La Comisión de Justicia del Congreso decidió que la ley que despenalizaba el aborto en casos de violación no justificaba ser debatida en el pleno y dispuso su archivo. Ello sin importar que en el Perú ocurran aproximadamente 400,000 abortos al año.
El aborto es la tercera causa de muerte materna en el Perú. Ello porque la ilegalidad genera redes clandestinas y las mujeres que se someten a abortos lo hacen en condiciones insalubres que ponen en riesgo su vida. La OMS calcula que el 98% de los abortos inseguros ocurren en países donde abortar es ilegal. Las cifras del aborto inseguro y sus consecuencias son consideradas una epidemia silenciosa.
El aborto es una realidad, como lo es que la primera experiencia sexual del 24% de las mujeres rurales haya sido forzada. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el Perú 7 de cada 100 mujeres será violada durante el curso de su vida.
¿Por qué el Congreso y el sector conservador puede decirnos que las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos? El aborto no es un Método Anticonceptivo ni debe ser visto como tal. Pero existen casos en los que las mujeres deben tener derecho a decidir sin poner en riesgo su vida. Uno de ellos es en el caso de violación.
¿Sabía que cada año la fiscalía recibe 15,000 denuncias por violación? El 75% de las víctimas son menores de edad. El 42% fue violada en su casa. Según la ENDES 2013, en el 48% de casos de violación, las victimas no denuncian al violador por miedo, vergüenza o sentimiento de culpa, lo que impide visibilizar la magnitud del problema y permitirles acceder a la justicia. Mientras tanto el 32% de limeños cree que las mujeres son violadas porque provocaron al hombre. Algo así como
“ella se lo buscó, ahora que se aguante.”
La decisión del Congreso, afectará fundamentalmente a las mujeres pobres. Ello porque cuando una mujer del NSE A-B se somete a un aborto lo hace sin riesgo en una clínica privada, mientras que las mujeres del NSE D-E deben recurrir a comadronas, curanderos o “resolver” usando pastillas para la úlcera.
Lo mismo sucede con la Resolución del TC que limitó el acceso de las mujeres pobres a la píldora del día siguiente, al impedir su distribución gratuita por considerarla abortiva. Como la venta es libre, quien tenga dinero puede comprarla en cualquier farmacia. Estas políticas amplían la brecha de desigualdad en el acceso a la salud.
Parecería que el Estado peruano sigue considerando que las mujeres somos incapaces y por ello debe decidir por nosotras.
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