La Fiscalía ha archivado, nuevamente, la investigación sobre las mal llamadas esterilizaciones forzadas. Demostrando que no existe evidencia de que el gobierno haya implementado una política de esterilización forzada.
El programa buscó reducir la tasa de mortalidad materno-infantil mejorando las condiciones de salud en los segmentos marginados, dándosele énfasis a la población de la sierra por la desigualdad que existía en el acceso a servicios de salud y en los indicadores. Si en Lima la mortalidad materna era 185 x 100,000 nv, en Ayacucho era 1039; si en Lima morían 26 niños por cada 1000 nv, en Huancavelica morían 106. Si la tasa de fertilidad en Lima era 2.6, en Huancavelica era 6.5 hijos por mujer. En 1993, hubo 1670 muertes maternas: una mujer moría cada 5 horas.
El programa permitió que mujeres pobres pudiesen acceder a servicios de salud gratuitos, beneficiando a 850,000 familias al año. En 1997 se realizaron 109,000 AQV (ligaduras), esto es 13% del total de métodos usados. El uso de métodos modernos aumentó de 31% en 1992 a 50.4% en 2000, y se redujo la mortalidad materna en 30%.
Sin embargo, existieron irregularidades en su implementación. Ocurrieron, aproximadamente, 150 casos donde médicos irresponsables realizaron AQV sin el debido consentimiento. Casos inaceptables donde los médicos debieron ser juzgados y condenados por la justicia, y las víctimas resarcidas. ¿Sabía que el Informe Defensorial 69 encontró que durante el gobierno de Toledo hubo 26 casos de esterilizaciones sin consentimiento?
Como resultado de la cancelación del programa, el uso de métodos anticonceptivos cayó de 50.4% en 2000 a 44% en 2004. En el área rural cayó a 37%, donde 62.5% de las mujeres no quería tener más hijos, pero solo 6.7% había accedido a AQV. La atención de pacientes con aborto incompleto aumentó de 35,000 en 2000 a 41,993 en 2003.
La gran mentira de la "esterilización forzada" fue creada por la izquierda y los sectores antifujimoristas para satisfacer su sed de venganza. A ella se auparon opinólogos desinformados y sin conocimiento alguno de políticas públicas. Para ello utilizaron a los peruanos más pobres y desprotegidos. Demostrando que en la política peruana no hay principios, ni gloria ni honor.
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