El Parlamento de Uganda acaba de aprobar una ley que declara ilegal la homosexualidad. La ley contempla cadena perpetua en casos de "homosexualidad agravada". Toda propaganda homosexual, e incluso la discusión pública de los derechos para los homosexuales, será penada. Los activistas antigays sostienen triunfadores: "El Parlamento ha votado contra el mal, porque somos una nación temerosa de Dios".
A principios de diciembre, la Corte Suprema India decidió recriminalizar la homosexualidad reconociendo una ley de 1861. Las sanciones incluyen multas y hasta diez años de prisión. En total son 83 países en el mundo donde la homosexualidad es un delito.
Mientras tanto, el Congreso rechazó, y por mayoría, incluir la orientación sexual como agravante en los crímenes de odio. Lo anterior impulsado por los pastores evangélicos Lay y Rosas, que no veían la necesidad, ya que ello "tergiversa nuestro ordenamiento jurídico y afecta nuestra legislación". Esta semana, el regidor Becerra le mentó la madre a la regidora Marité Bustamante porque ella pretendía poner en agenda la aprobación de una ordenanza contra la discriminación que contempla la tolerancia a los homosexuales.
El proyecto de Ley de la Unión Civil, que reconoce derechos patrimoniales a quienes, en la práctica, son una familia, generó acaloradas discusiones y alzados congresistas que nos decían que esta ley afectaría la moral de los peruanos.
Solo para poner las cosas en perspectiva, "Women, Business and the Law 2014" una publicación del Banco Mundial, encontró que de 100 países estudiados, 24 no tienen ninguna ley contra la violencia doméstica y solo 57 tienen normas contra la violencia sexual. Entre 2009 y 2013 ocurrieron en el Perú 573 feminicidios, en el 84% de los casos los homicidas son parejas o exparejas de las victimas. Cada hora la Fiscalía registra 16 denuncias por violencia familiar. ¿Cómo la ve?
Escribo para enfrentar lo "políticamente correcto", que constituye el mayor lastre del Perú. No formo ni he formado parte de partido político alguno y digo solo aquello en lo que creo, independientemente de a quién le guste y a quién no. Creo que estas razones son las que hacen de la irreverencia una virtud.
sábado, 21 de diciembre de 2013
sábado, 14 de diciembre de 2013
"Bisnes as usual"
¿Por qué Cecilia Tait pide que la sesión de la comisión investigadora del caso López Meneses donde se iba a presentar Cecilia Valenzuela sea reservada? ¿Por qué cuando la prensa le pide explicaciones se ofusca y responde que ella fue amenazada en el 2000 y hasta le ofrecieron $500,000 para pasarse al fujimorismo? Ella, dice, tuvo que salir del país para proteger a su familia y hoy está protegiendo al país. ¿Quién la amenazó? ¿Quién le ofreció el dinero? ¿Qué tiene esto que ver con la sesión reservada? ¿De qué exactamente es de lo que ella está protegiendo al país? ¿No son estas preguntas las que debería responder una congresista que hace tamañas acusaciones?
Estamos acostumbrados a políticos mediocres, a supuestos líderes que se vanaglorian de haber sido perseguidos políticos de una supuesta dictadura, que fueron amenazados y que tuvieron que proteger a sus familias. Y sin embargo no presentan pruebas que demuestren que lo que dicen es cierto. Meteóricas carreras celebradas por la caviarada, grandes demócratas en base a persecuciones fantasmas. Sáquese el sombrero y agradézcales.
En el camino, Cecilia Valenzuela se queja de maltratos en el Congreso, los libros de visitas del expenal San Jorge desaparecen, el ministro de Justicia dice que no sabe qué pasó, que solo hay registros desde el 2010. Dos congresistas hallan registros anteriores y restos de papeles quemados en el techo del penal. El ministro miente. Un alzado Pérez Guadalupe dice que probablemente sería un agente del Inpe el responsable de la desaparición de los libros de visitas y que los restos de papel quemado serían de un periódico. Y aquí no pasa nada, señores, 'Bisnes as usual', como dirían los gringos. Pagaron la grati, salió solcito y Favre lanzó a Gastón al 2016.
Estamos acostumbrados a políticos mediocres, a supuestos líderes que se vanaglorian de haber sido perseguidos políticos de una supuesta dictadura, que fueron amenazados y que tuvieron que proteger a sus familias. Y sin embargo no presentan pruebas que demuestren que lo que dicen es cierto. Meteóricas carreras celebradas por la caviarada, grandes demócratas en base a persecuciones fantasmas. Sáquese el sombrero y agradézcales.
En el camino, Cecilia Valenzuela se queja de maltratos en el Congreso, los libros de visitas del expenal San Jorge desaparecen, el ministro de Justicia dice que no sabe qué pasó, que solo hay registros desde el 2010. Dos congresistas hallan registros anteriores y restos de papeles quemados en el techo del penal. El ministro miente. Un alzado Pérez Guadalupe dice que probablemente sería un agente del Inpe el responsable de la desaparición de los libros de visitas y que los restos de papel quemado serían de un periódico. Y aquí no pasa nada, señores, 'Bisnes as usual', como dirían los gringos. Pagaron la grati, salió solcito y Favre lanzó a Gastón al 2016.
sábado, 7 de diciembre de 2013
Mi reino por un spa
De acuerdo con una reciente investigación de IDL Reporteros, nadie en los niveles más altos del Ejército ignoraba la influencia y llegada de López Meneses, quien habría sido un habitué en los pasillos del Pentagonito.
¿Es que acaso los generales con los que López Meneses se relacionaba no sabían quién era el exoperador de Montesinos y exhabitante de San Jorge? ¿Será que no consideraron que mantener una relación con él podría ser un riesgo para ellos?
Veamos. López Meneses, asombrado por el hecho de que el comandante general Da Silva no contaba con un sauna para su solaz esparcimiento, y con la criollada que caracteriza al peruano, le habría dicho: "No se preocupe, mi general, yo se la consigo". Y aparentemente lo habría conseguido a través del presidente del gobierno regional del Callao. Pregunto: ¿a santo de qué un gobierno regional financia la construcción de un spa en el Pentagonito? ¿Es que habría acaso un convenio? Según Gorriti, el despacho del ministro Cateriano no habría podido responder.
¿Será que los generales no evaluaron nunca la posibilidad de lo que podría suceder si es que el Presidente de la República, la bancada oficialista, la oposición y la prensa llegaban a enterarse? ¿Qué es lo que López Meneses les daba a cambio para que ellos se corrieran el riesgo? ¿Solo un spa en el Pentagonito? ¿O será que creían que no había riesgo ya que hasta el jefe supremo de las FF.AA. los protegería? ¿Por qué si no habría salido raudo y sin investigación previa a responsabilizar del escándalo a una supuesta corrupción policial?
No se deje engañar, López Meneses, hay que reconocérselo: conoce muy bien su "bisnes". Sus vínculos y relaciones se extienden más allá de los cuarteles.
¿Es que acaso los generales con los que López Meneses se relacionaba no sabían quién era el exoperador de Montesinos y exhabitante de San Jorge? ¿Será que no consideraron que mantener una relación con él podría ser un riesgo para ellos?
Veamos. López Meneses, asombrado por el hecho de que el comandante general Da Silva no contaba con un sauna para su solaz esparcimiento, y con la criollada que caracteriza al peruano, le habría dicho: "No se preocupe, mi general, yo se la consigo". Y aparentemente lo habría conseguido a través del presidente del gobierno regional del Callao. Pregunto: ¿a santo de qué un gobierno regional financia la construcción de un spa en el Pentagonito? ¿Es que habría acaso un convenio? Según Gorriti, el despacho del ministro Cateriano no habría podido responder.
¿Será que los generales no evaluaron nunca la posibilidad de lo que podría suceder si es que el Presidente de la República, la bancada oficialista, la oposición y la prensa llegaban a enterarse? ¿Qué es lo que López Meneses les daba a cambio para que ellos se corrieran el riesgo? ¿Solo un spa en el Pentagonito? ¿O será que creían que no había riesgo ya que hasta el jefe supremo de las FF.AA. los protegería? ¿Por qué si no habría salido raudo y sin investigación previa a responsabilizar del escándalo a una supuesta corrupción policial?
No se deje engañar, López Meneses, hay que reconocérselo: conoce muy bien su "bisnes". Sus vínculos y relaciones se extienden más allá de los cuarteles.
sábado, 30 de noviembre de 2013
La verdad de Chehade
Hace dos años Omar Chehade Moya, congresista de la Republica y renunciante vicepresidente del Perú, organizó una cena a la que convocó a varios generales PNP. A raíz de ello, su hermano Miguel fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad por haber querido presionar a la Policía para ejecutar el desalojo de la azucarera Andahuasi, favoreciendo al Grupo Wong. Chehade fue investigado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y salvado en la Comisión Permanente del Congreso con el voto de Yehude Simon. Gracias a ello, Chehade nunca fue investigado por el Poder Judicial.
Trece votos salvaron a Chehade de la acusación constitucional, además de los de GP, los de Perú Posible y Fernando Andrade de Somos Peru. En su momento, Yehude Simon justificó su apoyo a Chehade diciendo: "Este no es un juicio político sino de pasiones. Chehade tiene derecho a reivindicarse por un error político". Ahora que hay una sentencia que condena al hermano de Chehade, ¿Simon seguirá pensando lo mismo?
Todo esto es público y probablemente usted lo recuerde. La pregunta es: ¿por qué los ciudadanos no hacemos nada? Los congresistas llegan al poder porque nosotros votamos por ellos. Son reelegidos porque nosotros los reelegimos, y no rinden cuentas porque nosotros no se lo exigimos. ¿Es que estamos tan acostumbrados a la mediocridad, a la corrupción y a la mugre que ya ni nos indignamos?
Hoy Chehade preside la Comisión de Constitución y esta semana salió como leal escudero a tratar de distraer a la opinión publica del escándalo López Meneses con la propuesta de la Cámara de Senadores y la inmunidad vitalicia.
Pero tranquilo, hoy nos enteraremos de la verdad de Tilsa, aunque el "Loco" Vargas esté desesperado porque eso no suceda. ¡Next!
Trece votos salvaron a Chehade de la acusación constitucional, además de los de GP, los de Perú Posible y Fernando Andrade de Somos Peru. En su momento, Yehude Simon justificó su apoyo a Chehade diciendo: "Este no es un juicio político sino de pasiones. Chehade tiene derecho a reivindicarse por un error político". Ahora que hay una sentencia que condena al hermano de Chehade, ¿Simon seguirá pensando lo mismo?
Todo esto es público y probablemente usted lo recuerde. La pregunta es: ¿por qué los ciudadanos no hacemos nada? Los congresistas llegan al poder porque nosotros votamos por ellos. Son reelegidos porque nosotros los reelegimos, y no rinden cuentas porque nosotros no se lo exigimos. ¿Es que estamos tan acostumbrados a la mediocridad, a la corrupción y a la mugre que ya ni nos indignamos?
Hoy Chehade preside la Comisión de Constitución y esta semana salió como leal escudero a tratar de distraer a la opinión publica del escándalo López Meneses con la propuesta de la Cámara de Senadores y la inmunidad vitalicia.
Pero tranquilo, hoy nos enteraremos de la verdad de Tilsa, aunque el "Loco" Vargas esté desesperado porque eso no suceda. ¡Next!
sábado, 23 de noviembre de 2013
Soy su hermano pero no sé nada
Resulta que un exoperador de Montesinos es encontrado con una seguridad digna del jefe del Servicio de Inteligencia. Nadie sabe nada.
Sin embargo, en cuestión de horas cayeron varios generales, un ministro y el asesor Villafuerte. Para el Presidente, esto es culpa de la corrupción de la Policía. Con un simple: este es un "bisnes privado" da por cerrado el tema. Los del "bisnes privado" limpiaron el "local" y solo dejaron un betamax. Léase: "¿se acuerdan de los videítos en la salita del SIN? Les adelanto el betamax y si se me portan mal suelto un par".
¿Por qué la sobrerreacción de la pareja presidencial? Si solo se trata de un "bisnes" de policías corruptos por qué cae Villafuerte? ¿Por qué el Presidente le dice basura a López Meneses? ¿Y el desplante a los militares en la juramentación de Albán? Puro circo. ¿Por qué Favre está en Lima?
El affaire López Meneses se suma a otras prácticas ilegales denunciadas previamente como el reglaje a Rospigliosi, el chuponeo y los oportunos audios hechos públicos por periodistas fujicaviares que extrañamente siempre perjudican a la oposición y benefician al gobierno. Cuidado, no vaya a ser que todas estas prácticas tengan un hilo conductor común y que uno de los extremos esté en manos de operadores del gobierno.
Alvarito jala orejas, Cateriano mira para otro lado, queriendo hacernos creer que él manda en Defensa. Albán se ajusta el fajín como si aquí no pasara nada. Rivas, Figallo y demás olvidan que hoy son el Ejecutivo, y por ello serán responsables de lo que se llegue a descubrir. En ese momento, la excusa de la decencia, las credenciales democráticas y el no haber sabido, poco valdrán.
Sin embargo, en cuestión de horas cayeron varios generales, un ministro y el asesor Villafuerte. Para el Presidente, esto es culpa de la corrupción de la Policía. Con un simple: este es un "bisnes privado" da por cerrado el tema. Los del "bisnes privado" limpiaron el "local" y solo dejaron un betamax. Léase: "¿se acuerdan de los videítos en la salita del SIN? Les adelanto el betamax y si se me portan mal suelto un par".
¿Por qué la sobrerreacción de la pareja presidencial? Si solo se trata de un "bisnes" de policías corruptos por qué cae Villafuerte? ¿Por qué el Presidente le dice basura a López Meneses? ¿Y el desplante a los militares en la juramentación de Albán? Puro circo. ¿Por qué Favre está en Lima?
El affaire López Meneses se suma a otras prácticas ilegales denunciadas previamente como el reglaje a Rospigliosi, el chuponeo y los oportunos audios hechos públicos por periodistas fujicaviares que extrañamente siempre perjudican a la oposición y benefician al gobierno. Cuidado, no vaya a ser que todas estas prácticas tengan un hilo conductor común y que uno de los extremos esté en manos de operadores del gobierno.
Alvarito jala orejas, Cateriano mira para otro lado, queriendo hacernos creer que él manda en Defensa. Albán se ajusta el fajín como si aquí no pasara nada. Rivas, Figallo y demás olvidan que hoy son el Ejecutivo, y por ello serán responsables de lo que se llegue a descubrir. En ese momento, la excusa de la decencia, las credenciales democráticas y el no haber sabido, poco valdrán.
sábado, 16 de noviembre de 2013
La adolescencia perdida
La evidencia empírica ha demostrado que la mejor política social para disminuir la desigualdad y equilibrar las oportunidades de los niños es la inversión en educación de calidad. Un niño que ha recibido una buena alimentación, que ha tenido acceso a servicios de salud y a educación de calidad, estará mejor preparado y tendrá mayores posibilidades de ser absorbido por el mercado laboral y lograr escapar de las trampas de la pobreza. La educación, a diferencia de otras intervenciones, es la única cuyos efectos no pueden perderse. Lo que una persona aprendió, lo llevará y podrá utilizarlo el resto de su vida.
Acceder a educación de calidad no solo es un derecho de los niños, sino que es además un deber de sus padres enviarlos al colegio y del Estado brindar esa educación.
En el Perú, solo 77% de los adolescentes entre los 12 y 17 años asiste al colegio. En las zonas rurales, solo el 67%. En Huánuco y Cajamarca, el 62%, mientras que en Loreto solo el 58%. Más aún, el 37% de los que asisten está atrasado, en grados inferiores a los que les corresponde. Según varios estudios, las adolescentes en pobreza tienden a faltar entre tres y cinco días al mes cuando están menstruando, por falta de acceso a toallas higiénicas y baños en sus colegios. Lo que se traduce en un promedio de 40 días al año perdidos por falta de infraestructura básica.
El embarazo adolescente constituye uno de los mayores problemas. El 13.5% de las adolescentes peruanas ya son madres o están embarazadas. Este es un problema grave, porque una adolescente embarazada tendrá más probabilidades de hacer abandono escolar, limitando su acceso a la educación y con ello sus posibilidades de escapar de las trampas de pobreza. Es además un problema de salud pública: una adolescente no está físicamente preparada para enfrentar el embarazo y parto. Es por ello que los embarazos de adolescentes son riesgosos y con un índice mayor de abortos y complicaciones durante el parto. Por ello, para reducir la mortalidad materna se recomienda retrasar el primer embarazo. Pero además los hijos de madres adolescentes tienen más probabilidades de nacer prematuros y tener bajo peso al nacer. Una madre adolescente es una niña criando un niño. Sabía que de acuerdo con el Código Civil la edad mínima para casare es de 18 años, pero con dispensa de un juez los adolescentes pueden contraer matrimonio a los 16. A esa edad, ninguno de los dos ha terminado la secundaria, pero además a esa edad una adolescente no está preparada para llevar un embarazo. Entonces, ¿por qué es que teniendo toda esta evidencia seguimos aceptando que adolescentes de 16 puedan casarse? ¿No sería mejor darles acceso a educación y servicios de salud sexual y reproductiva, y además a métodos anticonceptivos?
Los estudios han demostrado que el Perú no tiene capital humano para sustentar un mayor crecimiento económico. Necesitamos a los niños y adolescentes en los colegios, recibiendo educación, no en sus casas porque no tienen acceso a toallas higiénicas ni baños ni tampoco en los hospitales dando a luz.
Acceder a educación de calidad no solo es un derecho de los niños, sino que es además un deber de sus padres enviarlos al colegio y del Estado brindar esa educación.
En el Perú, solo 77% de los adolescentes entre los 12 y 17 años asiste al colegio. En las zonas rurales, solo el 67%. En Huánuco y Cajamarca, el 62%, mientras que en Loreto solo el 58%. Más aún, el 37% de los que asisten está atrasado, en grados inferiores a los que les corresponde. Según varios estudios, las adolescentes en pobreza tienden a faltar entre tres y cinco días al mes cuando están menstruando, por falta de acceso a toallas higiénicas y baños en sus colegios. Lo que se traduce en un promedio de 40 días al año perdidos por falta de infraestructura básica.
El embarazo adolescente constituye uno de los mayores problemas. El 13.5% de las adolescentes peruanas ya son madres o están embarazadas. Este es un problema grave, porque una adolescente embarazada tendrá más probabilidades de hacer abandono escolar, limitando su acceso a la educación y con ello sus posibilidades de escapar de las trampas de pobreza. Es además un problema de salud pública: una adolescente no está físicamente preparada para enfrentar el embarazo y parto. Es por ello que los embarazos de adolescentes son riesgosos y con un índice mayor de abortos y complicaciones durante el parto. Por ello, para reducir la mortalidad materna se recomienda retrasar el primer embarazo. Pero además los hijos de madres adolescentes tienen más probabilidades de nacer prematuros y tener bajo peso al nacer. Una madre adolescente es una niña criando un niño. Sabía que de acuerdo con el Código Civil la edad mínima para casare es de 18 años, pero con dispensa de un juez los adolescentes pueden contraer matrimonio a los 16. A esa edad, ninguno de los dos ha terminado la secundaria, pero además a esa edad una adolescente no está preparada para llevar un embarazo. Entonces, ¿por qué es que teniendo toda esta evidencia seguimos aceptando que adolescentes de 16 puedan casarse? ¿No sería mejor darles acceso a educación y servicios de salud sexual y reproductiva, y además a métodos anticonceptivos?
Los estudios han demostrado que el Perú no tiene capital humano para sustentar un mayor crecimiento económico. Necesitamos a los niños y adolescentes en los colegios, recibiendo educación, no en sus casas porque no tienen acceso a toallas higiénicas ni baños ni tampoco en los hospitales dando a luz.
sábado, 9 de noviembre de 2013
Un tanto de Cristo
El Che es la representación suprema de la rebeldía y de la consecuencia. Porque es eternamente bello, eternamente joven, eternamente rebelde. Su imagen se ha convertido en la representación de un cierto tipo de guerrillero, envuelto en un halo romántico. Muchos años después, sigo perturbada por ese rostro que, aun cuando nadie quiera admitirlo, tiene un tanto de Cristo y un tanto de Rimbaud.
Sin duda admirar al Che, asesino confeso, forma parte de la libertad individual. Escribir sobre esa admiración es libertad de expresión. Pero que quien considera que el rostro del Che tiene un tanto de Cristo y otro de Rimbaud sea la autoproclamada defensora de los DD.HH., ocasiona, cuando menos, una sonrisa sarcástica. Que todas las personas tienen DD.HH., sin importar si se trata de terroristas, militares o civiles, es un hecho incuestionable. Que quien viole los DD.HH. de cualquier persona debe ser sancionado, no está en discusión. Lo que está en discusión es que permitamos que la izquierda, aquella que participó en la dictadura de Velasco, que durante los ochenta admiró –y en algunos casos defendió– la lucha armada, en los noventa trabajó en el gobierno de Fujimori –directamente o a través de ONGs– y que desde la caída del fujimorismo emprendió una cacería de brujas contra todo aquel que no hubiese renegado del Chino, y que encima admira al Che, sea la abanderada de los DD.HH. Sobre todo considerando que son ellos los que niegan los DD.HH de los militares y policías que se jugaron por cada uno de los peruanos en el monte durante la época del terrorismo. Y lo siguen haciendo hoy en el VRAEM. ¿Quién defiende los DD.HH. de los hijos de los militares asesinados por Sendero? ¿Es que la defensa de los DD.HH. depende de quién haya sido el que los violó? ¿Es que los estudiantes de La Cantuta tienen más DD.HH. que los Húsares de Junín que viajaban en el ómnibus que dinamitó Sendero? ¿O tal vez más que el empresario David Ballón, asesinado después de 5 meses encerrado bajo tierra en las cárceles del pueblo del MRTA? ¿Es que el emerretista "Tito" tiene más DD.HH. que los comandos Valer y Jiménez? ¿Qué pasa con los hijos de María Elena Moyano, que saben que los asesinos de su madre están libres? A ellos nadie los lleva a la CIDH. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué? Hágame un favor y regrese a la noche del 16 de julio de 1992, cuando escuchó las bombas que destruyeron Tarata. ¿Se acuerda qué fue lo que pensó qué debíamos hacer con los terrucos?
Esa izquierda que dejó pasar por alto las acusaciones sobre Madre Mía con tal de impedir que Keiko ganara las elecciones. Que decidió cambiar la historia sobre la muerte de Pedro Huilca, cuando ese crimen ya había sido reconocido por Sendero. Que nos dice que está probado que los estudiantes y el profesor no eran terroristas, cuando en realidad, más allá de la presunción de inocencia, hay indicios sobre lo contrario. Esa izquierda que ha decidido olvidar y esconder su participación en la dictadura de Velasco. Una verdadera dictadura, con tanques, botas y sin libertades civiles ni poderes más que el del General.
¿Ellos son los defensores de los DD.HH.? ¿Por qué?
Si tuviese la posibilidad de regresar en el tiempo, desearía que Vargas Llosa hubiese ganado las elecciones en 1990. Y me gustaría ver si en su gobierno no hubiese habido Colina, violaciones de DD.HH. ni desapariciones forzadas. Sobre todo considerando que ellas existieron en el cogobierno Belaunde-PPC (1980-1985) y en el de García (1985-1990). ¿Y ahí qué diría el Marqués?
Rocío Silva Santisteban
Sin duda admirar al Che, asesino confeso, forma parte de la libertad individual. Escribir sobre esa admiración es libertad de expresión. Pero que quien considera que el rostro del Che tiene un tanto de Cristo y otro de Rimbaud sea la autoproclamada defensora de los DD.HH., ocasiona, cuando menos, una sonrisa sarcástica. Que todas las personas tienen DD.HH., sin importar si se trata de terroristas, militares o civiles, es un hecho incuestionable. Que quien viole los DD.HH. de cualquier persona debe ser sancionado, no está en discusión. Lo que está en discusión es que permitamos que la izquierda, aquella que participó en la dictadura de Velasco, que durante los ochenta admiró –y en algunos casos defendió– la lucha armada, en los noventa trabajó en el gobierno de Fujimori –directamente o a través de ONGs– y que desde la caída del fujimorismo emprendió una cacería de brujas contra todo aquel que no hubiese renegado del Chino, y que encima admira al Che, sea la abanderada de los DD.HH. Sobre todo considerando que son ellos los que niegan los DD.HH de los militares y policías que se jugaron por cada uno de los peruanos en el monte durante la época del terrorismo. Y lo siguen haciendo hoy en el VRAEM. ¿Quién defiende los DD.HH. de los hijos de los militares asesinados por Sendero? ¿Es que la defensa de los DD.HH. depende de quién haya sido el que los violó? ¿Es que los estudiantes de La Cantuta tienen más DD.HH. que los Húsares de Junín que viajaban en el ómnibus que dinamitó Sendero? ¿O tal vez más que el empresario David Ballón, asesinado después de 5 meses encerrado bajo tierra en las cárceles del pueblo del MRTA? ¿Es que el emerretista "Tito" tiene más DD.HH. que los comandos Valer y Jiménez? ¿Qué pasa con los hijos de María Elena Moyano, que saben que los asesinos de su madre están libres? A ellos nadie los lleva a la CIDH. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué? Hágame un favor y regrese a la noche del 16 de julio de 1992, cuando escuchó las bombas que destruyeron Tarata. ¿Se acuerda qué fue lo que pensó qué debíamos hacer con los terrucos?
Esa izquierda que dejó pasar por alto las acusaciones sobre Madre Mía con tal de impedir que Keiko ganara las elecciones. Que decidió cambiar la historia sobre la muerte de Pedro Huilca, cuando ese crimen ya había sido reconocido por Sendero. Que nos dice que está probado que los estudiantes y el profesor no eran terroristas, cuando en realidad, más allá de la presunción de inocencia, hay indicios sobre lo contrario. Esa izquierda que ha decidido olvidar y esconder su participación en la dictadura de Velasco. Una verdadera dictadura, con tanques, botas y sin libertades civiles ni poderes más que el del General.
¿Ellos son los defensores de los DD.HH.? ¿Por qué?
Si tuviese la posibilidad de regresar en el tiempo, desearía que Vargas Llosa hubiese ganado las elecciones en 1990. Y me gustaría ver si en su gobierno no hubiese habido Colina, violaciones de DD.HH. ni desapariciones forzadas. Sobre todo considerando que ellas existieron en el cogobierno Belaunde-PPC (1980-1985) y en el de García (1985-1990). ¿Y ahí qué diría el Marqués?
sábado, 2 de noviembre de 2013
Juan Jimenez Mayor y sus calatos
En las últimas semanas varias ONG de izquierda, representadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Rocío Silva, han tratado de utilizar al pueblo nahua para impulsar su agenda contra la inversión privada y el Lote 88. Ayer, Aidesep, la CNDDHH y DAR se presentaron ante la CIDH para informar acerca de la situación de los DDHH de los pueblos en contacto inicial y aislamiento de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti. Muy diligentes presentaron videos y fotos de los avistamientos de los no-contactados: mashco-piros que pertenecen a Madre de Dios y no tienen nada que hacer con el Lote 88.
Los nahua no son no-contactados, ellos se convirtieron en pueblo en contacto inicial en 1984 y hoy son un pueblo asentado. Ellos llegaron a Lima buscando ser escuchados. Resulta que existe un fondo creado por el Consorcio Camisea, en virtud a un convenio firmado con la comunidad que desde el 2001 está en "custodia" del organismo estatal de turno (hoy el VM Interculturalidad) al que, por razones burocráticas, no tienen acceso. Los nahua no se oponen a la inversión privada, ellos quieren beneficiarse del desarrollo.
En Lima se contactaron con el Viceministerio de Interculturalidad para que a través del Estado se les permita participar en la audiencia ante la CIDH. El Estado los ignoró. Sin embargo, llegaron a Washington, a la CIDH y se sentaron en la primera fila, frente a los comisionados. Rocío Silva no solo no los miró sino que en su presentación fue incapaz de informarle a la CIDH que los nahua, a quienes las ONG dicen defender y a quienes llaman "calatos" tenían ropa, pasaporte y estaban en la audiencia listos para ser escuchados y defender ellos mismos sus derechos e intereses.
¿Sabe qué hizo el Estado peruano? Una presentación vergonzosa, sumisa, de cabeza gacha, incapaz de defender los intereses del país. Un representante del Viceministerio de Interculturalidad con una presentación mediocre. Un procurador supranacional incapaz de decir que los nahua estaban ahí para ser escuchados y una representante del MEM, a quien al preguntarle por qué no habían presentado a los nahua y por qué permitían que la CNDDHH presentara fotos de mashco-piros confundiendo a la CIDH, no supo qué decir. Esa es la mediocre defensa del Estado peruano. Un país de ingreso medio-alto. ¡La vedette de Latinoamérica!
¿Por qué el expremier Jiménez y su ministro de Justicia no se preocuparon en recibir a los nahua y en reconocer el esfuerzo que estaban haciendo al viajar a Lima y luego a Washington? ¿Por qué el Estado no los apoya en la defensa de sus derechos y de la inversión privada? ¿Sabe por qué? Porque la caviarada y las ONG de izquierda vienen de las mismas canteras y tienen el mismo "bisnes". Es imperdonable que los nahua hayan llegado a Washington y el Estado no los haya acogido ni apoyado. Es imperdonable que los ministros se preocupen más en filtrar fotos de un expresidente del Perú, viejo, enfermo y calato. Esta es una muestra de la mediocre administración del presidente Humala y del legado de Juan Jiménez Mayor.
Los nahua no son no-contactados, ellos se convirtieron en pueblo en contacto inicial en 1984 y hoy son un pueblo asentado. Ellos llegaron a Lima buscando ser escuchados. Resulta que existe un fondo creado por el Consorcio Camisea, en virtud a un convenio firmado con la comunidad que desde el 2001 está en "custodia" del organismo estatal de turno (hoy el VM Interculturalidad) al que, por razones burocráticas, no tienen acceso. Los nahua no se oponen a la inversión privada, ellos quieren beneficiarse del desarrollo.
En Lima se contactaron con el Viceministerio de Interculturalidad para que a través del Estado se les permita participar en la audiencia ante la CIDH. El Estado los ignoró. Sin embargo, llegaron a Washington, a la CIDH y se sentaron en la primera fila, frente a los comisionados. Rocío Silva no solo no los miró sino que en su presentación fue incapaz de informarle a la CIDH que los nahua, a quienes las ONG dicen defender y a quienes llaman "calatos" tenían ropa, pasaporte y estaban en la audiencia listos para ser escuchados y defender ellos mismos sus derechos e intereses.
¿Sabe qué hizo el Estado peruano? Una presentación vergonzosa, sumisa, de cabeza gacha, incapaz de defender los intereses del país. Un representante del Viceministerio de Interculturalidad con una presentación mediocre. Un procurador supranacional incapaz de decir que los nahua estaban ahí para ser escuchados y una representante del MEM, a quien al preguntarle por qué no habían presentado a los nahua y por qué permitían que la CNDDHH presentara fotos de mashco-piros confundiendo a la CIDH, no supo qué decir. Esa es la mediocre defensa del Estado peruano. Un país de ingreso medio-alto. ¡La vedette de Latinoamérica!
¿Por qué el expremier Jiménez y su ministro de Justicia no se preocuparon en recibir a los nahua y en reconocer el esfuerzo que estaban haciendo al viajar a Lima y luego a Washington? ¿Por qué el Estado no los apoya en la defensa de sus derechos y de la inversión privada? ¿Sabe por qué? Porque la caviarada y las ONG de izquierda vienen de las mismas canteras y tienen el mismo "bisnes". Es imperdonable que los nahua hayan llegado a Washington y el Estado no los haya acogido ni apoyado. Es imperdonable que los ministros se preocupen más en filtrar fotos de un expresidente del Perú, viejo, enfermo y calato. Esta es una muestra de la mediocre administración del presidente Humala y del legado de Juan Jiménez Mayor.
sábado, 26 de octubre de 2013
El ombligo del mundo
El plazo para que los países cumplan las metas del milenio está cerca de cumplirse y ya se está discutiendo cuál será la agenda post 2015. La erradicación de la violencia contra la mujer está siendo considerada como una de las nuevas metas.
La violencia de género es la mayor forma de discriminación contra la mujer. No es cosa de mujeres ni pertenece al ámbito privado. La violencia contra la mujer afecta a toda la sociedad y es reconocida como un problema de salud pública. Esto no solo por los costos que genera al Estado en servicios de salud, sino además porque sus efectos se extienden a través de generaciones. La exposición de un niño a la violencia en contra de su madre es uno de los mayores factores de riesgo para que ese niño sea violento cuando crezca.
La OMS calcula que 35% de mujeres en el mundo ha sufrido violencia de género. En el Perú, el 69% de mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas. La primera experiencia sexual del 24% de mujeres rurales fue forzada. El 23% de mujeres en Lima y 47% en Cusco han sido forzadas por sus parejas a tener sexo. ¿Sabía que entre 2010 y 2012 ha habido un aumento de 61% de denuncias por violación sexual en el Perú? Tenemos un congresista denunciado por haber violado a su asesora, un expresidente con denuncias por violencia doméstica y sus sobrinos por violencia sexual. Y aquí no pasa nada.
En lo que va del año se han presentado 32 denuncias de desaparición de menores en Piura. El 90% de casos está vinculado a la explotación sexual. Según un informe del Ministerio del Interior, entre 2011 y 2013 se reportaron 2000 víctimas. De ellas 840 eran niñas o adolescentes. ¿Cuántas adolescentes son prostituidas por sus madrinas en los puertos de Pucallpa? ¿Cuántas más son víctimas de explotación sexual en los campamentos de los mineros ilegales? ¿Cuántas en los prostíbulos del Perú?
¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno para reducir la incidencia de casos de violencia contra la mujer? Para eliminar la violencia contra la mujer no es suficiente atender a las sobrevivientes. Se necesitan programas de prevención, incluir a hombres y adolescentes en la discusión y ser firmes como sociedad en rechazar la violencia contra la mujer. La impunidad y la aceptación impiden su erradicación. La violencia contra la mujer es un delito que no se justifica en ningún supuesto. Ni el maltrato sicológico, ni el físico, ni el sexual.
Y a pesar de que el Perú es uno de los países con mayor incidencia de violencia contra la mujer, la lideresa política que encabeza las encuestas no solo no tiene una agenda de género, sino que además decidió infelizmente atacar las pocas medidas de género del presidente Humala para cuestionar la eficiencia de su gobierno. El Perú siempre ha tenido el complejo de creerse el ombligo del mundo, sería bueno que comenzáramos a mirar la agenda de la política pública internacional a ver si aprendemos algo.
La violencia de género es la mayor forma de discriminación contra la mujer. No es cosa de mujeres ni pertenece al ámbito privado. La violencia contra la mujer afecta a toda la sociedad y es reconocida como un problema de salud pública. Esto no solo por los costos que genera al Estado en servicios de salud, sino además porque sus efectos se extienden a través de generaciones. La exposición de un niño a la violencia en contra de su madre es uno de los mayores factores de riesgo para que ese niño sea violento cuando crezca.
La OMS calcula que 35% de mujeres en el mundo ha sufrido violencia de género. En el Perú, el 69% de mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas. La primera experiencia sexual del 24% de mujeres rurales fue forzada. El 23% de mujeres en Lima y 47% en Cusco han sido forzadas por sus parejas a tener sexo. ¿Sabía que entre 2010 y 2012 ha habido un aumento de 61% de denuncias por violación sexual en el Perú? Tenemos un congresista denunciado por haber violado a su asesora, un expresidente con denuncias por violencia doméstica y sus sobrinos por violencia sexual. Y aquí no pasa nada.
En lo que va del año se han presentado 32 denuncias de desaparición de menores en Piura. El 90% de casos está vinculado a la explotación sexual. Según un informe del Ministerio del Interior, entre 2011 y 2013 se reportaron 2000 víctimas. De ellas 840 eran niñas o adolescentes. ¿Cuántas adolescentes son prostituidas por sus madrinas en los puertos de Pucallpa? ¿Cuántas más son víctimas de explotación sexual en los campamentos de los mineros ilegales? ¿Cuántas en los prostíbulos del Perú?
¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno para reducir la incidencia de casos de violencia contra la mujer? Para eliminar la violencia contra la mujer no es suficiente atender a las sobrevivientes. Se necesitan programas de prevención, incluir a hombres y adolescentes en la discusión y ser firmes como sociedad en rechazar la violencia contra la mujer. La impunidad y la aceptación impiden su erradicación. La violencia contra la mujer es un delito que no se justifica en ningún supuesto. Ni el maltrato sicológico, ni el físico, ni el sexual.
Y a pesar de que el Perú es uno de los países con mayor incidencia de violencia contra la mujer, la lideresa política que encabeza las encuestas no solo no tiene una agenda de género, sino que además decidió infelizmente atacar las pocas medidas de género del presidente Humala para cuestionar la eficiencia de su gobierno. El Perú siempre ha tenido el complejo de creerse el ombligo del mundo, sería bueno que comenzáramos a mirar la agenda de la política pública internacional a ver si aprendemos algo.
sábado, 19 de octubre de 2013
Welcome to Peru...
...uno de los países más desiguales del mundo, donde 1.6 millones de niños son pobres multidimensionales. De ellos, 768,205 menores de 5 años no tienen acceso a centros de educación inicial ni guardería, limitando su desarrollo temprano. 571,409 de entre 6 a 17 años de la Sierra y Selva no van al colegio. En el 2012, 458,136 niños dejaron de asistir al colegio, en el 33% de los casos por razones económicas. 166,928 adolescentes mujeres de entre 12 a 17 años han abandonado el colegio, limitando considerablemente sus posibilidades de escapar de la pobreza. Esta es la verdadera pobreza. ¿O cree que porque un canillita saque más de $2 al día ha dejado de ser pobre?
El gobierno del presidente Humala y su bandera de la inclusión social, con Carolina Trivelli a la cabeza de los programas sociales, poco hizo para llegar a los pobres multidimensionales. El primer error es que el Estado sigue usando mapas de pobreza monetaria. ¿Sabe por qué? Porque esas cifras son más bonitas, más convenientes, le exigen menos esfuerzo al Estado y dejan mejor parado al Perú y sus gobernantes. Pero poco dicen de la realidad en la que vive uno de cada tres peruanos. Las cifras oficiales dicen que hay 7.8 millones de pobres (25.8%) que viven con menos de $2 al día, pero si usamos el índice de pobreza multidimensional hay 11.1 millones de pobres (36.6%). Ahora, hágame un favor y póngale caras a esas cifras.
Tomemos Qali Warma, programa diseñado por Trivelli, la estrellita de la inclusión social. Casi un millón de niños peruanos viven en hogares con déficit calórico, esto es que no se alimentan bien. En Huancavelica, el 51.3% de los niños sufre de desnutrición crónica. Un gobierno eficiente debería concentrar el gasto en lugares como Huancavelica, para atacar directamente el problema de la desnutrición beneficiando a quienes más lo necesitan. Sin embargo, el estudio de Enrique Vásquez encontró que las regiones con mayor número de niños de 6 a 11 años, en cuyos hogares había déficit calórico, no recibían un mayor gasto por escolar y sin embargo en Tumbes donde hay menos pobreza el gasto social es mayor. Mala focalización, el dinero no llega a los más necesitados. Pero no solo eso, ¿sabía usted que 31% de los recursos fueron adjudicados a proveedores que no tenían experiencia en el sector alimentos? Entonces, ¿por qué nos sorprendemos de la cantidad de niños intoxicados?
¿Cómo Trivelli puede sostener que el problema no es de Qali Warma cuando estamos viendo las fallas en el diseño, implementación y focalización? ¿Dónde está la responsabilidad del Estado y sus funcionarios? Si como ciudadanos no les exigimos a las autoridades rendir cuentas, ¿cómo pretendemos tener un Estado eficiente? ¿No le importan los pobres? Hágalo, porque Trivelli y sus programas sociales son financiados con el dinero de todos que sale de nuestros bolsillos y que, en lugar de intoxicar niños, debería ser usado para alimentarlos y ayudarlos a desarrollar sus capacidades, lo que en el futuro les permitirá escapar de las trampas de la pobreza. Ese es el objetivo de un programa social bien diseñado.
El gobierno del presidente Humala y su bandera de la inclusión social, con Carolina Trivelli a la cabeza de los programas sociales, poco hizo para llegar a los pobres multidimensionales. El primer error es que el Estado sigue usando mapas de pobreza monetaria. ¿Sabe por qué? Porque esas cifras son más bonitas, más convenientes, le exigen menos esfuerzo al Estado y dejan mejor parado al Perú y sus gobernantes. Pero poco dicen de la realidad en la que vive uno de cada tres peruanos. Las cifras oficiales dicen que hay 7.8 millones de pobres (25.8%) que viven con menos de $2 al día, pero si usamos el índice de pobreza multidimensional hay 11.1 millones de pobres (36.6%). Ahora, hágame un favor y póngale caras a esas cifras.
Tomemos Qali Warma, programa diseñado por Trivelli, la estrellita de la inclusión social. Casi un millón de niños peruanos viven en hogares con déficit calórico, esto es que no se alimentan bien. En Huancavelica, el 51.3% de los niños sufre de desnutrición crónica. Un gobierno eficiente debería concentrar el gasto en lugares como Huancavelica, para atacar directamente el problema de la desnutrición beneficiando a quienes más lo necesitan. Sin embargo, el estudio de Enrique Vásquez encontró que las regiones con mayor número de niños de 6 a 11 años, en cuyos hogares había déficit calórico, no recibían un mayor gasto por escolar y sin embargo en Tumbes donde hay menos pobreza el gasto social es mayor. Mala focalización, el dinero no llega a los más necesitados. Pero no solo eso, ¿sabía usted que 31% de los recursos fueron adjudicados a proveedores que no tenían experiencia en el sector alimentos? Entonces, ¿por qué nos sorprendemos de la cantidad de niños intoxicados?
¿Cómo Trivelli puede sostener que el problema no es de Qali Warma cuando estamos viendo las fallas en el diseño, implementación y focalización? ¿Dónde está la responsabilidad del Estado y sus funcionarios? Si como ciudadanos no les exigimos a las autoridades rendir cuentas, ¿cómo pretendemos tener un Estado eficiente? ¿No le importan los pobres? Hágalo, porque Trivelli y sus programas sociales son financiados con el dinero de todos que sale de nuestros bolsillos y que, en lugar de intoxicar niños, debería ser usado para alimentarlos y ayudarlos a desarrollar sus capacidades, lo que en el futuro les permitirá escapar de las trampas de la pobreza. Ese es el objetivo de un programa social bien diseñado.
sábado, 12 de octubre de 2013
Pregunte por qué
Hasta hace poco una mujer andina embarazada dudaba en acercarse al centro médico. Tenía miedo, el doctor no habla quechua, no la trata bien. Para dar a luz, la quieren echar en una camilla. Por eso, sin importar la inversión del Estado en caminos y hospitales, el número de mujeres que tenía un parto institucionalizado no aumentaba.
La evidencia demuestra que las mujeres víctimas de violencia domestica tienen menos probabilidades de acceder a cuidado prenatal y mayores probabilidades de sufrir un aborto. Sus hijos tienen mayores probabilidades de sufrir de desnutrición.
Un adolescente que a los 15 años se encuentra en primero de secundaria, tiene la autoestima baja, no entiende, se aburre. Está avergonzado. Entonces, abandona el colegio, limitando sus oportunidades.
Cuando una empleada doméstica baja a la playa con uniforme a cuidar niños, ¿es porque no siente calor? La respuesta de los patrones suele ser: "no se siente cómoda en ropa de baño". ¿No se siente cómoda, o las barreras sociales que le han sido impuestas le impiden sentirse cómoda?
La exclusión no es sinónimo de pobreza. Se puede pertenecer a la clase media y estar excluido. Un ejemplo son los homosexuales, quienes son agredidos físicamente por el solo hecho de serlo. ¿Cuántos no revelan su identidad sexual por miedo a perder el trabajo?
La exclusión social le impide a distintos grupos de personas participar activamente en el desarrollo económico, social y político del país. En los últimos años hemos visto manifestaciones alrededor del mundo donde grupos excluidos se levantan y demandan al Estado desde mejores servicios hasta el fin de privilegios. Un estudio reciente muestra cómo en los años que antecedieron a la primavera árabe, el coeficiente de Gini, que mide la inequidad en el ingreso, se había reducido en Egipto. La explicación no es económica.
El Banco Mundial acaba de publicar el reporte sobre Inclusión Social: "Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity" que demuestra la importancia de que todos los ciudadanos puedan participar en los mercados, servicios y espacios políticos, sociales y culturales. El reporte encuentra grupos excluidos en todos los países, sin importar si son desarrollados o no, o si son democracias o no.
Una mujer quechua en Bolivia tiene 28% menos probabilidades de terminar la secundaria que un hombre blanco. La exclusión social tiene consecuencias económicas para un país ya que limita la participación de grupos en los mercados, su acceso al empleo formal y el desarrollo de capital humano. La raza y el color de la piel son también causas de exclusión. ¿Ha visto en los periódicos anuncios de empleo que piden personas de "tez clara"? La exclusión social en el acceso al mercado laboral se demuestra por la diferencia en los ingresos entre los grupos privilegiados y los excluidos. En el Perú un hogar no-indígena tiene ingresos laborales que casi doblan a los de un hogar indígena.
Un país donde sigan existiendo categorías distintas de ciudadanos es inviable, sin importar el crecimiento económico que experimente. Lograr la inclusión social solo es posible con el diagnóstico correcto: preguntando el por qué de la exclusión.
La evidencia demuestra que las mujeres víctimas de violencia domestica tienen menos probabilidades de acceder a cuidado prenatal y mayores probabilidades de sufrir un aborto. Sus hijos tienen mayores probabilidades de sufrir de desnutrición.
Un adolescente que a los 15 años se encuentra en primero de secundaria, tiene la autoestima baja, no entiende, se aburre. Está avergonzado. Entonces, abandona el colegio, limitando sus oportunidades.
Cuando una empleada doméstica baja a la playa con uniforme a cuidar niños, ¿es porque no siente calor? La respuesta de los patrones suele ser: "no se siente cómoda en ropa de baño". ¿No se siente cómoda, o las barreras sociales que le han sido impuestas le impiden sentirse cómoda?
La exclusión no es sinónimo de pobreza. Se puede pertenecer a la clase media y estar excluido. Un ejemplo son los homosexuales, quienes son agredidos físicamente por el solo hecho de serlo. ¿Cuántos no revelan su identidad sexual por miedo a perder el trabajo?
La exclusión social le impide a distintos grupos de personas participar activamente en el desarrollo económico, social y político del país. En los últimos años hemos visto manifestaciones alrededor del mundo donde grupos excluidos se levantan y demandan al Estado desde mejores servicios hasta el fin de privilegios. Un estudio reciente muestra cómo en los años que antecedieron a la primavera árabe, el coeficiente de Gini, que mide la inequidad en el ingreso, se había reducido en Egipto. La explicación no es económica.
El Banco Mundial acaba de publicar el reporte sobre Inclusión Social: "Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity" que demuestra la importancia de que todos los ciudadanos puedan participar en los mercados, servicios y espacios políticos, sociales y culturales. El reporte encuentra grupos excluidos en todos los países, sin importar si son desarrollados o no, o si son democracias o no.
Una mujer quechua en Bolivia tiene 28% menos probabilidades de terminar la secundaria que un hombre blanco. La exclusión social tiene consecuencias económicas para un país ya que limita la participación de grupos en los mercados, su acceso al empleo formal y el desarrollo de capital humano. La raza y el color de la piel son también causas de exclusión. ¿Ha visto en los periódicos anuncios de empleo que piden personas de "tez clara"? La exclusión social en el acceso al mercado laboral se demuestra por la diferencia en los ingresos entre los grupos privilegiados y los excluidos. En el Perú un hogar no-indígena tiene ingresos laborales que casi doblan a los de un hogar indígena.
Un país donde sigan existiendo categorías distintas de ciudadanos es inviable, sin importar el crecimiento económico que experimente. Lograr la inclusión social solo es posible con el diagnóstico correcto: preguntando el por qué de la exclusión.
sábado, 5 de octubre de 2013
¿La sociedad civil o la sociedad privilegiada?
En las últimas semanas hemos sido testigos de una acción colectiva iniciada por la "sociedad civil" contra las famosas fotopapeletas. A diferencia de los mineros ilegales y la CGTP que salen con palos y piedras a tomar calles, los organizadores de la acción colectiva contra las fotopapeletas no usaron la violencia. Usaron simplemente su acceso al poder.
Veamos las similitudes que existen entre los mineros ilegales y los organizadores de la acción colectiva contra las fotopapeletas:
1. Ambos grupos cuestionan la autoridad del Estado para poner orden en una situación donde existe caos, desorden, ilegalidad e informalidad. No olvidemos que las papeletas son producto de la violación de normas de tránsito.
2. Ambos grupos esgrimen como pretexto para sus protestas el abuso del Estado y los altos costos de transacción que el Estado impone, ya sea para formalizar la concesión minera, o para cumplir con una regla de tránsito.
3. Ambos grupos congregan gente con capacidad y recursos de organización.
4. Ambos grupos son privilegiados. Por un lado, los mineros ilegales están defendiendo una renta del Estado y por el otro el privilegio de circular por la calle a la velocidad que quieran sin que la Policía los sancione.
¿Por qué estos grupos que representan a una minoría de ciudadanos (las fotopapeletas tienen 43,000 'Me gusta" en Facebook) tienen la capacidad de hacer que el Estado escuche su "voz"? ¿Qué es lo que sucede con las millones de personas que viven en Lima y circulan en transporte público? ¿Es que acaso ellos no tienen la posibilidad de que el Estado escuche sus reclamos por el exceso de velocidad y la inseguridad del transporte? ¿Y los millones que viven en comunidades y que se ven afectados por la deforestación y la contaminación producida por la minería ilegal?
La sociedad civil llegó hasta el ministro del Interior, a la Comisión de Transporte y a la de Defensa del Consumidor. Atacando a policías y sosteniendo que eran corruptos logró que el ministro recule. Cosa que en este gobierno no es muy difícil, pero que es una muestra de la absoluta debilidad institucional del país y de la falta de cohesión política. Una sociedad antiweberiana, donde las leyes solo se aplican para aquellos que no tienen poder económico ni acceso al poder político y mediático.
Los ciudadanos no entienden que hay un vínculo directo entre las autoridades políticas que llevan al poder y el desarrollo del país. Lima es un caos, pero usted votó por la tía bacán y luego por el No a la Revocatoria. Este es el resultado. Cuando se elige a una autoridad se le da el poder de llevar la voz de los ciudadanos y de representarlos, y por ello se le debe exigir rendir cuentas. Pero, no hay incentivos para hacerlo. La revocatoria era uno, ¿pero se acuerda que nos dijeron que era "por la institucionalidad"?
En un país con debilidad institucional, sin cohesión política para que los ciudadanos logren ser escuchados hay dos opciones, o usar la violencia o los privilegios del acceso al poder.
Veamos las similitudes que existen entre los mineros ilegales y los organizadores de la acción colectiva contra las fotopapeletas:
1. Ambos grupos cuestionan la autoridad del Estado para poner orden en una situación donde existe caos, desorden, ilegalidad e informalidad. No olvidemos que las papeletas son producto de la violación de normas de tránsito.
2. Ambos grupos esgrimen como pretexto para sus protestas el abuso del Estado y los altos costos de transacción que el Estado impone, ya sea para formalizar la concesión minera, o para cumplir con una regla de tránsito.
3. Ambos grupos congregan gente con capacidad y recursos de organización.
4. Ambos grupos son privilegiados. Por un lado, los mineros ilegales están defendiendo una renta del Estado y por el otro el privilegio de circular por la calle a la velocidad que quieran sin que la Policía los sancione.
¿Por qué estos grupos que representan a una minoría de ciudadanos (las fotopapeletas tienen 43,000 'Me gusta" en Facebook) tienen la capacidad de hacer que el Estado escuche su "voz"? ¿Qué es lo que sucede con las millones de personas que viven en Lima y circulan en transporte público? ¿Es que acaso ellos no tienen la posibilidad de que el Estado escuche sus reclamos por el exceso de velocidad y la inseguridad del transporte? ¿Y los millones que viven en comunidades y que se ven afectados por la deforestación y la contaminación producida por la minería ilegal?
La sociedad civil llegó hasta el ministro del Interior, a la Comisión de Transporte y a la de Defensa del Consumidor. Atacando a policías y sosteniendo que eran corruptos logró que el ministro recule. Cosa que en este gobierno no es muy difícil, pero que es una muestra de la absoluta debilidad institucional del país y de la falta de cohesión política. Una sociedad antiweberiana, donde las leyes solo se aplican para aquellos que no tienen poder económico ni acceso al poder político y mediático.
Los ciudadanos no entienden que hay un vínculo directo entre las autoridades políticas que llevan al poder y el desarrollo del país. Lima es un caos, pero usted votó por la tía bacán y luego por el No a la Revocatoria. Este es el resultado. Cuando se elige a una autoridad se le da el poder de llevar la voz de los ciudadanos y de representarlos, y por ello se le debe exigir rendir cuentas. Pero, no hay incentivos para hacerlo. La revocatoria era uno, ¿pero se acuerda que nos dijeron que era "por la institucionalidad"?
En un país con debilidad institucional, sin cohesión política para que los ciudadanos logren ser escuchados hay dos opciones, o usar la violencia o los privilegios del acceso al poder.
sábado, 28 de septiembre de 2013
Qali Warma: ¿niño vigoroso?
Qali Warma es el programa de alimentación escolar diseñado por el gobierno del presidente Humala, está a cargo del Midis y atiende a 4 millones de niños en todo el Perú. En los últimos días ha habido más de 160 niños intoxicados por recibir los alimentos de Qali Warma: 50 en Apurímac, 100 en Huancayo y 11 en el Santa. Desde el inicio del programa (marzo del 2013) se han recibido 90 denuncias. Desde coliformes fecales en los alimentos en colegios de La Victoria y Huaycán, hasta un ratón dentro de una bolsa de leche en San Martín de Porres. En Cusco 62 niños fueron internados por cólicos, diarreas, vómitos y fiebre. Las víctimas son niños desde los tres años que viven en pobreza y muchos sufren de desnutrición.
En un Estado que sea receptivo a los intereses de sus ciudadanos, la primera denuncia hubiera sido suficiente para que la ministra inicie una investigación y reestructure el programa. Pero el Estado peruano no es un Estado receptivo y eso se ve en la reacción de los directivos de Qali Warma. Ninguna de las dos ministras de Inclusión ni la directora del programa han asumido responsabilidad.
El diseño e implementación de una política pública es responsabilidad del ministerio que la tiene a su cargo. Uno de los componentes más importantes de un programa es el de monitoreo y evaluación. Durante la implementación de un programa es necesario que este sea monitoreado y evaluado para que se corrijan las posibles fallas. La falta de monitoreo y evaluación de los programas, así como la falta de responsabilidad y de rendición de cuentas de las autoridades son una debilidad muy grande en la implementación de políticas públicas en el Perú. Si bien es cierto que la participación de los padres y de la comunidad en la implementación de programas es muy importante para garantizar el éxito, los padres de familia no pueden ser responsables de la supervisión del programa. Una cosa es control social y otra supervisión del Estado.
La actitud de las dos ministras de Inclusión demuestra una absoluta dejadez de parte del Ejecutivo. Aquí no hay una denuncia, ni un niño intoxicado. Hay más de 90 denuncias y la responsabilidad de las ministras consiste en no haber ordenado una evaluación del programa para identificar cuál es el problema y cuáles son las medidas que se deben tomar para resolverlo. Entre ellas, la posible suspensión del programa o la corrección del mal diseño. Aquí hay una gravísima falta de rendición de cuentas. Nadie le da explicaciones a la ciudadanía.
¿Por qué es que las fallas de Qali Warma no nos enfurecen? ¿Por qué la sociedad civil, que nos ha sorprendido con la acción colectiva para tirarse abajo las foto-papeletas, no se organiza también para obligar al Estado a que sus programas sociales sean eficientes, a que el Ejecutivo asuma su responsabilidad por enfermar a los niños más pobres del Perú? ¿Será que la sociedad civil se mueve cuando le duele la billetera y los niños de Qali Warma no son de su interés?
En un Estado que sea receptivo a los intereses de sus ciudadanos, la primera denuncia hubiera sido suficiente para que la ministra inicie una investigación y reestructure el programa. Pero el Estado peruano no es un Estado receptivo y eso se ve en la reacción de los directivos de Qali Warma. Ninguna de las dos ministras de Inclusión ni la directora del programa han asumido responsabilidad.
El diseño e implementación de una política pública es responsabilidad del ministerio que la tiene a su cargo. Uno de los componentes más importantes de un programa es el de monitoreo y evaluación. Durante la implementación de un programa es necesario que este sea monitoreado y evaluado para que se corrijan las posibles fallas. La falta de monitoreo y evaluación de los programas, así como la falta de responsabilidad y de rendición de cuentas de las autoridades son una debilidad muy grande en la implementación de políticas públicas en el Perú. Si bien es cierto que la participación de los padres y de la comunidad en la implementación de programas es muy importante para garantizar el éxito, los padres de familia no pueden ser responsables de la supervisión del programa. Una cosa es control social y otra supervisión del Estado.
La actitud de las dos ministras de Inclusión demuestra una absoluta dejadez de parte del Ejecutivo. Aquí no hay una denuncia, ni un niño intoxicado. Hay más de 90 denuncias y la responsabilidad de las ministras consiste en no haber ordenado una evaluación del programa para identificar cuál es el problema y cuáles son las medidas que se deben tomar para resolverlo. Entre ellas, la posible suspensión del programa o la corrección del mal diseño. Aquí hay una gravísima falta de rendición de cuentas. Nadie le da explicaciones a la ciudadanía.
¿Por qué es que las fallas de Qali Warma no nos enfurecen? ¿Por qué la sociedad civil, que nos ha sorprendido con la acción colectiva para tirarse abajo las foto-papeletas, no se organiza también para obligar al Estado a que sus programas sociales sean eficientes, a que el Ejecutivo asuma su responsabilidad por enfermar a los niños más pobres del Perú? ¿Será que la sociedad civil se mueve cuando le duele la billetera y los niños de Qali Warma no son de su interés?
sábado, 21 de septiembre de 2013
Amarás a tu prójimo como a ti mismo
La historia ha demostrado que lo que en un tiempo y en una sociedad determinada se consideraba aceptable, no necesariamente lo seguiría siendo. Durante cientos de años las sociedades se llenaron de explicaciones para justificar la esclavitud. Hasta hace poco las mujeres no teníamos el derecho al voto, ni a disponer de nuestros bienes. Como si fuésemos incapaces eran nuestros padres o maridos los encargados de administrarlos. Para poder tener un pasaporte necesitábamos de su autorización y aún hoy nuestros hijos deben ser registrados por sus padres.
Hubo una época cuando los indígenas latinoamericanos eran llevados a Europa a ser expuestos en zoológicos humanos. Esos mismos indígenas estaban prohibidos de entrar al Damero de Pizarro. Hasta hoy, los empleados domésticos usan baños distintos a los de sus patrones.
Aceptar aquello que rompe el statu quo, asusta. Sobre todo a aquellos privilegiados por ese statu quo. El Estado no puede intervenir en la vida privada de las personas, ni decirle a un ciudadano a quién debe amar y cómo hacerlo. El Estado no puede disponer mayores derechos civiles para unos y menos para otros. El Estado tiene la obligación de reconocer que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y por ello debe reconocerles sus derechos y brindarles protección sin importar su orientación sexual. Sin importar lo que piense la Iglesia, porque somos un Estado laico.
En el Perú existen ciudadanos gay que han formado familias, que tienen parejas estables y son padres. Esas familias y esos niños tienen los mismos derechos que cualquier otra familia y que cualquier otro niño. ¿Por qué se les está privando de ser reconocidos? Hayek sostenía que la ley debe ser producto de un reconocimiento de lo que sucede en la sociedad. La ley debe nacer de la realidad, porque de lo contrario es letra muerta. La ley de la unión civil lo que busca es reconocer una realidad y otorgarles derechos patrimoniales a quienes, en la práctica, son una familia igual que cualquier otra. La libertad consiste en que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades, ejercerlos o no es parte de la libertad individual.
Los congresistas no han sido elegidos para imponernos sus ideas o los dogmas de su Iglesia. Aquel congresista que denuncia que esto es un matrimonio encubierto, que pretende irrogar derechos que la Constitución otorga solo a los heterosexuales, olvida que el principio de la Constitución es la igualdad ante la ley. ¿Cuál es el problema de que el Estado proteja la unión civil? Tengo maravillosos amigos gay que son estupendos padres de niños sanos y llenos de amor. Conozco maridos que golpean a sus mujeres y a sus hijos, padres heterosexuales que no visitan a sus hijos y que deben ser enjuiciados para pasarles una pensión. ¿Es que acaso la orientación sexual determina qué tan buenas personas podemos ser? La intolerancia es una característica de nuestra sociedad, donde unos se creen superiores a otros y no terminan de entender que la Constitución, la ley -y también Dios-, nos hacen a todos iguales.
Hubo una época cuando los indígenas latinoamericanos eran llevados a Europa a ser expuestos en zoológicos humanos. Esos mismos indígenas estaban prohibidos de entrar al Damero de Pizarro. Hasta hoy, los empleados domésticos usan baños distintos a los de sus patrones.
Aceptar aquello que rompe el statu quo, asusta. Sobre todo a aquellos privilegiados por ese statu quo. El Estado no puede intervenir en la vida privada de las personas, ni decirle a un ciudadano a quién debe amar y cómo hacerlo. El Estado no puede disponer mayores derechos civiles para unos y menos para otros. El Estado tiene la obligación de reconocer que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y por ello debe reconocerles sus derechos y brindarles protección sin importar su orientación sexual. Sin importar lo que piense la Iglesia, porque somos un Estado laico.
En el Perú existen ciudadanos gay que han formado familias, que tienen parejas estables y son padres. Esas familias y esos niños tienen los mismos derechos que cualquier otra familia y que cualquier otro niño. ¿Por qué se les está privando de ser reconocidos? Hayek sostenía que la ley debe ser producto de un reconocimiento de lo que sucede en la sociedad. La ley debe nacer de la realidad, porque de lo contrario es letra muerta. La ley de la unión civil lo que busca es reconocer una realidad y otorgarles derechos patrimoniales a quienes, en la práctica, son una familia igual que cualquier otra. La libertad consiste en que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades, ejercerlos o no es parte de la libertad individual.
Los congresistas no han sido elegidos para imponernos sus ideas o los dogmas de su Iglesia. Aquel congresista que denuncia que esto es un matrimonio encubierto, que pretende irrogar derechos que la Constitución otorga solo a los heterosexuales, olvida que el principio de la Constitución es la igualdad ante la ley. ¿Cuál es el problema de que el Estado proteja la unión civil? Tengo maravillosos amigos gay que son estupendos padres de niños sanos y llenos de amor. Conozco maridos que golpean a sus mujeres y a sus hijos, padres heterosexuales que no visitan a sus hijos y que deben ser enjuiciados para pasarles una pensión. ¿Es que acaso la orientación sexual determina qué tan buenas personas podemos ser? La intolerancia es una característica de nuestra sociedad, donde unos se creen superiores a otros y no terminan de entender que la Constitución, la ley -y también Dios-, nos hacen a todos iguales.
sábado, 14 de septiembre de 2013
A nadie
El 11 de setiembre es un día de duelo nacional en los Estados Unidos. Sin importar que nunca hayan estado en Nueva York ni en Washington DC, todos los norteamericanos sienten el ataque de Al Qaeda como si hubiese ocurrido en el jardín de su casa. Como si cada una de las 2977 personas que murieron hubiesen sido sus amigos, sus parientes o hermanos. No hay un solo norteamericano que cuestione que Al Qaeda es un grupo terrorista y su líder, Osama Bin Laden, era el mayor enemigo de Estados Unidos. A nadie se le ocurriría cuestionar la operación "Gerónimo" que acabó con Bin Laden, ni al Presidente que la ordenó. A nadie se le ocurriría que en el monumento del 11 de setiembre, junto a los nombres de cada una de las víctimas, se escriba el nombre de los miembros de Al Qaeda que ejecutaron los ataques. A nadie.
En el Perú, durante los años que vivimos bajo la violencia terrorista murieron alrededor de 23,969 personas. El 50% de las muertes y desapariciones ocurrieron en Ayacucho. Las víctimas eran personas como usted o como yo. Hombres, mujeres, ancianos y niños. En su mayoría campesinos pobres. ¿Quiénes recuerdan a las víctimas de Sendero y el MRTA? ¿Es que alguien en el Perú siente el dolor de las muertes de esos campesinos ayacuchanos masacrados, de sus hijos, de los militares y policías que dieron su vida por el Perú, como si hubiese sido la de un hermano, un pariente o un amigo? ¿Quién?
Nosotros permitimos que una Comisión de la Verdad y Reconciliación escribiera una historia, sin consultar siquiera con quienes lucharon contra el terrorismo: Los militares y policías. Permitimos que la izquierda, prima hermana de Sendero y del MRTA, controlara la CVR y que nos dijera que el Estado peruano ejecutó una política sistemática de violación de derechos humanos. Permitimos que la CVR promoviera una agenda política de izquierda. Permitimos que una ideologizada Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos obligara a construir un monumento, donde al lado del nombre de las víctimas del terrorismo, colocamos el nombre de los terroristas. Un monumento que ofende la memoria nacional. Que ofende a cada una de las víctimas y de los sobrevivientes del terrorismo. ¿Qué verdad y qué reconciliación? Y hablando de verdad, aquellos miembros de las FF.AA. que cometieron crímenes atroces contra los ciudadanos que debían proteger deben ser juzgados y condenados. Pero no por ellos, todas las FF.AA.
¿Hasta cuándo vamos a callar porque eso es políticamente correcto? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la izquierda y sus ONG sigan llenándose de plata persiguiendo policías y militares, y sacándole plata al Estado peruano en indemnizaciones a favor de terroristas? ¿Cómo es posible que 16 años después se siga discutiendo cómo murió un terrorista en una operación de rescate de rehenes y que nuestros héroes, nuestros comandos Chavín de Huántar, sigan siendo cuestionados en juzgados penales y cortes internacionales ideologizadas?
Vergüenza debería darnos no tener el coraje de decir las cosas claras. ¿Cuándo, como dijo González Prada, tendremos el valor de "romper el pacto infame de hablar a media voz"?
En el Perú, durante los años que vivimos bajo la violencia terrorista murieron alrededor de 23,969 personas. El 50% de las muertes y desapariciones ocurrieron en Ayacucho. Las víctimas eran personas como usted o como yo. Hombres, mujeres, ancianos y niños. En su mayoría campesinos pobres. ¿Quiénes recuerdan a las víctimas de Sendero y el MRTA? ¿Es que alguien en el Perú siente el dolor de las muertes de esos campesinos ayacuchanos masacrados, de sus hijos, de los militares y policías que dieron su vida por el Perú, como si hubiese sido la de un hermano, un pariente o un amigo? ¿Quién?
Nosotros permitimos que una Comisión de la Verdad y Reconciliación escribiera una historia, sin consultar siquiera con quienes lucharon contra el terrorismo: Los militares y policías. Permitimos que la izquierda, prima hermana de Sendero y del MRTA, controlara la CVR y que nos dijera que el Estado peruano ejecutó una política sistemática de violación de derechos humanos. Permitimos que la CVR promoviera una agenda política de izquierda. Permitimos que una ideologizada Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos obligara a construir un monumento, donde al lado del nombre de las víctimas del terrorismo, colocamos el nombre de los terroristas. Un monumento que ofende la memoria nacional. Que ofende a cada una de las víctimas y de los sobrevivientes del terrorismo. ¿Qué verdad y qué reconciliación? Y hablando de verdad, aquellos miembros de las FF.AA. que cometieron crímenes atroces contra los ciudadanos que debían proteger deben ser juzgados y condenados. Pero no por ellos, todas las FF.AA.
¿Hasta cuándo vamos a callar porque eso es políticamente correcto? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la izquierda y sus ONG sigan llenándose de plata persiguiendo policías y militares, y sacándole plata al Estado peruano en indemnizaciones a favor de terroristas? ¿Cómo es posible que 16 años después se siga discutiendo cómo murió un terrorista en una operación de rescate de rehenes y que nuestros héroes, nuestros comandos Chavín de Huántar, sigan siendo cuestionados en juzgados penales y cortes internacionales ideologizadas?
Vergüenza debería darnos no tener el coraje de decir las cosas claras. ¿Cuándo, como dijo González Prada, tendremos el valor de "romper el pacto infame de hablar a media voz"?
sábado, 7 de septiembre de 2013
¡Qué "pendejo" que soy!
Carlos llegó a recoger a su hijo del colegio, cargado con el malestar que produce vivir en una ciudad caótica, sin encontrar dónde cuadrarse. Como él, varios padres lidiaban con el mismo problema: colegios que no tienen parqueo y que congestionan las calles. Pedro venía por el lado contrario tratando de llegar a su casa, justo cuando Carlos pasaba frente a su garaje. Pedro le hace una seña para que retroceda y así poder entrar a su casa. Alzado, Carlos le dice que de ninguna manera y le mete el carro. Como Pedro no retrocedía, Carlos decidió que se jodieran todos. Se bajó del auto dejándolo en el medio de la vía y se fue al colegio a recoger a su hijo, pese a las protestas de los demás. Cuando regresó, su hijo le preguntó: "Papi, ¿ese es tu carro?". "Sí, hijito", contestó: "Ya sabes como es papi". Y se fue orgulloso. ¡Era un gran "pendejo" y nadie se metía con él!
Esta es la imagen de nuestra sociedad, donde nadie tiene consideración por los demás. Donde el vecino no importa, importa imponerse, ganar, llevárselo todo. Los ciudadanos no confían ni en el Estado ni en los demás ciudadanos. No existe cohesión social, ni conciencia de grupo. No nos importa el bien común, ni tenemos un plan de país. No nos enfurece la discriminación, ni saber que uno de cada tres peruanos vive en pobreza. No nos interesa que niñas de 12 años sean prostituidas por 3 soles. No importan los niños que crecen en la miseria ni la violencia física y sexual contra las mujeres.
Una de las condiciones para llegar al desarrollo es que exista cohesión social y confianza entre los ciudadanos y de los ciudadanos en el Estado. No basta el crecimiento económico. Esta confianza es la que hace que las normas sociales se cumplan, no por miedo a una sanción sino porque existe un interés de grupo de vivir en armonía. Por ejemplo, en países desarrollados la ley establece que el dueño de un perro debe recoger la caca. Por ello, cuando sacan a los perros llevan bolsas para cumplir su deber ciudadano. Si bien existen "free riders", estos son los menos. La mayoría recoge la caca de sus perros porque confían en que los demás también lo harán. En el Perú existe la misma regla, pero nadie la cumple. Como consecuencia, los parques donde juegan los niños están llenos de caca.
Esta semana Fernando Cillóniz escribió sobre Puno. Para él, en Puno hay mucha plata, aunque en su mayoría es mal habida. Pero qué importa "Que hay plata, hay". También hay pobres, decía, pero hay mucha riqueza. "No hay que caer en la trampa de los falsos mendigos". Este es otro ejemplo de la falta de cohesión y conciencia social. Repasemos Puno: desnutrición crónica en mayores de 5 años: 21.5%, acceso a agua potable en vivienda: 30%, pobreza multidimensional: 60%. Hasta fines de julio habían muerto 34 niños por frío. Pero según Cillóniz, en Puno hay mucha plata. Con ustedes, la clase empresarial peruana.
Esta es la imagen de nuestra sociedad, donde nadie tiene consideración por los demás. Donde el vecino no importa, importa imponerse, ganar, llevárselo todo. Los ciudadanos no confían ni en el Estado ni en los demás ciudadanos. No existe cohesión social, ni conciencia de grupo. No nos importa el bien común, ni tenemos un plan de país. No nos enfurece la discriminación, ni saber que uno de cada tres peruanos vive en pobreza. No nos interesa que niñas de 12 años sean prostituidas por 3 soles. No importan los niños que crecen en la miseria ni la violencia física y sexual contra las mujeres.
Una de las condiciones para llegar al desarrollo es que exista cohesión social y confianza entre los ciudadanos y de los ciudadanos en el Estado. No basta el crecimiento económico. Esta confianza es la que hace que las normas sociales se cumplan, no por miedo a una sanción sino porque existe un interés de grupo de vivir en armonía. Por ejemplo, en países desarrollados la ley establece que el dueño de un perro debe recoger la caca. Por ello, cuando sacan a los perros llevan bolsas para cumplir su deber ciudadano. Si bien existen "free riders", estos son los menos. La mayoría recoge la caca de sus perros porque confían en que los demás también lo harán. En el Perú existe la misma regla, pero nadie la cumple. Como consecuencia, los parques donde juegan los niños están llenos de caca.
Esta semana Fernando Cillóniz escribió sobre Puno. Para él, en Puno hay mucha plata, aunque en su mayoría es mal habida. Pero qué importa "Que hay plata, hay". También hay pobres, decía, pero hay mucha riqueza. "No hay que caer en la trampa de los falsos mendigos". Este es otro ejemplo de la falta de cohesión y conciencia social. Repasemos Puno: desnutrición crónica en mayores de 5 años: 21.5%, acceso a agua potable en vivienda: 30%, pobreza multidimensional: 60%. Hasta fines de julio habían muerto 34 niños por frío. Pero según Cillóniz, en Puno hay mucha plata. Con ustedes, la clase empresarial peruana.
sábado, 31 de agosto de 2013
Yo soy sano y sagrado
El último capítulo de la tragicomedia "Ecoteva: la offshore del sano y sagrado", lo complica cada vez más. El sano y sagrado, el expresidente del Perú que luchó contra la corrupción y la mafia, el "adalid" de "la reserva moral" del país, aquel que hace un tiempo Julio Cotler admiraba en televisión nacional como un ejemplo de político limpio, sin departamentos en París. Aquel sobre quien Álvarez Rodrich sostuvo que siempre se ubicaba en el lado correcto, el de la decencia.
El informe de la UIF es bastante serio, no solo porque habría confirmado las transferencias de millones de dólares de la cuenta de Ecoteva al Perú para comprar la casa de Casuarinas y la oficina, sino porque además demuestra que con ese dinero se pagaron las hipotecas de las casas de Camacho y de Punta Sal. Estas dos casas han sido reconocidas por el mismo Toledo como sus únicas propiedades. Pero, además, echa luz sobre las mentiras de Toledo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y la Fiscalía de la Nación.
Repasemos un poco sus varias y contradictorias versiones. Cuando se hizo pública la compra de la casa de Casuarinas, Toledo sostuvo que el dinero provenía de recursos propios de la señora Fernenbug –entre ellos la indemnización del gobierno alemán por el Holocausto y las millonarias herencias de sus exmaridos ricos–, que el pago se realizó a través de transferencias bancarias, después vinieron confusas rectificaciones notariales, supuestos cheques de gerencia, avales, una hipoteca y tres bancos involucrados. Toledo dijo que él qué culpa tenía de las inversiones que decidía hacer su anciana suegra, que él nunca estuvo en Costa Rica, luego que en verdad sí, pero que fue a dar una conferencia. La conferencia nunca existió y un abogado costarricense confirmó que fue Toledo quien ordenó la creación de Ecoteva. Finalmente, y como bajado del cielo, apareció el millonario empresario y cercano amigo de Toledo Yosef Maiman, quien sostuvo que Eva Fernenbug era algo así como su testaferra. Y ahora que se ha descubierto que con el dinero de Ecoteva también se pagaron las dos casas de Toledo (Camacho y Punta Sal) y las deudas de Eliane Karp, ¿qué explicación nos va a dar Maiman? ¿Estas también fueron una inversión? Según su abogado Luis Lamas Puccio, las hipotecas se pagaron por decisión personal de Maiman. Entonces, ¿fueron un regalito?
Que Toledo es mentiroso lo sabíamos desde que nos contó que su madre había muerto en un alud, que Zaraí no era su hija y que él nunca estuvo en la suite presidencial del Melody, sino que lo habían secuestrado y que fue liberado sin calzoncillo. Pero, escucharlo en la grabación del periodista de El Comercio negar que era él al teléfono, fue demasiado vergonzoso. Como lo es que los miembros de su partido sigan defendiéndolo. Todo parecería indicar que Toledo está dando una clase magistral desde Stanford, sobre cómo se oculta dinero a través de una amigo millonario.
Me pregunto, ¿qué dirá el valiente zar anticorrupción que blindó a Toledo en la Comisión de Fiscalización?
El informe de la UIF es bastante serio, no solo porque habría confirmado las transferencias de millones de dólares de la cuenta de Ecoteva al Perú para comprar la casa de Casuarinas y la oficina, sino porque además demuestra que con ese dinero se pagaron las hipotecas de las casas de Camacho y de Punta Sal. Estas dos casas han sido reconocidas por el mismo Toledo como sus únicas propiedades. Pero, además, echa luz sobre las mentiras de Toledo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y la Fiscalía de la Nación.
Repasemos un poco sus varias y contradictorias versiones. Cuando se hizo pública la compra de la casa de Casuarinas, Toledo sostuvo que el dinero provenía de recursos propios de la señora Fernenbug –entre ellos la indemnización del gobierno alemán por el Holocausto y las millonarias herencias de sus exmaridos ricos–, que el pago se realizó a través de transferencias bancarias, después vinieron confusas rectificaciones notariales, supuestos cheques de gerencia, avales, una hipoteca y tres bancos involucrados. Toledo dijo que él qué culpa tenía de las inversiones que decidía hacer su anciana suegra, que él nunca estuvo en Costa Rica, luego que en verdad sí, pero que fue a dar una conferencia. La conferencia nunca existió y un abogado costarricense confirmó que fue Toledo quien ordenó la creación de Ecoteva. Finalmente, y como bajado del cielo, apareció el millonario empresario y cercano amigo de Toledo Yosef Maiman, quien sostuvo que Eva Fernenbug era algo así como su testaferra. Y ahora que se ha descubierto que con el dinero de Ecoteva también se pagaron las dos casas de Toledo (Camacho y Punta Sal) y las deudas de Eliane Karp, ¿qué explicación nos va a dar Maiman? ¿Estas también fueron una inversión? Según su abogado Luis Lamas Puccio, las hipotecas se pagaron por decisión personal de Maiman. Entonces, ¿fueron un regalito?
Que Toledo es mentiroso lo sabíamos desde que nos contó que su madre había muerto en un alud, que Zaraí no era su hija y que él nunca estuvo en la suite presidencial del Melody, sino que lo habían secuestrado y que fue liberado sin calzoncillo. Pero, escucharlo en la grabación del periodista de El Comercio negar que era él al teléfono, fue demasiado vergonzoso. Como lo es que los miembros de su partido sigan defendiéndolo. Todo parecería indicar que Toledo está dando una clase magistral desde Stanford, sobre cómo se oculta dinero a través de una amigo millonario.
Me pregunto, ¿qué dirá el valiente zar anticorrupción que blindó a Toledo en la Comisión de Fiscalización?
sábado, 24 de agosto de 2013
"Hablando no se escucha a la gente"
Esta semana, el Premier ha insistido con el diálogo al que convocó a los partidos. Algunos han aceptado con la esperanza puesta en alguna cartera. Otros pusieron condiciones pero ofrecieron a sus técnicos, soñando con que el chamán Tejada se quede sin megacomisión. Otros dijeron de plano, no.
¿Que es lo que busca el Gobierno con esta convocatoria? ¿Qué sentido tiene un diálogo orientado a forjar un consenso entre partidos que no representan a los ciudadanos? ¿O usted cree que la gente se siente representada por el Congreso? Si los cafetaleros, las comunidades, los maestros y los doctores toman las calles y presionan, con medidas violentas exigiendo políticas públicas, es porque no sienten que los partidos los representan.
Mientras, los políticos peruanos están ensimismados diciéndonos que su partido tiene todas las respuestas para sacarnos de este bachecito y llevarnos de un salto al desarrollo, en Washington se presentó "In the shadow of violence" el último libro de Douglass North, John Wallis, Barry Weingast y Steven Webb. El libro describe el rol de las organizaciones políticas, sociales y económicas en el desarrollo.
¿Por qué los partidos peruanos no tienen convocatoria? Porque no son partidos, son clubes de amigos, vehículos interesados únicamente en llevarlos al poder. Cuando los partidos están dirigidos por cúpulas que responden a intereses de grupo, no tienen legitimidad ante los ciudadanos. Por el contrario, son los partidos donde los líderes son elegidos en primarias por sus militantes -y no donde son impuestos- aquellos que tienen mayor representatividad en la población.
¿Qué incentivo tienen los ciudadanos para militar en un partido donde no tienen la posibilidad de elegir a sus líderes ni de influir en la agenda? Para Wallis y Webb las mejores organizaciones políticas son aquellas donde no hay caudillos, ya que le dan mayor importancia a los intereses de sus militantes y no a los intereses de su cúpula. Un partido masivo está sujeto a un mayor control de sus militantes, y por ello habrá menor posibilidad de corrupción y mayor institucionalidad. Por lo anterior, los líderes políticos prefieren militar en clubes de amigos donde no están sujetos a rendición de cuentas ni a la regulación.
Contrariamente a lo avanzado en economía política del desarrollo, en el Perú se cree que una solución a la crisis de los partidos es anular el voto preferencial, quitándole a los ciudadanos la posibilidad de elegir a sus representantes. Quieren regresar a las listas cerradas, donde es la cúpula en base a sus intereses quien asigna el orden de los candidatos.
Los ciudadanos dejarán de tomar las calles cuando sientan que los partidos los representan y eso solo ocurrirá si es que los ciudadanos pueden influir en los partidos y sus agendas. Lamentablemente, ningún político quiere reconocer que su sostenibilidad se basa en organizar y representar los intereses de las mayorías, y no de los grupos de poder que los controlan.
Regresando a la convocatoria, un diálogo entre gobierno y partidos no es un diálogo donde los peruanos se sientan representados. Es solo un diálogo entre caciques y cúpulas para repartirse rentas y prebendas.
¿Que es lo que busca el Gobierno con esta convocatoria? ¿Qué sentido tiene un diálogo orientado a forjar un consenso entre partidos que no representan a los ciudadanos? ¿O usted cree que la gente se siente representada por el Congreso? Si los cafetaleros, las comunidades, los maestros y los doctores toman las calles y presionan, con medidas violentas exigiendo políticas públicas, es porque no sienten que los partidos los representan.
Mientras, los políticos peruanos están ensimismados diciéndonos que su partido tiene todas las respuestas para sacarnos de este bachecito y llevarnos de un salto al desarrollo, en Washington se presentó "In the shadow of violence" el último libro de Douglass North, John Wallis, Barry Weingast y Steven Webb. El libro describe el rol de las organizaciones políticas, sociales y económicas en el desarrollo.
¿Por qué los partidos peruanos no tienen convocatoria? Porque no son partidos, son clubes de amigos, vehículos interesados únicamente en llevarlos al poder. Cuando los partidos están dirigidos por cúpulas que responden a intereses de grupo, no tienen legitimidad ante los ciudadanos. Por el contrario, son los partidos donde los líderes son elegidos en primarias por sus militantes -y no donde son impuestos- aquellos que tienen mayor representatividad en la población.
¿Qué incentivo tienen los ciudadanos para militar en un partido donde no tienen la posibilidad de elegir a sus líderes ni de influir en la agenda? Para Wallis y Webb las mejores organizaciones políticas son aquellas donde no hay caudillos, ya que le dan mayor importancia a los intereses de sus militantes y no a los intereses de su cúpula. Un partido masivo está sujeto a un mayor control de sus militantes, y por ello habrá menor posibilidad de corrupción y mayor institucionalidad. Por lo anterior, los líderes políticos prefieren militar en clubes de amigos donde no están sujetos a rendición de cuentas ni a la regulación.
Contrariamente a lo avanzado en economía política del desarrollo, en el Perú se cree que una solución a la crisis de los partidos es anular el voto preferencial, quitándole a los ciudadanos la posibilidad de elegir a sus representantes. Quieren regresar a las listas cerradas, donde es la cúpula en base a sus intereses quien asigna el orden de los candidatos.
Los ciudadanos dejarán de tomar las calles cuando sientan que los partidos los representan y eso solo ocurrirá si es que los ciudadanos pueden influir en los partidos y sus agendas. Lamentablemente, ningún político quiere reconocer que su sostenibilidad se basa en organizar y representar los intereses de las mayorías, y no de los grupos de poder que los controlan.
Regresando a la convocatoria, un diálogo entre gobierno y partidos no es un diálogo donde los peruanos se sientan representados. Es solo un diálogo entre caciques y cúpulas para repartirse rentas y prebendas.
sábado, 17 de agosto de 2013
¡Que no pare la fiesta!
Todo parecería indicar que el ministro Castilla se cansó de soplar y poner velitas para que los efectos de la crisis no lleguen al Perú. De pronto, pasamos de "la demanda interna sostendrá el crecimiento económico" (Velarde dixit), a estamos "en tránsito de un mundo de vacas gordas a otro de vacas flacas" (Castilla dixit). Y así, sin más, el Gobierno le informó a los peruanos que lo de "al Perú no lo para nadie" no era tan cierto.
Ahora resulta que el Premier ha decidido hacer un llamado a todas las fuerzas políticas para establecer una agenda de trabajo vinculada a la inversión y a la sostenibilidad del crecimiento del país. "Queremos tender puentes", dijo. Y olvidó que solo hace unos días el Gobierno estaba en campaña atacando a todos los líderes de oposición, llamándolos desde corruptos hasta cómplices de violaciones de DD.HH. ¿Ahora, quieren dialogar, cuando no saben cómo arreglarla?
¿Acaso el Gobierno no sabía desde hace más de un año que la reducción del precio de los minerales implicaría, como efecto inmediato, una reducción del canon y la recaudación tributaria? ¿Acaso no podían haber advertido al país que la caída implicaría menos dinero para las regiones y municipios? ¿No sabían que era necesario advertirle al país, sobre todo a lo que llaman la "clase media" (aunque solo estén a un centavo por encima de la línea de la pobreza), que debían tomar en cuenta que podía producirse una desaceleración de la economía y por ello debían tener cuidado al endeudarse? ¿Qué va a pasar con toda esta "clase media" si esta desaceleración implica un menor consumo que afecte el empleo y que haga que sus ingresos se reduzcan?
Las regiones y municipios ya sintieron el golpe. ¿No debió el Gobierno discutir este tema con las autoridades locales con anticipación? ¿Cómo creen que van a reaccionar al recibir menos ingresos en año previo a elecciones? Culparán al gobierno central y generarán más descontento social.
Pero más allá del mal manejo del gobierno de Humala, el mayor culpable es el presidente Toledo, quien para poder gobernar desde el avión parrandero, hizo una reforma de la descentralización que convirtió a los gobiernos regionales y municipales en "dueños" del canon. No se creó un fondo de estabilización fiscal, ni se establecieron reglas razonables y equitativas para que estos recursos vayan donde más se necesiten. Toledo y sus ministros no estaban para tomar decisiones incómodas. Ellos solo quisieron gobernar sin sobresaltos, desde Punta Sal. ¿Por qué el gobierno de García no corrigió los errores de la descentralización de Toledo? ¿Para qué? ¡Si eso cansa! Además, "la plata llega sola." ¿Y ahora?
¿Cómo es que pretenden controlar la crisis incrementando la demanda interna mediante una mayor inversión estatal? ¡Han tenido dos años para hacerlo y no han sido capaces! Y a todo esto, gran papel el del BCR y el del gran empresariado nacional. ¡Nadie dijo nada! Y los bancos siguieron colocando créditos y llenando sus bóvedas. Es que la fiesta para el mercantilismo y los gobiernos incapaces nunca para.
Ahora resulta que el Premier ha decidido hacer un llamado a todas las fuerzas políticas para establecer una agenda de trabajo vinculada a la inversión y a la sostenibilidad del crecimiento del país. "Queremos tender puentes", dijo. Y olvidó que solo hace unos días el Gobierno estaba en campaña atacando a todos los líderes de oposición, llamándolos desde corruptos hasta cómplices de violaciones de DD.HH. ¿Ahora, quieren dialogar, cuando no saben cómo arreglarla?
¿Acaso el Gobierno no sabía desde hace más de un año que la reducción del precio de los minerales implicaría, como efecto inmediato, una reducción del canon y la recaudación tributaria? ¿Acaso no podían haber advertido al país que la caída implicaría menos dinero para las regiones y municipios? ¿No sabían que era necesario advertirle al país, sobre todo a lo que llaman la "clase media" (aunque solo estén a un centavo por encima de la línea de la pobreza), que debían tomar en cuenta que podía producirse una desaceleración de la economía y por ello debían tener cuidado al endeudarse? ¿Qué va a pasar con toda esta "clase media" si esta desaceleración implica un menor consumo que afecte el empleo y que haga que sus ingresos se reduzcan?
Las regiones y municipios ya sintieron el golpe. ¿No debió el Gobierno discutir este tema con las autoridades locales con anticipación? ¿Cómo creen que van a reaccionar al recibir menos ingresos en año previo a elecciones? Culparán al gobierno central y generarán más descontento social.
Pero más allá del mal manejo del gobierno de Humala, el mayor culpable es el presidente Toledo, quien para poder gobernar desde el avión parrandero, hizo una reforma de la descentralización que convirtió a los gobiernos regionales y municipales en "dueños" del canon. No se creó un fondo de estabilización fiscal, ni se establecieron reglas razonables y equitativas para que estos recursos vayan donde más se necesiten. Toledo y sus ministros no estaban para tomar decisiones incómodas. Ellos solo quisieron gobernar sin sobresaltos, desde Punta Sal. ¿Por qué el gobierno de García no corrigió los errores de la descentralización de Toledo? ¿Para qué? ¡Si eso cansa! Además, "la plata llega sola." ¿Y ahora?
¿Cómo es que pretenden controlar la crisis incrementando la demanda interna mediante una mayor inversión estatal? ¡Han tenido dos años para hacerlo y no han sido capaces! Y a todo esto, gran papel el del BCR y el del gran empresariado nacional. ¡Nadie dijo nada! Y los bancos siguieron colocando créditos y llenando sus bóvedas. Es que la fiesta para el mercantilismo y los gobiernos incapaces nunca para.
sábado, 10 de agosto de 2013
¡Aquí mando yo!
"¡Aquí mando yo!" era la frase a la que nos tuvo acostumbrados el supremo San Martín, mientras presidió la sala que juzgo al expresidente Fujimori y luego como presidente de la Corte Suprema. Lo que el supremo San Martín no entendió es que en un Estado de Derecho quien manda es la ley y no un hombre.
En los audios de un almuercito de "coordinación" entre el Premier, el ministro Cateriano, la jueza Carmen Rojjasi y el supremo San Martín, se le escucha decir a este último: "La doctora ha sido muy comprensiva, y creo que siempre ha sido abierta con nosotros y con el Estado. Eso es lealtad al Estado, lo que no quiere decir que sea parcial, o viole derechos de terceros, pero siempre está llana al diálogo". ¿Qué significa que una jueza tenga lealtad al Estado? ¿Quiso decir San Martín que la jueza era leal a una de las partes en el proceso y no a la ley? Extrañamente, la sentencia declara que Tito fue ejecutado, pero libera de responsabilidad a los acusados, dejando la puerta abierta para que el caso Chavín de Huántar siga siendo el caballo de batalla de las ONG de derechos humanos en el Perú y en tribunales internacionales.
El Premier se defendió diciendo que: "el problema no lo generó la reunión, sino quienes ingresaron ilegalmente y sacaron el audio", lo que traducido significaría algo así como: "el problema no es que hicimos algo ilegal, sino que nos ampayaron".
La caviarada ha reaccionado dividiéndose. Por un lado están quienes han salido a apoyar a los del almuercito, sosteniendo que lo que se buscaba era tener unidad en la defensa del Estado peruano. Pero no todos están de acuerdo. En su última columna, Ernie de la Jara ha sostenido que los audios demuestran que ese almuerzo fue para "cocinar una sentencia, sin importar para nada los hechos y el derecho". Ernie se siente decepcionado por un juez que "tenía la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias y no permitir la manipulación política". Frágil memoria la de Ernie, considerando que el supremo San Martín hizo exactamente lo mismo cuando presidió la sala que juzgó a Fujimori. O no es acaso cierto que la sentencia que condenó a Fujimori estuvo "cocinada" (me permito tomar prestado el término) un año antes de ser emitida? ¿No están los correos entre San Martín y Gonzalo del Río, donde se le explica al supremo cómo lograr condenar al expresidente, incluso antes de que se actúen las pruebas? Entonces, en esa sentencia tampoco importaron los hechos ni el derecho, ¿no? ¿No será que la diferencia entre una "cocinada de sentencia" y la otra es que en un caso le convenía a la caviarada el resultado y en el otro no?
Aquí lo que tenemos es una muestra de cómo los autodenominados conciencia moral del Perú, a los que los noventa les apesta, no son mejor que el resto. Aunque se cubran con aura de sabiduría, decencia, legalidad y democracia. Ya los estamos viendo.
En los audios de un almuercito de "coordinación" entre el Premier, el ministro Cateriano, la jueza Carmen Rojjasi y el supremo San Martín, se le escucha decir a este último: "La doctora ha sido muy comprensiva, y creo que siempre ha sido abierta con nosotros y con el Estado. Eso es lealtad al Estado, lo que no quiere decir que sea parcial, o viole derechos de terceros, pero siempre está llana al diálogo". ¿Qué significa que una jueza tenga lealtad al Estado? ¿Quiso decir San Martín que la jueza era leal a una de las partes en el proceso y no a la ley? Extrañamente, la sentencia declara que Tito fue ejecutado, pero libera de responsabilidad a los acusados, dejando la puerta abierta para que el caso Chavín de Huántar siga siendo el caballo de batalla de las ONG de derechos humanos en el Perú y en tribunales internacionales.
El Premier se defendió diciendo que: "el problema no lo generó la reunión, sino quienes ingresaron ilegalmente y sacaron el audio", lo que traducido significaría algo así como: "el problema no es que hicimos algo ilegal, sino que nos ampayaron".
La caviarada ha reaccionado dividiéndose. Por un lado están quienes han salido a apoyar a los del almuercito, sosteniendo que lo que se buscaba era tener unidad en la defensa del Estado peruano. Pero no todos están de acuerdo. En su última columna, Ernie de la Jara ha sostenido que los audios demuestran que ese almuerzo fue para "cocinar una sentencia, sin importar para nada los hechos y el derecho". Ernie se siente decepcionado por un juez que "tenía la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias y no permitir la manipulación política". Frágil memoria la de Ernie, considerando que el supremo San Martín hizo exactamente lo mismo cuando presidió la sala que juzgó a Fujimori. O no es acaso cierto que la sentencia que condenó a Fujimori estuvo "cocinada" (me permito tomar prestado el término) un año antes de ser emitida? ¿No están los correos entre San Martín y Gonzalo del Río, donde se le explica al supremo cómo lograr condenar al expresidente, incluso antes de que se actúen las pruebas? Entonces, en esa sentencia tampoco importaron los hechos ni el derecho, ¿no? ¿No será que la diferencia entre una "cocinada de sentencia" y la otra es que en un caso le convenía a la caviarada el resultado y en el otro no?
Aquí lo que tenemos es una muestra de cómo los autodenominados conciencia moral del Perú, a los que los noventa les apesta, no son mejor que el resto. Aunque se cubran con aura de sabiduría, decencia, legalidad y democracia. Ya los estamos viendo.
sábado, 20 de julio de 2013
¡A la búsqueda del Tesoro!
La izquierda sostiene que el Perú siempre ha sido gobernado por poderes fácticos, que el Estado ha sido privatizado. Es lo que en "El otro sendero", De Soto describe cómo el mercantilismo les permite, a aquellos con acceso al poder, obtener privilegios del Estado. ¿Extraña coincidencia?
Un día antes de que sean elegidos los nuevos miembros del TC, repartija aparte, el TC de salida decidió resolver sobre la acción presentada por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), a fin de que se ordene el pago de los bonos agrarios.
¿Es tan simple sostener que esta es una acreencia del Estado que debe ser honrada sin discusión? ¿Es este un simple perro muerto? Discutible. ¿Qué llevó al TC a decidir este importante tema con gran impacto fiscal, estando de salida?
Desde hace años, especuladores con grandes bolsillos fueron adquiriendo los bonos agrarios de manos de sus tenedores originales por un porcentaje mínimo de su valor. Se calcula que 70% a 80% de los bonos están hoy en manos de especuladores.
¿Es que tiene legitimidad ética una decisión sobre el pago de los bonos adoptada por un TC que decide con el voto dirimente de su presidente, quién fue funcionario de uno de los tenedores más grandes de bonos? ¿De qué deuda con los perjudicados hablamos si los que cobrarán son los especuladores?
Cuando el TC resuelve una causa, debe cuidar que el derecho de los ciudadanos y los objetivos constitucionales primen en sus decisiones con absoluta independencia de criterio y una visión de la problemática jurídico-social-económica del país. Lamentablemente, no es el caso. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo los poderes fácticos de los que habla la izquierda, o el mercantilismo del que habla De Soto, captura rentas del Estado.
Analistas económicos sostienen que el pago ordenado por el TC, en un plazo de 8 años, no significará ningún problema para el Estado. ¿El Estado pagará 4000 millones de dólares, 80% de los cuales irán a manos de especuladores, a cambio de qué? A cambio de que uno de cada cinco niños siga estando desnutrido, de que el Perú sea el país con mayor índice de TBC, de seguir mandando a nuestras tropas al VRAEM sin rancho ni balas ni guantes, a cambio de que el Hospital Policial carezca de insumos, de que el Perú tenga la peor educación de los países de ingreso medio-alto. A cambio de ser incapaces de luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y de que la brecha de infraestructura siga creciendo. Porque, para todo lo anterior, se necesitan recursos.
¿Por qué es que la deuda agraria tiene precedente sobre la deuda a los fonavistas? ¿Será porque los fonavistas no tienen especuladores detrás que puedan organizarse para promover que el TC falle a favor, detallando incluso cómo debe proceder el MEF? ¿Por qué el CIP presenta una acción para beneficiar a intereses privados? ¿Quién estuvo detrás? ¿Por qué recién el decano del CIP sostiene que aquí hay irregularidades?
¿Será por esto que los recursos del Estado son llamados el Tesoro de la Nación?
Un día antes de que sean elegidos los nuevos miembros del TC, repartija aparte, el TC de salida decidió resolver sobre la acción presentada por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), a fin de que se ordene el pago de los bonos agrarios.
¿Es tan simple sostener que esta es una acreencia del Estado que debe ser honrada sin discusión? ¿Es este un simple perro muerto? Discutible. ¿Qué llevó al TC a decidir este importante tema con gran impacto fiscal, estando de salida?
Desde hace años, especuladores con grandes bolsillos fueron adquiriendo los bonos agrarios de manos de sus tenedores originales por un porcentaje mínimo de su valor. Se calcula que 70% a 80% de los bonos están hoy en manos de especuladores.
¿Es que tiene legitimidad ética una decisión sobre el pago de los bonos adoptada por un TC que decide con el voto dirimente de su presidente, quién fue funcionario de uno de los tenedores más grandes de bonos? ¿De qué deuda con los perjudicados hablamos si los que cobrarán son los especuladores?
Cuando el TC resuelve una causa, debe cuidar que el derecho de los ciudadanos y los objetivos constitucionales primen en sus decisiones con absoluta independencia de criterio y una visión de la problemática jurídico-social-económica del país. Lamentablemente, no es el caso. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo los poderes fácticos de los que habla la izquierda, o el mercantilismo del que habla De Soto, captura rentas del Estado.
Analistas económicos sostienen que el pago ordenado por el TC, en un plazo de 8 años, no significará ningún problema para el Estado. ¿El Estado pagará 4000 millones de dólares, 80% de los cuales irán a manos de especuladores, a cambio de qué? A cambio de que uno de cada cinco niños siga estando desnutrido, de que el Perú sea el país con mayor índice de TBC, de seguir mandando a nuestras tropas al VRAEM sin rancho ni balas ni guantes, a cambio de que el Hospital Policial carezca de insumos, de que el Perú tenga la peor educación de los países de ingreso medio-alto. A cambio de ser incapaces de luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y de que la brecha de infraestructura siga creciendo. Porque, para todo lo anterior, se necesitan recursos.
¿Por qué es que la deuda agraria tiene precedente sobre la deuda a los fonavistas? ¿Será porque los fonavistas no tienen especuladores detrás que puedan organizarse para promover que el TC falle a favor, detallando incluso cómo debe proceder el MEF? ¿Por qué el CIP presenta una acción para beneficiar a intereses privados? ¿Quién estuvo detrás? ¿Por qué recién el decano del CIP sostiene que aquí hay irregularidades?
¿Será por esto que los recursos del Estado son llamados el Tesoro de la Nación?
sábado, 13 de julio de 2013
El pueblo no quiere más pan ni circo
Cuando la Constitución estableció que los miembros del TC debían ser nombrados con el voto de dos tercios de sus miembros lo que se buscaba era que los congresistas llegaran a un consenso. Que se pusieran los intereses del país por delante y que dejando de lado intereses partidarios, se nombren a los mejores para el cargo. Los miembros del TC no solo deben tener un conocimiento profundo de la ley, sino además una intachable trayectoria moral, absoluta independencia de criterio y una visión de la problemática jurídico-social-económica del país. Al resolver las causas el TC tiene que cuidar que el derecho de los ciudadanos y los objetivos constitucionales primen en sus decisiones.
Quienes sostienen que el mecanismo de nombramiento de los miembros del TC es malo, se equivocan. El problema es la falta de responsabilidad de los partidos, quienes desvirtuando completamente la Constitución, han optado por una vulgar repartija. El TC y la Defensoría se han convertido en un botín y los partidos han decidido que lo mejor es repartírselo de acuerdo a cuotas partidarias. La institucionalidad del país poco importa.
En el reparto ya no se cuidan ni las formas ni las vergüenzas.
¿Será que nos estamos acostumbrando a la mediocridad de la clase política? ¿A que todos defiendan sus intereses y ninguno los del país? Digamos que indignados estamos, pero no tanto como para salir a las calles a decirle al Gobierno que no queremos más que sus congresistas blinden a Toledo, que no queremos más que se repartan puestos claves, que no queremos más gente mediocre mamando del Estado.
Los ciudadanos no están dispuestos a salir a las calles ni a enfrentarse al Estado porque no tienen los incentivos necesarios. Los peruanos siguen creyendo que la ola de crecimiento económico nos arrastrará indubitablemente al desarrollo, y nos conseguirá una membresía en la OECD. Ilusamente, creen que poco importa lo que hagan los políticos en el Congreso, quiénes sean los vocales del TC o el Defensor del Pueblo. Aún no se han dado cuenta que la economía ha comenzado a desacelerarse, que el Perú está en la cola del índice de competitividad, y que cuando las papas quemen, van a ser esas autoridades de cuestionable calidad quienes tomarán decisiones que nos afectarán a todos.
El gran problema es el diseño institucional: no existen incentivos para que las autoridades rindan cuentas. Así, quienes son elegidos difícilmente representan a los electores. Quienes llegan al Congreso buscan defender sus intereses personales o partidarios, saben que probablemente solo tengan 5 años para hacerlo. Hoy no existe visión de país. Hoy en el Congreso hay que tomar lo que se pueda y salir corriendo. ¿Cómo explica sino, que pese a los cuestionamientos que hay a Rolando Sousa, Cayo Galindo, Víctor Mayorga y Pilar Freitas, el Congreso siga defendiendo sus nombramientos? Los ciudadanos estamos cansados de los papelones que hacen los congresistas en los programas cómicos, en los cumpleaños de sus lideresas y en los bautizos de sus ahijados. No los hemos llevado al poder para que sean los payasos del circo.
Quienes sostienen que el mecanismo de nombramiento de los miembros del TC es malo, se equivocan. El problema es la falta de responsabilidad de los partidos, quienes desvirtuando completamente la Constitución, han optado por una vulgar repartija. El TC y la Defensoría se han convertido en un botín y los partidos han decidido que lo mejor es repartírselo de acuerdo a cuotas partidarias. La institucionalidad del país poco importa.
En el reparto ya no se cuidan ni las formas ni las vergüenzas.
¿Será que nos estamos acostumbrando a la mediocridad de la clase política? ¿A que todos defiendan sus intereses y ninguno los del país? Digamos que indignados estamos, pero no tanto como para salir a las calles a decirle al Gobierno que no queremos más que sus congresistas blinden a Toledo, que no queremos más que se repartan puestos claves, que no queremos más gente mediocre mamando del Estado.
Los ciudadanos no están dispuestos a salir a las calles ni a enfrentarse al Estado porque no tienen los incentivos necesarios. Los peruanos siguen creyendo que la ola de crecimiento económico nos arrastrará indubitablemente al desarrollo, y nos conseguirá una membresía en la OECD. Ilusamente, creen que poco importa lo que hagan los políticos en el Congreso, quiénes sean los vocales del TC o el Defensor del Pueblo. Aún no se han dado cuenta que la economía ha comenzado a desacelerarse, que el Perú está en la cola del índice de competitividad, y que cuando las papas quemen, van a ser esas autoridades de cuestionable calidad quienes tomarán decisiones que nos afectarán a todos.
El gran problema es el diseño institucional: no existen incentivos para que las autoridades rindan cuentas. Así, quienes son elegidos difícilmente representan a los electores. Quienes llegan al Congreso buscan defender sus intereses personales o partidarios, saben que probablemente solo tengan 5 años para hacerlo. Hoy no existe visión de país. Hoy en el Congreso hay que tomar lo que se pueda y salir corriendo. ¿Cómo explica sino, que pese a los cuestionamientos que hay a Rolando Sousa, Cayo Galindo, Víctor Mayorga y Pilar Freitas, el Congreso siga defendiendo sus nombramientos? Los ciudadanos estamos cansados de los papelones que hacen los congresistas en los programas cómicos, en los cumpleaños de sus lideresas y en los bautizos de sus ahijados. No los hemos llevado al poder para que sean los payasos del circo.
sábado, 6 de julio de 2013
La clase política fallida
No tenemos Defensor del Pueblo, ni directores del BCR, ni miembros del TC. Tenemos una ministra que no controla su cartera, donaciones que se pierden en el camino, bienes embargados que son regalados en actos proselitistas por congresistas oficialistas. Una Ley de Servicio Civil y una Universitaria que nadie ha explicado. Empleados públicos tomando carreteras, la CGTP apedreando a policías, universitarios en las calles, pobladores movilizados por todo el Perú, un Premier sin correa y un Presidente "cosito".
Pilar Freitas, exprocuradora toledista, y Guido Lombardi son candidatos a Defensor del Pueblo. Yehude Simon renuncia a la bancada de APGC, Enrique Wong dice que renuncia pero Lourdes Alcorta aclara que no, que es solo un malentendido. PPK se muestra ofuscado, traicionado y sostiene que esa bancada no lo representa. Cuando los ofuscados y traicionados deberían ser todos aquellos ingenuos que votaron por PPK.
Alejandro Toledo desaparece. Perú Posible sostiene que el expresidente vendrá a dar explicaciones, que nada es cierto, que el cholo sigue siendo sano y sagrado. Su exvicepresidente replica que Eva Fernenbug nunca estuvo en la lista de los indemnizados por el Holocausto. Y el Perú se queda pensando que algo grande ocultan.
El PPC sostiene que es crítico de la gestión de la alcaldesa, olvidando que fue por ellos que Villarán sigue siendo alcaldesa. Es por la institucionalidad, dijeron. Cuando Villarán, y con ella todos los políticos, debieron recibir el mensaje claro: una autoridad incompetente e incapaz será revocada por el pueblo. Es un despilfarro, dijeron, y en el camino Villarán gasta 140% más en parques que en escaleras y muros. La ciudad es un caos y ella habría gastado S/.270 millones en consultorías. Pero el PPC quiere convencernos que cumple su rol, olvidando que el rol de un partido es el de ser una correa de transmisión de las necesidades de la población, para que así esa población no tenga que salir a las calles.
El sector fundamentalista del fujimorismo pretende poner sus creencias religiosas por encima de los intereses públicos que el Estado debe tutelar: el derecho a la vida de las mujeres embarazadas y el derecho a la educación sexual de los adolescentes. El Congreso elimina la orientación sexual como agravante en casos de discriminación.
Desde la izquierda se escuchan voces sosteniendo que lo que tenemos es un desprestigio de la clase política. ¡Qué novedad! Aunque aún no deciden si este es generado por la poca capacidad de los políticos.
Todos estos son síntomas de una enfermedad: la falta de una democracia funcional. Para que una democracia funcione se necesita que los ciudadanos tengan confianza en el Estado, esto es que sepan que el Estado va a responder imponiendo orden y seguridad, controlando la violencia, administrando justicia, defendiendo derechos de propiedad y garantizando libertades civiles, políticas y económicas. Pero además se necesita el respeto de los ciudadanos a la autoridad. En el Perú no existe ninguno. Lo que tenemos es una falta de representación política real. Esta es la verdadera debilidad institucional del Perú. La misma que afecta a Brasil, Egipto y Turquía.
Pilar Freitas, exprocuradora toledista, y Guido Lombardi son candidatos a Defensor del Pueblo. Yehude Simon renuncia a la bancada de APGC, Enrique Wong dice que renuncia pero Lourdes Alcorta aclara que no, que es solo un malentendido. PPK se muestra ofuscado, traicionado y sostiene que esa bancada no lo representa. Cuando los ofuscados y traicionados deberían ser todos aquellos ingenuos que votaron por PPK.
Alejandro Toledo desaparece. Perú Posible sostiene que el expresidente vendrá a dar explicaciones, que nada es cierto, que el cholo sigue siendo sano y sagrado. Su exvicepresidente replica que Eva Fernenbug nunca estuvo en la lista de los indemnizados por el Holocausto. Y el Perú se queda pensando que algo grande ocultan.
El PPC sostiene que es crítico de la gestión de la alcaldesa, olvidando que fue por ellos que Villarán sigue siendo alcaldesa. Es por la institucionalidad, dijeron. Cuando Villarán, y con ella todos los políticos, debieron recibir el mensaje claro: una autoridad incompetente e incapaz será revocada por el pueblo. Es un despilfarro, dijeron, y en el camino Villarán gasta 140% más en parques que en escaleras y muros. La ciudad es un caos y ella habría gastado S/.270 millones en consultorías. Pero el PPC quiere convencernos que cumple su rol, olvidando que el rol de un partido es el de ser una correa de transmisión de las necesidades de la población, para que así esa población no tenga que salir a las calles.
El sector fundamentalista del fujimorismo pretende poner sus creencias religiosas por encima de los intereses públicos que el Estado debe tutelar: el derecho a la vida de las mujeres embarazadas y el derecho a la educación sexual de los adolescentes. El Congreso elimina la orientación sexual como agravante en casos de discriminación.
Desde la izquierda se escuchan voces sosteniendo que lo que tenemos es un desprestigio de la clase política. ¡Qué novedad! Aunque aún no deciden si este es generado por la poca capacidad de los políticos.
Todos estos son síntomas de una enfermedad: la falta de una democracia funcional. Para que una democracia funcione se necesita que los ciudadanos tengan confianza en el Estado, esto es que sepan que el Estado va a responder imponiendo orden y seguridad, controlando la violencia, administrando justicia, defendiendo derechos de propiedad y garantizando libertades civiles, políticas y económicas. Pero además se necesita el respeto de los ciudadanos a la autoridad. En el Perú no existe ninguno. Lo que tenemos es una falta de representación política real. Esta es la verdadera debilidad institucional del Perú. La misma que afecta a Brasil, Egipto y Turquía.
sábado, 29 de junio de 2013
Hagamos de cuenta
¿Puede un no-nacido tener más derechos que una mujer? ¿Es que el derecho a la vida del no-nacido puede estar por encima del derecho a la vida de la madre? Para la Comisión de la Mujer del Congreso: sí. La mujer en el Perú deberá sacrificar su vida, y con ella probablemente la del no-nacido, antes de poder someterse a un aborto.
El aborto terapéutico fue legalizado en el Perú en 1924. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe un protocolo que permita a las mujeres peruanas acceder a él.
El aborto NO es un método anticonceptivo ni debe ser usado como método de control de la natalidad. Sin embargo, pretender que en el Perú el aborto no existe porque es ilegal es como pretender que no existe pobreza porque los alcaldes de Miraflores, Surco y San Isidro les prohibieron la entrada a los mendigos a sus distritos, o porque si miramos para el otro lado ese niñito pobre vendiendo caramelos en la esquina desaparecerá arrastrado por la ola de crecimiento económico. El aborto es una realidad, como lo es que 1 de cada 5 niños esté desnutrido, que 1 de cada 3 peruanos viva en pobreza, que el 45% de los embarazos sea no deseado y que el 69% de las mujeres peruanas entre los 15-49 haya sufrido violencia física o sexual.
Se calcula que en el Perú ocurren más de 400,000 abortos al año en condiciones insalubres que ponen en riesgo la vida de la mujer. El aborto es la tercera causa de mortalidad materna en el Perú y por ello un problema de salud pública. Pero si quiere, seguimos haciendo de cuenta que en el Perú nadie aborta porque está prohibido. Olvidemos que, como todo en el Perú, el que tiene dinero todo lo puede. Las mujeres de los sectores A y B no tienen riesgo alguno, ellas abortan cómodamente en los consultorios de sus médicos. Mientras que las de D y E recurren a comadronas, curanderos o lo "resuelven" comprando unas pastillas para la úlcera en la farmacia.
Las mujeres peruanas aún somos consideradas incapaces legales, seres inferiores que necesitan de la protección de los hombres y del Estado. Seres etéreos que pasan de ser protegidas por sus padres a serlo por sus maridos. Incapaces de tomar decisiones por cuenta propia, incapaces de poner nuestra vida por encima de la de un no-nacido. Porque para todos los efectos, las mujeres somos prescindibles, ciudadanos de segunda en una sociedad machista donde nuestras ideas no se discuten, basta con que nos llamen putas para descalificarnos.
Una sociedad donde el TC limitó el acceso de las mujeres pobres a la píldora del día siguiente, porque las mujeres 'sufrimos' de incapacidad para tomar decisiones y es el Estado el llamado a tomarlas por nosotras. Ahora, quien tenga dinero puede comprarla en cualquier farmacia. ¿Es que acaso esto no es una muestra de inequidad?
¿Si fuesen los hombres quienes llevaran el embarazo, usted cree que seguiríamos discutiendo la legalidad del aborto o ya hace rato sería un derecho adquirido?
El aborto terapéutico fue legalizado en el Perú en 1924. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe un protocolo que permita a las mujeres peruanas acceder a él.
El aborto NO es un método anticonceptivo ni debe ser usado como método de control de la natalidad. Sin embargo, pretender que en el Perú el aborto no existe porque es ilegal es como pretender que no existe pobreza porque los alcaldes de Miraflores, Surco y San Isidro les prohibieron la entrada a los mendigos a sus distritos, o porque si miramos para el otro lado ese niñito pobre vendiendo caramelos en la esquina desaparecerá arrastrado por la ola de crecimiento económico. El aborto es una realidad, como lo es que 1 de cada 5 niños esté desnutrido, que 1 de cada 3 peruanos viva en pobreza, que el 45% de los embarazos sea no deseado y que el 69% de las mujeres peruanas entre los 15-49 haya sufrido violencia física o sexual.
Se calcula que en el Perú ocurren más de 400,000 abortos al año en condiciones insalubres que ponen en riesgo la vida de la mujer. El aborto es la tercera causa de mortalidad materna en el Perú y por ello un problema de salud pública. Pero si quiere, seguimos haciendo de cuenta que en el Perú nadie aborta porque está prohibido. Olvidemos que, como todo en el Perú, el que tiene dinero todo lo puede. Las mujeres de los sectores A y B no tienen riesgo alguno, ellas abortan cómodamente en los consultorios de sus médicos. Mientras que las de D y E recurren a comadronas, curanderos o lo "resuelven" comprando unas pastillas para la úlcera en la farmacia.
Las mujeres peruanas aún somos consideradas incapaces legales, seres inferiores que necesitan de la protección de los hombres y del Estado. Seres etéreos que pasan de ser protegidas por sus padres a serlo por sus maridos. Incapaces de tomar decisiones por cuenta propia, incapaces de poner nuestra vida por encima de la de un no-nacido. Porque para todos los efectos, las mujeres somos prescindibles, ciudadanos de segunda en una sociedad machista donde nuestras ideas no se discuten, basta con que nos llamen putas para descalificarnos.
Una sociedad donde el TC limitó el acceso de las mujeres pobres a la píldora del día siguiente, porque las mujeres 'sufrimos' de incapacidad para tomar decisiones y es el Estado el llamado a tomarlas por nosotras. Ahora, quien tenga dinero puede comprarla en cualquier farmacia. ¿Es que acaso esto no es una muestra de inequidad?
¿Si fuesen los hombres quienes llevaran el embarazo, usted cree que seguiríamos discutiendo la legalidad del aborto o ya hace rato sería un derecho adquirido?
sábado, 22 de junio de 2013
El movimiento Libertad
El hijo garante del marqués garante ha salido esta semana a advertirnos de los peligros que corremos con el presidente Humala. Parece haber olvidado, de pronto, que fue él quien le garantizó al Perú -poniendo el marquesado de su padre como garantía, porque valgan verdades él no tiene nada propio que ofrecer más que ser el hijo de su padre- que Ollanta había olvidado la Gran Transformación. Alvarito nos aseguró que la única forma en que el Perú seguiría siendo un país democrático era si elegíamos a Ollanta, quien era el elegido que llevaría al Perú por el camino del bien. ¿Cómo es entonces que tiene cara ahora para advertirnos de los peligros que corremos? Es que parecería que de pronto olvidó el papelón que hizo frente al Perú entero cuando, subido en el estrado del mitin de cierre de campaña del entonces candidato, pretendía discursear. Pobre escena la de Alvarito con discurso a medias, cortado por la entrada del expresidente
Toledo, su esposa la encantadora Eliane y la pareja que hoy gobierna y que pretende postular a una reelección conyugal. Pero Alvarito no se queda ahí, hace un par de días felicitó a la Defensoría del Pueblo por su decisión de oponerse al Servicio Militar Obligatorio.
¿Que pensará el ministro Cateriano, muy cercano al marqués, de estas declaraciones? No olvidemos que el ministro Cateriano es un alzado defensor del Servicio Militar Obligatorio. Aquel que discrimina abiertamente entre los ciudadanos, demostrando una vez más que en el Perú todo se compra y todo se vende. Alzado Cateriano, escudándose en lo que él y sus amigos llaman "sus credenciales democráticas", se atreve a sostener que la Defensoría del Pueblo tiene un "tufillo político", ha amenazado al Poder Judicial diciéndole que deberá asumir las consecuencias y se queja de que desde el Congreso hay una oposición virulenta al Gobierno.
El ministro Cateriano ha sido deslumbrado por las circulinas, los honores militares y el efímero poder que cree tener. Cateriano da vergüenza ajena al mostrarse incapaz de resolver el problema de poder dentro del CAEM, habiendo tenido que agachar la cabeza ante el verdadero poder: el del asesor presidencial Villafuerte. El ministro parece haber olvidado aquellos principios libertarios que en los ochentas lo llevaron a formar parte del movimiento Libertad.
Mientras tanto, el marqués garante guarda silencio sobre el despropósito del servicio militar, la frustrada compra de Repsol y el descarado blindaje al expresidente Toledo. Quizás se deba a que su apoyo ha quedado totalmente hipotecado al Gobierno debido a la decisión del Presidente de satisfacer los más bajos deseos del marqués, aquella venganza que lo envenena: el que Fujimori muera en la cárcel.
El poder sin duda obnubila, hace perder la perspectiva, lo llena al que lo ostenta de una sensación de estar por encima del bien y del mal, de ser intocable. Cuando el poder cae en manos de quien no está a la altura, desnuda sus debilidades, angustias, ambiciones y miserias. Estos son los liberales que alguna vez quisieron gobernar el Perú. Con ustedes el Movimiento Libertad.
Toledo, su esposa la encantadora Eliane y la pareja que hoy gobierna y que pretende postular a una reelección conyugal. Pero Alvarito no se queda ahí, hace un par de días felicitó a la Defensoría del Pueblo por su decisión de oponerse al Servicio Militar Obligatorio.
¿Que pensará el ministro Cateriano, muy cercano al marqués, de estas declaraciones? No olvidemos que el ministro Cateriano es un alzado defensor del Servicio Militar Obligatorio. Aquel que discrimina abiertamente entre los ciudadanos, demostrando una vez más que en el Perú todo se compra y todo se vende. Alzado Cateriano, escudándose en lo que él y sus amigos llaman "sus credenciales democráticas", se atreve a sostener que la Defensoría del Pueblo tiene un "tufillo político", ha amenazado al Poder Judicial diciéndole que deberá asumir las consecuencias y se queja de que desde el Congreso hay una oposición virulenta al Gobierno.
El ministro Cateriano ha sido deslumbrado por las circulinas, los honores militares y el efímero poder que cree tener. Cateriano da vergüenza ajena al mostrarse incapaz de resolver el problema de poder dentro del CAEM, habiendo tenido que agachar la cabeza ante el verdadero poder: el del asesor presidencial Villafuerte. El ministro parece haber olvidado aquellos principios libertarios que en los ochentas lo llevaron a formar parte del movimiento Libertad.
Mientras tanto, el marqués garante guarda silencio sobre el despropósito del servicio militar, la frustrada compra de Repsol y el descarado blindaje al expresidente Toledo. Quizás se deba a que su apoyo ha quedado totalmente hipotecado al Gobierno debido a la decisión del Presidente de satisfacer los más bajos deseos del marqués, aquella venganza que lo envenena: el que Fujimori muera en la cárcel.
El poder sin duda obnubila, hace perder la perspectiva, lo llena al que lo ostenta de una sensación de estar por encima del bien y del mal, de ser intocable. Cuando el poder cae en manos de quien no está a la altura, desnuda sus debilidades, angustias, ambiciones y miserias. Estos son los liberales que alguna vez quisieron gobernar el Perú. Con ustedes el Movimiento Libertad.
sábado, 15 de junio de 2013
La vieja excusa de la credencial democrática
En reciente visita a Washington, el Presidente criticó la falta de partidos serios e institucionales en el Perú. Refiriéndose al fujimorismo, sostuvo que existían partidos que llevan el nombre de su líder pero que no eran nada. ¿Será que Gana Perú es un partido serio e institucionalizado? Los constantes golpes que el Presidente le propina al exmandatario García son ya cansinos. Aunque debo reconocer que disfruto el arte con la que el ultimo de los devuelve.
Si el Presidente y su esposa no están interesados en la reelección conyugal, ¿por qué se preocupan tanto en atacar a los posibles candidatos del 2016? ¿Un presidente que no tiene el incentivo de una reelección, qué interés puede tener en los candidatos a la próxima elección? Debería más bien preocuparse por gobernar, resolver los problemas de seguridad ciudadana, desnutrición infantil, educación y por conseguir una mejor ministra de Inclusión Social. ¿O será que lo de la reelección conyugal no es un invento de la oposición?
El generoso aumento en recursos para la Dini de 18 a 110 millones de soles, las denuncias sobre posibles reglajes a opositores al régimen, pero sobre todo, que la denuncia presentada en la comisaría haya sido modificada y el cambio de nombre de la supuesta agente es una muestra de que difícilmente la oposición está inventando denuncias. Si no hay interés en la reelección conyugal, ¿por qué invertir en un reglaje a opositores políticos?
Para la caviarada todos los ministros del régimen fujimorista debían haber conocido, sin excepción, lo que sucedía en el SIN, incluyendo los actos de corrupción y de compra de congresistas y empresarios. Entonces, siendo públicas ahora las denuncias de las actividades que vendría realizando la Dini, el oscuro asesor Villafuerte y demás militares que rodean al Presidente, ¿cómo es posible que periodistas y columnistas sostengan que estos actos no son responsabilidad ni del Premier ni de los ministros, porque ellos tienen credenciales democráticas que los respaldan?
Valdría la pena recordar que las credenciales democráticas no son títulos académicos que se obtienen y que uno ostenta para toda la vida. Las credenciales democráticas se ganan día a día, demostrando no solo respeto a la democracia y al Estado de Derecho sino también a los principios que los acompañan, como la transparencia, la rendición de cuentas, la igualdad ante la ley y el derecho al debido proceso, entre tantos otros. Pero más aún, las credenciales democráticas se obtienen cuando se está en el Gobierno, cuando se tiene poder y cuando pese a ello no se pierde la perspectiva y se actúa con honestidad, decencia y con visión de país. Las credenciales democráticas no se obtienen cuando uno navega cómodamente por la oposición.
Así que harían bien todos aquellos que hoy se sientan en el Consejo de Ministros en no esconderse detrás de supuestas credenciales democráticas y de amigos marqueses, pues son ellos quienes tienen que rendirle cuentas al país.
¿Qué opinará aquel que también dice ostentar credenciales democráticas y que lavaba banderas y embasuraba ministros en el 2000 y hoy circula por los pasillos de Palacio como flamante asesor? ¿Será que poder mata credencial democrática como billetera mata galán?
Si el Presidente y su esposa no están interesados en la reelección conyugal, ¿por qué se preocupan tanto en atacar a los posibles candidatos del 2016? ¿Un presidente que no tiene el incentivo de una reelección, qué interés puede tener en los candidatos a la próxima elección? Debería más bien preocuparse por gobernar, resolver los problemas de seguridad ciudadana, desnutrición infantil, educación y por conseguir una mejor ministra de Inclusión Social. ¿O será que lo de la reelección conyugal no es un invento de la oposición?
El generoso aumento en recursos para la Dini de 18 a 110 millones de soles, las denuncias sobre posibles reglajes a opositores al régimen, pero sobre todo, que la denuncia presentada en la comisaría haya sido modificada y el cambio de nombre de la supuesta agente es una muestra de que difícilmente la oposición está inventando denuncias. Si no hay interés en la reelección conyugal, ¿por qué invertir en un reglaje a opositores políticos?
Para la caviarada todos los ministros del régimen fujimorista debían haber conocido, sin excepción, lo que sucedía en el SIN, incluyendo los actos de corrupción y de compra de congresistas y empresarios. Entonces, siendo públicas ahora las denuncias de las actividades que vendría realizando la Dini, el oscuro asesor Villafuerte y demás militares que rodean al Presidente, ¿cómo es posible que periodistas y columnistas sostengan que estos actos no son responsabilidad ni del Premier ni de los ministros, porque ellos tienen credenciales democráticas que los respaldan?
Valdría la pena recordar que las credenciales democráticas no son títulos académicos que se obtienen y que uno ostenta para toda la vida. Las credenciales democráticas se ganan día a día, demostrando no solo respeto a la democracia y al Estado de Derecho sino también a los principios que los acompañan, como la transparencia, la rendición de cuentas, la igualdad ante la ley y el derecho al debido proceso, entre tantos otros. Pero más aún, las credenciales democráticas se obtienen cuando se está en el Gobierno, cuando se tiene poder y cuando pese a ello no se pierde la perspectiva y se actúa con honestidad, decencia y con visión de país. Las credenciales democráticas no se obtienen cuando uno navega cómodamente por la oposición.
Así que harían bien todos aquellos que hoy se sientan en el Consejo de Ministros en no esconderse detrás de supuestas credenciales democráticas y de amigos marqueses, pues son ellos quienes tienen que rendirle cuentas al país.
¿Qué opinará aquel que también dice ostentar credenciales democráticas y que lavaba banderas y embasuraba ministros en el 2000 y hoy circula por los pasillos de Palacio como flamante asesor? ¿Será que poder mata credencial democrática como billetera mata galán?
sábado, 8 de junio de 2013
Alberto Fujimori
Ollanta Humala sin duda no pasará a la historia como estadista y mucho menos por su grandeza. Si el expresidente Alberto Fujimori fallece en prisión, probablemente Ollanta Humala pasará a la historia por catapultar a Keiko Fujimori a la Presidencia de la República. Precisamente algo que la caviarada, el marqués garante y la izquierda recalcitrante quieren evitar a toda costa. Esa clase política que hizo carrera y se enriqueció por perseguir a Fujimori y por engrandecer sus responsabilidades políticas y convertirlas en delitos de lesa humanidad.
Las declaraciones del ministro Figallo no sorprenden, la caviarada sostiene que Fujimori fue sentenciado por delitos de lesa humanidad, cuando sabemos bien que eso es mentira. Sabemos bien que desde España se digitó una sentencia; están los correos para probarlo, donde se montó una estrategia previa al inicio del proceso para lograr condenarlo. ¿Es Fujimori responsable de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta? No, no lo creo. Y si él lo fuera, Belaunde tendría que ser responsable de la política de tierra arrasada implementada durante su gobierno y García de las desapariciones de campesinos, los asesinatos del Comando Rodrigo Franco y las matanzas de los penales durante el suyo.
Este proceso no ha sido más que una cortina de humo que ha servido para que el Presidente negocie con la valiente clase política y el empresariado peruano. Los primeros responsables de la debacle del Perú en los ochentas, incapaces de entender el país desde sus elegantes oficinas limeñas, incapaces de tomar decisiones, incapaces de asumir responsabilidades. Valientes a la hora de dar discursos y vanagloriarse de supuestos logros democráticos, incapaces de manejar un país, incapaces de enfrentarse a Sendero. Los segundos, esos empresarios peruanos expertos en capturar rentas y servirse del Estado, que se pasaron los noventas moviéndole la cola al "Chino" y celebrando su valentía y liderazgo. Incapaces de defender ideas, incapaces de tener una visión de país, incapaces de sentir compasión por la pobreza, incapaces de trabajar por hacer del Perú un país grande. Porque si la reducción de la pobreza se debe al crecimiento económico no es porque los empresarios hayan decidido compartir la prosperidad sino porque, como bien decía Toledo, chorrearon lo que les sobraba. Y ahora se pavonean con sus gerencias de Responsabilidad Social Empresarial, pero ponen como gerentes a gente que tampoco entiende el Perú y que de desarrollo no sabe nada. Porque, no se equivoque, en el Perú no tenemos valor por nuestras ideas ni por nuestro compromiso con principios sino por el tamaño de nuestras billeteras.
Nunca voté por Fujimori y me opuse a la re-reelección. He cuestionado muchas de las políticas implementadas durante su gobierno y a mucha gente que lo rodeó. Siempre creí que Fujimori no debía pedir el indulto y así lo hice saber. Fujimori debió emplear y agotar todo mecanismo legal para cuestionar una sentencia absolutamente irregular. Porque si moría en el intento, habría dejado una lección para el Perú de valentía y de convicción con sus ideas y principios, cualesquiera que estos fueran. Ollanta Humala le ha devuelto esa oportunidad.
Las declaraciones del ministro Figallo no sorprenden, la caviarada sostiene que Fujimori fue sentenciado por delitos de lesa humanidad, cuando sabemos bien que eso es mentira. Sabemos bien que desde España se digitó una sentencia; están los correos para probarlo, donde se montó una estrategia previa al inicio del proceso para lograr condenarlo. ¿Es Fujimori responsable de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta? No, no lo creo. Y si él lo fuera, Belaunde tendría que ser responsable de la política de tierra arrasada implementada durante su gobierno y García de las desapariciones de campesinos, los asesinatos del Comando Rodrigo Franco y las matanzas de los penales durante el suyo.
Este proceso no ha sido más que una cortina de humo que ha servido para que el Presidente negocie con la valiente clase política y el empresariado peruano. Los primeros responsables de la debacle del Perú en los ochentas, incapaces de entender el país desde sus elegantes oficinas limeñas, incapaces de tomar decisiones, incapaces de asumir responsabilidades. Valientes a la hora de dar discursos y vanagloriarse de supuestos logros democráticos, incapaces de manejar un país, incapaces de enfrentarse a Sendero. Los segundos, esos empresarios peruanos expertos en capturar rentas y servirse del Estado, que se pasaron los noventas moviéndole la cola al "Chino" y celebrando su valentía y liderazgo. Incapaces de defender ideas, incapaces de tener una visión de país, incapaces de sentir compasión por la pobreza, incapaces de trabajar por hacer del Perú un país grande. Porque si la reducción de la pobreza se debe al crecimiento económico no es porque los empresarios hayan decidido compartir la prosperidad sino porque, como bien decía Toledo, chorrearon lo que les sobraba. Y ahora se pavonean con sus gerencias de Responsabilidad Social Empresarial, pero ponen como gerentes a gente que tampoco entiende el Perú y que de desarrollo no sabe nada. Porque, no se equivoque, en el Perú no tenemos valor por nuestras ideas ni por nuestro compromiso con principios sino por el tamaño de nuestras billeteras.
Nunca voté por Fujimori y me opuse a la re-reelección. He cuestionado muchas de las políticas implementadas durante su gobierno y a mucha gente que lo rodeó. Siempre creí que Fujimori no debía pedir el indulto y así lo hice saber. Fujimori debió emplear y agotar todo mecanismo legal para cuestionar una sentencia absolutamente irregular. Porque si moría en el intento, habría dejado una lección para el Perú de valentía y de convicción con sus ideas y principios, cualesquiera que estos fueran. Ollanta Humala le ha devuelto esa oportunidad.
sábado, 1 de junio de 2013
"No le permito, señor Toledo"
En la última cumbre de los países desarrollados congregados en el G-8, y que agrupa a EE.UU., Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Rusia y Japón, se incluyó como tema crucial de la agenda internacional la regulación y transparencia de las compañías y cuentas offshore. Las cuentas offshore creadas generalmente en paraísos fiscales buscan evadir impuestos en sus países de origen y/o esconder la existencia de ese dinero. Estas famosas cuentas offshore esconden a sus dueños tras cascarones, empresas creadas con la única finalidad de ser propietarias de la cuenta. A través de ellas no solo se esconden los verdaderos dueños, sino también el origen del dinero.
El Grupo de los 8 está decidido a formar una alianza internacional para luchar contra la evasión tributaria y la corrupción. Porque si algo campea en las cuentas offshore es la falta de transparencia. Mire nomás el ya famoso caso de la offshore de la suegra octogenaria del expresidente Toledo. ¿Cómo puede ser que aquel expresidente que dice ser un "hombre de mundo", que dicta conferencias en todos los países y que "lucha" globalmente contra la corrupción y en favor de la democracia, "ayude" a su familia a tener compañías offshore? Porque recordemos que él acompañó a su suegra a Costa Rica. Ah no, perdón, esa fue una versión anterior. En la actual, él fue solo a Costa Rica a dictar una conferencia, que parece cancelaron y no le avisaron, porque en esa fecha no hubo ninguna conferencia. ¿No debería este expresidente y conferencista internacional ser un ejemplo de transparencia?
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) creó a fines del 2005 una central de información de todos los funcionarios públicos que recogía los resúmenes de sus declaraciones juradas, la información de la institución en la que trabajaban, la condición de contratación y sus ingresos. Esta iba a ser entregada a los sujetos obligados del Sistema de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Silafit) para que estos bancos, financieras y empresas puedan verificar si un cliente siendo funcionario público realizaba operaciones inusuales o sospechosas. Además iba a ser entregada a otras Unidades de Inteligencia Financiera del exterior, para que se la den a sus sujetos obligados para que puedan detectar operaciones sospechosas en el extranjero y así combatir la corrupción. ¿Sabe qué sucedió? Luego de haber sido anunciada públicamente (revise periódicos de enero del 2006), alguien del gobierno del presidente Toledo decidió que mejor no. Y la central de información desapareció. ¿Contará esos detalles en sus conferencias internacionales?
En su presentación ante el Congreso, el expresidente se dirigió a la bancada fujimorista diciendo: "amigos, el tema de hace 13 años ya pasó. No tengo rencor, ya pasó. No me voy a volver a pronunciar sobre el tema. Solo los animales no cambian". ¿Qué es lo que quiso decir exactamente el expresidente? Porque, no sé usted, pero como yo recuerdo las cosas, fue Toledo el verdugo del fujimorismo y no al revés. ¿Cuántos fujimoristas tendrán ganas de decirle, utilizando sus propias palabras: "No le permito, señor Toledo"?
El Grupo de los 8 está decidido a formar una alianza internacional para luchar contra la evasión tributaria y la corrupción. Porque si algo campea en las cuentas offshore es la falta de transparencia. Mire nomás el ya famoso caso de la offshore de la suegra octogenaria del expresidente Toledo. ¿Cómo puede ser que aquel expresidente que dice ser un "hombre de mundo", que dicta conferencias en todos los países y que "lucha" globalmente contra la corrupción y en favor de la democracia, "ayude" a su familia a tener compañías offshore? Porque recordemos que él acompañó a su suegra a Costa Rica. Ah no, perdón, esa fue una versión anterior. En la actual, él fue solo a Costa Rica a dictar una conferencia, que parece cancelaron y no le avisaron, porque en esa fecha no hubo ninguna conferencia. ¿No debería este expresidente y conferencista internacional ser un ejemplo de transparencia?
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) creó a fines del 2005 una central de información de todos los funcionarios públicos que recogía los resúmenes de sus declaraciones juradas, la información de la institución en la que trabajaban, la condición de contratación y sus ingresos. Esta iba a ser entregada a los sujetos obligados del Sistema de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Silafit) para que estos bancos, financieras y empresas puedan verificar si un cliente siendo funcionario público realizaba operaciones inusuales o sospechosas. Además iba a ser entregada a otras Unidades de Inteligencia Financiera del exterior, para que se la den a sus sujetos obligados para que puedan detectar operaciones sospechosas en el extranjero y así combatir la corrupción. ¿Sabe qué sucedió? Luego de haber sido anunciada públicamente (revise periódicos de enero del 2006), alguien del gobierno del presidente Toledo decidió que mejor no. Y la central de información desapareció. ¿Contará esos detalles en sus conferencias internacionales?
En su presentación ante el Congreso, el expresidente se dirigió a la bancada fujimorista diciendo: "amigos, el tema de hace 13 años ya pasó. No tengo rencor, ya pasó. No me voy a volver a pronunciar sobre el tema. Solo los animales no cambian". ¿Qué es lo que quiso decir exactamente el expresidente? Porque, no sé usted, pero como yo recuerdo las cosas, fue Toledo el verdugo del fujimorismo y no al revés. ¿Cuántos fujimoristas tendrán ganas de decirle, utilizando sus propias palabras: "No le permito, señor Toledo"?
sábado, 25 de mayo de 2013
El virrey Toledo
La defensa cerrada de los peruposibilistas a su líder ha resultado en un ejercicio patético. Y no sé si a usted, pero la falta de dignidad de la clase política me hace dudar si es que nuestros padres de la patria actúan en base a principios democráticos, como la igualdad ante la ley, o si es que estos principios pueden saltarse nomás cuando hay intereses que defender.
Toledo acepta haber acompañado a su suegra a Costa Rica pero niega tener algo que ver con las compras de propiedades. "Es un negocio entre Josef Maiman y la señora Fernenbug", ha dicho. Que alguien me explique por qué un multimillonario empresario judío estaría interesado en otorgarle un aval por 20 millones de dólares a una señora octogenaria sin historial empresarial para que haga inversiones inmobiliarias. ¿Qué hay para Maiman en todo esto?
Las versiones de Toledo son varias y se contradicen. Primero sostuvo que el dinero para la compra de la casa de Las Casuarinas provenía de recursos propios de la Sra. Fernenbug –entre ellos la indemnización del gobierno alemán por el Holocausto-, que el pago se realizó a través de transferencias bancarias; después vino la rectificación notarial y unos supuestos cheques de gerencia. Espérese, ahora habría un aval, una hipoteca y tres bancos involucrados, pero registros públicos no tiene ni inscrita la hipoteca ni la partida bloqueada. Sobre la casita en el club de Golf Avenel en Potomac, el suburbio más caro de Washington DC, ha dicho que no es suya y que él solo la alquilaba. Entonces, que nos muestre el contrato de alquiler, el mismo que debería estar registrado en el estado de Maryland.
Si Toledo lideró la Marcha de los Cuatro Suyos con vincha y bandera en mano contra el gobierno de Fujimori, ¿eso lo convierte en un demócrata o lo hace una persona que supo aprovechar una oportunidad para llegar al poder? Si durante su gobierno se investigó (y en muchos casos se persiguió injustamente) y juzgó a exministros fujimoristas, ¿fue porque es un luchador contra la corrupción o simplemente supo aprovechar la oportunidad de terminar de destruir lo poco que quedaba de la imagen de eficiencia del gobierno anterior?
¿Por qué Toledo nos dice que esto no es más que un ataque de sus enemigos?, ¿por qué sostiene que a él no se le puede investigar al haber sido siempre "un luchador contra la corrupción"? Suponiendo que ello fuese cierto, ¿eso lo hace inimputable o lo pone por encima de la ley? Toledo y su séquito parecen haber olvidado que en un Estado de Derecho él, como cualquier otro ciudadano, está obligado a someterse a las investigaciones que correspondan.
A estas alturas son demasiados los indicios de posibles actos irregulares como para que zares anticorrupción se presten a blindar al expresidente Toledo. ¿No le parece?
Carmen Omonte ha cerrado su defensa sosteniendo que "mas allá de Toledo, Perú Posible tiene derecho a tener un futuro". Gracioso que el futuro que ella exige hoy para su partido sea el mismo que sistemáticamente se le niega al fujimorismo.
Toledo acepta haber acompañado a su suegra a Costa Rica pero niega tener algo que ver con las compras de propiedades. "Es un negocio entre Josef Maiman y la señora Fernenbug", ha dicho. Que alguien me explique por qué un multimillonario empresario judío estaría interesado en otorgarle un aval por 20 millones de dólares a una señora octogenaria sin historial empresarial para que haga inversiones inmobiliarias. ¿Qué hay para Maiman en todo esto?
Las versiones de Toledo son varias y se contradicen. Primero sostuvo que el dinero para la compra de la casa de Las Casuarinas provenía de recursos propios de la Sra. Fernenbug –entre ellos la indemnización del gobierno alemán por el Holocausto-, que el pago se realizó a través de transferencias bancarias; después vino la rectificación notarial y unos supuestos cheques de gerencia. Espérese, ahora habría un aval, una hipoteca y tres bancos involucrados, pero registros públicos no tiene ni inscrita la hipoteca ni la partida bloqueada. Sobre la casita en el club de Golf Avenel en Potomac, el suburbio más caro de Washington DC, ha dicho que no es suya y que él solo la alquilaba. Entonces, que nos muestre el contrato de alquiler, el mismo que debería estar registrado en el estado de Maryland.
Si Toledo lideró la Marcha de los Cuatro Suyos con vincha y bandera en mano contra el gobierno de Fujimori, ¿eso lo convierte en un demócrata o lo hace una persona que supo aprovechar una oportunidad para llegar al poder? Si durante su gobierno se investigó (y en muchos casos se persiguió injustamente) y juzgó a exministros fujimoristas, ¿fue porque es un luchador contra la corrupción o simplemente supo aprovechar la oportunidad de terminar de destruir lo poco que quedaba de la imagen de eficiencia del gobierno anterior?
¿Por qué Toledo nos dice que esto no es más que un ataque de sus enemigos?, ¿por qué sostiene que a él no se le puede investigar al haber sido siempre "un luchador contra la corrupción"? Suponiendo que ello fuese cierto, ¿eso lo hace inimputable o lo pone por encima de la ley? Toledo y su séquito parecen haber olvidado que en un Estado de Derecho él, como cualquier otro ciudadano, está obligado a someterse a las investigaciones que correspondan.
A estas alturas son demasiados los indicios de posibles actos irregulares como para que zares anticorrupción se presten a blindar al expresidente Toledo. ¿No le parece?
Carmen Omonte ha cerrado su defensa sosteniendo que "mas allá de Toledo, Perú Posible tiene derecho a tener un futuro". Gracioso que el futuro que ella exige hoy para su partido sea el mismo que sistemáticamente se le niega al fujimorismo.
sábado, 18 de mayo de 2013
Frustrado, frustrado, no. Bueno, un poquito... (Bongo Dixit)
En una entrevista reciente el exministro de Comercio Exterior Alfredo Ferrero, hoy secretario de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, sostuvo que el problema de los músicos peruanos es su falta de calidad. Por ello, no suenan en radios ni hacen "clic" con el público.
Ferrero considera que la ley no puede obligar a las radios a pasar un contenido mínimo de música nacional, olvidando convenientemente que la ley ya existe y que no solo obliga a las radios a que 30% de sus contenidos sean producciones nacionales, sino que además condiciona la renovación de la licencia a que esta obligación se haya cumplido.
Cuando se le recordó la existencia de la ley, Ferrero haciendo uso de una "leguleyada" sostuvo que cuando la ley estableció la cuota de contenidos nacionales no se refería a la música sino al locutor, al programador y a la presentación del programa. Por ello, dijo, la cuota está cumplida en exceso. Esta es una burda forma de evitar, de manera abusiva, cumplir con la ley. ¿Es que alguien duda que cuando la ley habla de contenidos a lo que se refiere es a la música?
Artículos posteriores buscaron justificar a Ferrero desde una posición liberal, sosteniendo que una ley no debe obligar a una empresa privada a cumplir con una cuota porque esto atenta contra la libertad de empresa y contra los consumidores. Sin embargo, nuevamente dejaron de lado el hecho de que la ley ya existe. En un Estado de Derecho ninguna persona, natural o jurídica, puede estar por encima de la ley. ¿Cómo es entonces que tan sesudos artículos liberales dejan de lado lo que la ley manda? ¿Son fundamentalistas para defender el mercado pero no la soberanía de la ley? Esta es una muestra de cómo en el Perú si una ley no me gusta, no la cumplo y ya.
Los músicos peruanos están tratando de lograr que las radios le den una oportunidad de difusión a la música peruana en todos sus géneros, y que cumpliendo la ley permitan que los consumidores decidan si quieren seguir escuchándola o no. Nuestros músicos buscan tener igualdad de oportunidades para difundir su música. Pero los consumidores solo podrán decidir si el canal principal de difusión, la radio, da a la música peruana la oportunidad de ser escuchada. Esta falta de oportunidad les impide competir en igualdad de condiciones con la música que las disqueras multinacionales colocan en las radios.
La igualdad de acceso es un elemento fundamental del funcionamiento del mercado. Si todos no pueden competir por los oyentes, entonces no existe competencia. El Estado tiene facultades para garantizar que dicha competencia exista. Recordemos que Von Mises sostenía que el Estado debe regular el mercado y las instituciones haciendo un análisis de los costos y beneficios que la regulación generaría (Human Action). Y eso es lo que habría hecho el legislador.
De pronto, recordé que Ferrero fue uno de los representantes del Perú en la negociación del TLC con EE.UU. ¿Será que así defendió los intereses del Perú?
Ferrero considera que la ley no puede obligar a las radios a pasar un contenido mínimo de música nacional, olvidando convenientemente que la ley ya existe y que no solo obliga a las radios a que 30% de sus contenidos sean producciones nacionales, sino que además condiciona la renovación de la licencia a que esta obligación se haya cumplido.
Cuando se le recordó la existencia de la ley, Ferrero haciendo uso de una "leguleyada" sostuvo que cuando la ley estableció la cuota de contenidos nacionales no se refería a la música sino al locutor, al programador y a la presentación del programa. Por ello, dijo, la cuota está cumplida en exceso. Esta es una burda forma de evitar, de manera abusiva, cumplir con la ley. ¿Es que alguien duda que cuando la ley habla de contenidos a lo que se refiere es a la música?
Artículos posteriores buscaron justificar a Ferrero desde una posición liberal, sosteniendo que una ley no debe obligar a una empresa privada a cumplir con una cuota porque esto atenta contra la libertad de empresa y contra los consumidores. Sin embargo, nuevamente dejaron de lado el hecho de que la ley ya existe. En un Estado de Derecho ninguna persona, natural o jurídica, puede estar por encima de la ley. ¿Cómo es entonces que tan sesudos artículos liberales dejan de lado lo que la ley manda? ¿Son fundamentalistas para defender el mercado pero no la soberanía de la ley? Esta es una muestra de cómo en el Perú si una ley no me gusta, no la cumplo y ya.
Los músicos peruanos están tratando de lograr que las radios le den una oportunidad de difusión a la música peruana en todos sus géneros, y que cumpliendo la ley permitan que los consumidores decidan si quieren seguir escuchándola o no. Nuestros músicos buscan tener igualdad de oportunidades para difundir su música. Pero los consumidores solo podrán decidir si el canal principal de difusión, la radio, da a la música peruana la oportunidad de ser escuchada. Esta falta de oportunidad les impide competir en igualdad de condiciones con la música que las disqueras multinacionales colocan en las radios.
La igualdad de acceso es un elemento fundamental del funcionamiento del mercado. Si todos no pueden competir por los oyentes, entonces no existe competencia. El Estado tiene facultades para garantizar que dicha competencia exista. Recordemos que Von Mises sostenía que el Estado debe regular el mercado y las instituciones haciendo un análisis de los costos y beneficios que la regulación generaría (Human Action). Y eso es lo que habría hecho el legislador.
De pronto, recordé que Ferrero fue uno de los representantes del Perú en la negociación del TLC con EE.UU. ¿Será que así defendió los intereses del Perú?
sábado, 11 de mayo de 2013
El boom inmobiliario del presidente de Cabana
¿Cómo construyó Alejandro Toledo la imagen de estadista que él y su partido pretenden vender a nivel internacional? Toledo llegó al poder en el 2001 con un objetivo claro, pretendía capitalizar el haber supuestamente luchado contra el fujimorismo. Quería ser visto como un bastión de la democracia y la anticorrupción. Ello sin importar que antes de ser elegido hubiese tenido un incidente donde un dinerito donado para su campaña desapareció misteriosamente. Sin importar que nunca se dieran explicaciones sobre el maletín repleto de dinero con el que se encontró a Coqui Toledo, su asesor, en Carolina del Norte. Sin importar el desvío de dinero de Petroperú para remodelar Palacio, el gasto en etiqueta azul, los viajes a Punta Sal cada vez que salía el sol, los vestidos y joyas de Eliane. Sin importar el caso Almeyda.
En octubre del 2002, el gobierno de Toledo contrató a la empresa Kroll para que investigue al expresidente Fujimori y a sus ministros. El informe Kroll constaba de siete tomos y le costó al Estado peruano cientos de miles de dólares. De ese informe poco se sabe, pero lo que sí se supo en abril del 2005 fue que dos de los tomos desaparecieron del Minjus. Nunca hubo explicaciones. El expresidente Fujimori y sus ministros han pedido en reiteradas oportunidades que el informe se haga público. En mayo del 2005, siete ministros fujimoristas: Alberto Bustamante, De Trazegnies, Chlimper, Augusto Bedoya, Gonzalo Romero, Aguinaga y Yong Motta solicitaron al Minjus una copia del informe. El gobierno de Toledo, pasando por encima de la Constitución y de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, impidió que el informe se hiciera público. Para ello, utilizó también al Poder Judicial, que declaró improcedente un hábeas data al considerar que el informe Kroll es de carácter confidencial y forma parte de los secretos del Estado.
Entonces, ¿es cierto que todos los fujimoristas son corruptos como se han empeñado en sostener Toledo y la caviarada? Lo que queda claro después de 13 años es que a muchos fujimoristas acusados, investigados y enjuiciados no se les ha encontrado ni un alfiler que provenga de las arcas del Estado. ¿Qué es lo que dice el informe Kroll? ¿Por qué desaparecieron dos tomos durante el gobierno de Toledo?
Sin informe Kroll de por medio, en los últimos meses se le han encontrado al presidente Toledo tres propiedades por cerca de 5 millones de dólares. Dos de las cuales están convenientemente inscritas a nombre de su suegra, quien acompañada del exguardaespaldas israelí del expresidente hizo una parada estratégica en Panamá –un paraíso fiscal– antes de llegar a Lima para formalizar la compra venta en efectivo.
Tenemos dos opciones, o los fujimoristas eran unos ladrones habilísimos, ya que no se les ha logrado demostrar los hechos de corrupción de los que se les acusa –salvo los casos de corrupción con sentencia judicial firme– y Toledo es un torpe aprendiz; o los hechos demuestran que aquí hubo una clara persecución política, pero sobre todo, que Toledo tiene mucho que explicar.
En octubre del 2002, el gobierno de Toledo contrató a la empresa Kroll para que investigue al expresidente Fujimori y a sus ministros. El informe Kroll constaba de siete tomos y le costó al Estado peruano cientos de miles de dólares. De ese informe poco se sabe, pero lo que sí se supo en abril del 2005 fue que dos de los tomos desaparecieron del Minjus. Nunca hubo explicaciones. El expresidente Fujimori y sus ministros han pedido en reiteradas oportunidades que el informe se haga público. En mayo del 2005, siete ministros fujimoristas: Alberto Bustamante, De Trazegnies, Chlimper, Augusto Bedoya, Gonzalo Romero, Aguinaga y Yong Motta solicitaron al Minjus una copia del informe. El gobierno de Toledo, pasando por encima de la Constitución y de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, impidió que el informe se hiciera público. Para ello, utilizó también al Poder Judicial, que declaró improcedente un hábeas data al considerar que el informe Kroll es de carácter confidencial y forma parte de los secretos del Estado.
Entonces, ¿es cierto que todos los fujimoristas son corruptos como se han empeñado en sostener Toledo y la caviarada? Lo que queda claro después de 13 años es que a muchos fujimoristas acusados, investigados y enjuiciados no se les ha encontrado ni un alfiler que provenga de las arcas del Estado. ¿Qué es lo que dice el informe Kroll? ¿Por qué desaparecieron dos tomos durante el gobierno de Toledo?
Sin informe Kroll de por medio, en los últimos meses se le han encontrado al presidente Toledo tres propiedades por cerca de 5 millones de dólares. Dos de las cuales están convenientemente inscritas a nombre de su suegra, quien acompañada del exguardaespaldas israelí del expresidente hizo una parada estratégica en Panamá –un paraíso fiscal– antes de llegar a Lima para formalizar la compra venta en efectivo.
Tenemos dos opciones, o los fujimoristas eran unos ladrones habilísimos, ya que no se les ha logrado demostrar los hechos de corrupción de los que se les acusa –salvo los casos de corrupción con sentencia judicial firme– y Toledo es un torpe aprendiz; o los hechos demuestran que aquí hubo una clara persecución política, pero sobre todo, que Toledo tiene mucho que explicar.
sábado, 4 de mayo de 2013
Demócratas, ¿quiénes?
Diosdado Cabello, presidente del Parlamento venezolano, decidió que la oposición, elegida por el pueblo, no debía tener derecho al uso de la palabra mientras no reconociera a Nicolás Maduro como legítimo presidente de Venezuela. Ello sin importar que está aún pendiente el reconteo de los votos y que los cuestionamientos al carácter injusto del proceso electoral son ampliamente compartidos. Así las cosas, la oposición amordazada decidió que si se le había prohibido hablar se expresaría de otra manera. Con una pancarta, pitos, cornetas y algunos gritos interrumpieron la sesión parlamentaria. El compañero Cabello no se dio por aludido y siguió con la sesión.
María Corina Machado, una lideresa de la oposición que tiene una gran exposición internacional, subió a reclamarle a Cabello. En respuesta, fue tirada al piso por los compañeros chavistas y pateada con furia en repetidas ocasiones. Otros tantos diputados de oposición fueron golpeados también. El chavismo alega que fueron provocados y que esto es un ardid para un golpe de Estado. Mientras tanto, en el resto de Latinoamérica no se oye nada. La Unasur y la OEA con su secretario general, el camaleón Insulza, siguen como si aquí no sucediera nada. Como si aquí no hubiese nada que defender. Como si cuando las libertades son arrebatadas en nombre de las revoluciones no importara.
En el Perú, más allá de las comparaciones entre la elección del compañero Maduro y el expresidente Fujimori en el 2000, la clase política no dice mucho. La Primera Dama, generalmente tan desenvuelta, no acusa recibo de lo que sucede; "su" partido y "sus" ministros, menos. El socio garante del Gobierno anda perdido por Stanford, según dicen y su bancada, bien gracias. El Nobel garante se ha limitado a dar declaraciones sin dejar en claro si está dispuesto a hacer que el presidente Humala cumpla el compromiso con el país que él mismo avaló.
Hubo un tiempo en que Latinoamérica estaba tan preocupada por la democracia y las libertades civiles como hoy lo está por quien crece más, quien atrae más inversión extranjera y se convierte en el favorito de la OECD. Un ejemplo de ello fue que a la juramentación de Fujimori en el 2000 no asistió ningún presidente latinoamericano. Curiosamente, el fujimorismo fue el más ferviente opositor al viaje del presidente Humala a la juramentación de Maduro, mientras que el presidente de México Enrique Peña Nieto no asistió dejando en claro su posición. El fujimorismo y el PRI mexicano, a quienes el Nobel garante se refiere como la dictadura cleptócrata y la dictadura perfecta, y que cuentan con una historia de cuestionamiento a sus credenciales democráticas, han sido de las pocas voces que se han levantado contra una elección injusta que, incluso, tendría visos de fraude. Ambos partidos, en sus versiones más modernas, están tratando de mostrar otro compromiso con la democracia. Sus actos y autocrítica a los errores del pasado mostrarían que sí es un compromiso de cambio verdadero, sí aprendieron de su historia o son solo golondrinas que no hacen un verano.
María Corina Machado, una lideresa de la oposición que tiene una gran exposición internacional, subió a reclamarle a Cabello. En respuesta, fue tirada al piso por los compañeros chavistas y pateada con furia en repetidas ocasiones. Otros tantos diputados de oposición fueron golpeados también. El chavismo alega que fueron provocados y que esto es un ardid para un golpe de Estado. Mientras tanto, en el resto de Latinoamérica no se oye nada. La Unasur y la OEA con su secretario general, el camaleón Insulza, siguen como si aquí no sucediera nada. Como si aquí no hubiese nada que defender. Como si cuando las libertades son arrebatadas en nombre de las revoluciones no importara.
En el Perú, más allá de las comparaciones entre la elección del compañero Maduro y el expresidente Fujimori en el 2000, la clase política no dice mucho. La Primera Dama, generalmente tan desenvuelta, no acusa recibo de lo que sucede; "su" partido y "sus" ministros, menos. El socio garante del Gobierno anda perdido por Stanford, según dicen y su bancada, bien gracias. El Nobel garante se ha limitado a dar declaraciones sin dejar en claro si está dispuesto a hacer que el presidente Humala cumpla el compromiso con el país que él mismo avaló.
Hubo un tiempo en que Latinoamérica estaba tan preocupada por la democracia y las libertades civiles como hoy lo está por quien crece más, quien atrae más inversión extranjera y se convierte en el favorito de la OECD. Un ejemplo de ello fue que a la juramentación de Fujimori en el 2000 no asistió ningún presidente latinoamericano. Curiosamente, el fujimorismo fue el más ferviente opositor al viaje del presidente Humala a la juramentación de Maduro, mientras que el presidente de México Enrique Peña Nieto no asistió dejando en claro su posición. El fujimorismo y el PRI mexicano, a quienes el Nobel garante se refiere como la dictadura cleptócrata y la dictadura perfecta, y que cuentan con una historia de cuestionamiento a sus credenciales democráticas, han sido de las pocas voces que se han levantado contra una elección injusta que, incluso, tendría visos de fraude. Ambos partidos, en sus versiones más modernas, están tratando de mostrar otro compromiso con la democracia. Sus actos y autocrítica a los errores del pasado mostrarían que sí es un compromiso de cambio verdadero, sí aprendieron de su historia o son solo golondrinas que no hacen un verano.
sábado, 27 de abril de 2013
Si tan solo se dieran cuenta
Con la misma fuerza con la que el fujimorismo ha salido a cuestionar la calidad democrática de la elección de Maduro, deberían analizar la re-reelección del 2000. Claro, si es que quieren que su crítica sea creíble. Para los fujimoristas radicales, no existe comparación posible entre la re-reelección y la elección de Maduro. Para los antifujimoristas el caso de Fujimori es peor, ya que para ellos Fujimori implantó una dictadura cleptocrática. Ambas posiciones extremas se alejan de la realidad. Sin embargo, para este análisis, ninguna de las dos importa. Ese cerca de 25% de voto fujimorista lo seguirá siendo. Y el antifujimorista, ese que hace campaña en contra en base a mentiras como aquella de las 300,000 esterilizaciones forzadas, también lo seguirá siendo.
Lo que al fujimorismo debería importarle es el grupo de peruanos que ni está con ellos ni contra ellos. Para que ese grupo pueda verlos como una posibilidad en la política peruana, el fujimorismo tiene que demostrar que ha madurado. Que entiende sus raíces, que mantiene su ideología pero que puede hacer un análisis serio de sus faltas contra la democracia.
En lugar de sostener que ambas elecciones son situaciones diferentes que no pueden ser comparadas, deberían analizar bajo los mismos estándares con los que han analizado la elección de Maduro, si la elección del 2000 sufrió de debilidades semejantes. De encontrar similitudes y reconocerlas, el fujimorismo obtendría la autoridad que muchos le quieren negar.
Sin duda ambas elecciones tuvieron debilidades comunes. Los observadores de la re-reelección del 2000 afirmaron que existieron irregularidades. También reconocieron que estas irregularidades no eran suficientes para cuestionar el resultado, mas sí la calidad injusta del proceso electoral y la debilidad de las instituciones democráticas. Por ello, la OEA negoció con el Gobierno y la oposición la creación de una mesa de diálogo que fortaleciera la democracia en el Perú. En la elección de Maduro, las irregularidades ocurridas sí llevan a la posibilidad de cuestionar no solo el injusto proceso electoral, sino el resultado mismo de la elección. Sin embargo, la Unasur ha reconocido la legitimidad de la elección de Maduro y la OEA no parece presta a demostrar que una de sus atribuciones es la defensa de la democracia en Latinoamérica, sin importar la orientación ideológica del que la amenace.
Si tan solo el fujimorismo se diera cuenta de que si hiciera un análisis serio de la calidad de las instituciones democráticas durante su gobierno, eso le daría la legitimidad que necesita para que sus críticas contra Maduro y contra quienes atenten contra la democracia -como la posibilidad de una reelección conyugal- sean aceptadas.
En el 2011, los garantes convencieron a un segmento del país de que Keiko representaba una opción antidemocrática y que era Ollanta quien representaba la continuidad de la democracia. Si el nacionalismo insiste en la elección de Nadine, esto representará una interrupción de la democracia. Los fujimoristas deberían darse cuenta de que una autocrítica seria de la re-reelección sentaría un ejemplo de comportamiento democrático que les daría las credenciales que los garantes les quitaron.
Lo que al fujimorismo debería importarle es el grupo de peruanos que ni está con ellos ni contra ellos. Para que ese grupo pueda verlos como una posibilidad en la política peruana, el fujimorismo tiene que demostrar que ha madurado. Que entiende sus raíces, que mantiene su ideología pero que puede hacer un análisis serio de sus faltas contra la democracia.
En lugar de sostener que ambas elecciones son situaciones diferentes que no pueden ser comparadas, deberían analizar bajo los mismos estándares con los que han analizado la elección de Maduro, si la elección del 2000 sufrió de debilidades semejantes. De encontrar similitudes y reconocerlas, el fujimorismo obtendría la autoridad que muchos le quieren negar.
Sin duda ambas elecciones tuvieron debilidades comunes. Los observadores de la re-reelección del 2000 afirmaron que existieron irregularidades. También reconocieron que estas irregularidades no eran suficientes para cuestionar el resultado, mas sí la calidad injusta del proceso electoral y la debilidad de las instituciones democráticas. Por ello, la OEA negoció con el Gobierno y la oposición la creación de una mesa de diálogo que fortaleciera la democracia en el Perú. En la elección de Maduro, las irregularidades ocurridas sí llevan a la posibilidad de cuestionar no solo el injusto proceso electoral, sino el resultado mismo de la elección. Sin embargo, la Unasur ha reconocido la legitimidad de la elección de Maduro y la OEA no parece presta a demostrar que una de sus atribuciones es la defensa de la democracia en Latinoamérica, sin importar la orientación ideológica del que la amenace.
Si tan solo el fujimorismo se diera cuenta de que si hiciera un análisis serio de la calidad de las instituciones democráticas durante su gobierno, eso le daría la legitimidad que necesita para que sus críticas contra Maduro y contra quienes atenten contra la democracia -como la posibilidad de una reelección conyugal- sean aceptadas.
En el 2011, los garantes convencieron a un segmento del país de que Keiko representaba una opción antidemocrática y que era Ollanta quien representaba la continuidad de la democracia. Si el nacionalismo insiste en la elección de Nadine, esto representará una interrupción de la democracia. Los fujimoristas deberían darse cuenta de que una autocrítica seria de la re-reelección sentaría un ejemplo de comportamiento democrático que les daría las credenciales que los garantes les quitaron.
sábado, 20 de abril de 2013
La conspiración del silencio
Raquel tiene doce años, vive en Tablada en Villa María del Triunfo. Su mamá sale a trabajar todos los días y la deja sola. Ella camina bajando el cerro para llegar al colegio. Este miércoles en la mañana un hombre tocó la puerta de su casa. Dijo ser de Sedapal. Ella le pidió que regrese más tarde, pero él la agarró del cuello y se metió a su casa. Raquel fue violada, cuando el hombre se fue, ella ensangrentada tuvo fuerzas para levantarse y gritar. Los vecinos salieron a ayudarla y agarraron al hombre, llevándolo a la comisaría. Esa noche, la policía decidió ponerlo en libertad, porque según dijeron no había pruebas suficientes que lo sindicaran como el violador de Raquel. Ello, pese a que el hombre tenía un maletín en el que llevaba varios calzones pequeños, de niñas como Raquel, ensangrentados. Un maletín lleno de trofeos de guerra. Pero ello no es suficiente para la policía.
Así, Raquel no solo fue violada a los doce años por un hombre adulto, en su propia casa. Sino que además, la policía del Perú no pudo cumplir con su rol de protegerla y reparar el daño que se le había hecho. Esta historia se repite todos los días. El 70% de las mujeres peruanas entre los 15-49 años han sufrido violencia física o sexual.
La violencia contra la mujer responde al control que busca ejercer un hombre sobre una mujer. Es una muestra de poder, de superioridad. El hombre la considera un objeto y reclama su derecho de propiedad a través de la violencia, o reclamando su derecho a poseerla cuando quiera. Él sabe que en el Perú la violación es un delito penado por ley, pero poco importa. En el Perú las leyes no se cumplen.
El 75% de las víctimas de violación son menores de edad. La primera experiencia sexual del 24% de las mujeres rurales fue forzada. Sin embargo la sociedad actúa como si aquí no sucediera nada. ¿No es esto suficiente para entender que la violencia contra la mujer es un problema de política pública? La violencia sexual contra la mujer no es considerada como lo que es: el problema más importante de seguridad ciudadana. Creemos que la violencia sexual pertenece al ámbito privado. No es algo que deba hacerse público. Algunos dirán que finalmente Raquel tuvo suerte, salió con vida y este episodio será olvidado. Raquel nunca en su vida olvidará el día que ese hombre tocó la puerta de su casa.
La violencia sexual no es una cosa de mujeres. La violencia sexual forma parte de la violencia que corroe al Perú. Las mujeres somos la mitad de la población del Perú. No somos objetos que necesitan ser protegidos, somos sujetos de derecho, ciudadanos en igualdad de condiciones. Y el Estado tiene la obligación de reconocernos como tal. Mientras sigamos callando y mirando para otro lado, olvidando a Raquel, mientras no levantemos la voz y sigamos permitiendo que se nos trate como objetos seremos parte de la conspiración del silencio.
Así, Raquel no solo fue violada a los doce años por un hombre adulto, en su propia casa. Sino que además, la policía del Perú no pudo cumplir con su rol de protegerla y reparar el daño que se le había hecho. Esta historia se repite todos los días. El 70% de las mujeres peruanas entre los 15-49 años han sufrido violencia física o sexual.
La violencia contra la mujer responde al control que busca ejercer un hombre sobre una mujer. Es una muestra de poder, de superioridad. El hombre la considera un objeto y reclama su derecho de propiedad a través de la violencia, o reclamando su derecho a poseerla cuando quiera. Él sabe que en el Perú la violación es un delito penado por ley, pero poco importa. En el Perú las leyes no se cumplen.
El 75% de las víctimas de violación son menores de edad. La primera experiencia sexual del 24% de las mujeres rurales fue forzada. Sin embargo la sociedad actúa como si aquí no sucediera nada. ¿No es esto suficiente para entender que la violencia contra la mujer es un problema de política pública? La violencia sexual contra la mujer no es considerada como lo que es: el problema más importante de seguridad ciudadana. Creemos que la violencia sexual pertenece al ámbito privado. No es algo que deba hacerse público. Algunos dirán que finalmente Raquel tuvo suerte, salió con vida y este episodio será olvidado. Raquel nunca en su vida olvidará el día que ese hombre tocó la puerta de su casa.
La violencia sexual no es una cosa de mujeres. La violencia sexual forma parte de la violencia que corroe al Perú. Las mujeres somos la mitad de la población del Perú. No somos objetos que necesitan ser protegidos, somos sujetos de derecho, ciudadanos en igualdad de condiciones. Y el Estado tiene la obligación de reconocernos como tal. Mientras sigamos callando y mirando para otro lado, olvidando a Raquel, mientras no levantemos la voz y sigamos permitiendo que se nos trate como objetos seremos parte de la conspiración del silencio.
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