"La Municipalidad de Lima es una municipalidad pobre" fue la respuesta que dio la gerente de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad de Lima, preguntada por el aumento del comercio ambulatorio en el Centro. Alberto Andrade debe haberse retorcido en su tumba.
Esta es una muestra de lo que sucede cuando los ciudadanos votan sin tener en cuenta las capacidades de las autoridades que eligen. Cuando no las obligan a rendir cuentas y ellas se rodean de incapaces. Esta es una muestra de que Lima es gobernada por improvisados. Y, sin embargo Villarán tiene 20% de aprobación. ¿Qué es exactamente lo que aprueban? ¿El caos del transporte, la falta de gobernanza, las obras sin terminar, las mentiras, la falta de transparencia, las excusas de que los ataques son por ser mujer?
¿Sabía que la Municipalidad de Lima (que dicen es pobre) aumentó en 642% los gastos para publicidad e imagen institucional?
La campaña para la reelección de Villarán ya comenzó. La estrategia será nuevamente la de poner a la alcaldesa y sus regidores como la reserva moral, sus adversarios políticos serán sin duda corruptos probados o en potencia. Nuevamente, la decencia versus la mugre.
En el debate poco importará que Lima requiera autoridades con capacidad para gobernar y conocimiento de políticas públicas, porque nuevamente la "tía bacán" y su asesor convencerán a los limeños de que Lima no puede parar. Y los ilusos olvidarán las horas perdidas en el tráfico infernal, olvidarán que la alcaldesa aún no ha cumplido su promesa de rendir cuentas por la campaña por el "No", olvidarán el desorden de la ciudad y la mala calidad de vida que sufrimos como consecuencia de su mala gestión. Pregunto, ¿quién financia a Villarán?
Mientras tanto, el revocado y recontratado Eduardo Zegarra nos dice que Villarán, cual Virgen María, ha hecho un gran sacrificio al ser alcaldesa.
Escribo para enfrentar lo "políticamente correcto", que constituye el mayor lastre del Perú. No formo ni he formado parte de partido político alguno y digo solo aquello en lo que creo, independientemente de a quién le guste y a quién no. Creo que estas razones son las que hacen de la irreverencia una virtud.
sábado, 31 de mayo de 2014
sábado, 24 de mayo de 2014
Vale Todo
Pese a que Latinoamérica ha experimentado altas tasas de crecimiento económico, ha reducido la pobreza considerablemente y la desigualdad, ha logrado mejorar los indicadores de salud y el acceso a la educación, no ha conseguido satisfacer las demandas de sus ciudadanos por seguridad, mejor calidad de educación, salud e infraestructura, ni ha logrado reducir la informalidad. Todo ello debilita la confianza de los ciudadanos en el Estado.
Para Fukuyama, esto se debe a la mala administración burocrática y la debilidad de los Estados. Por ello, considera que se deben "concentrar en desarrollar una administración pública de elevada calidad", siendo necesario acabar con el clientelismo. Sin una sociedad que mantenga la presión sobre sus gobernantes, ello no será posible, sostiene.
Lamentablemente, en el Perú no existe una cultura de rendición de cuentas. Hay una desconexión entre los políticos y los ciudadanos que los llevaron al poder. Los primeros no entienden que tienen la obligación de actuar con transparencia y eficiencia; y los segundos, que son ellos quienes tienen el poder a través del voto.
La inseguridad ciudadana, el sicariato y la violencia política están coartando al Estado y el Gobierno no tiene la capacidad para enfrentarlo. Hace unos días, Carlos Meléndez escribía sobre la amenaza que representan las mafias en la sociedad. Aquellas que extorsionan empresarios, políticos y ciudadanos por igual. Para Meléndez, hoy, es difícil distinguir entre víctimas y victimarios.
Esta anomia es producto de la falta de Estado. Ante ella, el monopolio de la violencia, que debe necesariamente ser ejercido por el Estado, no existe. La violencia es ejercida por cualquiera. Si el Estado no logra imponerse, nos convertiremos en el Medellín de los ochenta o en el norte de México.
Estamos cansados de vivir en medio de la violencia, la inseguridad y la informalidad. Pero sobre todo de autoridades ineficientes que no tienen capacidad para gobernar.
Para Fukuyama, esto se debe a la mala administración burocrática y la debilidad de los Estados. Por ello, considera que se deben "concentrar en desarrollar una administración pública de elevada calidad", siendo necesario acabar con el clientelismo. Sin una sociedad que mantenga la presión sobre sus gobernantes, ello no será posible, sostiene.
Lamentablemente, en el Perú no existe una cultura de rendición de cuentas. Hay una desconexión entre los políticos y los ciudadanos que los llevaron al poder. Los primeros no entienden que tienen la obligación de actuar con transparencia y eficiencia; y los segundos, que son ellos quienes tienen el poder a través del voto.
La inseguridad ciudadana, el sicariato y la violencia política están coartando al Estado y el Gobierno no tiene la capacidad para enfrentarlo. Hace unos días, Carlos Meléndez escribía sobre la amenaza que representan las mafias en la sociedad. Aquellas que extorsionan empresarios, políticos y ciudadanos por igual. Para Meléndez, hoy, es difícil distinguir entre víctimas y victimarios.
Esta anomia es producto de la falta de Estado. Ante ella, el monopolio de la violencia, que debe necesariamente ser ejercido por el Estado, no existe. La violencia es ejercida por cualquiera. Si el Estado no logra imponerse, nos convertiremos en el Medellín de los ochenta o en el norte de México.
Estamos cansados de vivir en medio de la violencia, la inseguridad y la informalidad. Pero sobre todo de autoridades ineficientes que no tienen capacidad para gobernar.
sábado, 17 de mayo de 2014
Una persecución política forzada
Una Comisión del Parlamento Andino llegó al Perú para presionar al Ministerio Público y al PJ por el caso de las mal llamadas esterilizaciones forzadas. Hace un tiempo, lo hizo Luz Patricia Mejía, comisionada de la CIDH.
¿Puede una comisión integrada por Hilaria Supa, activista política, ser imparcial? Supa sostiene que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar-PSRPF fue "la mayor discriminación (contra la mujer andina)" y añade que "la concepción del gobierno fujimorista fue profundamente racista. Quiso desaparecer a ese sector de la población". Además, el comunicado del Parlamento Andino señala que "en el Perú fueron esterilizadas forzosamente 300,000 mujeres y 22,000 hombres". ¿En qué basan esas afirmaciones? ¿Están buscando justicia o venganza política? ¿Por qué no investigan las 26 esterilizaciones sin consentimiento durante el gobierno de Toledo?
¿Está facultado el Parlamento Andino para investigar casos de DDHH? ¿Puede interferir en un caso que está judicializado? ¡Ni el Congreso peruano puede interferir con el PJ! La Comisión se reunió con víctimas y fiscales. ¿Se reunieron acaso con los ministros de Salud a los que acusan? ¿Y el debido proceso?
El PSRPF fue diseñado considerando la alta mortalidad materno-infantil en los segmentos marginados, dándosele énfasis a la población de la sierra por la desigualdad existente. En 1996, la mortalidad materna era 185 x100,000nv, pero en Ayacucho era 1039; si en Lima morían 26 niños por cada 1000nv, en Huancavelica morían 106. En 1993, murieron 1670 madres: una mujer cada 5 horas.
El PSRPF permitió que mujeres pobres accedieran a servicios de salud gratuitos, beneficiando a 850,000 familias al año. Como resultado se redujo la mortalidad materna en 30%.
Durante la implementación ocurrieron aproximadamente 150 casos donde médicos irresponsables realizaron esterilizaciones sin consentimiento. Los médicos debieron ser juzgados y condenados por la justicia y las víctimas resarcidas. Hubo 18 casos fatales como el de Mamerita Mestanza.
Lo que no dice el Parlamento Andino es que la Fiscalía encontró responsabilidad penal en los médicos que practicaron las esterilizaciones sin consentimiento. Además, ordenó que se investigue a jueces y fiscales que impidieron el acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, ¿a quiénes se quiere condenar?
En un Estado de Derecho, nadie puede ser perseguido políticamente. Aunque esta persecución venga del Parlamento Andino, CIDH o la conciencia moral. Ni siquiera los fujimoristas.
¿Puede una comisión integrada por Hilaria Supa, activista política, ser imparcial? Supa sostiene que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar-PSRPF fue "la mayor discriminación (contra la mujer andina)" y añade que "la concepción del gobierno fujimorista fue profundamente racista. Quiso desaparecer a ese sector de la población". Además, el comunicado del Parlamento Andino señala que "en el Perú fueron esterilizadas forzosamente 300,000 mujeres y 22,000 hombres". ¿En qué basan esas afirmaciones? ¿Están buscando justicia o venganza política? ¿Por qué no investigan las 26 esterilizaciones sin consentimiento durante el gobierno de Toledo?
¿Está facultado el Parlamento Andino para investigar casos de DDHH? ¿Puede interferir en un caso que está judicializado? ¡Ni el Congreso peruano puede interferir con el PJ! La Comisión se reunió con víctimas y fiscales. ¿Se reunieron acaso con los ministros de Salud a los que acusan? ¿Y el debido proceso?
El PSRPF fue diseñado considerando la alta mortalidad materno-infantil en los segmentos marginados, dándosele énfasis a la población de la sierra por la desigualdad existente. En 1996, la mortalidad materna era 185 x100,000nv, pero en Ayacucho era 1039; si en Lima morían 26 niños por cada 1000nv, en Huancavelica morían 106. En 1993, murieron 1670 madres: una mujer cada 5 horas.
El PSRPF permitió que mujeres pobres accedieran a servicios de salud gratuitos, beneficiando a 850,000 familias al año. Como resultado se redujo la mortalidad materna en 30%.
Durante la implementación ocurrieron aproximadamente 150 casos donde médicos irresponsables realizaron esterilizaciones sin consentimiento. Los médicos debieron ser juzgados y condenados por la justicia y las víctimas resarcidas. Hubo 18 casos fatales como el de Mamerita Mestanza.
Lo que no dice el Parlamento Andino es que la Fiscalía encontró responsabilidad penal en los médicos que practicaron las esterilizaciones sin consentimiento. Además, ordenó que se investigue a jueces y fiscales que impidieron el acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, ¿a quiénes se quiere condenar?
En un Estado de Derecho, nadie puede ser perseguido políticamente. Aunque esta persecución venga del Parlamento Andino, CIDH o la conciencia moral. Ni siquiera los fujimoristas.
sábado, 10 de mayo de 2014
Poderes Paralelos
Pese a los cuestionamientos al rol que ejerce Heredia en el gobierno de su marido, ella en reciente entrevista nos dejó en claro que poco le importa ser cuestionada. El problema no radica en lo que Heredia pueda pensar, sino en el hecho de que no existen contrapesos que limiten el poder que ella ejerce.
Es equivocado deslegitimar los cuestionamientos al rol de Heredia en el Gobierno desde una perspectiva de género. Nadine Heredia usurpa funciones sin asumir las responsabilidades de un puesto público. No es un tema de género, porque quienes hoy la cuestionamos, haríamos lo mismo si quien ejerciese un poder informal fuera Mark Villanella. Heredia no fue elegida para gobernar y al no asumir cargo público, no está obligada a rendir cuentas. Eso de por sí es grave, sin importar si ella tiene aspiraciones de postular a la Presidencia en el 2016 o no. El uso de recursos públicos es un problema distinto. Igual de serio, pero que no debe confundirse con la crítica que hace al poder que ejerce Heredia.
El caso de Heredia grafica la forma como el Perú está siendo gobernado, en base a instancias de poderes informales, pero no es el único. Dacia Escalante, militante nacionalista nombrada por el Presidente para dirigir la Onagi. Su puesto dependía del Ministerio del Interior, pero el ministro no tenía autoridad alguna sobre ella. Existen serios cuestionamientos sobre la utilización política de los gobernadores y de los recursos del Estado, y sin embargo esta funcionaria decidió no presentarse ante el Congreso. Uno se pregunta: ¿cómo es que ministros como Walter Albán, ex defensor del Pueblo, permiten que se use su imagen para esconder detrás poderes informales y actos de corrupción? ¿Qué más estará ocurriendo bajo las narices del ministro?
Nos estamos acostumbrando a que nadie rinda cuentas, a que nadie asuma responsabilidad
Es equivocado deslegitimar los cuestionamientos al rol de Heredia en el Gobierno desde una perspectiva de género. Nadine Heredia usurpa funciones sin asumir las responsabilidades de un puesto público. No es un tema de género, porque quienes hoy la cuestionamos, haríamos lo mismo si quien ejerciese un poder informal fuera Mark Villanella. Heredia no fue elegida para gobernar y al no asumir cargo público, no está obligada a rendir cuentas. Eso de por sí es grave, sin importar si ella tiene aspiraciones de postular a la Presidencia en el 2016 o no. El uso de recursos públicos es un problema distinto. Igual de serio, pero que no debe confundirse con la crítica que hace al poder que ejerce Heredia.
El caso de Heredia grafica la forma como el Perú está siendo gobernado, en base a instancias de poderes informales, pero no es el único. Dacia Escalante, militante nacionalista nombrada por el Presidente para dirigir la Onagi. Su puesto dependía del Ministerio del Interior, pero el ministro no tenía autoridad alguna sobre ella. Existen serios cuestionamientos sobre la utilización política de los gobernadores y de los recursos del Estado, y sin embargo esta funcionaria decidió no presentarse ante el Congreso. Uno se pregunta: ¿cómo es que ministros como Walter Albán, ex defensor del Pueblo, permiten que se use su imagen para esconder detrás poderes informales y actos de corrupción? ¿Qué más estará ocurriendo bajo las narices del ministro?
Nos estamos acostumbrando a que nadie rinda cuentas, a que nadie asuma responsabilidad
sábado, 26 de abril de 2014
Angelina Jolie
Hace unos días este diario publicó una caricatura ofensiva donde se hacía escarnio de las mujeres víctimas de violencia. La violencia doméstica es un problema de salud pública en el Perú, donde según la OMS, 69% de mujeres rurales y 51% de urbanas han sufrido violencia física o sexual. La violencia doméstica NO es graciosa.
¿Podemos reírnos de que 23% de mujeres en Lima y 47% en Cusco hayan sido forzadas por sus parejas a tener sexo? ¿Podemos reírnos de que un precandidato acuse de "muñeca brava" a la víctima de sus agresiones para justificarse? El 71% de las mujeres peruanas ha sido víctima de violencia sicológica (control, trato humillante, amenazas), aquella que vulnera la libertad y autonomía de las mujeres. Ese "Yo fui a Chicago y tú no".
La violencia contra la mujer responde al control que busca ejercer un hombre sobre una mujer. Es una muestra de poder, de superioridad. El la considera inferior y reclama su derecho de propiedad a través de la violencia, el control, la humillación o reclamando su derecho a poseerla cuando le plazca. La violencia contra la mujer es persistente en la medida en que la sociedad no la rechace enérgicamente. Mientras sigamos estereotipando a las mujeres víctimas de violencia y sosteniendo que basta con decirles que se parecen a
Angelina Jolie después de golpearlas para que no denuncien, mientras se siga buscando generar risas con la violencia de género, mientras no te importe que tu pata "gomee" a su mujer no acabaremos con la violencia de género. ¿Sabía que solo uno de cada cuatro víctimas denuncia a su agresor?
La violencia contra la mujer seguirá siendo un grave problema mientras todos los ciudadanos no levantemos la voz para ponerle un alto. Mientras aceptemos que se use la violencia de género para generar risas, seremos cómplices de ella.
¿Podemos reírnos de que 23% de mujeres en Lima y 47% en Cusco hayan sido forzadas por sus parejas a tener sexo? ¿Podemos reírnos de que un precandidato acuse de "muñeca brava" a la víctima de sus agresiones para justificarse? El 71% de las mujeres peruanas ha sido víctima de violencia sicológica (control, trato humillante, amenazas), aquella que vulnera la libertad y autonomía de las mujeres. Ese "Yo fui a Chicago y tú no".
La violencia contra la mujer responde al control que busca ejercer un hombre sobre una mujer. Es una muestra de poder, de superioridad. El la considera inferior y reclama su derecho de propiedad a través de la violencia, el control, la humillación o reclamando su derecho a poseerla cuando le plazca. La violencia contra la mujer es persistente en la medida en que la sociedad no la rechace enérgicamente. Mientras sigamos estereotipando a las mujeres víctimas de violencia y sosteniendo que basta con decirles que se parecen a
Angelina Jolie después de golpearlas para que no denuncien, mientras se siga buscando generar risas con la violencia de género, mientras no te importe que tu pata "gomee" a su mujer no acabaremos con la violencia de género. ¿Sabía que solo uno de cada cuatro víctimas denuncia a su agresor?
La violencia contra la mujer seguirá siendo un grave problema mientras todos los ciudadanos no levantemos la voz para ponerle un alto. Mientras aceptemos que se use la violencia de género para generar risas, seremos cómplices de ella.
sábado, 19 de abril de 2014
Tapadas limeñas
La mayoría no debe ni puede, en un Estado de Derecho, limitar los derechos de las minorías. Si todos somos iguales ante la ley, como establece la Constitución, es momento de que esa igualdad sea ejercida por los ciudadanos que tienen una opción sexual distinta a la mayoría.
El Perú es un país laico, y por ello ni los dogmas de la Iglesia Católica ni los valores cristianos pueden ser impuestos para limitar los derechos de los ciudadanos. Ni siquiera a través de mecanismos democráticos, como propuso el Cardenal.
Jim Kim, presidente del BM, declaró recientemente, refiriéndose a los derechos de los homosexuales: "La lucha para eliminar todo tipo de discriminación institucionalizada es urgente". El trato discriminatorio hacia grupos de personas sobre la base de género, religión, raza o sexualidad, conduce a su exclusión social, lo que podría perjudicar el crecimiento económico y haría más difícil aliviar la pobreza. Pero es además moral y legalmente inaceptable.
Podemos seguir actuando como tapadas limeñas y pretender que no reconocerle derechos civiles y patrimoniales a los ciudadanos que tienen una opción sexual distinta hará que. . . ¿desaparezcan? Debo informarles que eso no sucederá. La realidad es que en el Perú existen familias formadas por personas del mismo sexo, y ellas y sus hijos tienen derecho a ser reconocidos y protegidos por el Estado. La ley de la unión civil busca que se reconozca una realidad.
Los congresistas no deben dejarse amedrentar por presiones de grupos de interés conservadores. Su obligación es garantizar que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley.
La intolerancia es una característica de nuestra sociedad, donde unos se creen moralmente superiores y no entienden que la Constitución, la ley y Dios nos hacen a todos iguales. Un país donde sigan existiendo categorías distintas de ciudadanos es inviable, sin importar el crecimiento económico que experimente.
El Perú es un país laico, y por ello ni los dogmas de la Iglesia Católica ni los valores cristianos pueden ser impuestos para limitar los derechos de los ciudadanos. Ni siquiera a través de mecanismos democráticos, como propuso el Cardenal.
Jim Kim, presidente del BM, declaró recientemente, refiriéndose a los derechos de los homosexuales: "La lucha para eliminar todo tipo de discriminación institucionalizada es urgente". El trato discriminatorio hacia grupos de personas sobre la base de género, religión, raza o sexualidad, conduce a su exclusión social, lo que podría perjudicar el crecimiento económico y haría más difícil aliviar la pobreza. Pero es además moral y legalmente inaceptable.
Podemos seguir actuando como tapadas limeñas y pretender que no reconocerle derechos civiles y patrimoniales a los ciudadanos que tienen una opción sexual distinta hará que. . . ¿desaparezcan? Debo informarles que eso no sucederá. La realidad es que en el Perú existen familias formadas por personas del mismo sexo, y ellas y sus hijos tienen derecho a ser reconocidos y protegidos por el Estado. La ley de la unión civil busca que se reconozca una realidad.
Los congresistas no deben dejarse amedrentar por presiones de grupos de interés conservadores. Su obligación es garantizar que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley.
La intolerancia es una característica de nuestra sociedad, donde unos se creen moralmente superiores y no entienden que la Constitución, la ley y Dios nos hacen a todos iguales. Un país donde sigan existiendo categorías distintas de ciudadanos es inviable, sin importar el crecimiento económico que experimente.
sábado, 12 de abril de 2014
¿Y ahora, quién podrá defendernos?
El Banco Mundial acaba de anunciar su preocupación por lo que estima será una reducción en el crecimiento de Latinoamérica, identificando dos causas principales: la desaceleración de China y los recortes de políticas monetarias de EE.UU.
Lamentablemente, el Perú no hizo a tiempo un uso eficiente de los recursos que el crecimientoeconómico le generó. Faltó inversión en infraestructura, servicios básicos como educación y salud, y seguridad, entre otros.
Para que un país logre cruzar el umbral del desarrollo, el crecimiento económico no es suficiente. Uno de los requisitos indispensables es que el Estado controle el monopolio de la violencia. Esto es que solo el Estado, a través de la ley, puede ejercer la violencia (orden, persecución, sanción), sin que ningún otro grupo (narcoterrorista, paramilitar, sicario, milicia) pueda hacerlo.
El Estado ha demostrado su incapacidad en mantener el monopolio de la violencia y no solo por la "percepción" de inseguridad con la vivimos, la falta de acceso a la justicia ni por la frustración de vivir en una ciudad sin autoridad donde cualquier bacancito se impone.
Las denuncias de asesinato de autoridades regionales son alarmantes. No solo es Áncash y los asesinatos que estarían relacionados con el presidente regional. Existen varias denuncias de asesinatos de autoridades a manos de sicarios que estarían vinculados a negocios ilegales por todo el Perú.
Hace unos meses, el congresista Modesto Julca envió una carta informándole al entonces ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, de la situación en Áncash y de los "asesinatos cometidos por sicarios de organizaciones criminales vinculadas al poder político". A pesar de ello, Nolasco fue asesinado. Pedraza no es más ministro, pero mantiene un puestito como asesor presidencial en materia de seguridad, nada menos.
Sin autoridades eficientes, el Estado no logrará garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y sin seguridad es imposible cruzar el umbral del desarrollo.
Lamentablemente, el Perú no hizo a tiempo un uso eficiente de los recursos que el crecimientoeconómico le generó. Faltó inversión en infraestructura, servicios básicos como educación y salud, y seguridad, entre otros.
Para que un país logre cruzar el umbral del desarrollo, el crecimiento económico no es suficiente. Uno de los requisitos indispensables es que el Estado controle el monopolio de la violencia. Esto es que solo el Estado, a través de la ley, puede ejercer la violencia (orden, persecución, sanción), sin que ningún otro grupo (narcoterrorista, paramilitar, sicario, milicia) pueda hacerlo.
El Estado ha demostrado su incapacidad en mantener el monopolio de la violencia y no solo por la "percepción" de inseguridad con la vivimos, la falta de acceso a la justicia ni por la frustración de vivir en una ciudad sin autoridad donde cualquier bacancito se impone.
Las denuncias de asesinato de autoridades regionales son alarmantes. No solo es Áncash y los asesinatos que estarían relacionados con el presidente regional. Existen varias denuncias de asesinatos de autoridades a manos de sicarios que estarían vinculados a negocios ilegales por todo el Perú.
Hace unos meses, el congresista Modesto Julca envió una carta informándole al entonces ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, de la situación en Áncash y de los "asesinatos cometidos por sicarios de organizaciones criminales vinculadas al poder político". A pesar de ello, Nolasco fue asesinado. Pedraza no es más ministro, pero mantiene un puestito como asesor presidencial en materia de seguridad, nada menos.
Sin autoridades eficientes, el Estado no logrará garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y sin seguridad es imposible cruzar el umbral del desarrollo.
sábado, 5 de abril de 2014
¿Y usted confía en el Estado?
La auditoría social busca que los ciudadanos participen en asuntos de gobierno fiscalizando y haciéndole saber a las autoridades sus intereses y preferencias. Si el ciudadano tiene información, podrá realizar un mayor control sobre las autoridades, obligándolas a rendir cuentas y actuar con transparencia, lo que mejoraría la prestación de servicios y el gasto público y reduciría la corrupción. Con ello se incrementaría la satisfacción del ciudadano, favoreciéndose la gobernabilidad.
Durante el 2012 se gestó una acción colectiva entre los limeños descontentos con la gestión de la alcaldesa: 65% quería revocarla. Organizar una acción colectiva es difícil y requiere líderes. Los partidos políticos, demostrando que no representan a nadie más que a sí mismos, decidieron defender sus puestos e intereses y erróneamente plantearon que la revocatoria perjudicaría la institucionalidad y significaría el regreso de una mafia. Mucho dinero y un oscuro asesor hicieron el resto: asustaron a los limeños y la alcaldesa triunfó. En el medio quedaron quienes deseaban autoridades eficientes que implementen políticas públicas basadas en evidencia y lo hagan adoptando mecanismos de buen gobierno como transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Jonathan Fox, profesor de American University experto en estos temas, ha encontrado que uno de los requisitos para que la auditoría social funcione es que los ciudadanos crean que serán escuchados por el Estado y su participación tendrá resultados. Los limeños no fueron escuchados.
Cuando los ciudadanos están descontentos con las autoridades y no pueden recurrir a mecanismos democráticos sea para revocar a una autoridad ineficiente o corrupta, para exigir mejoras en los servicios o influir en la agenda pública, pierden la confianza en el Estado. Entonces, para lograr sus objetivos toman carreteras, plazas y recurren a la violencia. Lo vimos en la primavera árabe, en Chile, Brasil y actualmente Venezuela. Ejemplos locales: Bagua, Conga, los mineros informales y, si mira más allá, verá los que vienen.
Durante el 2012 se gestó una acción colectiva entre los limeños descontentos con la gestión de la alcaldesa: 65% quería revocarla. Organizar una acción colectiva es difícil y requiere líderes. Los partidos políticos, demostrando que no representan a nadie más que a sí mismos, decidieron defender sus puestos e intereses y erróneamente plantearon que la revocatoria perjudicaría la institucionalidad y significaría el regreso de una mafia. Mucho dinero y un oscuro asesor hicieron el resto: asustaron a los limeños y la alcaldesa triunfó. En el medio quedaron quienes deseaban autoridades eficientes que implementen políticas públicas basadas en evidencia y lo hagan adoptando mecanismos de buen gobierno como transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Jonathan Fox, profesor de American University experto en estos temas, ha encontrado que uno de los requisitos para que la auditoría social funcione es que los ciudadanos crean que serán escuchados por el Estado y su participación tendrá resultados. Los limeños no fueron escuchados.
Cuando los ciudadanos están descontentos con las autoridades y no pueden recurrir a mecanismos democráticos sea para revocar a una autoridad ineficiente o corrupta, para exigir mejoras en los servicios o influir en la agenda pública, pierden la confianza en el Estado. Entonces, para lograr sus objetivos toman carreteras, plazas y recurren a la violencia. Lo vimos en la primavera árabe, en Chile, Brasil y actualmente Venezuela. Ejemplos locales: Bagua, Conga, los mineros informales y, si mira más allá, verá los que vienen.
sábado, 29 de marzo de 2014
¿Cómo haríamos?
Branko Milanovic, economista del Banco Mundial, publicó un estudio reciente donde encontró que entre 1988 y el 2008 los ingresos del 1% de los más ricos del mundo había aumentado en 60%, mientras que los ingresos del 5% más pobre no habían sufrido ningún cambio.
El Perú ha logrado reducir la pobreza monetaria hasta en 26%. Quienes han salido de la pobreza son considerados una nueva clase media, pese a que carecen de acceso a salud y educación de calidad y a empleo formal. Uno de los grandes problemas que enfrentamos es el riesgo de que sin las políticas públicas adecuadas que mantengan el crecimiento económico, faciliten la inversión privada y la seguridad, ellos puedan caer nuevamente en la pobreza.
Sin embargo, de acuerdo con el índice de pobreza multidimensional, esta es 37%. ¿Cuál es la diferencia? Mientras la pobreza monetaria mide solo ingresos, la multidimensional mide también acceso a salud, educación, vivienda, empleo, seguridad personal, etc. Analizar la pobreza desde la perspectiva multidimensional brinda una visión más concreta sobre la situación del país.
¿Sabía que cuatro de cada diez niños peruanos son pobres? 1.6 millones de menores de 18 son pobres multidimensionales. De acuerdo con un estudio de Enrique Vásquez, 458,136 niños dejaron de ir al colegio en el 2012. El 49% de adolescentes trabaja en promedio siete horas diarias por un sol la hora, mientras que el 13.5% de las adolescentes está embarazada o ya es madre. En el 2012, 815,757 niños menores de cinco años sufrían de desnutrición crónica y 981,800 niños (6-11) vivían en hogares con déficit calórico, esto es, no tenían suficiente comida. Qali Warma, el programa diseñado para acabar con la desnutrición y el déficit calórico de los niños, acaba de intoxicar a 50 en Cañete.
Esta es la realidad del Perú. Bajo estas condiciones, ¿cree que la gobernabilidad y el desarrollo están garantizados?
El Perú ha logrado reducir la pobreza monetaria hasta en 26%. Quienes han salido de la pobreza son considerados una nueva clase media, pese a que carecen de acceso a salud y educación de calidad y a empleo formal. Uno de los grandes problemas que enfrentamos es el riesgo de que sin las políticas públicas adecuadas que mantengan el crecimiento económico, faciliten la inversión privada y la seguridad, ellos puedan caer nuevamente en la pobreza.
Sin embargo, de acuerdo con el índice de pobreza multidimensional, esta es 37%. ¿Cuál es la diferencia? Mientras la pobreza monetaria mide solo ingresos, la multidimensional mide también acceso a salud, educación, vivienda, empleo, seguridad personal, etc. Analizar la pobreza desde la perspectiva multidimensional brinda una visión más concreta sobre la situación del país.
¿Sabía que cuatro de cada diez niños peruanos son pobres? 1.6 millones de menores de 18 son pobres multidimensionales. De acuerdo con un estudio de Enrique Vásquez, 458,136 niños dejaron de ir al colegio en el 2012. El 49% de adolescentes trabaja en promedio siete horas diarias por un sol la hora, mientras que el 13.5% de las adolescentes está embarazada o ya es madre. En el 2012, 815,757 niños menores de cinco años sufrían de desnutrición crónica y 981,800 niños (6-11) vivían en hogares con déficit calórico, esto es, no tenían suficiente comida. Qali Warma, el programa diseñado para acabar con la desnutrición y el déficit calórico de los niños, acaba de intoxicar a 50 en Cañete.
Esta es la realidad del Perú. Bajo estas condiciones, ¿cree que la gobernabilidad y el desarrollo están garantizados?
sábado, 22 de marzo de 2014
Dios perdona el pecado
Tengo la impresión –y si me apura la percepción– de que el Ejecutivo no entendió el mensaje que le envió el Congreso. Enfrentarse a la oposición sosteniendo que Heredia seguirá como hasta ahora, ejerciendo un poder informal que no está sujeto a ningún control es, cuando menos, imprudente. Un Presidente podría darse esos lujos si tuviese el apoyo del pueblo. No cuando tiene 25% de aprobación y la Primera Dama 27%.
El Presidente ha advertido: Heredia seguirá despachando desde una oficina, que dicen que no tiene, aconsejada por unos asesores que no son formalmente suyos. Seguirá convocando a ministros, despachando con ellos, fijando agendas, dando luz verde y coqueteando, cómo no, con la Confiep.
El Ejecutivo se defiende sosteniendo que el poder de Heredia es solo percepción. El problema es que a Heredia le gusta alardear y olvida que Dios perdona el pecado, mas no el escándalo. El poder que ejerce Heredia debería preocuparnos, por la historia reciente, y porque este es una afrenta a las instituciones democráticas y al orden constitucional. El poder de Nadine no es pequeña política, como quiere hacernos creer el marqués. Pequeña política es apoyar y proteger a quien ejerce un poder informal motivado por rencores personales demasiado viejos ya.
El Congreso tuvo la oportunidad de hacerle saber al Gobierno que no permitiría que Heredia mantenga el poder informal que ejerce. No lo consiguió. Un partido pactista se entrometió. ¿Por qué el PPC otorgó la confianza al gabinete? ¿Qué cambió entre viernes y lunes? ¿La oferta de un fajín? ¿La presidencia del Congreso? Sea lo que fuere, no fue por el bien del país ni en aras de la institucionalidad. El PPC demostró, una vez más, que actúa en base a intereses partidarios y carece de visión. Demostró que las nuevas generaciones han sido incapaces de alejarse del origen cortesano de sus fundadores.
El Presidente ha advertido: Heredia seguirá despachando desde una oficina, que dicen que no tiene, aconsejada por unos asesores que no son formalmente suyos. Seguirá convocando a ministros, despachando con ellos, fijando agendas, dando luz verde y coqueteando, cómo no, con la Confiep.
El Ejecutivo se defiende sosteniendo que el poder de Heredia es solo percepción. El problema es que a Heredia le gusta alardear y olvida que Dios perdona el pecado, mas no el escándalo. El poder que ejerce Heredia debería preocuparnos, por la historia reciente, y porque este es una afrenta a las instituciones democráticas y al orden constitucional. El poder de Nadine no es pequeña política, como quiere hacernos creer el marqués. Pequeña política es apoyar y proteger a quien ejerce un poder informal motivado por rencores personales demasiado viejos ya.
El Congreso tuvo la oportunidad de hacerle saber al Gobierno que no permitiría que Heredia mantenga el poder informal que ejerce. No lo consiguió. Un partido pactista se entrometió. ¿Por qué el PPC otorgó la confianza al gabinete? ¿Qué cambió entre viernes y lunes? ¿La oferta de un fajín? ¿La presidencia del Congreso? Sea lo que fuere, no fue por el bien del país ni en aras de la institucionalidad. El PPC demostró, una vez más, que actúa en base a intereses partidarios y carece de visión. Demostró que las nuevas generaciones han sido incapaces de alejarse del origen cortesano de sus fundadores.
sábado, 15 de marzo de 2014
Y tú, ¿tienes algo que decir?
Un valiente regidor tiene varias denuncias de violencia doméstica presentadas por su mujer y una ex. Además, el Perú entero vio el video donde maltrata a una suboficial de la Policía. Otro valiente, esta vez un padre de la patria, tendría una hija no reconocida engendrada en su juventud. En su momento se habría negado a reconocerla y habría intentado hacerlo cuando inició su carrera política. Tenemos un expresidente que negó a una hija, habría pagado testigos para que acrediten que su madre era "de malvivir" y hasta tuvo una reunión con el presidente de la Corte Suprema para "controlar" el tema. Por Palacio circula un asesor presidencial que tiene tres procesos judiciales de alimentos iniciados por las madres de sus tres hijos, quien parecería hacer buen uso de sus influencias para que los benévolos jueces le reduzcan la mísera pensión a la que está obligado.
Todos los mencionados son actores políticos, responsables de diseñar y ejecutar políticas públicas en un país donde la discriminación contra la mujer y la violencia de género están entre los mayores problemas de políticas públicas.
Sin embargo, ellos son defendidos ardorosamente por mujeres. Lourdes Flores sostiene que las denuncias contra Chicote-Boy "no eran suficientes para descalificar a un político que tenía mucho que aportar". Una vanidosa periodista venida a menos hizo suya la defensa del primero y ahora de la del padre de la patria que no quiso, cuando debió, ser padre de una hija. Mientras el asesor presidencial es protegido por la primera dama, quien pasea por el mundo con una agenda de género. La sociedad peruana le echa la culpa a la mujer porque eligió mal, porque lo permite, porque es muñeca brava, porque le sacó un hijo a propósito, porque es corrupta. Quedarnos callados sosteniendo que son temas personales nos hace cómplices.
Todos los mencionados son actores políticos, responsables de diseñar y ejecutar políticas públicas en un país donde la discriminación contra la mujer y la violencia de género están entre los mayores problemas de políticas públicas.
Sin embargo, ellos son defendidos ardorosamente por mujeres. Lourdes Flores sostiene que las denuncias contra Chicote-Boy "no eran suficientes para descalificar a un político que tenía mucho que aportar". Una vanidosa periodista venida a menos hizo suya la defensa del primero y ahora de la del padre de la patria que no quiso, cuando debió, ser padre de una hija. Mientras el asesor presidencial es protegido por la primera dama, quien pasea por el mundo con una agenda de género. La sociedad peruana le echa la culpa a la mujer porque eligió mal, porque lo permite, porque es muñeca brava, porque le sacó un hijo a propósito, porque es corrupta. Quedarnos callados sosteniendo que son temas personales nos hace cómplices.
sábado, 8 de marzo de 2014
No llores por mí, democracia
Los ciudadanos a nivel mundial vienen perdiendo confianza en la democracia. La sensación de que los políticos responden a intereses privados se acentúa incluso en los países occidentales de larga historia democrática. La membresía partidaria viene cayendo en todos los países desarrollados, al igual que la participación electoral en aquellos donde el voto no es obligatorio. Una encuesta en siete países europeos encontró que más de la mitad de los votantes no confía en el Estado.
Julio Gagó, congresista, habría incurrido en una simulación ilegal para que sus empresas sigan contratando con el Estado, lo que está prohibido por ley. El fujimorismo aún no ha dicho nada al respecto. Ocupado, dicen sus voceros, en compromisos previos e inauguraciones de locales.
Susana Villarán, alcaldesa de Lima, obtiene un préstamo de la Caja Municipal, pese a que por ley está impedida de hacerlo. Susel Paredes, funcionaria municipal, la defiende con un argumento de género. Mientras tanto, los ciudadanos seguimos esperando que la alcaldesa y su jefa de campaña, Anel Townsend, cumplan con su promesa y rindan cuentas de los aportes y gastos de la campaña por el "No". Entre ellos, cómo financió a Favre.
El abogado de Alejandro Toledo reconoce que el haber dado versiones contradictorias sobre las cuentas de Ecoteva perjudica a su cliente. Pero el cliente y la colorada siguen firmes en la última versión. Esta es que la plata es de Maiman y no de la suegra, del Holocausto ni de los exmaridos millonarios.
Carmen Omonte, congresista y ministra, sería accionista minoritaria de una empresa que habría adquirido concesiones mineras a través de testaferros. Ampayada, anuncia que cederá sus acciones a dos poblados huanuqueños. Figallo, ministro de Justicia, salió en su defensa.
En el camino, los ciudadanos, quienes los llevamos al poder, no nos sentimos representados por ellos. Sentimos vergüenza. Pero tomamos posición de acuerdo con preferencias políticas, acusamos a unos y defendemos a otros sin aceptar que todo es parte de lo mismo: la utilización de la política para fines privados.
En todos estos casos, el Congreso ha convocado a los involucrados a dar explicaciones. Y uno piensa para qué, si queda claro que no pasará nada.
Julio Gagó, congresista, habría incurrido en una simulación ilegal para que sus empresas sigan contratando con el Estado, lo que está prohibido por ley. El fujimorismo aún no ha dicho nada al respecto. Ocupado, dicen sus voceros, en compromisos previos e inauguraciones de locales.
Susana Villarán, alcaldesa de Lima, obtiene un préstamo de la Caja Municipal, pese a que por ley está impedida de hacerlo. Susel Paredes, funcionaria municipal, la defiende con un argumento de género. Mientras tanto, los ciudadanos seguimos esperando que la alcaldesa y su jefa de campaña, Anel Townsend, cumplan con su promesa y rindan cuentas de los aportes y gastos de la campaña por el "No". Entre ellos, cómo financió a Favre.
El abogado de Alejandro Toledo reconoce que el haber dado versiones contradictorias sobre las cuentas de Ecoteva perjudica a su cliente. Pero el cliente y la colorada siguen firmes en la última versión. Esta es que la plata es de Maiman y no de la suegra, del Holocausto ni de los exmaridos millonarios.
Carmen Omonte, congresista y ministra, sería accionista minoritaria de una empresa que habría adquirido concesiones mineras a través de testaferros. Ampayada, anuncia que cederá sus acciones a dos poblados huanuqueños. Figallo, ministro de Justicia, salió en su defensa.
En el camino, los ciudadanos, quienes los llevamos al poder, no nos sentimos representados por ellos. Sentimos vergüenza. Pero tomamos posición de acuerdo con preferencias políticas, acusamos a unos y defendemos a otros sin aceptar que todo es parte de lo mismo: la utilización de la política para fines privados.
En todos estos casos, el Congreso ha convocado a los involucrados a dar explicaciones. Y uno piensa para qué, si queda claro que no pasará nada.
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