Cuando un ciudadano postula a un cargo de elección popular o acepta un puesto en el sector publico
sabe bien que el puesto viene con la obligación de rendirle cuentas al país. Y que por ello, podría ser
sujeto de infructuosas investigaciones: de contraloría, del congreso, de la fiscalía y sobre todo de la
prensa.
Nadine Heredia no es funcionaria pública y por ello no está obligada a rendir cuentas. Sin embargo,
ejerce un ilimitado poder. Pone, quita y da luz verde a Ministros y pese a que no existe un presupuesto
asignado a su despacho, nadie sabe de donde, como ni porque sale el dinero que financia sus viajes,
presentaciones y asesores. El poder de Heredia es un riesgo, porque es informal y no está sujeto a
ningún contrapeso.
Este poder informal de la primera dama es cuestionado desde hace mucho tiempo, sin que nada se
pueda hacer en realidad por limitarlo. Ello demuestra la debilidad institucional en la que se mantiene
nuestra endeble democracia.
El domingo Panorama presento una investigación sobre unas agendas que habrían sido escritas de su
puño y letra. Nadine Heredia sin presentar prueba alguna que desacreditara la investigación, sostuvo
que ella “no le atribuía ninguna seriedad”.
Las agendas hechas públicas muestran el manejo de dineros previamente a que la pareja llegara a
Palacio. ¿Cuál es el origen de esos dineros? No sabemos. ¿Fueron aportes de campaña? De ser el caso,
¿de quién y porque no entraron a las cuentas del Nacionalismo?
Y usted se preguntara, si son previos al 2011, ¿Importa? Claro que importa porque serian ingresos no
declarados y que son usados para financiar los gastos personales de quienes hoy rigen los destinos del
país. La ley de partidos políticos busca arrojar transparencia sobre los aportes, aportantes y gastos de
los partidos. El objetivo es limitar la corrupción y la infiltración de dinero del narcotráfico, el terrorismo y
el crimen organizado en los partidos. Sin éxito alguno, por cierto.
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