Tapadas limeñas

La mayoría no debe ni puede, en un Estado de Derecho, limitar los derechos de las minorías. Si todos somos iguales ante la ley, como establece la Constitución, es momento de que esa igualdad sea ejercida por los ciudadanos que tienen una opción sexual distinta a la mayoría.

El Perú es un país laico, y por ello ni los dogmas de la Iglesia Católica ni los valores cristianos pueden ser impuestos para limitar los derechos de los ciudadanos. Ni siquiera a través de mecanismos democráticos, como propuso el Cardenal.

Jim Kim, presidente del BM, declaró recientemente, refiriéndose a los derechos de los homosexuales: "La lucha para eliminar todo tipo de discriminación institucionalizada es urgente". El trato discriminatorio hacia grupos de personas sobre la base de género, religión, raza o sexualidad, conduce a su exclusión social, lo que podría perjudicar el crecimiento económico y haría más difícil aliviar la pobreza. Pero es además moral y legalmente inaceptable.

Podemos seguir actuando como tapadas limeñas y pretender que no reconocerle derechos civiles y patrimoniales a los ciudadanos que tienen una opción sexual distinta hará que. . . ¿desaparezcan? Debo informarles que eso no sucederá. La realidad es que en el Perú existen familias formadas por personas del mismo sexo, y ellas y sus hijos tienen derecho a ser reconocidos y protegidos por el Estado. La ley de la unión civil busca que se reconozca una realidad.

Los congresistas no deben dejarse amedrentar por presiones de grupos de interés conservadores. Su obligación es garantizar que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley.

La intolerancia es una característica de nuestra sociedad, donde unos se creen moralmente superiores y no entienden que la Constitución, la ley y Dios nos hacen a todos iguales. Un país donde sigan existiendo categorías distintas de ciudadanos es inviable, sin importar el crecimiento económico que experimente.