Trampolín a la Fama

El sector público se ha convertido en un trampolín a la fama, el poder y la fortuna. Prueba de ello es la legión de congresistas, funcionarios públicos y asesores cuyos intereses ajenos al servicio público o dudosa reputación son tardíamente descubiertos. Así tenemos desde robacables, comeoros, sentenciados por proxenetismo, estafadores y padres irresponsables hasta un ex futbolista que “fanfarronea” con “ayudar” a un amigo a salir de la cárcel. Si el sector público es el reflejo de la sociedad peruana, estamos fregados.

Cuando el Estado es capturado por grupos de interés ajenos a los intereses públicos, el país pierde. Estos intereses pueden ser desde los empresariales de la derecha mercantilista, que busca capturar las rentas del Estado para seguir enriqueciéndose como hizo siempre, hasta los de los sindicatos que impiden la liberalización del empleo o capturan, como el SUTEP, la educación del país. Pero pueden ser también los intereses de gente que llega para aprovecharse del poder en beneficio propio.

La diferencia entre un país desarrollado y uno en vías de desarrollo es que en el primero todos los ciudadanos tienen igual acceso a las instituciones políticas y económicas. Mientras que en el segundo son los grupos de interés los que capturan dichas instituciones para su beneficio y en perjuicio de los demás.

Esta semana se descubrió que el Director de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas es el dueño de una de las mayores empresas exportadoras de oro del país. Empresa que exporta más oro incluso que Buenaventura y que es sospechosa de blanquear oro ilegal a través de dos agencias, una de las cuales está ubicada en Huepetuhe, centro de minería ilegal y reino de Gregoria Casas Huamanhuillca, alias “Goya”. ¿Qué hace el dueño de una empresa exportadora de oro como director de hidrocarburos? ¿No se le ocurrió al Ministro que esto podría cuando menos ser éticamente incompatible? Recordemos, que no es el primer caso, la ex viceministra de Minas tenía 17 concesiones mineras a su nombre. Esta situación es la que “la gran transformación” de Humala llama la privatización del Estado. Parece que no llego a la “Hoja de Ruta”.

¿Qué es lo que sucede con los partidos que llevan a gente de dudosa reputación, con problemas legales, morales o éticos en sus listas? ¿Por qué un gobierno no hace una investigación ex ante de quien es la persona a la que pretenden nombrar a un cargo público? La excusa de que los líderes del partido fueron engañados o que el funcionario no informo de sus vínculos, intereses o sentencias no es aceptable.

Es necesario que el congreso apruebe una ley que fije severas incompatibilidades para ejercer cargos públicos. Los partidos políticos son responsables por quienes integran sus listas y el gobierno por quienes nombra como funcionarios o asesores. Los ciudadanos tenemos la obligación de exigirles que rindan cuentas por ello. ¿Dónde quedaron los escuderos libertarios críticos del mercantilismo?