Las lavanderías de Magdalena funcionaron en Irlanda entre 1920 y 1996. Mujeres consideradas promiscuas por el Estado eran recluidas por periodos que podían ir desde pocos meses hasta toda su vida, como en el caso de Margaret Bullen. Obligadas a lavar ropa, en silencio, sin la posibilidad de salir y sin sueldo. Las que se convirtieron en madres dentro del encierro fueron obligadas a darlos en adopción. El Primer Ministro Irlandés acaba de disculparse públicamente con las mujeres que fueron recluidas en estas lavanderías y con sus familias. Consideró el hecho como "una vergüenza nacional".
¿No deberíamos considerar una vergüenza nacional que el 70% de las mujeres peruanas entre los 15-49 hayan sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas?, ¿que la primera experiencia sexual del 24% de las mujeres rurales fuera forzada?, ¿qué 23% de las mujeres en Lima y 47% en Cusco hayan sido forzadas por sus parejas a tener sexo? ¿No es una vergüenza nacional que 1500 adolescentes sean víctimas de explotación sexual en La Rinconada?, ¿que "madrinas" prostituyan a sus "ahijadas" de 12 años por 5 soles en los puertos de Pucallpa? ¿No es una vergüenza nacional que no haya Estado que las proteja?
Una de las grandes barreras para acabar con la violencia contra la mujer es la actitud de la sociedad y los estereotipos. En el Perú, los medios contribuyen al asentamiento de estereotipos con producciones nacionales que presentan como modelos al macho sacavueltero y pendejo y a la mujer sumisa y buena madre que sufre en silencio. Las manifestaciones públicas y los carteles de brazos cruzados no van a acabar con la violencia contra la mujer. Menos aun si quienes las lideran participan en producciones nacionales que la fomentan. ¿Cuando Mónica Sánchez acepta el rol de "Charito" sufrida, sumisa, manejada por una suegra que es capaz de decirle al marido "sácala aunque sea de los pelos", no se da cuenta del efecto que eso tiene?
La violencia contra la mujer no es solo física o sexual. ¿Cuando Rosa trabaja 16-18 horas al día, seis días a la semana ganando S/.600, cuidando hijos ajenos, mientras deja a los suyos a cargo de una vecina en un arenal, no es eso violencia contra la mujer?
¿Cuando en el 2001 los congresistas del entonces oficialismo le gritaban "putas" a las congresistas fujimoristas, a las que luego suspendieron, no es eso violencia contra la mujer?
¿Cuántas mujeres pierden años recorriendo juzgados buscando el reconocimiento de sus hijos? ¿Cuántas luchan por una pensión para alimentarlos? ¿Cuántas solo reciben centavos porque los "valientes" ponen sus propiedades a nombre de sus amigotes y esconden sus ingresos? ¿Cuántos funcionarios públicos tienen juicios por alimentos? ¿No es acaso maltrato contra la mujer obligarla a iniciar un juicio para conseguir una pensión alimenticia para sus hijos?
Acabar con la violencia contra la mujer es responsabilidad de todos. La mujer peruana es luchadora, aguerrida y se levanta todos los días para forjar un futuro para ella y sus hijos. La sociedad y el Estado deben protegerla.
Escribo para enfrentar lo "políticamente correcto", que constituye el mayor lastre del Perú. No formo ni he formado parte de partido político alguno y digo solo aquello en lo que creo, independientemente de a quién le guste y a quién no. Creo que estas razones son las que hacen de la irreverencia una virtud.
sábado, 23 de febrero de 2013
sábado, 16 de febrero de 2013
No se deje engañar
La caviarada ha sido aliada en tres triunfos electorales: con Toledo, con Villarán y con Ollanta. En las tres campañas han utilizado el mismo argumento: la decencia. Ellos son decentes y honestos; los que están contra ellos son corruptos, mafiosos y violadores de DD.HH.
En la campaña por la revocatoria lo utilizan nuevamente. Como en este caso la alcaldesa está en funciones han debido reconocer que cometió errores, pero que ha aprendido. Además, dicen que revocarla sería un error mayor porque eso implicaría que el nuevo alcalde deberá pasar por el mismo proceso de aprendizaje. Sostienen que la diferencia es que necesariamente el nuevo alcalde será mafioso y corrupto. Así pretenden asustar a los ciudadanos para que voten por el No. Léase, no están demostrando que la alcaldesa sea capaz de gobernar, no han mostrado sus obras, pero garantizan que es decente y honesta. ¿Y la mentirijilla de las 1200 escaleras que supuestamente construyó? ¿Es correcto contrabandear el logo del "No" en anuncios de obras públicas de la municipalidad? ¿No es utilizar fondos públicos?
¿Por qué una alcaldesa que se precia de ser decente y honesta contrata a un asesor tan oscuro? Olvidan convenientemente que Favre está vinculado a Lula, a escándalos de corrupción y a empresas brasileñas con intereses y contratos con la Munilima. ¿Acaso no es una leguleyada crear un "colectivo ciudadano" sin personería jurídica para evitar rendir cuentas de gastos de campaña, como sostuvo Anel? ¿No es ello el mayor ejemplo de falta de transparencia?
El segundo argumento usado para defender al NO ha sido atacar a la institución de la revocatoria. Como cada vez que se quiere satanizar algo se le echa la culpa al fujimorismo, ahora sostienen que fue Fujimori después del autogolpe quien la impuso para debilitar aún más a los partidos. Sin embargo, olvidan que fue De Soto con el ILD quien promovió los mecanismos de democracia participativa desde los ochentas. ¿Acaso la agenda del ILD era debilitar los partidos? Por el contrario, el ILD buscaba fortalecer la democracia y las instituciones.
¿Por qué el sector políticamente correcto quiere convencernos que está bien tener una autoridad que no tenga la capacidad para gobernar pero que sea decente? ¿Por qué los ciudadanos tienen que conformarse? El Perú necesita ciudadanos informados que elijan autoridades que estén preparadas para gobernar, que las obliguen a rendir cuentas y que participen activamente en la toma de decisiones de gobierno.
No olvidemos que las autoridades que elegimos no nos están haciendo un favor, son nuestros empleados y reciben un sueldo a cambio de su trabajo. No son becarios a los que llevamos a aprender como gobernar.
Como la pintan, la disyuntiva es: elegir autoridades honestas pero incapaces o autoridades corruptas que hacen obras. Como si no fuera posible encontrar autoridades capaces y honestas. Esta es la estrategia de la alcaldesa y su asesor Favre. No se deje engañar, la revocatoria solo busca definir si esta gestión ha sido eficiente o no. De ser revocada los ciudadanos elegirán libremente al nuevo alcalde.
En la campaña por la revocatoria lo utilizan nuevamente. Como en este caso la alcaldesa está en funciones han debido reconocer que cometió errores, pero que ha aprendido. Además, dicen que revocarla sería un error mayor porque eso implicaría que el nuevo alcalde deberá pasar por el mismo proceso de aprendizaje. Sostienen que la diferencia es que necesariamente el nuevo alcalde será mafioso y corrupto. Así pretenden asustar a los ciudadanos para que voten por el No. Léase, no están demostrando que la alcaldesa sea capaz de gobernar, no han mostrado sus obras, pero garantizan que es decente y honesta. ¿Y la mentirijilla de las 1200 escaleras que supuestamente construyó? ¿Es correcto contrabandear el logo del "No" en anuncios de obras públicas de la municipalidad? ¿No es utilizar fondos públicos?
¿Por qué una alcaldesa que se precia de ser decente y honesta contrata a un asesor tan oscuro? Olvidan convenientemente que Favre está vinculado a Lula, a escándalos de corrupción y a empresas brasileñas con intereses y contratos con la Munilima. ¿Acaso no es una leguleyada crear un "colectivo ciudadano" sin personería jurídica para evitar rendir cuentas de gastos de campaña, como sostuvo Anel? ¿No es ello el mayor ejemplo de falta de transparencia?
El segundo argumento usado para defender al NO ha sido atacar a la institución de la revocatoria. Como cada vez que se quiere satanizar algo se le echa la culpa al fujimorismo, ahora sostienen que fue Fujimori después del autogolpe quien la impuso para debilitar aún más a los partidos. Sin embargo, olvidan que fue De Soto con el ILD quien promovió los mecanismos de democracia participativa desde los ochentas. ¿Acaso la agenda del ILD era debilitar los partidos? Por el contrario, el ILD buscaba fortalecer la democracia y las instituciones.
¿Por qué el sector políticamente correcto quiere convencernos que está bien tener una autoridad que no tenga la capacidad para gobernar pero que sea decente? ¿Por qué los ciudadanos tienen que conformarse? El Perú necesita ciudadanos informados que elijan autoridades que estén preparadas para gobernar, que las obliguen a rendir cuentas y que participen activamente en la toma de decisiones de gobierno.
No olvidemos que las autoridades que elegimos no nos están haciendo un favor, son nuestros empleados y reciben un sueldo a cambio de su trabajo. No son becarios a los que llevamos a aprender como gobernar.
Como la pintan, la disyuntiva es: elegir autoridades honestas pero incapaces o autoridades corruptas que hacen obras. Como si no fuera posible encontrar autoridades capaces y honestas. Esta es la estrategia de la alcaldesa y su asesor Favre. No se deje engañar, la revocatoria solo busca definir si esta gestión ha sido eficiente o no. De ser revocada los ciudadanos elegirán libremente al nuevo alcalde.
sábado, 9 de febrero de 2013
Verdades y mentiras de la revocatoria
¿Es la revocatoria un mecanismo que debilita a la democracia representativa, a las instituciones y a los partidos? ¿Perjudica la gobernabilidad generando inestabilidad y caos? Quienes apoyan el "No", sostienen que esos son sus impactos negativos y que los revocadores representan fuerzas antidemocráticas. Si ello fuera cierto, EE.UU., Suiza, Canadá y Alemania no estarían dentro de las democracias más avanzadas y estables del mundo, pues tienen un uso intensivo de la democracia participativa (DP). Añaden que, en ausencia de instituciones, la DP pone en riesgo la democracia. ¡El error es sostener que en el Perú no existen instituciones! Sin duda son débiles, pero existen.
La revocatoria fue incorporada en la C93, con el referéndum y la iniciativa popular, como mecanismos de participación ciudadana. Formó parte de la propuesta de Democratización de las Decisiones de Gobierno del ILD desde los 80, cuando se trató de persuadir al gobierno de Belaunde y a su aliado el PPC -sin éxito- de que la participación en la toma de decisiones reduciría la captura de rentas.
La revocatoria es un mecanismo que incentiva a que las autoridades electas sean eficientes, rindan cuentas y respondan a los intereses de sus electores, ya que de no hacerlo, podrían ser revocadas. FREY sostiene que la DP obliga a los partidos a romper con los intereses creados y las prácticas mercantilistas. Estimula la competencia política e incentiva a los partidos tradicionales a responder a sus electores y así ser capaces de hacer frente a los cambios sociales. BUDGE demuestra que los argumentos sobre los impactos negativos de la DP son inconsistentes y que están basados en sus efectos sobre partidos dominantes. Además, considera que los efectos de la DP en la sensibilidad y respuesta (responsiveness) de los partidos a los ciudadanos están largamente subestimados. DAHL sostiene que la mayor participación e involucramiento de los ciudadanos en procesos políticos garantiza que los intereses diversos sean considerados en el debate político. Mientras que TOLBERT concluye que cuando los partidos se muestran más sensibles a los intereses de los ciudadanos, la gobernabilidad mejora.
Como vemos, reconocidos estudiosos discrepan de los antirrevocadores. Pero actualmente los debates sobre instituciones no se limitan a opiniones académicas, se basan en evidencia empírica que analiza su impacto real. LANDER y BRANDLE han demostrado que aquellos cantones suizos donde se dio un mayor uso de la DP, cuentan con partidos más fuertes, con mayor cantidad de miembros inscritos y tienden a ser más modernos y profesionalizados.
Los antirrevocadores sostienen que la revocatoria es liderada por oscuros personajes. Pero olvidan que ello es responsabilidad de los partidos. Los revocadores han sintonizado con un sentimiento y voluntad política, generándose una acción colectiva (la revocatoria) para obtener un bien colectivo (revocar a la alcaldesa) (OSTROM). ¿Por qué los antirrevocadores no fueron capaces de generar el sentimiento contrario? ¿Por su falta de conexión con los electores? ¿Cómo pueden los ciudadanos canalizar su insatisfacción si quienes deben actuar como correas de transmisión en lugar de representarlos defienden intereses partidarios? Si el 65% apoya la revocatoria, es porque esta representa intereses individuales (percepción de mala gestión edil) que han podido ser agrupados detrás de una plataforma política común. Más allá de los intereses particulares de los revocadores, es evidente que hay un interés colectivo que la revocatoria ha aglutinado.
El objetivo de los mecanismos de la DP es lograr un balance de poder fortaleciendo a los ciudadanos y limitando el poder de las autoridades elegidas. Lamentablemente, las virtudes y defectos de la revocatoria no se han podido discutir con evidencias como las aquí presentadas. Sus detractores recurren al argumento de autoridad o a deslegitimar a los oponentes de manera personal (acusándolos de ignorantes o corruptos). Ellos tienen la verdad absoluta. Ellos son infalibles. Ellos saben y el resto no. Su dogmatismo o sus temores les impidieron entender que las ideas, como el mercado, evolucionan, y que la evidencia empírica ha venido destruyendo muchos dogmas. El debate en una democracia liberal es tan necesario como las libertades civiles o una prensa libre.
La revocatoria fue incorporada en la C93, con el referéndum y la iniciativa popular, como mecanismos de participación ciudadana. Formó parte de la propuesta de Democratización de las Decisiones de Gobierno del ILD desde los 80, cuando se trató de persuadir al gobierno de Belaunde y a su aliado el PPC -sin éxito- de que la participación en la toma de decisiones reduciría la captura de rentas.
La revocatoria es un mecanismo que incentiva a que las autoridades electas sean eficientes, rindan cuentas y respondan a los intereses de sus electores, ya que de no hacerlo, podrían ser revocadas. FREY sostiene que la DP obliga a los partidos a romper con los intereses creados y las prácticas mercantilistas. Estimula la competencia política e incentiva a los partidos tradicionales a responder a sus electores y así ser capaces de hacer frente a los cambios sociales. BUDGE demuestra que los argumentos sobre los impactos negativos de la DP son inconsistentes y que están basados en sus efectos sobre partidos dominantes. Además, considera que los efectos de la DP en la sensibilidad y respuesta (responsiveness) de los partidos a los ciudadanos están largamente subestimados. DAHL sostiene que la mayor participación e involucramiento de los ciudadanos en procesos políticos garantiza que los intereses diversos sean considerados en el debate político. Mientras que TOLBERT concluye que cuando los partidos se muestran más sensibles a los intereses de los ciudadanos, la gobernabilidad mejora.
Como vemos, reconocidos estudiosos discrepan de los antirrevocadores. Pero actualmente los debates sobre instituciones no se limitan a opiniones académicas, se basan en evidencia empírica que analiza su impacto real. LANDER y BRANDLE han demostrado que aquellos cantones suizos donde se dio un mayor uso de la DP, cuentan con partidos más fuertes, con mayor cantidad de miembros inscritos y tienden a ser más modernos y profesionalizados.
Los antirrevocadores sostienen que la revocatoria es liderada por oscuros personajes. Pero olvidan que ello es responsabilidad de los partidos. Los revocadores han sintonizado con un sentimiento y voluntad política, generándose una acción colectiva (la revocatoria) para obtener un bien colectivo (revocar a la alcaldesa) (OSTROM). ¿Por qué los antirrevocadores no fueron capaces de generar el sentimiento contrario? ¿Por su falta de conexión con los electores? ¿Cómo pueden los ciudadanos canalizar su insatisfacción si quienes deben actuar como correas de transmisión en lugar de representarlos defienden intereses partidarios? Si el 65% apoya la revocatoria, es porque esta representa intereses individuales (percepción de mala gestión edil) que han podido ser agrupados detrás de una plataforma política común. Más allá de los intereses particulares de los revocadores, es evidente que hay un interés colectivo que la revocatoria ha aglutinado.
El objetivo de los mecanismos de la DP es lograr un balance de poder fortaleciendo a los ciudadanos y limitando el poder de las autoridades elegidas. Lamentablemente, las virtudes y defectos de la revocatoria no se han podido discutir con evidencias como las aquí presentadas. Sus detractores recurren al argumento de autoridad o a deslegitimar a los oponentes de manera personal (acusándolos de ignorantes o corruptos). Ellos tienen la verdad absoluta. Ellos son infalibles. Ellos saben y el resto no. Su dogmatismo o sus temores les impidieron entender que las ideas, como el mercado, evolucionan, y que la evidencia empírica ha venido destruyendo muchos dogmas. El debate en una democracia liberal es tan necesario como las libertades civiles o una prensa libre.
sábado, 2 de febrero de 2013
Ni Aldo ni Alditus: Mariátegui
Siempre me ha causado gracia cómo la izquierda y la caviarada le pusieron la chapa de Alditus. Incapaces de llamarlo Mariátegui. Es más fuerte que ellos. Mariátegui solo hay uno, piensan. Y este engendro liberal no puede ser su nieto.
En mis años como columnista de Correo discrepé de Mariátegui muchas veces, y él de mí otras tantas. Pero jamás dejé de reconocer su valentía para decir las cosas y su compromiso con sus ideas y principios. Ni él dejó de publicarme. Mariátegui no defendía personas, ni las atacaba por quienes eran, sino por sus acciones, ideas y falta de principios.
El periodismo peruano, salvo muchas honrosas excepciones, es mercenario. Sus representantes, atrincherados desde grupos de interés, justifican lo injustificable, insultan a mansalva, tergiversan la verdad, hacen públicos audios obtenidos ilegalmente y acomodan argumentos como mejor les conviene para defender la causa que los banca. En el camino, sus lectores son sumidos en el oscurantismo de intereses privados, donde el bien común, la libertad, la democracia, las instituciones y la visión de país poco importan. Salvo para ser utilizados como títulos de presentación. Conocemos "demócratas" que utilizan la democracia como les conviene, "luchadores contra la corrupción y las mafias" que desaparecen cientos de miles de dólares donados. "Decentes" y "moralistas" que justifican la falta de transparencia en compras de casas de millones de dólares. Conocemos defensores de los DD.HH. que se ocupan de los DD.HH. de los terroristas que desangraron al Perú, pero jamás de las víctimas de esos terroristas, y menos si pertenecían a las FF.AA. y Policiales. Conocemos marqueses libertarios capaces de ser garantes de un líder nacionalista financiado por Chávez y sindicado como el Capitán Carlos. "Liberales" que callan atropellos y que no dicen nada cuando el manejo y las compras de las FF.AA. se cubren de un manto de oscuridad. ¿Sus patrones? Los poderes fácticos. Esos a los que la izquierda culpa de todo, pero que parecen perdonar cuando sus intereses coinciden.
Mariátegui defendió siempre el derecho de los dueños de medios a decidir su línea editorial. Yo coincido. Pero no por ello dejó de publicar columnas de opinión con las cuales disentía. Los gestos que tuvo con sus coleguitas no le han sido retribuidos. La salida del periodista considerado por la Encuesta del Poder como el más influyente del Perú no ha motivado ni una sola nota en otros diarios.
Mariátegui tuvo la valentía de enfrentarse a la caviarada y al sector políticamente correcto, de arrinconarlos, cuestionarlos y señalarles su doble moral. Se ganó su odio. Su estilo patán, malcriado y achorado los enfurece. Pero no podían dejar de leerlo.
La caviarada celebró al enterarse de que Mariátegui se iba, cualquiera diría que había muerto. Ello muestra su precariedad mental. Han celebrado la muerte del enemigo no porque lo vencieron, sino porque no tienen ya a nadie que se les enfrente. No celebren aún. Mariátegui seguirá mandándoles besitos desde donde esté.
En mis años como columnista de Correo discrepé de Mariátegui muchas veces, y él de mí otras tantas. Pero jamás dejé de reconocer su valentía para decir las cosas y su compromiso con sus ideas y principios. Ni él dejó de publicarme. Mariátegui no defendía personas, ni las atacaba por quienes eran, sino por sus acciones, ideas y falta de principios.
El periodismo peruano, salvo muchas honrosas excepciones, es mercenario. Sus representantes, atrincherados desde grupos de interés, justifican lo injustificable, insultan a mansalva, tergiversan la verdad, hacen públicos audios obtenidos ilegalmente y acomodan argumentos como mejor les conviene para defender la causa que los banca. En el camino, sus lectores son sumidos en el oscurantismo de intereses privados, donde el bien común, la libertad, la democracia, las instituciones y la visión de país poco importan. Salvo para ser utilizados como títulos de presentación. Conocemos "demócratas" que utilizan la democracia como les conviene, "luchadores contra la corrupción y las mafias" que desaparecen cientos de miles de dólares donados. "Decentes" y "moralistas" que justifican la falta de transparencia en compras de casas de millones de dólares. Conocemos defensores de los DD.HH. que se ocupan de los DD.HH. de los terroristas que desangraron al Perú, pero jamás de las víctimas de esos terroristas, y menos si pertenecían a las FF.AA. y Policiales. Conocemos marqueses libertarios capaces de ser garantes de un líder nacionalista financiado por Chávez y sindicado como el Capitán Carlos. "Liberales" que callan atropellos y que no dicen nada cuando el manejo y las compras de las FF.AA. se cubren de un manto de oscuridad. ¿Sus patrones? Los poderes fácticos. Esos a los que la izquierda culpa de todo, pero que parecen perdonar cuando sus intereses coinciden.
Mariátegui defendió siempre el derecho de los dueños de medios a decidir su línea editorial. Yo coincido. Pero no por ello dejó de publicar columnas de opinión con las cuales disentía. Los gestos que tuvo con sus coleguitas no le han sido retribuidos. La salida del periodista considerado por la Encuesta del Poder como el más influyente del Perú no ha motivado ni una sola nota en otros diarios.
Mariátegui tuvo la valentía de enfrentarse a la caviarada y al sector políticamente correcto, de arrinconarlos, cuestionarlos y señalarles su doble moral. Se ganó su odio. Su estilo patán, malcriado y achorado los enfurece. Pero no podían dejar de leerlo.
La caviarada celebró al enterarse de que Mariátegui se iba, cualquiera diría que había muerto. Ello muestra su precariedad mental. Han celebrado la muerte del enemigo no porque lo vencieron, sino porque no tienen ya a nadie que se les enfrente. No celebren aún. Mariátegui seguirá mandándoles besitos desde donde esté.
sábado, 26 de enero de 2013
Morir matando
El PPC anunció su apoyo al "No". Según Raul Castro, porque la revocatoria es un "injusto pedido formulado por un colectivo nada transparente". ¿Y el 65% de limeños que está a favor de la revocatoria?
La revocatoria es una institución democrática que, como la reelección, genera el incentivo para que las autoridades elegidas gobiernen eficientemente, sean transparentes, rindan cuentas y respondan a sus electores. La revocatoria beneficia a los ciudadanos en la medida en que les da el poder para evaluar a la autoridad elegida y decidir revocarla si es que no están satisfechos con su gestión. Si en el caso peruano la revocatoria está mal diseñada, debería regularse mejor. Eliminarla, como propone el PPC, no va a fortalecer la democracia ni la institucionalidad.
El PPC dice apoyar al "No" porque no está de acuerdo con la figura ni cree que sus regidores merecen ser revocados. Los regidores del PPC nos han dicho durante dos años que la alcaldesa llegó a la municipalidad sin un plan, que no estaba preparada para gobernar, que su gestión es ineficiente, que sus técnicos son incompetentes. Sostienen que todos los martes llevan propuestas al Concejo que no son escuchadas, que se les interrumpe, que Susana se para y se va y que FS impone su agenda sin saber lo que hacen. Que no rinden cuentas y que en lugar de haber cambios, ha habido rotación de los mismos funcionarios que demostraron ser incapaces. Y pese a ello, apoyan el "No".
La decisión de apoyar el "No" habría sido tomada por la cúpula del PPC, sin consulta con sus bases. Un partido que toma decisiones sin consultar. ¿Y la democracia interna?
En realidad, el PPC apoya el "No" porque teme perder el espacio político que han ganado sus regidores. El PPC no tiene fuerza a nivel nacional ni tiene gran representación; sin embargo, sus regidores han logrado ocupar un espacio importante.
El PPC ha decidido apoyar a Fuerza Social e indirectamente a Patria Roja. Esta es una muestra de cómo se sacrifican principios por intereses cortoplacistas. Ese es el gran problema del Perú: no tener líderes que tengan una visión de país. El PPC debió comprarse el pleito, liderar la revocatoria y luchar por que sus regidores no sean revocados.
Debieron entrar al ruedo y demostrar cómo se puede hacer política de manera transparente, con propuestas, sin insultos y sin mentiras, como la de las 1200 escaleras. El Perú tiene que aprender que no puede seguir siendo gobernado por improvisados.
El PPC pudo, terminada la revocatoria, liderar la campaña por la alcaldía, demostrar que hay líderes que están preparados para gobernar. Su elección no era entre apoyar a revocadores poco transparentes o a una alcaldesa inepta. Su elección debió ser la de liderar al 65% de limeños que quiere una gestión eficiente.
Le faltaron agallas para pelear un espacio legítimo, le faltó el temple del gallo Camarón de Chabuca para dar la pelea y, si era necesario, morir matando. El PPC acaba de perder una oportunidad más.
La revocatoria es una institución democrática que, como la reelección, genera el incentivo para que las autoridades elegidas gobiernen eficientemente, sean transparentes, rindan cuentas y respondan a sus electores. La revocatoria beneficia a los ciudadanos en la medida en que les da el poder para evaluar a la autoridad elegida y decidir revocarla si es que no están satisfechos con su gestión. Si en el caso peruano la revocatoria está mal diseñada, debería regularse mejor. Eliminarla, como propone el PPC, no va a fortalecer la democracia ni la institucionalidad.
El PPC dice apoyar al "No" porque no está de acuerdo con la figura ni cree que sus regidores merecen ser revocados. Los regidores del PPC nos han dicho durante dos años que la alcaldesa llegó a la municipalidad sin un plan, que no estaba preparada para gobernar, que su gestión es ineficiente, que sus técnicos son incompetentes. Sostienen que todos los martes llevan propuestas al Concejo que no son escuchadas, que se les interrumpe, que Susana se para y se va y que FS impone su agenda sin saber lo que hacen. Que no rinden cuentas y que en lugar de haber cambios, ha habido rotación de los mismos funcionarios que demostraron ser incapaces. Y pese a ello, apoyan el "No".
La decisión de apoyar el "No" habría sido tomada por la cúpula del PPC, sin consulta con sus bases. Un partido que toma decisiones sin consultar. ¿Y la democracia interna?
En realidad, el PPC apoya el "No" porque teme perder el espacio político que han ganado sus regidores. El PPC no tiene fuerza a nivel nacional ni tiene gran representación; sin embargo, sus regidores han logrado ocupar un espacio importante.
El PPC ha decidido apoyar a Fuerza Social e indirectamente a Patria Roja. Esta es una muestra de cómo se sacrifican principios por intereses cortoplacistas. Ese es el gran problema del Perú: no tener líderes que tengan una visión de país. El PPC debió comprarse el pleito, liderar la revocatoria y luchar por que sus regidores no sean revocados.
Debieron entrar al ruedo y demostrar cómo se puede hacer política de manera transparente, con propuestas, sin insultos y sin mentiras, como la de las 1200 escaleras. El Perú tiene que aprender que no puede seguir siendo gobernado por improvisados.
El PPC pudo, terminada la revocatoria, liderar la campaña por la alcaldía, demostrar que hay líderes que están preparados para gobernar. Su elección no era entre apoyar a revocadores poco transparentes o a una alcaldesa inepta. Su elección debió ser la de liderar al 65% de limeños que quiere una gestión eficiente.
Le faltaron agallas para pelear un espacio legítimo, le faltó el temple del gallo Camarón de Chabuca para dar la pelea y, si era necesario, morir matando. El PPC acaba de perder una oportunidad más.
sábado, 19 de enero de 2013
Los peligros de creerse el milagro latinoamericano
La inequidad, las diferencias entre ricos y pobres, la discriminación y la exclusión son causantes de inestabilidad. Latinoamérica, considerada la región con mayor iniquidad del mundo, lo sabe bien. Sin embargo, el crecimiento económico experimentado en los últimos años ha generado una nueva clase media. Cuando los ciudadanos dejan de ser pobres, adquieren educación y bienes, tienden a ser mejores electores y defensores de la estabilidad de su país. Porque a diferencia de cuando no tenían nada, ahora tienen que perder.
La clase media puede medirse en términos económicos, dependiendo del ingreso monetario o en términos sociológicos, donde se mide el nivel de educación, los bienes, las actividades económicas y ocupacionales de las personas.
En "The Politics of Latin America's New Middle Class", Fukuyama analiza el crecimiento de la clase media latinoamericana. Señala que entre 30% y 50% de esta nueva clase media, es lo que en otros países se considera clase trabajadora por las actividades a las que se dedican: manufactura, transporte y construcción. Más aun, en todos los países latinoamericanos los profesionales no llegan ni al 20%. No por nada ninguna universidad latinoamericana está entre las cien mejores del mundo. Un gran porcentaje de la clase media se desarrolla en el sector informal y se ha beneficiado dentro del arrastre del crecimiento económico del país. Este, está fuertemente relacionado con las exportaciones de commodities a Asia y no en base a industrialización. Por ello la clase media es susceptible de volver a caer en pobreza.
Para Fukuyama es un error creer que la clase media adquiere automáticamente valores como disciplina, trabajo y ahorro. La adquisición de valores no es endógena al crecimiento económico, sino exógena, por ello la importancia de la educación. Y en educación Latinoamérica esta coja.
Un ejemplo de lo anterior, es EE.UU. post2000 donde la cultura consumista, los realities y la frivolidad están erróneamente asociados con el éxito. Así los modelos de éxito son las hermanas Kardashian. Ninguna ha ido a la universidad ni tiene talento alguno. Se hicieron famosas porque una protagonizó un video porno.
En el Perú lo vemos, por ejemplo, en el Congreso con su comeoro, robacable, el condenado por proxenetismo, el dueño del motel donde se ejerce la prostitución infantil y el cuida madre. Esta es una muestra de falta de valores y principios. No importa el esfuerzo personal, importa llegar. No importa si me lo gano trabajando o si lo robo, importa que lo tengo. No importa si me ocupo económica y moralmente de mis hijos, importa que soy patero y cocino bien.
Tampoco existe relación causal inmediata entre el crecimiento económico y el fortalecimiento de la democracia. Más aun, el problema de una clase media sin educación y hábitos de consumo desmedidos son las expectativas que tienen. No hay nada más peligroso que una clase media que no logra cubrir sus expectativas. Huntington recordaba que las revoluciones casi nunca son orquestadas por las poblaciones pobres, sino por clases medias insatisfechas.
La clase media puede medirse en términos económicos, dependiendo del ingreso monetario o en términos sociológicos, donde se mide el nivel de educación, los bienes, las actividades económicas y ocupacionales de las personas.
En "The Politics of Latin America's New Middle Class", Fukuyama analiza el crecimiento de la clase media latinoamericana. Señala que entre 30% y 50% de esta nueva clase media, es lo que en otros países se considera clase trabajadora por las actividades a las que se dedican: manufactura, transporte y construcción. Más aun, en todos los países latinoamericanos los profesionales no llegan ni al 20%. No por nada ninguna universidad latinoamericana está entre las cien mejores del mundo. Un gran porcentaje de la clase media se desarrolla en el sector informal y se ha beneficiado dentro del arrastre del crecimiento económico del país. Este, está fuertemente relacionado con las exportaciones de commodities a Asia y no en base a industrialización. Por ello la clase media es susceptible de volver a caer en pobreza.
Para Fukuyama es un error creer que la clase media adquiere automáticamente valores como disciplina, trabajo y ahorro. La adquisición de valores no es endógena al crecimiento económico, sino exógena, por ello la importancia de la educación. Y en educación Latinoamérica esta coja.
Un ejemplo de lo anterior, es EE.UU. post2000 donde la cultura consumista, los realities y la frivolidad están erróneamente asociados con el éxito. Así los modelos de éxito son las hermanas Kardashian. Ninguna ha ido a la universidad ni tiene talento alguno. Se hicieron famosas porque una protagonizó un video porno.
En el Perú lo vemos, por ejemplo, en el Congreso con su comeoro, robacable, el condenado por proxenetismo, el dueño del motel donde se ejerce la prostitución infantil y el cuida madre. Esta es una muestra de falta de valores y principios. No importa el esfuerzo personal, importa llegar. No importa si me lo gano trabajando o si lo robo, importa que lo tengo. No importa si me ocupo económica y moralmente de mis hijos, importa que soy patero y cocino bien.
Tampoco existe relación causal inmediata entre el crecimiento económico y el fortalecimiento de la democracia. Más aun, el problema de una clase media sin educación y hábitos de consumo desmedidos son las expectativas que tienen. No hay nada más peligroso que una clase media que no logra cubrir sus expectativas. Huntington recordaba que las revoluciones casi nunca son orquestadas por las poblaciones pobres, sino por clases medias insatisfechas.
sábado, 12 de enero de 2013
Los sin playa
El año pasado, durante la temporada de verano, tuvimos el gran destape de las empleadas domésticas a las que los clubes privados no permitían hacer uso de sus instalaciones. Todo el Perú se escandalizó; bueno, no todo. El que lleva a sus empleadas domésticas comentaba indignado: "Solo falta que pretendan que el chofer se bañe en la piscina". Ahora tenemos la vergüenza de ver cómo los "privilegiados" anconeros separan la arena a punta de guachimanes. Así tenemos por un lado a los "privilegiados" y por el otro a "los otros". Pero la separación no queda ahí: a "los otros", que no son propietarios ni arrendatarios, también se les prohíbe el uso de ese ladito, el "privilegiado", del mar peruano.
Las playas en el Perú son públicas, esto es, todos tenemos acceso a ellas sin restricción, salvo las establecidas por ley. Lo anterior en la medida en que la libre circulación por la playa garantiza el libre acceso al mar peruano, que es un bien que por su naturaleza es público.
Que una persona sea propietaria de una casa en un balneario, no le da derecho alguno a tener preferencia en el uso de la playa, menos aún a bloquear la libre circulación por la arena y por el malecón construido por la municipalidad. Eso se llama usurpación. ¡Aunque paguen impuestos!
Este es uno de los tantos casos de discriminación que existen en el Perú. A los anconeros, como a los de Asia, no les gusta que "los otros", esos sin derechos de propiedad, y que llegan con cebiche en bolsa y sopa en botellón, se instalen al lado de sus lindos toldos. Los vigilantes en Ancón con pantalón largo al mediodía de un domingo se sancochan para que la "privilegiada" anconera pueda relajarse en bikini sin que le perturben la vista. Esa "privilegiada" que conversará animadamente, traguito en mano, mientras su empleada, bien al pantalón remangado y polo blanco, se sancochará a la orilla cuidando al mocoso "privilegiado".
¿Es que acaso no es esa la realidad en el Perú? Milagro peruano o no, lo cierto es que en el Perú existen dos tipos de ciudadanos: los "privilegiados" y los de segunda clase. La discriminación racial es una realidad, póngale la excusa que usted quiera.
Este sector de "privilegiados" que ha dominado siempre el Perú, está acostumbrado a tener capturado al Estado. Se manejan en base a relaciones personales, a quiénes son y a quiénes conocen. En Ancón, pueden dividir la playa y bloquear el ingreso a punta de guachimanes porque creen que no hay nadie que se los impida. Cualquier problemita lo arreglarán de frente con el alcalde.
Como nos dicen los desarrollistas, como North, Wallis, Weingast, Fukuyama, Levy y otros, la diferencia entre un país desarrollado y uno en vías de desarrollo es que en el primero la sociedad está basada en relaciones impersonales. No importa quién seas, la ley es igual para todos. En el Perú sí importa. Si no, pregúntenle a todos esos que se atreven a gritar "¿Acaso no sabes quién soy?" .
Las playas en el Perú son públicas, esto es, todos tenemos acceso a ellas sin restricción, salvo las establecidas por ley. Lo anterior en la medida en que la libre circulación por la playa garantiza el libre acceso al mar peruano, que es un bien que por su naturaleza es público.
Que una persona sea propietaria de una casa en un balneario, no le da derecho alguno a tener preferencia en el uso de la playa, menos aún a bloquear la libre circulación por la arena y por el malecón construido por la municipalidad. Eso se llama usurpación. ¡Aunque paguen impuestos!
Este es uno de los tantos casos de discriminación que existen en el Perú. A los anconeros, como a los de Asia, no les gusta que "los otros", esos sin derechos de propiedad, y que llegan con cebiche en bolsa y sopa en botellón, se instalen al lado de sus lindos toldos. Los vigilantes en Ancón con pantalón largo al mediodía de un domingo se sancochan para que la "privilegiada" anconera pueda relajarse en bikini sin que le perturben la vista. Esa "privilegiada" que conversará animadamente, traguito en mano, mientras su empleada, bien al pantalón remangado y polo blanco, se sancochará a la orilla cuidando al mocoso "privilegiado".
¿Es que acaso no es esa la realidad en el Perú? Milagro peruano o no, lo cierto es que en el Perú existen dos tipos de ciudadanos: los "privilegiados" y los de segunda clase. La discriminación racial es una realidad, póngale la excusa que usted quiera.
Este sector de "privilegiados" que ha dominado siempre el Perú, está acostumbrado a tener capturado al Estado. Se manejan en base a relaciones personales, a quiénes son y a quiénes conocen. En Ancón, pueden dividir la playa y bloquear el ingreso a punta de guachimanes porque creen que no hay nadie que se los impida. Cualquier problemita lo arreglarán de frente con el alcalde.
Como nos dicen los desarrollistas, como North, Wallis, Weingast, Fukuyama, Levy y otros, la diferencia entre un país desarrollado y uno en vías de desarrollo es que en el primero la sociedad está basada en relaciones impersonales. No importa quién seas, la ley es igual para todos. En el Perú sí importa. Si no, pregúntenle a todos esos que se atreven a gritar "¿Acaso no sabes quién soy?" .
sábado, 5 de enero de 2013
¿Y la transparencia para cuándo?
La falta de transparencia en la política peruana llega al absurdo. En los últimos días, la jefa de campaña por el "No" a la revocatoria nos dijo que no sabe de dónde saldrá el dinero para pagar al próximo asesor Favre. Presionada, sostiene que este aún no ha sido contratado y cuando lo sea verán de dónde sale el dinero. Termina por aceptar que en el sector privado hay quienes están a favor de la causa, y por ello están financiándola. Sin embargo, no da nombres, tartamudea, se escuda, no responde. Solo dice: "Hay distintas modalidades de pago." Y eso, pregunto yo, ¿qué significa?
Dentro de los mecanismos de buen gobierno que caracterizan a los países desarrollados, y que son necesarios para la gobernabilidad, la estabilidad y lograr acabar con la corrupción, se encuentran la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
Sabemos bien que intereses empresariales mercantilistas buscan capturar las rentas del Estado para enriquecerse (o seguir haciéndolo, como lo han hecho siempre). Cuando el Estado es capturado por grupos de interés ajenos a los intereses públicos y el bien común, el país y los ciudadanos pierden. Esto es lo que la izquierda llama la privatización del Estado.
Sinesio López nos dice en su última columna que "la desprivatización supone acabar con la captura del Estado por parte de los poderes fácticos para ponerlo al servicio del interés general y del bien común. La desprivatización permite organizar un Estado fuertemente autónomo (con respecto al sistema económico y a los poderes fácticos) en el que los desiguales sean considerados efectivamente iguales." Coincido. Más aún, la diferencia entre un país desarrollado y uno en desarrollo es que en el primero todos los ciudadanos tienen igual acceso a las instituciones políticas y económicas. Mientras que en el segundo son los grupos de interés los que capturan dichas instituciones para su beneficio y en perjuicio de los demás. Es por ello que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son esenciales. Aunque la ley no obligue.
La transparencia sobre el financiamiento de los políticos y sus campañas es necesaria en una democracia. También lo es, saber qué intereses tienen esos financiadores: ¿por qué financian a ese candidato? De esta manera los electores podrán identificar qué intereses defenderán esos políticos y tendrán la capacidad de hacer un mejor análisis y tener un voto informado. Además, es un incentivo para rendir cuentas e identificar si es que esos candidatos elegidos están beneficiando a alguna de las personas o empresas que los financiaron, a costa de otros.
¿Por qué la alcaldesa Villarán es incapaz de decirnos públicamente quién está financiando su campaña? ¿Por qué si los ciudadanos le exigen transparencia e información, ella y su equipo no responden? Una vez más la izquierda, la caviarada y ese sector políticamente correcto demuestran que los principios que dicen defender, como la transparencia y la lucha contra la corrupción, no son tales, sino meras herramientas para atacar a sus enemigos.
Dentro de los mecanismos de buen gobierno que caracterizan a los países desarrollados, y que son necesarios para la gobernabilidad, la estabilidad y lograr acabar con la corrupción, se encuentran la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
Sabemos bien que intereses empresariales mercantilistas buscan capturar las rentas del Estado para enriquecerse (o seguir haciéndolo, como lo han hecho siempre). Cuando el Estado es capturado por grupos de interés ajenos a los intereses públicos y el bien común, el país y los ciudadanos pierden. Esto es lo que la izquierda llama la privatización del Estado.
Sinesio López nos dice en su última columna que "la desprivatización supone acabar con la captura del Estado por parte de los poderes fácticos para ponerlo al servicio del interés general y del bien común. La desprivatización permite organizar un Estado fuertemente autónomo (con respecto al sistema económico y a los poderes fácticos) en el que los desiguales sean considerados efectivamente iguales." Coincido. Más aún, la diferencia entre un país desarrollado y uno en desarrollo es que en el primero todos los ciudadanos tienen igual acceso a las instituciones políticas y económicas. Mientras que en el segundo son los grupos de interés los que capturan dichas instituciones para su beneficio y en perjuicio de los demás. Es por ello que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son esenciales. Aunque la ley no obligue.
La transparencia sobre el financiamiento de los políticos y sus campañas es necesaria en una democracia. También lo es, saber qué intereses tienen esos financiadores: ¿por qué financian a ese candidato? De esta manera los electores podrán identificar qué intereses defenderán esos políticos y tendrán la capacidad de hacer un mejor análisis y tener un voto informado. Además, es un incentivo para rendir cuentas e identificar si es que esos candidatos elegidos están beneficiando a alguna de las personas o empresas que los financiaron, a costa de otros.
¿Por qué la alcaldesa Villarán es incapaz de decirnos públicamente quién está financiando su campaña? ¿Por qué si los ciudadanos le exigen transparencia e información, ella y su equipo no responden? Una vez más la izquierda, la caviarada y ese sector políticamente correcto demuestran que los principios que dicen defender, como la transparencia y la lucha contra la corrupción, no son tales, sino meras herramientas para atacar a sus enemigos.
sábado, 22 de diciembre de 2012
Nadie sabe para quién trabaja
El lobby son las acciones que hace un grupo de personas que representan intereses para influir en funcionarios públicos para lograr beneficios. Estos se pueden dar a través de la aprobación, modificación o derogación de normas y a través del otorgamiento de derechos como beneficios tributarios, subsidios, aranceles, restricciones sobre la competencia, contratos con el Estado, licencias y permisos. Todo lobby tiene efecto en la sociedad para bien y para mal.
El lobby y los lobbystas -aquellos que ejercen profesionalmente la actividad- son, en principio legales. El lobby busca influir en las decisiones del Estado. Busca que ese grupo de interés determinado sea escuchado. De la misma manera como grupos determinados de personas buscan proteger sus derechos y que el Estado los escuche y responda a sus necesidades. Sin embargo, el lobby tiene efectos económicos y los lobbystas reciben honorarios profesionales.
Si el Estado es capaz de administrar sus recursos de manera eficiente y transparente, evita la captura de rentas por parte de grupos de interés, tiene políticas de buen gobierno como transparencia, facilidad en el acceso a la información, rendición de cuentas, además de tener instituciones, políticas y regulación sobre el lobby, este no generaría mayores problemas.
Sin embargo, hay una delgada línea entre el lobby legal y el conflicto de interés, la corrupción y la captura de funcionarios públicos por parte de intereses privados. Hobbes sostenía que el hombre no es por naturaleza bueno y por lo tanto es necesario establecer incentivos para que éste actúe correctamente. Son los mecanismos del buen gobierno los que obligan a los funcionarios públicos a actuar teniendo el interés común como misión.
En EE.UU. el lobby está regulado al detalle. Las empresas lobbystas -dedicadas al lobby profesionalmente-, incluso las unipersonales, así como la empresa que tenga un lobbysta interno tienen la obligación de registrarse, declarar el nombre de su cliente, el asunto objeto del lobby y el costo aproximado. Esta información es pública. Pese a ello existen casos de corrupción. En el Perú no existe regulación alguna.
También hay los que tratan de influir en la opinión pública. ¿Cuando un periodista, analista político o columnista defiende los intereses de un grupo determinado a cambio de un beneficio no debería el público que lo sigue saberlo? ¿La opinión del experto es producto de un análisis concienzudo y especializado o es un lobby para beneficiar a una empresa o grupo de intereses por el que recibe un chequecito o viajecito? ¿Y cuando se trata de ONGs, consultoras y encuestadoras?
Ejemplos hay muchos. Periodistas que le hacen publicidad a una AFP, aceptan dictar conferencias a favor de mineras o escriben columnas sobre las ventajas de determinada concesión. JDC presentando una ley que beneficio a su exasesor, funcionarios del MEM defendiendo el EIA de Conga que luego tuvo que ser corregido. ¿Y cuando Alvarito escribe a favor de la posición chilena?
En aras de la transparencia es momento de regular el lobby y de que los lobbystas salgan del clóset.
El lobby y los lobbystas -aquellos que ejercen profesionalmente la actividad- son, en principio legales. El lobby busca influir en las decisiones del Estado. Busca que ese grupo de interés determinado sea escuchado. De la misma manera como grupos determinados de personas buscan proteger sus derechos y que el Estado los escuche y responda a sus necesidades. Sin embargo, el lobby tiene efectos económicos y los lobbystas reciben honorarios profesionales.
Si el Estado es capaz de administrar sus recursos de manera eficiente y transparente, evita la captura de rentas por parte de grupos de interés, tiene políticas de buen gobierno como transparencia, facilidad en el acceso a la información, rendición de cuentas, además de tener instituciones, políticas y regulación sobre el lobby, este no generaría mayores problemas.
Sin embargo, hay una delgada línea entre el lobby legal y el conflicto de interés, la corrupción y la captura de funcionarios públicos por parte de intereses privados. Hobbes sostenía que el hombre no es por naturaleza bueno y por lo tanto es necesario establecer incentivos para que éste actúe correctamente. Son los mecanismos del buen gobierno los que obligan a los funcionarios públicos a actuar teniendo el interés común como misión.
En EE.UU. el lobby está regulado al detalle. Las empresas lobbystas -dedicadas al lobby profesionalmente-, incluso las unipersonales, así como la empresa que tenga un lobbysta interno tienen la obligación de registrarse, declarar el nombre de su cliente, el asunto objeto del lobby y el costo aproximado. Esta información es pública. Pese a ello existen casos de corrupción. En el Perú no existe regulación alguna.
También hay los que tratan de influir en la opinión pública. ¿Cuando un periodista, analista político o columnista defiende los intereses de un grupo determinado a cambio de un beneficio no debería el público que lo sigue saberlo? ¿La opinión del experto es producto de un análisis concienzudo y especializado o es un lobby para beneficiar a una empresa o grupo de intereses por el que recibe un chequecito o viajecito? ¿Y cuando se trata de ONGs, consultoras y encuestadoras?
Ejemplos hay muchos. Periodistas que le hacen publicidad a una AFP, aceptan dictar conferencias a favor de mineras o escriben columnas sobre las ventajas de determinada concesión. JDC presentando una ley que beneficio a su exasesor, funcionarios del MEM defendiendo el EIA de Conga que luego tuvo que ser corregido. ¿Y cuando Alvarito escribe a favor de la posición chilena?
En aras de la transparencia es momento de regular el lobby y de que los lobbystas salgan del clóset.
sábado, 15 de diciembre de 2012
Neguémoslo siempre
Las comisiones de Justicia y Constitución del Congreso han aprobado el proyecto de Ley del Negacionismo, que busca sancionar a aquel que "públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas." Marisol Pérez Tello sostiene que se trata de un tipo penal cerrado, que busca darle una herramienta adicional al Estado para defenderse. Mientras que Chehade no sabe qué es terrorismo.Cuando Sendero y el MRTA atacaron al Estado Peruano, este no estaba preparado para enfrentarlo. Al hacerlo se cometieron muchos errores. Miembros de las FF.AA. y Policiales cometieron crímenes terribles que son inaceptables y por los cuales están presos. Sin embargo, esos crímenes no fueron una política de Estado ni fueron ejecutados por las FF.AA. como institución. Por eso, escuchar a Ricardo Letts sostener que "las FF.AA. del Perú son terroristas" es vergonzoso.
El Estado Peruano aprendió a defenderse, y así pudo capturar y juzgar a la cúpula de Sendero y del MRTA. Lamentablemente, por razones políticas, la izquierda y la caviarada decidieron, desde el gobierno del presidente Paniagua, reescribir la historia y poner en igualdad de condiciones a los grupos terroristas y al Estado. Para ello utilizaron a la CVR, el Museo de la Memoria, El Ojo que Llora, el juicio contra los Chavín, la política de allanamiento ante la CIDH impulsada por García Sayán, y nos dijeron que el Estado cometió "violaciones sistemáticas de derechos humanos". Como su motivación era política, lo hicieron a partir de 1990. Así, la CVR encontró solo responsabilidad política en Belaunde y García, pero responsabilidad penal en Fujimori.
¿Por qué no se denunció al Movadef por apología cuando sus miembros irrumpieron en la presentación del libro de Portocarrero? Si no hay un solo proceso por apología del terrorismo, ¿para qué necesitamos el Negacionismo? La izquierda y la caviarada pretenden utilizar el Negacionismo para solidificar esta historia del Perú reescrita, en la que ellos, que fueron incapaces de enfrentar al terrorismo, se lavan la cara y quedan como grandes luchadores, demócratas y defensores de los DD.HH.
Pretenden decirnos que en los 90 hubo terrorismo de Estado y, por lo tanto, la Ley del Negacionismo debe incluirlo. Para ello, Rimarachín utiliza la sentencia de Fujimori como prueba. Más aún, pretende que se incluya dentro del concepto de terrorismo el delito de corrupción, con una clara motivación política. Una que no beneficia al país, sino a sus intereses de grupo.
El Perú enfrenta la posibilidad de una reagrupación del MRTA, considerando que parte de su cúpula será liberada en los próximos meses. Enfrenta además a Sendero y la liberación de Morote. Sin embargo, políticos mezquinos, limitados e incapaces pretenden convencernos de la necesidad de declarar al fujimorismo como ¿un partido terrorista?
Es necesario unir al Perú y trabajar políticamente en defensa de la democracia y el Estado de Derecho para enfrentar a la lacra que buscó destruir al Estado y dinamitar al país: Sendero y el MRTA. Para ello necesitamos no solo herramientas legales, sino políticos y generadores de opinión responsables.
El Estado Peruano aprendió a defenderse, y así pudo capturar y juzgar a la cúpula de Sendero y del MRTA. Lamentablemente, por razones políticas, la izquierda y la caviarada decidieron, desde el gobierno del presidente Paniagua, reescribir la historia y poner en igualdad de condiciones a los grupos terroristas y al Estado. Para ello utilizaron a la CVR, el Museo de la Memoria, El Ojo que Llora, el juicio contra los Chavín, la política de allanamiento ante la CIDH impulsada por García Sayán, y nos dijeron que el Estado cometió "violaciones sistemáticas de derechos humanos". Como su motivación era política, lo hicieron a partir de 1990. Así, la CVR encontró solo responsabilidad política en Belaunde y García, pero responsabilidad penal en Fujimori.
¿Por qué no se denunció al Movadef por apología cuando sus miembros irrumpieron en la presentación del libro de Portocarrero? Si no hay un solo proceso por apología del terrorismo, ¿para qué necesitamos el Negacionismo? La izquierda y la caviarada pretenden utilizar el Negacionismo para solidificar esta historia del Perú reescrita, en la que ellos, que fueron incapaces de enfrentar al terrorismo, se lavan la cara y quedan como grandes luchadores, demócratas y defensores de los DD.HH.
Pretenden decirnos que en los 90 hubo terrorismo de Estado y, por lo tanto, la Ley del Negacionismo debe incluirlo. Para ello, Rimarachín utiliza la sentencia de Fujimori como prueba. Más aún, pretende que se incluya dentro del concepto de terrorismo el delito de corrupción, con una clara motivación política. Una que no beneficia al país, sino a sus intereses de grupo.
El Perú enfrenta la posibilidad de una reagrupación del MRTA, considerando que parte de su cúpula será liberada en los próximos meses. Enfrenta además a Sendero y la liberación de Morote. Sin embargo, políticos mezquinos, limitados e incapaces pretenden convencernos de la necesidad de declarar al fujimorismo como ¿un partido terrorista?
Es necesario unir al Perú y trabajar políticamente en defensa de la democracia y el Estado de Derecho para enfrentar a la lacra que buscó destruir al Estado y dinamitar al país: Sendero y el MRTA. Para ello necesitamos no solo herramientas legales, sino políticos y generadores de opinión responsables.
sábado, 8 de diciembre de 2012
La tristeza de la Primera Dama
Finalmente, la Primera Dama habló sobre el "affaire" Villena. Rodeada por las ministras Trivelli y Triveño, nos dijo que el ministro Villena ya había pedido disculpas y que "es una situación que hasta nos ha entristecido. Hay lecciones que aprender de esta experiencia".
Nadine Heredia, que en la práctica cogobierna con su marido y que no puede ocultar su intención de postular en el 2016, nos dijo que lo importante no era el empujón, ni el apretón, sino la disculpa. Así nomás, como cuando un policía en una comisaría de SJL le dice a la mujer ensangrentada que quiere denunciar a su marido porque le rompió la cara a golpes, que mejor no denuncie, que él está arrepentido y ha aprendido la lección. Seguro que no lo vuelve a hacer.
¿Dónde quedan los principios de esas ministras que seguirán sentándose en un Consejo de Ministros al lado de una pequeña persona que cree que cuando le pusieron un fajín en la cintura lo convirtieron en reyezuelo, en pacha, en inca? Ese que cree que le dieron las llaves del reino y lo convirtieron en señor feudal. ¿Es que el poder seduce al punto que hace que las ministras pierdan la decencia? ¿Cómo vamos a acabar con la violencia contra la mujer si el gobierno permite que ese reyezuelo siga usando fajín?
De acuerdo con un estudio multipaís de la OMS, la violencia en el Perú es más alta que en Etiopía, Tanzania y Bangladesh. El 69% de las mujeres rurales peruanas ha sufrido violencia física y/o sexual. 51% en zonas urbanas. La violencia contra la mujer es persistente en la medida en que la sociedad no la rechace enérgicamente. Mientras quienes la cometen no sean sancionados penal y socialmente.
La discriminación contra la mujer se basa en la división público/privada de la vida en sociedad. Las mujeres generalmente son ubicadas en el ámbito privado y sus intereses como la crianza y educación de los hijos, la salud y la violencia doméstica no han sido considerados "bien común". En el Perú creemos que lo que suceda dentro de la casa no nos incumbe. Poco importa que tu pata gomee a su mujer y que no le pase pensión alimenticia a sus hijos. Porque es súper bacán y cocina buenazo.
El affaire Villena es solo una muestra de lo podrida que está la sociedad. No es el primer caso, ni será el último. En el 2001, el Perú eligió a un presidente que no solo se negaba a reconocer a una hija sino que además tenía denuncias por violencia doméstica.
La actitud del Ejecutivo es una vergüenza. Porque así este reyezuelo no hubiese agredido físicamente a la empleada de LAN, su actitud matonesca en el aeropuerto es suficiente para que el Presidente lo despida. ¿O es que cuando Roque dice que el Perú es de todos, los más humildes y los más bacanes, es con cacha? Tome nota, señora, para el 2016.
Nadine Heredia, que en la práctica cogobierna con su marido y que no puede ocultar su intención de postular en el 2016, nos dijo que lo importante no era el empujón, ni el apretón, sino la disculpa. Así nomás, como cuando un policía en una comisaría de SJL le dice a la mujer ensangrentada que quiere denunciar a su marido porque le rompió la cara a golpes, que mejor no denuncie, que él está arrepentido y ha aprendido la lección. Seguro que no lo vuelve a hacer.
¿Dónde quedan los principios de esas ministras que seguirán sentándose en un Consejo de Ministros al lado de una pequeña persona que cree que cuando le pusieron un fajín en la cintura lo convirtieron en reyezuelo, en pacha, en inca? Ese que cree que le dieron las llaves del reino y lo convirtieron en señor feudal. ¿Es que el poder seduce al punto que hace que las ministras pierdan la decencia? ¿Cómo vamos a acabar con la violencia contra la mujer si el gobierno permite que ese reyezuelo siga usando fajín?
De acuerdo con un estudio multipaís de la OMS, la violencia en el Perú es más alta que en Etiopía, Tanzania y Bangladesh. El 69% de las mujeres rurales peruanas ha sufrido violencia física y/o sexual. 51% en zonas urbanas. La violencia contra la mujer es persistente en la medida en que la sociedad no la rechace enérgicamente. Mientras quienes la cometen no sean sancionados penal y socialmente.
La discriminación contra la mujer se basa en la división público/privada de la vida en sociedad. Las mujeres generalmente son ubicadas en el ámbito privado y sus intereses como la crianza y educación de los hijos, la salud y la violencia doméstica no han sido considerados "bien común". En el Perú creemos que lo que suceda dentro de la casa no nos incumbe. Poco importa que tu pata gomee a su mujer y que no le pase pensión alimenticia a sus hijos. Porque es súper bacán y cocina buenazo.
El affaire Villena es solo una muestra de lo podrida que está la sociedad. No es el primer caso, ni será el último. En el 2001, el Perú eligió a un presidente que no solo se negaba a reconocer a una hija sino que además tenía denuncias por violencia doméstica.
La actitud del Ejecutivo es una vergüenza. Porque así este reyezuelo no hubiese agredido físicamente a la empleada de LAN, su actitud matonesca en el aeropuerto es suficiente para que el Presidente lo despida. ¿O es que cuando Roque dice que el Perú es de todos, los más humildes y los más bacanes, es con cacha? Tome nota, señora, para el 2016.
sábado, 1 de diciembre de 2012
La verdad de una mentira (parte II)
Las mal llamadas "esterilizaciones forzadas" vuelven a escena con innegable carga política. Contribuyen opinólogos, activistas y periodistas que abordan el tema con absoluta desinformación y ligereza. Jorge Bruce ha sostenido: "Está demostrado fehacientemente que se trató de una política sistemática de esterilización forzada". ¿Alguna autoridad judicial lo ha declarado así? Monseñor Bambarén dijo recientemente :"En la selva desaparecieron etnias pequeñas a raíz de las esterilizaciones". ¿Qué etnia ha desaparecido? Quienes en la campaña del 2011 denunciaron "300,000 esterilizaciones forzadas", hoy sostienen que son 1500 y solo 150 probadas.
El Minsa implementó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996-2000. El programa proveía gratuitamente métodos anticonceptivos a 850,000 familias al año. En 1997 se realizaron 109,000 AQV (ligaduras), representando el 13% del total de métodos usados. El 33.6% de las mujeres atendidas usaba inyecciones Depo-Provera, 20% píldora, 16% DIU (TdeCobre) y 12% condones. En 1998 el uso de Depo-Provera aumentó a 40%, la píldora a 24%, y los condones a 14%, mientras que AQV cayó a 3% del total.
¿De qué "política pública de esterilización forzada" hablan si en el año que más AQV se realizaron estas representaron el 13% de todos los métodos elegidos por las mujeres? Más aún, de acuerdo con la ENDES 2000, el 81% de las mujeres que se sometieron a una AQV estaban satisfechas con su decisión. El 94.4% de la población rural declaró saber que era un método permanente.
El programa incrementó el acceso a los servicios de salud reproductiva. Como resultado, el uso de métodos modernos aumentó de 31% en 1992 a 51% en el 2000, la mortalidad materna se redujo de 265 x 100,000 en 1996 a 185 en el 2000 y la mortalidad infantil de 43 x 1000 en 1996 a 33 en el 2000.
La Defensoría investigó el programa -emitiendo 4 informes- y encontró irregularidades en su implementación. Entre ellas, fallas de métodos anticonceptivos, consentimientos firmados en formato distinto al establecido por ley, ausencia del periodo de reflexión en AQV, maltrato del personal médico, fallecimiento y AQV sin consentimiento. El Informe 69 (2002) analizó 773 quejas, 35 por esterilizaciones sin consentimiento entre 1996-2000 (10 declaradas infundadas). Además, investigaron 26 quejas por esterilizaciones sin consentimiento ocurridas en el 2001 y 2002 después de cancelado el programa. ¿Esto significa que en el gobierno de Toledo también hubo una política pública de esterilización forzada?
El objetivo del programa fue mejorar las condiciones de salud en los segmentos marginados de la sociedad, dándosele énfasis a la población de la sierra por la desigualdad que existía en el acceso a los servicios de salud y en los indicadores. Ocurrieron 18 muertes y cerca de 150 casos donde médicos irresponsables realizaron AQV sin consentimiento. Estos representan el 0.05% del total de las AQV realizadas. Estos casos son inaceptables y los médicos responsables fueron llevados a la justicia. Ninguna mujer puede ser obligada a hacer nada contra su voluntad, ni a esterilizarse, ni a tener un hijo ni a abortar. Quien lo haga debe ser juzgado y condenado.
Aquí muestro evidencia de los resultados de una política pública. Es así como estas deben decidirse y evaluarse. Estamos plagados de mediocres opinólogos con ínfulas de experticia en políticas públicas, de políticos y activistas irresponsables que utilizan el dolor de las familias afectadas. Estamos acostumbrados a la mediocridad y la mentira, esa es la mayor lacra del Perú.
La verdad de una mentira (parte I)
El Minsa implementó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996-2000. El programa proveía gratuitamente métodos anticonceptivos a 850,000 familias al año. En 1997 se realizaron 109,000 AQV (ligaduras), representando el 13% del total de métodos usados. El 33.6% de las mujeres atendidas usaba inyecciones Depo-Provera, 20% píldora, 16% DIU (TdeCobre) y 12% condones. En 1998 el uso de Depo-Provera aumentó a 40%, la píldora a 24%, y los condones a 14%, mientras que AQV cayó a 3% del total.
¿De qué "política pública de esterilización forzada" hablan si en el año que más AQV se realizaron estas representaron el 13% de todos los métodos elegidos por las mujeres? Más aún, de acuerdo con la ENDES 2000, el 81% de las mujeres que se sometieron a una AQV estaban satisfechas con su decisión. El 94.4% de la población rural declaró saber que era un método permanente.
El programa incrementó el acceso a los servicios de salud reproductiva. Como resultado, el uso de métodos modernos aumentó de 31% en 1992 a 51% en el 2000, la mortalidad materna se redujo de 265 x 100,000 en 1996 a 185 en el 2000 y la mortalidad infantil de 43 x 1000 en 1996 a 33 en el 2000.
La Defensoría investigó el programa -emitiendo 4 informes- y encontró irregularidades en su implementación. Entre ellas, fallas de métodos anticonceptivos, consentimientos firmados en formato distinto al establecido por ley, ausencia del periodo de reflexión en AQV, maltrato del personal médico, fallecimiento y AQV sin consentimiento. El Informe 69 (2002) analizó 773 quejas, 35 por esterilizaciones sin consentimiento entre 1996-2000 (10 declaradas infundadas). Además, investigaron 26 quejas por esterilizaciones sin consentimiento ocurridas en el 2001 y 2002 después de cancelado el programa. ¿Esto significa que en el gobierno de Toledo también hubo una política pública de esterilización forzada?
El objetivo del programa fue mejorar las condiciones de salud en los segmentos marginados de la sociedad, dándosele énfasis a la población de la sierra por la desigualdad que existía en el acceso a los servicios de salud y en los indicadores. Ocurrieron 18 muertes y cerca de 150 casos donde médicos irresponsables realizaron AQV sin consentimiento. Estos representan el 0.05% del total de las AQV realizadas. Estos casos son inaceptables y los médicos responsables fueron llevados a la justicia. Ninguna mujer puede ser obligada a hacer nada contra su voluntad, ni a esterilizarse, ni a tener un hijo ni a abortar. Quien lo haga debe ser juzgado y condenado.
Aquí muestro evidencia de los resultados de una política pública. Es así como estas deben decidirse y evaluarse. Estamos plagados de mediocres opinólogos con ínfulas de experticia en políticas públicas, de políticos y activistas irresponsables que utilizan el dolor de las familias afectadas. Estamos acostumbrados a la mediocridad y la mentira, esa es la mayor lacra del Perú.
La verdad de una mentira (parte I)
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