Esta es la historia de dos aventureros que llegaron a Palacio apoyados por un Marques enamoradizo y
un grupo de irresponsables líderes de opinión, políticos y empresarios llevados exclusivamente por el
anti y los intereses personales. Porque nadie puede sostener que el apoyo al candidato Humala estuvo
basado en la convicción de que podría dirigir los destinos del país. Alguien que podía cambiar la Gran Transformación por la Hoja de Ruta en cuestión de semanas era claramente un aventurero dispuesto a lo que fuera necesario. Quien converso con él en aquella época sabia de su limitada capacidad intelectual y del rol dominante que ejercía su mujer sobre él.
Las voces que desde el principio cuestionaron el rol de Heredia fueron acalladas por la Derecha, esa que dicen es bruta y achorada. “Es gracias a ella que se ha mantenido el modelo económico”, “Es la única pensante en Palacio” “¡Que importa si le da luz verde a los ministros mientras se mantenga el
crecimiento económico!” Y claro, en el Perú billetera siempre mata galán. Mientras los bolsillos se
siguiesen llenando, poco importaba la institucionalidad, la transparencia, la rendición de cuentas. ¡Pero si estamos a un pasito de la OCDE! El grave problema del Perú es que no tenemos líderes, ni
empresariales ni políticos, ni mucho menos una visión de país.
Heredia no es funcionaria pública y por ello no está obligada a rendir cuentas. Ha sostenido muchas
veces que no existe un presupuesto asignado a su despacho, pero no dice de dónde, cómo ni por qué
sale el dinero que financia sus viajes, presentaciones y asesores. Ni tampoco sabemos cómo paga a sus abogados. La falta de transparencia que los rodeó desde que aparecieron en política está cobrándoles caro esta vez. Cuentas en Europa, tarjetas de crédito de amigas y el sueldo intacto del Presidente.
Explicaciones que se contradicen, y tardías subsanaciones en pago de tributos sobre compras realizadas. El poder de Heredia es un riesgo, porque es informal y no está sujeto a ningún contrapeso. El descaro con el que hace uso de él es una afrenta a la institucionalidad, al estado de derecho y a la democracia. Como lo fue el que alguna vez tuvo Vladimiro Montesinos desde el SIN, quien no era más que un asesor.
No hemos aprendido nada de la historia reciente. No basta decirnos demócratas y ser apoyados por
Marqueses libertarios. Heredia se da el lujo de llegar al Poder Legislativo y decirles a los congresistas que pueden y que no deben preguntar. Parecería creer estar por encima de todo, con su 16% de aprobación
Escribo para enfrentar lo "políticamente correcto", que constituye el mayor lastre del Perú. No formo ni he formado parte de partido político alguno y digo solo aquello en lo que creo, independientemente de a quién le guste y a quién no. Creo que estas razones son las que hacen de la irreverencia una virtud.
miércoles, 17 de junio de 2015
miércoles, 10 de junio de 2015
Economía y política: ¿Fin del divorcio?
Mientras el Perú se entretiene con las compras, las cuentas y el descaro de Nadine, la economía
nos juega una mala pasada. Hace unos días nos “sorprendió” el anuncio de que la economía
peruana habría crecido 1.73% en el primer trimestre del año. El Ministro de Economía, sin embargo,
se muestra inexplicablemente entusiasta: "Ya hay razones para estar tranquilos sobre la aceleración
de la economía" dijo, mientras que el BCR redujo su estimado de crecimiento de Perú para el 2015
del 4.8% anunciado a 3.9%. Con mayor prudencia, redujo su proyección de crecimiento a 3.3% y el
Citibank a 2.8%. Para Julio Velarde, presidente del BCR, el ajuste se explica por la caída en los
sectores construcción e hidrocarburos. No obstante, nada ha dicho sobre el efecto sobre las
expectativas de la inestabilidad política y de la paralización de proyectos mineros como Tía Maria.
El crecimiento económico es responsable de la reducción de pobreza y de una menor desigualdad.
El ensanchamiento de la clase media en teoría tiende a traer estabilidad política, social y económica
y a alejar del poder a líderes radicales antisistema. Ello porque una clase media tiene derechos de
propiedad que defender y no suele estar dispuesta a arriesgarlos.
Sin embargo, en el caso peruano, quienes han logrado escapar de la pobreza carecen de acceso a
salud y educación de calidad y a empleo formal. Por ello son calificados como una clase media
vulnerable al no haber incrementado sus activos mediante mayores niveles de ahorro, o capital
humano. El BID calcula que la clase media peruana era el 40.1% de la población. Sin embargo, el
38% de los peruanos son considerados como “población vulnerable”. Esto es podrían volver a caer
en pobreza ante cualquier eventualidad.
Así, la caída del poder adquisitivo de la clase media y el posible aumento de las familias en pobreza
tendrían como efecto inmediato el aumento del descontento, mayor precariedad institucional y
menor capacidad del estado -al disminuir sus ingresos- para responder ante la población. Todo ello
representa riesgos para la gobernabilidad en un contexto pre-electoral donde líderes antisistema y
anti inversión están ganando adeptos al interior del país. Por cierto, se calcula que la inversión
privada en el 2015 crecerá en 1%.
El conocido divorcio entre la política y la economía lleva a los ciudadanos de todos los niveles socio-
económicos a no entender que de las autoridades que eligen depende el futuro del país. Además de
una marcada irresponsabilidad en los líderes empresariales y en los partidos políticos. Todo
parecería indicar que ya no hay divorcio: ahora la política va mal y la economía también.
nos juega una mala pasada. Hace unos días nos “sorprendió” el anuncio de que la economía
peruana habría crecido 1.73% en el primer trimestre del año. El Ministro de Economía, sin embargo,
se muestra inexplicablemente entusiasta: "Ya hay razones para estar tranquilos sobre la aceleración
de la economía" dijo, mientras que el BCR redujo su estimado de crecimiento de Perú para el 2015
del 4.8% anunciado a 3.9%. Con mayor prudencia, redujo su proyección de crecimiento a 3.3% y el
Citibank a 2.8%. Para Julio Velarde, presidente del BCR, el ajuste se explica por la caída en los
sectores construcción e hidrocarburos. No obstante, nada ha dicho sobre el efecto sobre las
expectativas de la inestabilidad política y de la paralización de proyectos mineros como Tía Maria.
El crecimiento económico es responsable de la reducción de pobreza y de una menor desigualdad.
El ensanchamiento de la clase media en teoría tiende a traer estabilidad política, social y económica
y a alejar del poder a líderes radicales antisistema. Ello porque una clase media tiene derechos de
propiedad que defender y no suele estar dispuesta a arriesgarlos.
Sin embargo, en el caso peruano, quienes han logrado escapar de la pobreza carecen de acceso a
salud y educación de calidad y a empleo formal. Por ello son calificados como una clase media
vulnerable al no haber incrementado sus activos mediante mayores niveles de ahorro, o capital
humano. El BID calcula que la clase media peruana era el 40.1% de la población. Sin embargo, el
38% de los peruanos son considerados como “población vulnerable”. Esto es podrían volver a caer
en pobreza ante cualquier eventualidad.
Así, la caída del poder adquisitivo de la clase media y el posible aumento de las familias en pobreza
tendrían como efecto inmediato el aumento del descontento, mayor precariedad institucional y
menor capacidad del estado -al disminuir sus ingresos- para responder ante la población. Todo ello
representa riesgos para la gobernabilidad en un contexto pre-electoral donde líderes antisistema y
anti inversión están ganando adeptos al interior del país. Por cierto, se calcula que la inversión
privada en el 2015 crecerá en 1%.
El conocido divorcio entre la política y la economía lleva a los ciudadanos de todos los niveles socio-
económicos a no entender que de las autoridades que eligen depende el futuro del país. Además de
una marcada irresponsabilidad en los líderes empresariales y en los partidos políticos. Todo
parecería indicar que ya no hay divorcio: ahora la política va mal y la economía también.
miércoles, 3 de junio de 2015
Ella se lo buscó
La Comisión de Justicia del Congreso decidió que la ley que despenalizaba el aborto en casos de violación no justificaba ser debatida en el pleno y dispuso su archivo. Ello sin importar que en el Perú ocurran aproximadamente 400,000 abortos al año.
El aborto es la tercera causa de muerte materna en el Perú. Ello porque la ilegalidad genera redes clandestinas y las mujeres que se someten a abortos lo hacen en condiciones insalubres que ponen en riesgo su vida. La OMS calcula que el 98% de los abortos inseguros ocurren en países donde abortar es ilegal. Las cifras del aborto inseguro y sus consecuencias son consideradas una epidemia silenciosa.
El aborto es una realidad, como lo es que la primera experiencia sexual del 24% de las mujeres rurales haya sido forzada. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el Perú 7 de cada 100 mujeres será violada durante el curso de su vida.
¿Por qué el Congreso y el sector conservador puede decirnos que las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos? El aborto no es un Método Anticonceptivo ni debe ser visto como tal. Pero existen casos en los que las mujeres deben tener derecho a decidir sin poner en riesgo su vida. Uno de ellos es en el caso de violación.
¿Sabía que cada año la fiscalía recibe 15,000 denuncias por violación? El 75% de las víctimas son menores de edad. El 42% fue violada en su casa. Según la ENDES 2013, en el 48% de casos de violación, las victimas no denuncian al violador por miedo, vergüenza o sentimiento de culpa, lo que impide visibilizar la magnitud del problema y permitirles acceder a la justicia. Mientras tanto el 32% de limeños cree que las mujeres son violadas porque provocaron al hombre. Algo así como
“ella se lo buscó, ahora que se aguante.”
La decisión del Congreso, afectará fundamentalmente a las mujeres pobres. Ello porque cuando una mujer del NSE A-B se somete a un aborto lo hace sin riesgo en una clínica privada, mientras que las mujeres del NSE D-E deben recurrir a comadronas, curanderos o “resolver” usando pastillas para la úlcera.
Lo mismo sucede con la Resolución del TC que limitó el acceso de las mujeres pobres a la píldora del día siguiente, al impedir su distribución gratuita por considerarla abortiva. Como la venta es libre, quien tenga dinero puede comprarla en cualquier farmacia. Estas políticas amplían la brecha de desigualdad en el acceso a la salud.
Parecería que el Estado peruano sigue considerando que las mujeres somos incapaces y por ello debe decidir por nosotras.
El aborto es la tercera causa de muerte materna en el Perú. Ello porque la ilegalidad genera redes clandestinas y las mujeres que se someten a abortos lo hacen en condiciones insalubres que ponen en riesgo su vida. La OMS calcula que el 98% de los abortos inseguros ocurren en países donde abortar es ilegal. Las cifras del aborto inseguro y sus consecuencias son consideradas una epidemia silenciosa.
El aborto es una realidad, como lo es que la primera experiencia sexual del 24% de las mujeres rurales haya sido forzada. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el Perú 7 de cada 100 mujeres será violada durante el curso de su vida.
¿Por qué el Congreso y el sector conservador puede decirnos que las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos? El aborto no es un Método Anticonceptivo ni debe ser visto como tal. Pero existen casos en los que las mujeres deben tener derecho a decidir sin poner en riesgo su vida. Uno de ellos es en el caso de violación.
¿Sabía que cada año la fiscalía recibe 15,000 denuncias por violación? El 75% de las víctimas son menores de edad. El 42% fue violada en su casa. Según la ENDES 2013, en el 48% de casos de violación, las victimas no denuncian al violador por miedo, vergüenza o sentimiento de culpa, lo que impide visibilizar la magnitud del problema y permitirles acceder a la justicia. Mientras tanto el 32% de limeños cree que las mujeres son violadas porque provocaron al hombre. Algo así como
“ella se lo buscó, ahora que se aguante.”
La decisión del Congreso, afectará fundamentalmente a las mujeres pobres. Ello porque cuando una mujer del NSE A-B se somete a un aborto lo hace sin riesgo en una clínica privada, mientras que las mujeres del NSE D-E deben recurrir a comadronas, curanderos o “resolver” usando pastillas para la úlcera.
Lo mismo sucede con la Resolución del TC que limitó el acceso de las mujeres pobres a la píldora del día siguiente, al impedir su distribución gratuita por considerarla abortiva. Como la venta es libre, quien tenga dinero puede comprarla en cualquier farmacia. Estas políticas amplían la brecha de desigualdad en el acceso a la salud.
Parecería que el Estado peruano sigue considerando que las mujeres somos incapaces y por ello debe decidir por nosotras.
miércoles, 27 de mayo de 2015
El guerrero que todo lo ve
El Presidente sostuvo que Sendero estaría detrás del conflicto contra Tía María. Sendero y ciertos
intereses políticos estarían buscando desestabilizar al país. El Perú post-Fujimori optó por la
desarticulación de los servicios de Inteligencia, olvidando que no existe país desarrollado que no cuente con una inteligencia sólida. Los “demócratas”, demostrando su falta de capacidad para gobernar, creyeron que lo mejor era eliminar la semilla del mal, y no vieron que la inteligencia era necesaria, que se debía regular y colocar contrapesos. Hoy con una inteligencia dedicada a investigar a Gastón, los dirigentes de Tierra y Libertad, Sendero y el etnocacerismo amenazan con incendiarnos la pradera. Ollanta, el guerrero que todo lo ve, decidió regresarnos a los ochenta declarando Estado de Emergencia en Islay. Sin inteligencia, volvió al rastrillaje casa por casa, como hacia el ejército durante los gobiernos de Belaunde y García. Recordándonos que fueron los campesinos atrapados entre dos fuegos quienes más sufrieron.
La historia del desarrollo de los países ha sido distinta en tiempos y procesos, pero si en algo coinciden los expertos es que para lograrlo se requieren tres requisitos indispensables. Primero, la impersonalidad de las instituciones. En un país desarrollado existe un orden social de acceso abierto a las instituciones económicas y políticas, mientras que en uno no desarrollado este acceso está condicionado a características personales y basado en las relaciones entre la élite. El crecimiento económico no es suficiente, pues en los países en desarrollo está basado en la exclusión, las relaciones asentadas en privilegios y la apropiación de rentas. Ello se evidencia en el caso de las industrias extractivas en el Perú.
Por ello, aunque el crecimiento experimentado la década pasada hubiese sido mantenido, sería
insuficiente para lograr el desarrollo. Segundo, el estado de derecho. En los países desarrollados el estado garantiza la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, el respeto al derecho de propiedad y los contratos. En el Perú la justicia la compra aquel que tiene acceso al poder.
Tercero, el Estado debe tener el control sobre el monopolio de la violencia. Esto es, solo el Estado a
través de la ley puede ejercer la violencia (orden, persecución, sanción) sin que ningún otro grupo
(narco/terrorista, huaraquero,etnocacerista) pueda hacerlo. En el Perú, el principio de autoridad ha sido socavado por la pérdida de legitimidad del Estado. La población cuestiona el uso legítimo de la violencia por el gobierno de Humala.
Hace unos meses la clase empresarial, siempre tan conectada con el país, sostenía que estábamos a un pasito de la OCDE. Que ya casi llegábamos, que era cosita de nada. ¿Cómo la ve?
intereses políticos estarían buscando desestabilizar al país. El Perú post-Fujimori optó por la
desarticulación de los servicios de Inteligencia, olvidando que no existe país desarrollado que no cuente con una inteligencia sólida. Los “demócratas”, demostrando su falta de capacidad para gobernar, creyeron que lo mejor era eliminar la semilla del mal, y no vieron que la inteligencia era necesaria, que se debía regular y colocar contrapesos. Hoy con una inteligencia dedicada a investigar a Gastón, los dirigentes de Tierra y Libertad, Sendero y el etnocacerismo amenazan con incendiarnos la pradera. Ollanta, el guerrero que todo lo ve, decidió regresarnos a los ochenta declarando Estado de Emergencia en Islay. Sin inteligencia, volvió al rastrillaje casa por casa, como hacia el ejército durante los gobiernos de Belaunde y García. Recordándonos que fueron los campesinos atrapados entre dos fuegos quienes más sufrieron.
La historia del desarrollo de los países ha sido distinta en tiempos y procesos, pero si en algo coinciden los expertos es que para lograrlo se requieren tres requisitos indispensables. Primero, la impersonalidad de las instituciones. En un país desarrollado existe un orden social de acceso abierto a las instituciones económicas y políticas, mientras que en uno no desarrollado este acceso está condicionado a características personales y basado en las relaciones entre la élite. El crecimiento económico no es suficiente, pues en los países en desarrollo está basado en la exclusión, las relaciones asentadas en privilegios y la apropiación de rentas. Ello se evidencia en el caso de las industrias extractivas en el Perú.
Por ello, aunque el crecimiento experimentado la década pasada hubiese sido mantenido, sería
insuficiente para lograr el desarrollo. Segundo, el estado de derecho. En los países desarrollados el estado garantiza la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, el respeto al derecho de propiedad y los contratos. En el Perú la justicia la compra aquel que tiene acceso al poder.
Tercero, el Estado debe tener el control sobre el monopolio de la violencia. Esto es, solo el Estado a
través de la ley puede ejercer la violencia (orden, persecución, sanción) sin que ningún otro grupo
(narco/terrorista, huaraquero,etnocacerista) pueda hacerlo. En el Perú, el principio de autoridad ha sido socavado por la pérdida de legitimidad del Estado. La población cuestiona el uso legítimo de la violencia por el gobierno de Humala.
Hace unos meses la clase empresarial, siempre tan conectada con el país, sostenía que estábamos a un pasito de la OCDE. Que ya casi llegábamos, que era cosita de nada. ¿Cómo la ve?
sábado, 31 de mayo de 2014
El sacrificio de la alcaldesa
"La Municipalidad de Lima es una municipalidad pobre" fue la respuesta que dio la gerente de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad de Lima, preguntada por el aumento del comercio ambulatorio en el Centro. Alberto Andrade debe haberse retorcido en su tumba.
Esta es una muestra de lo que sucede cuando los ciudadanos votan sin tener en cuenta las capacidades de las autoridades que eligen. Cuando no las obligan a rendir cuentas y ellas se rodean de incapaces. Esta es una muestra de que Lima es gobernada por improvisados. Y, sin embargo Villarán tiene 20% de aprobación. ¿Qué es exactamente lo que aprueban? ¿El caos del transporte, la falta de gobernanza, las obras sin terminar, las mentiras, la falta de transparencia, las excusas de que los ataques son por ser mujer?
¿Sabía que la Municipalidad de Lima (que dicen es pobre) aumentó en 642% los gastos para publicidad e imagen institucional?
La campaña para la reelección de Villarán ya comenzó. La estrategia será nuevamente la de poner a la alcaldesa y sus regidores como la reserva moral, sus adversarios políticos serán sin duda corruptos probados o en potencia. Nuevamente, la decencia versus la mugre.
En el debate poco importará que Lima requiera autoridades con capacidad para gobernar y conocimiento de políticas públicas, porque nuevamente la "tía bacán" y su asesor convencerán a los limeños de que Lima no puede parar. Y los ilusos olvidarán las horas perdidas en el tráfico infernal, olvidarán que la alcaldesa aún no ha cumplido su promesa de rendir cuentas por la campaña por el "No", olvidarán el desorden de la ciudad y la mala calidad de vida que sufrimos como consecuencia de su mala gestión. Pregunto, ¿quién financia a Villarán?
Mientras tanto, el revocado y recontratado Eduardo Zegarra nos dice que Villarán, cual Virgen María, ha hecho un gran sacrificio al ser alcaldesa.
Esta es una muestra de lo que sucede cuando los ciudadanos votan sin tener en cuenta las capacidades de las autoridades que eligen. Cuando no las obligan a rendir cuentas y ellas se rodean de incapaces. Esta es una muestra de que Lima es gobernada por improvisados. Y, sin embargo Villarán tiene 20% de aprobación. ¿Qué es exactamente lo que aprueban? ¿El caos del transporte, la falta de gobernanza, las obras sin terminar, las mentiras, la falta de transparencia, las excusas de que los ataques son por ser mujer?
¿Sabía que la Municipalidad de Lima (que dicen es pobre) aumentó en 642% los gastos para publicidad e imagen institucional?
La campaña para la reelección de Villarán ya comenzó. La estrategia será nuevamente la de poner a la alcaldesa y sus regidores como la reserva moral, sus adversarios políticos serán sin duda corruptos probados o en potencia. Nuevamente, la decencia versus la mugre.
En el debate poco importará que Lima requiera autoridades con capacidad para gobernar y conocimiento de políticas públicas, porque nuevamente la "tía bacán" y su asesor convencerán a los limeños de que Lima no puede parar. Y los ilusos olvidarán las horas perdidas en el tráfico infernal, olvidarán que la alcaldesa aún no ha cumplido su promesa de rendir cuentas por la campaña por el "No", olvidarán el desorden de la ciudad y la mala calidad de vida que sufrimos como consecuencia de su mala gestión. Pregunto, ¿quién financia a Villarán?
Mientras tanto, el revocado y recontratado Eduardo Zegarra nos dice que Villarán, cual Virgen María, ha hecho un gran sacrificio al ser alcaldesa.
sábado, 24 de mayo de 2014
Vale Todo
Pese a que Latinoamérica ha experimentado altas tasas de crecimiento económico, ha reducido la pobreza considerablemente y la desigualdad, ha logrado mejorar los indicadores de salud y el acceso a la educación, no ha conseguido satisfacer las demandas de sus ciudadanos por seguridad, mejor calidad de educación, salud e infraestructura, ni ha logrado reducir la informalidad. Todo ello debilita la confianza de los ciudadanos en el Estado.
Para Fukuyama, esto se debe a la mala administración burocrática y la debilidad de los Estados. Por ello, considera que se deben "concentrar en desarrollar una administración pública de elevada calidad", siendo necesario acabar con el clientelismo. Sin una sociedad que mantenga la presión sobre sus gobernantes, ello no será posible, sostiene.
Lamentablemente, en el Perú no existe una cultura de rendición de cuentas. Hay una desconexión entre los políticos y los ciudadanos que los llevaron al poder. Los primeros no entienden que tienen la obligación de actuar con transparencia y eficiencia; y los segundos, que son ellos quienes tienen el poder a través del voto.
La inseguridad ciudadana, el sicariato y la violencia política están coartando al Estado y el Gobierno no tiene la capacidad para enfrentarlo. Hace unos días, Carlos Meléndez escribía sobre la amenaza que representan las mafias en la sociedad. Aquellas que extorsionan empresarios, políticos y ciudadanos por igual. Para Meléndez, hoy, es difícil distinguir entre víctimas y victimarios.
Esta anomia es producto de la falta de Estado. Ante ella, el monopolio de la violencia, que debe necesariamente ser ejercido por el Estado, no existe. La violencia es ejercida por cualquiera. Si el Estado no logra imponerse, nos convertiremos en el Medellín de los ochenta o en el norte de México.
Estamos cansados de vivir en medio de la violencia, la inseguridad y la informalidad. Pero sobre todo de autoridades ineficientes que no tienen capacidad para gobernar.
Para Fukuyama, esto se debe a la mala administración burocrática y la debilidad de los Estados. Por ello, considera que se deben "concentrar en desarrollar una administración pública de elevada calidad", siendo necesario acabar con el clientelismo. Sin una sociedad que mantenga la presión sobre sus gobernantes, ello no será posible, sostiene.
Lamentablemente, en el Perú no existe una cultura de rendición de cuentas. Hay una desconexión entre los políticos y los ciudadanos que los llevaron al poder. Los primeros no entienden que tienen la obligación de actuar con transparencia y eficiencia; y los segundos, que son ellos quienes tienen el poder a través del voto.
La inseguridad ciudadana, el sicariato y la violencia política están coartando al Estado y el Gobierno no tiene la capacidad para enfrentarlo. Hace unos días, Carlos Meléndez escribía sobre la amenaza que representan las mafias en la sociedad. Aquellas que extorsionan empresarios, políticos y ciudadanos por igual. Para Meléndez, hoy, es difícil distinguir entre víctimas y victimarios.
Esta anomia es producto de la falta de Estado. Ante ella, el monopolio de la violencia, que debe necesariamente ser ejercido por el Estado, no existe. La violencia es ejercida por cualquiera. Si el Estado no logra imponerse, nos convertiremos en el Medellín de los ochenta o en el norte de México.
Estamos cansados de vivir en medio de la violencia, la inseguridad y la informalidad. Pero sobre todo de autoridades ineficientes que no tienen capacidad para gobernar.
sábado, 17 de mayo de 2014
Una persecución política forzada
Una Comisión del Parlamento Andino llegó al Perú para presionar al Ministerio Público y al PJ por el caso de las mal llamadas esterilizaciones forzadas. Hace un tiempo, lo hizo Luz Patricia Mejía, comisionada de la CIDH.
¿Puede una comisión integrada por Hilaria Supa, activista política, ser imparcial? Supa sostiene que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar-PSRPF fue "la mayor discriminación (contra la mujer andina)" y añade que "la concepción del gobierno fujimorista fue profundamente racista. Quiso desaparecer a ese sector de la población". Además, el comunicado del Parlamento Andino señala que "en el Perú fueron esterilizadas forzosamente 300,000 mujeres y 22,000 hombres". ¿En qué basan esas afirmaciones? ¿Están buscando justicia o venganza política? ¿Por qué no investigan las 26 esterilizaciones sin consentimiento durante el gobierno de Toledo?
¿Está facultado el Parlamento Andino para investigar casos de DDHH? ¿Puede interferir en un caso que está judicializado? ¡Ni el Congreso peruano puede interferir con el PJ! La Comisión se reunió con víctimas y fiscales. ¿Se reunieron acaso con los ministros de Salud a los que acusan? ¿Y el debido proceso?
El PSRPF fue diseñado considerando la alta mortalidad materno-infantil en los segmentos marginados, dándosele énfasis a la población de la sierra por la desigualdad existente. En 1996, la mortalidad materna era 185 x100,000nv, pero en Ayacucho era 1039; si en Lima morían 26 niños por cada 1000nv, en Huancavelica morían 106. En 1993, murieron 1670 madres: una mujer cada 5 horas.
El PSRPF permitió que mujeres pobres accedieran a servicios de salud gratuitos, beneficiando a 850,000 familias al año. Como resultado se redujo la mortalidad materna en 30%.
Durante la implementación ocurrieron aproximadamente 150 casos donde médicos irresponsables realizaron esterilizaciones sin consentimiento. Los médicos debieron ser juzgados y condenados por la justicia y las víctimas resarcidas. Hubo 18 casos fatales como el de Mamerita Mestanza.
Lo que no dice el Parlamento Andino es que la Fiscalía encontró responsabilidad penal en los médicos que practicaron las esterilizaciones sin consentimiento. Además, ordenó que se investigue a jueces y fiscales que impidieron el acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, ¿a quiénes se quiere condenar?
En un Estado de Derecho, nadie puede ser perseguido políticamente. Aunque esta persecución venga del Parlamento Andino, CIDH o la conciencia moral. Ni siquiera los fujimoristas.
¿Puede una comisión integrada por Hilaria Supa, activista política, ser imparcial? Supa sostiene que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar-PSRPF fue "la mayor discriminación (contra la mujer andina)" y añade que "la concepción del gobierno fujimorista fue profundamente racista. Quiso desaparecer a ese sector de la población". Además, el comunicado del Parlamento Andino señala que "en el Perú fueron esterilizadas forzosamente 300,000 mujeres y 22,000 hombres". ¿En qué basan esas afirmaciones? ¿Están buscando justicia o venganza política? ¿Por qué no investigan las 26 esterilizaciones sin consentimiento durante el gobierno de Toledo?
¿Está facultado el Parlamento Andino para investigar casos de DDHH? ¿Puede interferir en un caso que está judicializado? ¡Ni el Congreso peruano puede interferir con el PJ! La Comisión se reunió con víctimas y fiscales. ¿Se reunieron acaso con los ministros de Salud a los que acusan? ¿Y el debido proceso?
El PSRPF fue diseñado considerando la alta mortalidad materno-infantil en los segmentos marginados, dándosele énfasis a la población de la sierra por la desigualdad existente. En 1996, la mortalidad materna era 185 x100,000nv, pero en Ayacucho era 1039; si en Lima morían 26 niños por cada 1000nv, en Huancavelica morían 106. En 1993, murieron 1670 madres: una mujer cada 5 horas.
El PSRPF permitió que mujeres pobres accedieran a servicios de salud gratuitos, beneficiando a 850,000 familias al año. Como resultado se redujo la mortalidad materna en 30%.
Durante la implementación ocurrieron aproximadamente 150 casos donde médicos irresponsables realizaron esterilizaciones sin consentimiento. Los médicos debieron ser juzgados y condenados por la justicia y las víctimas resarcidas. Hubo 18 casos fatales como el de Mamerita Mestanza.
Lo que no dice el Parlamento Andino es que la Fiscalía encontró responsabilidad penal en los médicos que practicaron las esterilizaciones sin consentimiento. Además, ordenó que se investigue a jueces y fiscales que impidieron el acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, ¿a quiénes se quiere condenar?
En un Estado de Derecho, nadie puede ser perseguido políticamente. Aunque esta persecución venga del Parlamento Andino, CIDH o la conciencia moral. Ni siquiera los fujimoristas.
sábado, 10 de mayo de 2014
Poderes Paralelos
Pese a los cuestionamientos al rol que ejerce Heredia en el gobierno de su marido, ella en reciente entrevista nos dejó en claro que poco le importa ser cuestionada. El problema no radica en lo que Heredia pueda pensar, sino en el hecho de que no existen contrapesos que limiten el poder que ella ejerce.
Es equivocado deslegitimar los cuestionamientos al rol de Heredia en el Gobierno desde una perspectiva de género. Nadine Heredia usurpa funciones sin asumir las responsabilidades de un puesto público. No es un tema de género, porque quienes hoy la cuestionamos, haríamos lo mismo si quien ejerciese un poder informal fuera Mark Villanella. Heredia no fue elegida para gobernar y al no asumir cargo público, no está obligada a rendir cuentas. Eso de por sí es grave, sin importar si ella tiene aspiraciones de postular a la Presidencia en el 2016 o no. El uso de recursos públicos es un problema distinto. Igual de serio, pero que no debe confundirse con la crítica que hace al poder que ejerce Heredia.
El caso de Heredia grafica la forma como el Perú está siendo gobernado, en base a instancias de poderes informales, pero no es el único. Dacia Escalante, militante nacionalista nombrada por el Presidente para dirigir la Onagi. Su puesto dependía del Ministerio del Interior, pero el ministro no tenía autoridad alguna sobre ella. Existen serios cuestionamientos sobre la utilización política de los gobernadores y de los recursos del Estado, y sin embargo esta funcionaria decidió no presentarse ante el Congreso. Uno se pregunta: ¿cómo es que ministros como Walter Albán, ex defensor del Pueblo, permiten que se use su imagen para esconder detrás poderes informales y actos de corrupción? ¿Qué más estará ocurriendo bajo las narices del ministro?
Nos estamos acostumbrando a que nadie rinda cuentas, a que nadie asuma responsabilidad
Es equivocado deslegitimar los cuestionamientos al rol de Heredia en el Gobierno desde una perspectiva de género. Nadine Heredia usurpa funciones sin asumir las responsabilidades de un puesto público. No es un tema de género, porque quienes hoy la cuestionamos, haríamos lo mismo si quien ejerciese un poder informal fuera Mark Villanella. Heredia no fue elegida para gobernar y al no asumir cargo público, no está obligada a rendir cuentas. Eso de por sí es grave, sin importar si ella tiene aspiraciones de postular a la Presidencia en el 2016 o no. El uso de recursos públicos es un problema distinto. Igual de serio, pero que no debe confundirse con la crítica que hace al poder que ejerce Heredia.
El caso de Heredia grafica la forma como el Perú está siendo gobernado, en base a instancias de poderes informales, pero no es el único. Dacia Escalante, militante nacionalista nombrada por el Presidente para dirigir la Onagi. Su puesto dependía del Ministerio del Interior, pero el ministro no tenía autoridad alguna sobre ella. Existen serios cuestionamientos sobre la utilización política de los gobernadores y de los recursos del Estado, y sin embargo esta funcionaria decidió no presentarse ante el Congreso. Uno se pregunta: ¿cómo es que ministros como Walter Albán, ex defensor del Pueblo, permiten que se use su imagen para esconder detrás poderes informales y actos de corrupción? ¿Qué más estará ocurriendo bajo las narices del ministro?
Nos estamos acostumbrando a que nadie rinda cuentas, a que nadie asuma responsabilidad
sábado, 26 de abril de 2014
Angelina Jolie
Hace unos días este diario publicó una caricatura ofensiva donde se hacía escarnio de las mujeres víctimas de violencia. La violencia doméstica es un problema de salud pública en el Perú, donde según la OMS, 69% de mujeres rurales y 51% de urbanas han sufrido violencia física o sexual. La violencia doméstica NO es graciosa.
¿Podemos reírnos de que 23% de mujeres en Lima y 47% en Cusco hayan sido forzadas por sus parejas a tener sexo? ¿Podemos reírnos de que un precandidato acuse de "muñeca brava" a la víctima de sus agresiones para justificarse? El 71% de las mujeres peruanas ha sido víctima de violencia sicológica (control, trato humillante, amenazas), aquella que vulnera la libertad y autonomía de las mujeres. Ese "Yo fui a Chicago y tú no".
La violencia contra la mujer responde al control que busca ejercer un hombre sobre una mujer. Es una muestra de poder, de superioridad. El la considera inferior y reclama su derecho de propiedad a través de la violencia, el control, la humillación o reclamando su derecho a poseerla cuando le plazca. La violencia contra la mujer es persistente en la medida en que la sociedad no la rechace enérgicamente. Mientras sigamos estereotipando a las mujeres víctimas de violencia y sosteniendo que basta con decirles que se parecen a
Angelina Jolie después de golpearlas para que no denuncien, mientras se siga buscando generar risas con la violencia de género, mientras no te importe que tu pata "gomee" a su mujer no acabaremos con la violencia de género. ¿Sabía que solo uno de cada cuatro víctimas denuncia a su agresor?
La violencia contra la mujer seguirá siendo un grave problema mientras todos los ciudadanos no levantemos la voz para ponerle un alto. Mientras aceptemos que se use la violencia de género para generar risas, seremos cómplices de ella.
¿Podemos reírnos de que 23% de mujeres en Lima y 47% en Cusco hayan sido forzadas por sus parejas a tener sexo? ¿Podemos reírnos de que un precandidato acuse de "muñeca brava" a la víctima de sus agresiones para justificarse? El 71% de las mujeres peruanas ha sido víctima de violencia sicológica (control, trato humillante, amenazas), aquella que vulnera la libertad y autonomía de las mujeres. Ese "Yo fui a Chicago y tú no".
La violencia contra la mujer responde al control que busca ejercer un hombre sobre una mujer. Es una muestra de poder, de superioridad. El la considera inferior y reclama su derecho de propiedad a través de la violencia, el control, la humillación o reclamando su derecho a poseerla cuando le plazca. La violencia contra la mujer es persistente en la medida en que la sociedad no la rechace enérgicamente. Mientras sigamos estereotipando a las mujeres víctimas de violencia y sosteniendo que basta con decirles que se parecen a
Angelina Jolie después de golpearlas para que no denuncien, mientras se siga buscando generar risas con la violencia de género, mientras no te importe que tu pata "gomee" a su mujer no acabaremos con la violencia de género. ¿Sabía que solo uno de cada cuatro víctimas denuncia a su agresor?
La violencia contra la mujer seguirá siendo un grave problema mientras todos los ciudadanos no levantemos la voz para ponerle un alto. Mientras aceptemos que se use la violencia de género para generar risas, seremos cómplices de ella.
sábado, 19 de abril de 2014
Tapadas limeñas
La mayoría no debe ni puede, en un Estado de Derecho, limitar los derechos de las minorías. Si todos somos iguales ante la ley, como establece la Constitución, es momento de que esa igualdad sea ejercida por los ciudadanos que tienen una opción sexual distinta a la mayoría.
El Perú es un país laico, y por ello ni los dogmas de la Iglesia Católica ni los valores cristianos pueden ser impuestos para limitar los derechos de los ciudadanos. Ni siquiera a través de mecanismos democráticos, como propuso el Cardenal.
Jim Kim, presidente del BM, declaró recientemente, refiriéndose a los derechos de los homosexuales: "La lucha para eliminar todo tipo de discriminación institucionalizada es urgente". El trato discriminatorio hacia grupos de personas sobre la base de género, religión, raza o sexualidad, conduce a su exclusión social, lo que podría perjudicar el crecimiento económico y haría más difícil aliviar la pobreza. Pero es además moral y legalmente inaceptable.
Podemos seguir actuando como tapadas limeñas y pretender que no reconocerle derechos civiles y patrimoniales a los ciudadanos que tienen una opción sexual distinta hará que. . . ¿desaparezcan? Debo informarles que eso no sucederá. La realidad es que en el Perú existen familias formadas por personas del mismo sexo, y ellas y sus hijos tienen derecho a ser reconocidos y protegidos por el Estado. La ley de la unión civil busca que se reconozca una realidad.
Los congresistas no deben dejarse amedrentar por presiones de grupos de interés conservadores. Su obligación es garantizar que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley.
La intolerancia es una característica de nuestra sociedad, donde unos se creen moralmente superiores y no entienden que la Constitución, la ley y Dios nos hacen a todos iguales. Un país donde sigan existiendo categorías distintas de ciudadanos es inviable, sin importar el crecimiento económico que experimente.
El Perú es un país laico, y por ello ni los dogmas de la Iglesia Católica ni los valores cristianos pueden ser impuestos para limitar los derechos de los ciudadanos. Ni siquiera a través de mecanismos democráticos, como propuso el Cardenal.
Jim Kim, presidente del BM, declaró recientemente, refiriéndose a los derechos de los homosexuales: "La lucha para eliminar todo tipo de discriminación institucionalizada es urgente". El trato discriminatorio hacia grupos de personas sobre la base de género, religión, raza o sexualidad, conduce a su exclusión social, lo que podría perjudicar el crecimiento económico y haría más difícil aliviar la pobreza. Pero es además moral y legalmente inaceptable.
Podemos seguir actuando como tapadas limeñas y pretender que no reconocerle derechos civiles y patrimoniales a los ciudadanos que tienen una opción sexual distinta hará que. . . ¿desaparezcan? Debo informarles que eso no sucederá. La realidad es que en el Perú existen familias formadas por personas del mismo sexo, y ellas y sus hijos tienen derecho a ser reconocidos y protegidos por el Estado. La ley de la unión civil busca que se reconozca una realidad.
Los congresistas no deben dejarse amedrentar por presiones de grupos de interés conservadores. Su obligación es garantizar que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley.
La intolerancia es una característica de nuestra sociedad, donde unos se creen moralmente superiores y no entienden que la Constitución, la ley y Dios nos hacen a todos iguales. Un país donde sigan existiendo categorías distintas de ciudadanos es inviable, sin importar el crecimiento económico que experimente.
sábado, 12 de abril de 2014
¿Y ahora, quién podrá defendernos?
El Banco Mundial acaba de anunciar su preocupación por lo que estima será una reducción en el crecimiento de Latinoamérica, identificando dos causas principales: la desaceleración de China y los recortes de políticas monetarias de EE.UU.
Lamentablemente, el Perú no hizo a tiempo un uso eficiente de los recursos que el crecimientoeconómico le generó. Faltó inversión en infraestructura, servicios básicos como educación y salud, y seguridad, entre otros.
Para que un país logre cruzar el umbral del desarrollo, el crecimiento económico no es suficiente. Uno de los requisitos indispensables es que el Estado controle el monopolio de la violencia. Esto es que solo el Estado, a través de la ley, puede ejercer la violencia (orden, persecución, sanción), sin que ningún otro grupo (narcoterrorista, paramilitar, sicario, milicia) pueda hacerlo.
El Estado ha demostrado su incapacidad en mantener el monopolio de la violencia y no solo por la "percepción" de inseguridad con la vivimos, la falta de acceso a la justicia ni por la frustración de vivir en una ciudad sin autoridad donde cualquier bacancito se impone.
Las denuncias de asesinato de autoridades regionales son alarmantes. No solo es Áncash y los asesinatos que estarían relacionados con el presidente regional. Existen varias denuncias de asesinatos de autoridades a manos de sicarios que estarían vinculados a negocios ilegales por todo el Perú.
Hace unos meses, el congresista Modesto Julca envió una carta informándole al entonces ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, de la situación en Áncash y de los "asesinatos cometidos por sicarios de organizaciones criminales vinculadas al poder político". A pesar de ello, Nolasco fue asesinado. Pedraza no es más ministro, pero mantiene un puestito como asesor presidencial en materia de seguridad, nada menos.
Sin autoridades eficientes, el Estado no logrará garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y sin seguridad es imposible cruzar el umbral del desarrollo.
Lamentablemente, el Perú no hizo a tiempo un uso eficiente de los recursos que el crecimientoeconómico le generó. Faltó inversión en infraestructura, servicios básicos como educación y salud, y seguridad, entre otros.
Para que un país logre cruzar el umbral del desarrollo, el crecimiento económico no es suficiente. Uno de los requisitos indispensables es que el Estado controle el monopolio de la violencia. Esto es que solo el Estado, a través de la ley, puede ejercer la violencia (orden, persecución, sanción), sin que ningún otro grupo (narcoterrorista, paramilitar, sicario, milicia) pueda hacerlo.
El Estado ha demostrado su incapacidad en mantener el monopolio de la violencia y no solo por la "percepción" de inseguridad con la vivimos, la falta de acceso a la justicia ni por la frustración de vivir en una ciudad sin autoridad donde cualquier bacancito se impone.
Las denuncias de asesinato de autoridades regionales son alarmantes. No solo es Áncash y los asesinatos que estarían relacionados con el presidente regional. Existen varias denuncias de asesinatos de autoridades a manos de sicarios que estarían vinculados a negocios ilegales por todo el Perú.
Hace unos meses, el congresista Modesto Julca envió una carta informándole al entonces ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, de la situación en Áncash y de los "asesinatos cometidos por sicarios de organizaciones criminales vinculadas al poder político". A pesar de ello, Nolasco fue asesinado. Pedraza no es más ministro, pero mantiene un puestito como asesor presidencial en materia de seguridad, nada menos.
Sin autoridades eficientes, el Estado no logrará garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y sin seguridad es imposible cruzar el umbral del desarrollo.
sábado, 5 de abril de 2014
¿Y usted confía en el Estado?
La auditoría social busca que los ciudadanos participen en asuntos de gobierno fiscalizando y haciéndole saber a las autoridades sus intereses y preferencias. Si el ciudadano tiene información, podrá realizar un mayor control sobre las autoridades, obligándolas a rendir cuentas y actuar con transparencia, lo que mejoraría la prestación de servicios y el gasto público y reduciría la corrupción. Con ello se incrementaría la satisfacción del ciudadano, favoreciéndose la gobernabilidad.
Durante el 2012 se gestó una acción colectiva entre los limeños descontentos con la gestión de la alcaldesa: 65% quería revocarla. Organizar una acción colectiva es difícil y requiere líderes. Los partidos políticos, demostrando que no representan a nadie más que a sí mismos, decidieron defender sus puestos e intereses y erróneamente plantearon que la revocatoria perjudicaría la institucionalidad y significaría el regreso de una mafia. Mucho dinero y un oscuro asesor hicieron el resto: asustaron a los limeños y la alcaldesa triunfó. En el medio quedaron quienes deseaban autoridades eficientes que implementen políticas públicas basadas en evidencia y lo hagan adoptando mecanismos de buen gobierno como transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Jonathan Fox, profesor de American University experto en estos temas, ha encontrado que uno de los requisitos para que la auditoría social funcione es que los ciudadanos crean que serán escuchados por el Estado y su participación tendrá resultados. Los limeños no fueron escuchados.
Cuando los ciudadanos están descontentos con las autoridades y no pueden recurrir a mecanismos democráticos sea para revocar a una autoridad ineficiente o corrupta, para exigir mejoras en los servicios o influir en la agenda pública, pierden la confianza en el Estado. Entonces, para lograr sus objetivos toman carreteras, plazas y recurren a la violencia. Lo vimos en la primavera árabe, en Chile, Brasil y actualmente Venezuela. Ejemplos locales: Bagua, Conga, los mineros informales y, si mira más allá, verá los que vienen.
Durante el 2012 se gestó una acción colectiva entre los limeños descontentos con la gestión de la alcaldesa: 65% quería revocarla. Organizar una acción colectiva es difícil y requiere líderes. Los partidos políticos, demostrando que no representan a nadie más que a sí mismos, decidieron defender sus puestos e intereses y erróneamente plantearon que la revocatoria perjudicaría la institucionalidad y significaría el regreso de una mafia. Mucho dinero y un oscuro asesor hicieron el resto: asustaron a los limeños y la alcaldesa triunfó. En el medio quedaron quienes deseaban autoridades eficientes que implementen políticas públicas basadas en evidencia y lo hagan adoptando mecanismos de buen gobierno como transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Jonathan Fox, profesor de American University experto en estos temas, ha encontrado que uno de los requisitos para que la auditoría social funcione es que los ciudadanos crean que serán escuchados por el Estado y su participación tendrá resultados. Los limeños no fueron escuchados.
Cuando los ciudadanos están descontentos con las autoridades y no pueden recurrir a mecanismos democráticos sea para revocar a una autoridad ineficiente o corrupta, para exigir mejoras en los servicios o influir en la agenda pública, pierden la confianza en el Estado. Entonces, para lograr sus objetivos toman carreteras, plazas y recurren a la violencia. Lo vimos en la primavera árabe, en Chile, Brasil y actualmente Venezuela. Ejemplos locales: Bagua, Conga, los mineros informales y, si mira más allá, verá los que vienen.
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