. 51% en zonas urbanas. La violencia contra la mujer es persistente en la medida en que la sociedad no la rechace enérgicamente. Mientras quienes la cometen no sean sancionados penal y socialmente.
La discriminación contra la mujer se basa en la división público/privada de la vida en sociedad. Las mujeres generalmente son ubicadas en el ámbito privado y sus intereses como la crianza y educación de los hijos, la salud y la violencia doméstica no han sido considerados "bien común". En el Perú creemos que lo que suceda dentro de la casa no nos incumbe. Poco importa que tu pata gomee a su mujer y que no le pase pensión alimenticia a sus hijos. Porque es súper bacán y cocina buenazo.
El affaire Villena es solo una muestra de lo podrida que está la sociedad. No es el primer caso, ni será el último. En el 2001, el Perú eligió a un presidente que no solo se negaba a reconocer a una hija sino que además tenía denuncias por violencia doméstica.
La actitud del Ejecutivo es una vergüenza. Porque así este reyezuelo no hubiese agredido físicamente a la empleada de LAN, su actitud matonesca en el aeropuerto es suficiente para que el Presidente lo despida. ¿O es que cuando Roque dice que el Perú es de todos, los más humildes y los más bacanes, es con cacha? Tome nota, señora, para el 2016.
Nadine Heredia, que en la práctica cogobierna con su marido y que no puede ocultar su intención de postular en el 2016, nos dijo que lo importante no era el empujón, ni el apretón, sino la disculpa. Así nomás, como cuando un policía en una comisaría de SJL le dice a la mujer ensangrentada que quiere denunciar a su marido porque le rompió la cara a golpes, que mejor no denuncie, que él está arrepentido y ha aprendido la lección. Seguro que no lo vuelve a hacer.
¿Dónde quedan los principios de esas ministras que seguirán sentándose en un Consejo de Ministros al lado de una pequeña persona que cree que cuando le pusieron un fajín en la cintura lo convirtieron en reyezuelo, en pacha, en inca? Ese que cree que le dieron las llaves del reino y lo convirtieron en señor feudal. ¿Es que el poder seduce al punto que hace que las ministras pierdan la decencia? ¿Cómo vamos a acabar con la violencia contra la mujer si el gobierno permite que ese reyezuelo siga usando fajín?
De acuerdo con un estudio multipaís de la OMS, la violencia en el Perú es más alta que en Etiopía, Tanzania y Bangladesh. El 69% de las mujeres rurales peruanas ha sufrido violencia física y/o sexual. 51% en zonas urbanas. La violencia contra la mujer es persistente en la medida en que la sociedad no la rechace enérgicamente. Mientras quienes la cometen no sean sancionados penal y socialmente.
La discriminación contra la mujer se basa en la división público/privada de la vida en sociedad. Las mujeres generalmente son ubicadas en el ámbito privado y sus intereses como la crianza y educación de los hijos, la salud y la violencia doméstica no han sido considerados "bien común". En el Perú creemos que lo que suceda dentro de la casa no nos incumbe. Poco importa que tu pata gomee a su mujer y que no le pase pensión alimenticia a sus hijos. Porque es súper bacán y cocina buenazo.
El affaire Villena es solo una muestra de lo podrida que está la sociedad. No es el primer caso, ni será el último. En el 2001, el Perú eligió a un presidente que no solo se negaba a reconocer a una hija sino que además tenía denuncias por violencia doméstica.
La actitud del Ejecutivo es una vergüenza. Porque así este reyezuelo no hubiese agredido físicamente a la empleada de LAN, su actitud matonesca en el aeropuerto es suficiente para que el Presidente lo despida. ¿O es que cuando Roque dice que el Perú es de todos, los más humildes y los más bacanes, es con cacha? Tome nota, señora, para el 2016.
sábado, 1 de diciembre de 2012
La verdad de una mentira (parte II)
Las mal llamadas "esterilizaciones forzadas" vuelven a escena con innegable carga política. Contribuyen opinólogos, activistas y periodistas que abordan el tema con absoluta desinformación y ligereza. Jorge Bruce ha sostenido: "Está demostrado fehacientemente que se trató de una política sistemática de esterilización forzada". ¿Alguna autoridad judicial lo ha declarado así? Monseñor Bambarén dijo recientemente :"En la selva desaparecieron etnias pequeñas a raíz de las esterilizaciones". ¿Qué etnia ha desaparecido? Quienes en la campaña del 2011 denunciaron "300,000 esterilizaciones forzadas", hoy sostienen que son 1500 y solo 150 probadas.
El Minsa implementó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996-2000. El programa proveía gratuitamente métodos anticonceptivos a 850,000 familias al año. En 1997 se realizaron 109,000 AQV (ligaduras), representando el 13% del total de métodos usados. El 33.6% de las mujeres atendidas usaba inyecciones Depo-Provera, 20% píldora, 16% DIU (TdeCobre) y 12% condones. En 1998 el uso de Depo-Provera aumentó a 40%, la píldora a 24%, y los condones a 14%, mientras que AQV cayó a 3% del total.
¿De qué "política pública de esterilización forzada" hablan si en el año que más AQV se realizaron estas representaron el 13% de todos los métodos elegidos por las mujeres? Más aún, de acuerdo con la ENDES 2000, el 81% de las mujeres que se sometieron a una AQV estaban satisfechas con su decisión. El 94.4% de la población rural declaró saber que era un método permanente.
El programa incrementó el acceso a los servicios de salud reproductiva. Como resultado, el uso de métodos modernos aumentó de 31% en 1992 a 51% en el 2000, la mortalidad materna se redujo de 265 x 100,000 en 1996 a 185 en el 2000 y la mortalidad infantil de 43 x 1000 en 1996 a 33 en el 2000.
La Defensoría investigó el programa -emitiendo 4 informes- y encontró irregularidades en su implementación. Entre ellas, fallas de métodos anticonceptivos, consentimientos firmados en formato distinto al establecido por ley, ausencia del periodo de reflexión en AQV, maltrato del personal médico, fallecimiento y AQV sin consentimiento. El Informe 69 (2002) analizó 773 quejas, 35 por esterilizaciones sin consentimiento entre 1996-2000 (10 declaradas infundadas). Además, investigaron 26 quejas por esterilizaciones sin consentimiento ocurridas en el 2001 y 2002 después de cancelado el programa. ¿Esto significa que en el gobierno de Toledo también hubo una política pública de esterilización forzada?
El objetivo del programa fue mejorar las condiciones de salud en los segmentos marginados de la sociedad, dándosele énfasis a la población de la sierra por la desigualdad que existía en el acceso a los servicios de salud y en los indicadores. Ocurrieron 18 muertes y cerca de 150 casos donde médicos irresponsables realizaron AQV sin consentimiento. Estos representan el 0.05% del total de las AQV realizadas. Estos casos son inaceptables y los médicos responsables fueron llevados a la justicia. Ninguna mujer puede ser obligada a hacer nada contra su voluntad, ni a esterilizarse, ni a tener un hijo ni a abortar. Quien lo haga debe ser juzgado y condenado.
Aquí muestro evidencia de los resultados de una política pública. Es así como estas deben decidirse y evaluarse. Estamos plagados de mediocres opinólogos con ínfulas de experticia en políticas públicas, de políticos y activistas irresponsables que utilizan el dolor de las familias afectadas. Estamos acostumbrados a la mediocridad y la mentira, esa es la mayor lacra del Perú.
La verdad de una mentira (parte I)
El Minsa implementó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996-2000. El programa proveía gratuitamente métodos anticonceptivos a 850,000 familias al año. En 1997 se realizaron 109,000 AQV (ligaduras), representando el 13% del total de métodos usados. El 33.6% de las mujeres atendidas usaba inyecciones Depo-Provera, 20% píldora, 16% DIU (TdeCobre) y 12% condones. En 1998 el uso de Depo-Provera aumentó a 40%, la píldora a 24%, y los condones a 14%, mientras que AQV cayó a 3% del total.
¿De qué "política pública de esterilización forzada" hablan si en el año que más AQV se realizaron estas representaron el 13% de todos los métodos elegidos por las mujeres? Más aún, de acuerdo con la ENDES 2000, el 81% de las mujeres que se sometieron a una AQV estaban satisfechas con su decisión. El 94.4% de la población rural declaró saber que era un método permanente.
El programa incrementó el acceso a los servicios de salud reproductiva. Como resultado, el uso de métodos modernos aumentó de 31% en 1992 a 51% en el 2000, la mortalidad materna se redujo de 265 x 100,000 en 1996 a 185 en el 2000 y la mortalidad infantil de 43 x 1000 en 1996 a 33 en el 2000.
La Defensoría investigó el programa -emitiendo 4 informes- y encontró irregularidades en su implementación. Entre ellas, fallas de métodos anticonceptivos, consentimientos firmados en formato distinto al establecido por ley, ausencia del periodo de reflexión en AQV, maltrato del personal médico, fallecimiento y AQV sin consentimiento. El Informe 69 (2002) analizó 773 quejas, 35 por esterilizaciones sin consentimiento entre 1996-2000 (10 declaradas infundadas). Además, investigaron 26 quejas por esterilizaciones sin consentimiento ocurridas en el 2001 y 2002 después de cancelado el programa. ¿Esto significa que en el gobierno de Toledo también hubo una política pública de esterilización forzada?
El objetivo del programa fue mejorar las condiciones de salud en los segmentos marginados de la sociedad, dándosele énfasis a la población de la sierra por la desigualdad que existía en el acceso a los servicios de salud y en los indicadores. Ocurrieron 18 muertes y cerca de 150 casos donde médicos irresponsables realizaron AQV sin consentimiento. Estos representan el 0.05% del total de las AQV realizadas. Estos casos son inaceptables y los médicos responsables fueron llevados a la justicia. Ninguna mujer puede ser obligada a hacer nada contra su voluntad, ni a esterilizarse, ni a tener un hijo ni a abortar. Quien lo haga debe ser juzgado y condenado.
Aquí muestro evidencia de los resultados de una política pública. Es así como estas deben decidirse y evaluarse. Estamos plagados de mediocres opinólogos con ínfulas de experticia en políticas públicas, de políticos y activistas irresponsables que utilizan el dolor de las familias afectadas. Estamos acostumbrados a la mediocridad y la mentira, esa es la mayor lacra del Perú.
La verdad de una mentira (parte I)
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