Nuevamente, la tremenda corte

Las ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones son inaceptables. Los responsables de estos crímenes deben ser investigados y sancionados de acuerdo a la ley. La Convención Americana (Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html) es un valioso instrumento que busca proteger a los ciudadanos de posibles violaciones de DDHH cometidos por Estados. El problema no es la Convención, ni la Comisión ni la Corte. El problema es que estas instituciones han sido capturadas por activistas ideologizados que defienden sus intereses políticos haciendo una mala utilización del sistema interamericano de DDHH.

Durante su gobierno, el Presidente Toledo se allano en los procesos ante la CIDH, sin importar si el Perú era efectivamente responsable o no. Así se allano al proceso iniciado por Leonor La Rosa por supuestas torturas que le habrían producido una lesión en la medula espinal. En ceremonia pública le otorgo una indemnización y se disculpo en nombre del Estado. Sin embargo años después, una investigación de Ricardo Uceda (Investigación publicada por el Diario El Comercio) descubrió que las acusaciones de La Rosa no eran ciertas.

Este caso demuestra que las supuestas víctimas de violaciones de DDHH pueden no ser tales. Puede ser todo una gran mentira. Como en cualquier proceso, el Estado acusado tiene el derecho y la obligación de defenderse. Lamentablemente, Toledo olvido que su responsabilidad como presidente consistía en defender al Estado y tuvo un manejo políticamente interesado, sin proteger los intereses del país.

La operación Chavin de Huantar es un caso emblemático. Internacionalmente es considerada como el modelo de operación de rescate de rehenes. Sin embargo 15 años después los comandos siguen siendo juzgados. Ellos han rechazado categóricamente la tesis de “los gallinazos” y sostienen que cada uno de los terroristas caídos está acreditado por el/los comandos que los eliminó en la operación. Además han negado la existencia de un grupo clandestino que entrara a matar terroristas detenidos, porque no hubo un solo terrorista capturado. (Declaración José Williams Zapata, Jefe de la Operación Chavín de Huantar. 16 de Enero 2012. Base Naval del Callao)¿ Cómo es posible que 140 comandos tengan la misma versión pero la CIDH le crea a Hidetaka Ogura, rehén japonés que fue posteriormente expulsado del servicio diplomático? Los comandos han declarado que ellos no salieron de la residencia el día del rescate, por lo que de haber existido una ejecución extrajudicial la Corte IDH podría sostener que ellos fueron testigos y/o cómplices. Entonces, cuando el “establishment caviar” sostiene que los comandos no serán incluidos en el proceso, está mintiendo deliberadamente.

Mónica Feria acusada por terrorismo y prófuga de la justicia ha denunciado al Perú ante la CIDH por violación sin más pruebas que sus declaraciones. La CIDH ha emitido un informe denunciando al Perú ante la Corte IDH.

El sistema interamericano de DDHH ha perdido legitimidad. Ni sus comisionados ni sus jueces son imparciales y han demostrado actuar en beneficio de quienes comparten su ideología. ¿Es entonces razonable que un país siga sometido a su competencia contenciosa?

El Perú tiene la obligación de defender a sus valientes FFAA y policiales que se jugaron la vida por el país.