sábado, 26 de mayo de 2012

La Captura de las Instituciones

Hace unas semanas leía una entrevista en La República donde una persona se refería a la Constitución como el “documento” del 93 y exhortaba al Presidente a cumplir su promesa de retornar a la Constitución 1979. Cuando preguntada por el vacío legal que esto generaría sostuvo que todos los actos jurídicos de los últimos 19 años suscritos al amparo de la C1993 debían ser “actos nulos”. Deslegitimaba al CCD por haber sido convocado por Alberto Fujimori, “quien no tiene calidad moral” Preguntada por si no sería mejor continuar con las reformas constitucionales sostuvo que no porque eso sería “legalizar algo ilegitimo. (…) Además hay una bancada fuerte del fujimorato que no lo va a permitir”, asintió. Estas son declaraciones políticas con una clara tendencia antifujimorista. Hasta ahí, nada nuevo. Es el derecho ciudadano de participar en política y ejercer su libertad de opinión. El problema es que estas declaraciones son de Greta Minaya, miembro del JNE. No es la primera vez que hace declaraciones políticas desde el JNE. En pleno proceso electoral llamo a un candidato “apátrida” Su fanatismo le impide racionalizar el caos en el que sumiría al Perú si su argumento fuese valido.

La Ley Orgánica del JNE establece como prohibición para integrar el pleno pertenecer o haber pertenecido los últimos 4 años a una organización política. La lógica de la ley es que los miembros del JNE muestren independencia de criterio, que sean neutrales para poder administrar justicia electoral.

En pleno proceso de recolección de firmas para la revocatoria de la alcaldesa de Lima, una persona envía por redes un artículo suyo escrito meses atrás sobre la revocatoria a la que denomina la espada de Damocles que cuelga sobre la alcaldesa y que sería empuñada por la aborrecible derecha peruana. Hasta ahí todo bien. El problema es que esta persona es el funcionario de la RENIEC encargado del escrutinio de las firmas recolectadas para pedir la revocatoria.

La ética pública supone que los funcionarios públicos actúen con objetividad, transparencia e imparcialidad. Las instituciones electorales deben salvaguardar la democracia, y los procesos democráticos. Su imparcialidad es importantísima para el sostenimiento de la democracia.

Las Instituciones crean y regulan un orden social, esto es el comportamiento de las personas y las organizaciones dentro de una sociedad. Las instituciones deben ser impersonales. No importa quién sea usted ni quien sea yo, todos estamos sujetos a las mismas reglas y su aplicación debe ser hecha por un órgano impersonal e imparcial al que no le importe ni su nombre, ni sus simpatías políticas.

Cuando una institución pierde su impersonalidad y sus miembros son parcializados y con claras ideologías políticas todos los ciudadanos perdemos, aunque compartamos la ideología de sus miembros. Perdemos, entre otras cosas, confianza. Y sin confianza en las instituciones dejaremos de recurrir a ellas, y resolveremos nuestros problemas directamente. Así se frena el fortalecimiento institucional y se retrocede en el camino hacia el desarrollo al que queremos llevar al Perú.

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