Si algo deberíamos haber aprendido de la historia contemporánea, es que para gobernar no basta ganar elecciones y tener una bancada solida en el Congreso. Para gobernar se necesita legitimidad y la confianza del pueblo. El presidente Humala ha ganado las elecciones, tiene mayoría en el Congreso, pero aunque las encuestas le den 55% de aprobación, está perdiendo la confianza de los ciudadanos.
Su poco afán por las declaraciones, su avidez por mantener a la población en el oscurantismo, sin información o con información tergiversada, las fotos palaciegas y las declaraciones triunfalistas no lo ayudan. Las actitudes autoritarias de sus partidarios y altos funcionarios le hacen un flaco favor. No ha cumplido 10 meses en el poder y ya ha pasado por dos crisis políticas. Esta última pudo evitarse si actuaba a tiempo.
Un sector de la derecha parece encandilado con el Premier. Es cierto que es pragmático y que representa bien los intereses de la derecha empresarial. Es cierto que tiene voz de mando y se enfrenta al establishment caviar. Valdés es visto como el último bastión que previene el retorno de la izquierda y sus interesados primos los caviares al poder. Estoy de acuerdo con que tenemos que dar la lucha contra el establishment caviar. Pero esa lucha es ideológica y pasa por aclarar las mentiras, fortalecer las instituciones y romper la captura que ha hecho la caviarada de estas. Creo que es un error defender personas por encima de instituciones. Si lo que queremos es que el Perú se convierta en un país desarrollado, tenemos que acabar con esta costumbre caudillista de creer que sólo una persona puede salvarnos.
El gobierno de Toledo aceptó el levantamiento popular, la captura de rehenes y la toma de carreteras como mecanismos validos en la negociación con el Estado. El de García lo institucionalizó. Es momento que el Estado demuestre que tiene el control sobre la violencia y que ninguno de esos mecanismos puede ser exitoso. Quien bloquea una carretera comete un delito. El DS que autoriza la venta de oro informal mientras dure el proceso de formalización en respuesta al paro minero es una muestra de la debilidad institucional del Estado. La Confederación de Mineros Artesanales se ha tomado la libertad de amenazarnos diciendo que: “en dos días tendrán un país en llamas.” El Estado no puede aceptar el chantaje de quienes están fuera de la ley. El presidente y su gobierno están siendo progresivamente secuestrados por la coerción de los ilegales. Se equivocan al mantener el modelo de ausencia de autoridad que han dejado como herencia los caviares que pasaron por los gobiernos de Toledo y García. Mientras tanto miles de mujeres y niños siguen siendo esclavizados, el medio ambiente destruido, el narcotráfico favorecido con los insumos químicos que reciben de la minería informal/ilegal y los Quispe Palomino se enriquecen con el dinero del narcotráfico que les permite armarse, controlar el monte y matar a nuestras FFAA y policiales.
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