Angelina Jolie

Hace unos días este diario publicó una caricatura ofensiva donde se hacía escarnio de las mujeres víctimas de violencia. La violencia doméstica es un problema de salud pública en el Perú, donde según la OMS, 69% de mujeres rurales y 51% de urbanas han sufrido violencia física o sexual. La violencia doméstica NO es graciosa.

¿Podemos reírnos de que 23% de mujeres en Lima y 47% en Cusco hayan sido forzadas por sus parejas a tener sexo? ¿Podemos reírnos de que un precandidato acuse de "muñeca brava" a la víctima de sus agresiones para justificarse? El 71% de las mujeres peruanas ha sido víctima de violencia sicológica (control, trato humillante, amenazas), aquella que vulnera la libertad y autonomía de las mujeres. Ese "Yo fui a Chicago y tú no".

La violencia contra la mujer responde al control que busca ejercer un hombre sobre una mujer. Es una muestra de poder, de superioridad. El la considera inferior y reclama su derecho de propiedad a través de la violencia, el control, la humillación o reclamando su derecho a poseerla cuando le plazca. La violencia contra la mujer es persistente en la medida en que la sociedad no la rechace enérgicamente. Mientras sigamos estereotipando a las mujeres víctimas de violencia y sosteniendo que basta con decirles que se parecen a

Angelina Jolie después de golpearlas para que no denuncien, mientras se siga buscando generar risas con la violencia de género, mientras no te importe que tu pata "gomee" a su mujer no acabaremos con la violencia de género. ¿Sabía que solo uno de cada cuatro víctimas denuncia a su agresor?

La violencia contra la mujer seguirá siendo un grave problema mientras todos los ciudadanos no levantemos la voz para ponerle un alto. Mientras aceptemos que se use la violencia de género para generar risas, seremos cómplices de ella.

Tapadas limeñas

La mayoría no debe ni puede, en un Estado de Derecho, limitar los derechos de las minorías. Si todos somos iguales ante la ley, como establece la Constitución, es momento de que esa igualdad sea ejercida por los ciudadanos que tienen una opción sexual distinta a la mayoría.

El Perú es un país laico, y por ello ni los dogmas de la Iglesia Católica ni los valores cristianos pueden ser impuestos para limitar los derechos de los ciudadanos. Ni siquiera a través de mecanismos democráticos, como propuso el Cardenal.

Jim Kim, presidente del BM, declaró recientemente, refiriéndose a los derechos de los homosexuales: "La lucha para eliminar todo tipo de discriminación institucionalizada es urgente". El trato discriminatorio hacia grupos de personas sobre la base de género, religión, raza o sexualidad, conduce a su exclusión social, lo que podría perjudicar el crecimiento económico y haría más difícil aliviar la pobreza. Pero es además moral y legalmente inaceptable.

Podemos seguir actuando como tapadas limeñas y pretender que no reconocerle derechos civiles y patrimoniales a los ciudadanos que tienen una opción sexual distinta hará que. . . ¿desaparezcan? Debo informarles que eso no sucederá. La realidad es que en el Perú existen familias formadas por personas del mismo sexo, y ellas y sus hijos tienen derecho a ser reconocidos y protegidos por el Estado. La ley de la unión civil busca que se reconozca una realidad.

Los congresistas no deben dejarse amedrentar por presiones de grupos de interés conservadores. Su obligación es garantizar que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley.

La intolerancia es una característica de nuestra sociedad, donde unos se creen moralmente superiores y no entienden que la Constitución, la ley y Dios nos hacen a todos iguales. Un país donde sigan existiendo categorías distintas de ciudadanos es inviable, sin importar el crecimiento económico que experimente.

¿Y ahora, quién podrá defendernos?

El Banco Mundial acaba de anunciar su preocupación por lo que estima será una reducción en el crecimiento de Latinoamérica, identificando dos causas principales: la desaceleración de China y los recortes de políticas monetarias de EE.UU.

Lamentablemente, el Perú no hizo a tiempo un uso eficiente de los recursos que el crecimientoeconómico le generó. Faltó inversión en infraestructura, servicios básicos como educación y salud, y seguridad, entre otros.

Para que un país logre cruzar el umbral del desarrollo, el crecimiento económico no es suficiente. Uno de los requisitos indispensables es que el Estado controle el monopolio de la violencia. Esto es que solo el Estado, a través de la ley, puede ejercer la violencia (orden, persecución, sanción), sin que ningún otro grupo (narcoterrorista, paramilitar, sicario, milicia) pueda hacerlo.

El Estado ha demostrado su incapacidad en mantener el monopolio de la violencia y no solo por la "percepción" de inseguridad con la vivimos, la falta de acceso a la justicia ni por la frustración de vivir en una ciudad sin autoridad donde cualquier bacancito se impone.

Las denuncias de asesinato de autoridades regionales son alarmantes. No solo es Áncash y los asesinatos que estarían relacionados con el presidente regional. Existen varias denuncias de asesinatos de autoridades a manos de sicarios que estarían vinculados a negocios ilegales por todo el Perú.

Hace unos meses, el congresista Modesto Julca envió una carta informándole al entonces ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, de la situación en Áncash y de los "asesinatos cometidos por sicarios de organizaciones criminales vinculadas al poder político". A pesar de ello, Nolasco fue asesinado. Pedraza no es más ministro, pero mantiene un puestito como asesor presidencial en materia de seguridad, nada menos.

Sin autoridades eficientes, el Estado no logrará garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y sin seguridad es imposible cruzar el umbral del desarrollo.

¿Y usted confía en el Estado?

La auditoría social busca que los ciudadanos participen en asuntos de gobierno fiscalizando y haciéndole saber a las autoridades sus intereses y preferencias. Si el ciudadano tiene información, podrá realizar un mayor control sobre las autoridades, obligándolas a rendir cuentas y actuar con transparencia, lo que mejoraría la prestación de servicios y el gasto público y reduciría la corrupción. Con ello se incrementaría la satisfacción del ciudadano, favoreciéndose la gobernabilidad.

Durante el 2012 se gestó una acción colectiva entre los limeños descontentos con la gestión de la alcaldesa: 65% quería revocarla. Organizar una acción colectiva es difícil y requiere líderes. Los partidos políticos, demostrando que no representan a nadie más que a sí mismos, decidieron defender sus puestos e intereses y erróneamente plantearon que la revocatoria perjudicaría la institucionalidad y significaría el regreso de una mafia. Mucho dinero y un oscuro asesor hicieron el resto: asustaron a los limeños y la alcaldesa triunfó. En el medio quedaron quienes deseaban autoridades eficientes que implementen políticas públicas basadas en evidencia y lo hagan adoptando mecanismos de buen gobierno como transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Jonathan Fox, profesor de American University experto en estos temas, ha encontrado que uno de los requisitos para que la auditoría social funcione es que los ciudadanos crean que serán escuchados por el Estado y su participación tendrá resultados. Los limeños no fueron escuchados.

Cuando los ciudadanos están descontentos con las autoridades y no pueden recurrir a mecanismos democráticos sea para revocar a una autoridad ineficiente o corrupta, para exigir mejoras en los servicios o influir en la agenda pública, pierden la confianza en el Estado. Entonces, para lograr sus objetivos toman carreteras, plazas y recurren a la violencia. Lo vimos en la primavera árabe, en Chile, Brasil y actualmente Venezuela. Ejemplos locales: Bagua, Conga, los mineros informales y, si mira más allá, verá los que vienen.