Justicia Tramposa

El permiso de salida del país otorgado a dos emerretistas ha causado indignación. El MRTA fue un movimiento terrorista, que secuestraba, extorsionaba y asesinaba empresarios para obtener dinero para la lucha armada. Lori Berenson fue detenida, acusada y condenada por planear la toma del Congreso. Lautaro Mellado fue uno de los 4 chilenos, junto con Castillo Petruzzi que controlaban las “cárceles del pueblo” donde empresarios secuestrados eran retenidos en condiciones infrahumanas durante meses hasta que las familias pagaban rescates millonarios. Este dinero nunca ha sido encontrado. Se cree que estaría en cuentas en Suiza y que la esposa de Cerpa, Nancy Gilvonio, quien también ha pedido autorización para viajar a Francia, y otros más, tendrían esta información.

El MRTA tomo la embajada del Japón en diciembre de 1996 y mantuvo secuestrados a 72 rehenes durante más de 4 meses. A cambio de su liberación exigían la entrega de Polay, Gilvonio, Mellado, Castillo Petruzi y demás emerretistas. Ellos se consideran prisioneros políticos.

El Supremo San Martin ha salido en defensa de los jueces que autorizaron los permisos de viaje. Ha dicho que los jueces son independientes y que ellos son responsables ante su conciencia. Efectivamente, los jueces son independientes y salvo prevaricato sus fallos no deben ser cuestionados. Estos terroristas recibieron la liberación condicional al amparo del DL 927 otorgado por el expresidente Toledo y posteriormente derogado. Sin embargo, las condiciones de la liberación condicional deben ser cumplidas. El artículo 6 establece que “El Juez Penal al conceder el beneficio penitenciario de liberación condicional, dispondrá el impedimento de salida del país del liberado” No dice podrá disponer, lo ordena. Los jueces, violando el principio de ultraactividad de la ley, no lo han aplicado. Eso, Supremo San Martin se llama prevaricar y no debe quedar sólo en la conciencia de sus jueces.

Además, la crítica es a la doble moral con la opera el PJ. Por un lado amparado en el D.Leg. 927 concedieron beneficios penitenciarios a los condenados por terrorismo y por otro procesa dilatada y reiteradamente a los miembros de las Fuerzas Armadas del Perú. ¿Cómo podemos confiar en Jueces que aplican con subjetividad las leyes? Un país necesita de la predictibilidad de la ley y nuestro PJ no es garantía de ello.

El PJ a través de convenios con ONGs de Derechos Humanos ha permitido que estas capaciten a los jueces. Las ONGs tienen intereses creados ya que algunas representan a los condenados por terrorismo ante la CIDH y cobran un porcentaje de las indemnizaciones que logran. Esto se llama ideologizar.

Toledo y Vargas Llosa envalentonados sostienen que el indulto a Fujimori sería una vergüenza. ¿No es una vergüenza otorgar permisos navideños de viaje a terroristas que no han cumplido sus sentencias ni han pagado la reparación civil que le deben al país? (En el caso Berenson la ideologizada CIDH ordeno la suspensión de la reparación civil que Berenson debía pagar y ordenó que el Estado Peruano reparara a sus padres con US$30,000) El Perú no debe olvidar lo que fue el terrorismo.