Nadie sabe para quién trabaja

El lobby son las acciones que hace un grupo de personas que representan intereses para influir en funcionarios públicos para lograr beneficios. Estos se pueden dar a través de la aprobación, modificación o derogación de normas y a través del otorgamiento de derechos como beneficios tributarios, subsidios, aranceles, restricciones sobre la competencia, contratos con el Estado, licencias y permisos. Todo lobby tiene efecto en la sociedad para bien y para mal.

El lobby y los lobbystas -aquellos que ejercen profesionalmente la actividad- son, en principio legales. El lobby busca influir en las decisiones del Estado. Busca que ese grupo de interés determinado sea escuchado. De la misma manera como grupos determinados de personas buscan proteger sus derechos y que el Estado los escuche y responda a sus necesidades. Sin embargo, el lobby tiene efectos económicos y los lobbystas reciben honorarios profesionales.

Si el Estado es capaz de administrar sus recursos de manera eficiente y transparente, evita la captura de rentas por parte de grupos de interés, tiene políticas de buen gobierno como transparencia, facilidad en el acceso a la información, rendición de cuentas, además de tener instituciones, políticas y regulación sobre el lobby, este no generaría mayores problemas.

Sin embargo, hay una delgada línea entre el lobby legal y el conflicto de interés, la corrupción y la captura de funcionarios públicos por parte de intereses privados. Hobbes sostenía que el hombre no es por naturaleza bueno y por lo tanto es necesario establecer incentivos para que éste actúe correctamente. Son los mecanismos del buen gobierno los que obligan a los funcionarios públicos a actuar teniendo el interés común como misión.

En EE.UU. el lobby está regulado al detalle. Las empresas lobbystas -dedicadas al lobby profesionalmente-, incluso las unipersonales, así como la empresa que tenga un lobbysta interno tienen la obligación de registrarse, declarar el nombre de su cliente, el asunto objeto del lobby y el costo aproximado. Esta información es pública. Pese a ello existen casos de corrupción. En el Perú no existe regulación alguna.

También hay los que tratan de influir en la opinión pública. ¿Cuando un periodista, analista político o columnista defiende los intereses de un grupo determinado a cambio de un beneficio no debería el público que lo sigue saberlo? ¿La opinión del experto es producto de un análisis concienzudo y especializado o es un lobby para beneficiar a una empresa o grupo de intereses por el que recibe un chequecito o viajecito? ¿Y cuando se trata de ONGs, consultoras y encuestadoras?

Ejemplos hay muchos. Periodistas que le hacen publicidad a una AFP, aceptan dictar conferencias a favor de mineras o escriben columnas sobre las ventajas de determinada concesión. JDC presentando una ley que beneficio a su exasesor, funcionarios del MEM defendiendo el EIA de Conga que luego tuvo que ser corregido. ¿Y cuando Alvarito escribe a favor de la posición chilena?

En aras de la transparencia es momento de regular el lobby y de que los lobbystas salgan del clóset.