Chavín de Huantar

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (C-IDH) falló contra el Estado Peruano en el caso Chavin de Huantar, al considerar que Eduardo Nicolás Cruz Sánchez (a) “Tito” fue ejecutado extrajudicialmente y por ello el Estado Peruano es responsable internacional.

18 años después de la operación considerada internacionalmente como el modelo de rescate  de rehenes, la C-IDH decide que el Estado Peruano debe seguir investigando la muerte de "Tito” y con ella a los Comandos, héroes nacionales. Ello porque la tercera sala penal da como cierta la versión de Hidetaka Ogura, quien mediante una carta enviada desde Japón sostuvo que “Tito” fue detenido en la casa contigua y tenía las manos amarradas cuando habría sido ejecutado. 

En su sentencia, la sala solo consideró la pericia forense del antropólogo Baraybar (socio de Aprodeh) y no quiso valorar las pericias de médicos forenses contratados por el Estado que sostenían que “Tito” tenía más de un impacto de bala y que además el disparo en la cabeza habría entrado de lado y la trayectoria no coincidiría con un disparo característicos de una ejecución extrajudicial. Esta es la clave de todo el proceso.

Chavín de Huantar fue una operación militar de rescate de rehenes secuestrados por terroristas armados con fusiles AKM, lanzagranadas, cargas de dinamita,  que habían cubierto el perímetro de la residencia con minas antipersonales (http://hagamosmemoria.com/?p=497). Luego de más de 4 meses de cautiverio, al iniciarse la operación, los terroristas no se rindieron, Al contrario, implementaron un plan detallado de ejecución de rehenes, asesinando al vocal de la Corte Suprema Carlos Guisti y 2 Comandos: el Comandante EP Juan Valer, quien cayó protegiendo al Canciller Tudela, y el Capitán EP Raúl Jiménez, dejando más de veinte heridos.

En su carta, Ogura, sostuvo además que al momento de ser rescatado vio como Herma Luz Meléndez y Víctor Peceros se rendían mientras eran rodeados por los Comandos. Ello, se demostró falso y se probó que los emerretistas murieron en combate. ¿Porque si se ha demostrado que Ogura mintió en este caso, se acepta su versión en el caso “Tito”? ¿Cómo es posible que en el jardín donde supuestamente se le detuvo había 10 rehenes japoneses y 6 magistrados peruanos, y ninguno de ellos vio lo que dice Ogura? ¿Por qué 140 comandos y 70 rehenes tienen la misma versión pero la C-IDH le crea a Ogura, rehén japonés, posteriormente expulsado del servicio diplomático?

La sentencia de la C-IDH ordena al Estado Peruano pagarle a Aprodeh y Cepril US$30,000 por las costas del proceso. Y ello es considerado como “una sentencia positiva para el Perú” por el exPremier Jimenez Mayor.