El presidente de la Republica, dio una entrevista desde la cumbre de la Alianza del Pacifico. Y uno creería que iba a escuchar del presidente todos los beneficios que la alianza le traerá al desarrollo del país. Contrario a ello y olvidando que él no es más un hombre privado y si el Presidente de todos los Peruanos, fuimos sorprendidos por una defensa cerrada de su señora, la primera dama y presidenta del partido nacionalista y un ataque contra el poder legislativo y la congresista Marisol Pérez Tello.
Para ello comparo la labor de la Comisión de Investigación del Congreso sobre el caso Belaunde Lossio con los juicios populares de Sendero. Y uno se pregunta ¿es que acaso el Presidente de la Republica entiende que el poder legislativo, además de otorgar leyes tiene la obligación de ejercer un rol de control tal como lo establece la Constitucion? ¿Sabrá el Presidente la importancia que tienen los distintos poderes del Estado en una democracia? “La primera dama no es funcionaria pública” nos dijo también el Presidente sobre su esposa. Y claro, eso lo sabemos bien y es precisamente uno de los cuestionamientos al poder informal que ejerce Heredia en el ejecutivo. Ella al no ser funcionaria pública no está obligada a rendir cuentas. Y esa lección se la aprendieron bien en Palacio.
Mientras ello sucede, la procuradora de Lavado de Activos Julia Príncipe es acusada de inconducta funcional al haber hecho declaraciones relacionadas con la investigación sobre Nadine Heredia. Y mire usted, extrañamente PPK, flamante candidato presidencial que andaría buscando “todo el apoyo” sale a defender a la primera dama: “El Congreso esta para investigar a expresidentes y a exministros; ella no es ni expresidente ni exministro y el congreso no tiene nada que ver ahí”. Y ello justo cuando PPK está siendo cuestionando por haber exonerado a la Interoceánica del filtro del SNIP.
Existe en el país una percepción de que quienes entran a la política lo hacen por intereses personales y/o económicos. No existe actor político relevante sobre quien no pese alguna sospecha de corrupción. Lo mismo sucede con la percepción que tienen los ciudadanos sobre las grandes empresas. Y si esta percepción está basada en hechos ciertos o no, es irrelevante. Los ciudadanos no confían en el Estado ni en las grandes empresas que
tienen vínculos con el sector público.
El problema es que ambas organizaciones son fundamentales para el crecimiento económico y el desarrollo del país. La falta de confianza de los ciudadanos en estas instituciones solo pueden alimentar opciones antisistema, y a la larga afectar el desarrollo del país.
Escribo para enfrentar lo "políticamente correcto", que constituye el mayor lastre del Perú. No formo ni he formado parte de partido político alguno y digo solo aquello en lo que creo, independientemente de a quién le guste y a quién no. Creo que estas razones son las que hacen de la irreverencia una virtud.
miércoles, 8 de julio de 2015
miércoles, 1 de julio de 2015
Chavín de Huantar
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (C-IDH) falló contra el Estado Peruano en el caso Chavin de Huantar, al considerar que Eduardo Nicolás Cruz Sánchez (a) “Tito” fue ejecutado extrajudicialmente y por ello el Estado Peruano es responsable internacional.
18 años después de la operación considerada internacionalmente como el modelo de rescate de rehenes, la C-IDH decide que el Estado Peruano debe seguir investigando la muerte de "Tito” y con ella a los Comandos, héroes nacionales. Ello porque la tercera sala penal da como cierta la versión de Hidetaka Ogura, quien mediante una carta enviada desde Japón sostuvo que “Tito” fue detenido en la casa contigua y tenía las manos amarradas cuando habría sido ejecutado.
En su sentencia, la sala solo consideró la pericia forense del antropólogo Baraybar (socio de Aprodeh) y no quiso valorar las pericias de médicos forenses contratados por el Estado que sostenían que “Tito” tenía más de un impacto de bala y que además el disparo en la cabeza habría entrado de lado y la trayectoria no coincidiría con un disparo característicos de una ejecución extrajudicial. Esta es la clave de todo el proceso.
Chavín de Huantar fue una operación militar de rescate de rehenes secuestrados por terroristas armados con fusiles AKM, lanzagranadas, cargas de dinamita, que habían cubierto el perímetro de la residencia con minas antipersonales (http://hagamosmemoria.com/?p=497). Luego de más de 4 meses de cautiverio, al iniciarse la operación, los terroristas no se rindieron, Al contrario, implementaron un plan detallado de ejecución de rehenes, asesinando al vocal de la Corte Suprema Carlos Guisti y 2 Comandos: el Comandante EP Juan Valer, quien cayó protegiendo al Canciller Tudela, y el Capitán EP Raúl Jiménez, dejando más de veinte heridos.
En su carta, Ogura, sostuvo además que al momento de ser rescatado vio como Herma Luz Meléndez y Víctor Peceros se rendían mientras eran rodeados por los Comandos. Ello, se demostró falso y se probó que los emerretistas murieron en combate. ¿Porque si se ha demostrado que Ogura mintió en este caso, se acepta su versión en el caso “Tito”? ¿Cómo es posible que en el jardín donde supuestamente se le detuvo había 10 rehenes japoneses y 6 magistrados peruanos, y ninguno de ellos vio lo que dice Ogura? ¿Por qué 140 comandos y 70 rehenes tienen la misma versión pero la C-IDH le crea a Ogura, rehén japonés, posteriormente expulsado del servicio diplomático?
La sentencia de la C-IDH ordena al Estado Peruano pagarle a Aprodeh y Cepril US$30,000 por las costas del proceso. Y ello es considerado como “una sentencia positiva para el Perú” por el exPremier Jimenez Mayor.
18 años después de la operación considerada internacionalmente como el modelo de rescate de rehenes, la C-IDH decide que el Estado Peruano debe seguir investigando la muerte de "Tito” y con ella a los Comandos, héroes nacionales. Ello porque la tercera sala penal da como cierta la versión de Hidetaka Ogura, quien mediante una carta enviada desde Japón sostuvo que “Tito” fue detenido en la casa contigua y tenía las manos amarradas cuando habría sido ejecutado.
En su sentencia, la sala solo consideró la pericia forense del antropólogo Baraybar (socio de Aprodeh) y no quiso valorar las pericias de médicos forenses contratados por el Estado que sostenían que “Tito” tenía más de un impacto de bala y que además el disparo en la cabeza habría entrado de lado y la trayectoria no coincidiría con un disparo característicos de una ejecución extrajudicial. Esta es la clave de todo el proceso.
Chavín de Huantar fue una operación militar de rescate de rehenes secuestrados por terroristas armados con fusiles AKM, lanzagranadas, cargas de dinamita, que habían cubierto el perímetro de la residencia con minas antipersonales (http://hagamosmemoria.com/?p=497). Luego de más de 4 meses de cautiverio, al iniciarse la operación, los terroristas no se rindieron, Al contrario, implementaron un plan detallado de ejecución de rehenes, asesinando al vocal de la Corte Suprema Carlos Guisti y 2 Comandos: el Comandante EP Juan Valer, quien cayó protegiendo al Canciller Tudela, y el Capitán EP Raúl Jiménez, dejando más de veinte heridos.
En su carta, Ogura, sostuvo además que al momento de ser rescatado vio como Herma Luz Meléndez y Víctor Peceros se rendían mientras eran rodeados por los Comandos. Ello, se demostró falso y se probó que los emerretistas murieron en combate. ¿Porque si se ha demostrado que Ogura mintió en este caso, se acepta su versión en el caso “Tito”? ¿Cómo es posible que en el jardín donde supuestamente se le detuvo había 10 rehenes japoneses y 6 magistrados peruanos, y ninguno de ellos vio lo que dice Ogura? ¿Por qué 140 comandos y 70 rehenes tienen la misma versión pero la C-IDH le crea a Ogura, rehén japonés, posteriormente expulsado del servicio diplomático?
La sentencia de la C-IDH ordena al Estado Peruano pagarle a Aprodeh y Cepril US$30,000 por las costas del proceso. Y ello es considerado como “una sentencia positiva para el Perú” por el exPremier Jimenez Mayor.
miércoles, 24 de junio de 2015
Anemia económica, anomia institucional
Durante la primera década del Siglo XXI, Latinoamérica experimentó una gran reducción de pobreza monetaria. De acuerdo al Banco Mundial el factor principal que impulsó dicha reducción de pobreza fue el aumento en los ingresos laborales. Ello pese a que la mayoría de los trabajadores de la Región
son emprendedores autoempleados o trabajan en micro empresas, en su mayoría en el sector informal.
La pregunta que el estudio del Banco Mundial buscó responder fue: ¿qué sucedió en Latinoamérica para que el ingreso laboral aumente de tal manera que se produzca una importante caída en la pobreza? Se encontró que, durante el periodo comprendido entre el 2003 y el 2013, pese a que el aumento en los ingresos laborales se produjo en la mayoría de los países de Sudamérica, en todos los sectores económicos, niveles de habilidades y tipo de trabajos, este se produjo sobretodo en los países que se beneficiaron por el boom del precio de los comodities. Hubo incluso países de centro américa que no se beneficiaron del boom de los comodities, en donde los ingresos laborales no solo no aumentaron sino que disminuyeron.
En el caso peruano, de acuerdo con el INEI, la pobreza monetaria cayo de 53% en el 2002 a 24% en el 2013. Lo preocupante es que quienes han logrado escapar de la pobreza son considerados nueva clase media, pese a que carecen de acceso a salud y educación de calidad y a empleo formal. Esta
clase media es considerada una clase media vulnerable ya que cualquier shock externo podría hacerla volver a caer debajo de la línea de la pobreza.
El boom de los comodities habría llegado a su fin y, con él, el crecimiento económico acelerado de los países de Latinoamérica. De acuerdo a cifras del Banco Mundial además, la reducción de la pobreza a nivel regional se ha desacelerado y la reducción de la inequidad está estancada desde el 2010.
Latinoamérica ha dejado escapar este boom de crecimiento económico sin implementar las reformas estructurales que eran necesarias y sin hacer inversiones en infraestructura y educación. ¿Significa ello que necesariamente vamos a regresar a los niveles de pobreza y crecimiento económico previos al boom del 2003? Por supuesto que no. Pero es una llamada de atención.
El Perú se enfrenta a una suerte de anemia económica y a una anomia institucional. El resultante descontento ciudadano, la falta de confianza en las autoridades y los crecientes escándalos de corrupción, en año pre-electoral, es lamentablemente la fórmula perfecta para el surgimiento de opciones radicales cuestionadoras del estado de derecho y la democracia.
son emprendedores autoempleados o trabajan en micro empresas, en su mayoría en el sector informal.
La pregunta que el estudio del Banco Mundial buscó responder fue: ¿qué sucedió en Latinoamérica para que el ingreso laboral aumente de tal manera que se produzca una importante caída en la pobreza? Se encontró que, durante el periodo comprendido entre el 2003 y el 2013, pese a que el aumento en los ingresos laborales se produjo en la mayoría de los países de Sudamérica, en todos los sectores económicos, niveles de habilidades y tipo de trabajos, este se produjo sobretodo en los países que se beneficiaron por el boom del precio de los comodities. Hubo incluso países de centro américa que no se beneficiaron del boom de los comodities, en donde los ingresos laborales no solo no aumentaron sino que disminuyeron.
En el caso peruano, de acuerdo con el INEI, la pobreza monetaria cayo de 53% en el 2002 a 24% en el 2013. Lo preocupante es que quienes han logrado escapar de la pobreza son considerados nueva clase media, pese a que carecen de acceso a salud y educación de calidad y a empleo formal. Esta
clase media es considerada una clase media vulnerable ya que cualquier shock externo podría hacerla volver a caer debajo de la línea de la pobreza.
El boom de los comodities habría llegado a su fin y, con él, el crecimiento económico acelerado de los países de Latinoamérica. De acuerdo a cifras del Banco Mundial además, la reducción de la pobreza a nivel regional se ha desacelerado y la reducción de la inequidad está estancada desde el 2010.
Latinoamérica ha dejado escapar este boom de crecimiento económico sin implementar las reformas estructurales que eran necesarias y sin hacer inversiones en infraestructura y educación. ¿Significa ello que necesariamente vamos a regresar a los niveles de pobreza y crecimiento económico previos al boom del 2003? Por supuesto que no. Pero es una llamada de atención.
El Perú se enfrenta a una suerte de anemia económica y a una anomia institucional. El resultante descontento ciudadano, la falta de confianza en las autoridades y los crecientes escándalos de corrupción, en año pre-electoral, es lamentablemente la fórmula perfecta para el surgimiento de opciones radicales cuestionadoras del estado de derecho y la democracia.
miércoles, 17 de junio de 2015
La Jefecita
Esta es la historia de dos aventureros que llegaron a Palacio apoyados por un Marques enamoradizo y
un grupo de irresponsables líderes de opinión, políticos y empresarios llevados exclusivamente por el
anti y los intereses personales. Porque nadie puede sostener que el apoyo al candidato Humala estuvo
basado en la convicción de que podría dirigir los destinos del país. Alguien que podía cambiar la Gran Transformación por la Hoja de Ruta en cuestión de semanas era claramente un aventurero dispuesto a lo que fuera necesario. Quien converso con él en aquella época sabia de su limitada capacidad intelectual y del rol dominante que ejercía su mujer sobre él.
Las voces que desde el principio cuestionaron el rol de Heredia fueron acalladas por la Derecha, esa que dicen es bruta y achorada. “Es gracias a ella que se ha mantenido el modelo económico”, “Es la única pensante en Palacio” “¡Que importa si le da luz verde a los ministros mientras se mantenga el
crecimiento económico!” Y claro, en el Perú billetera siempre mata galán. Mientras los bolsillos se
siguiesen llenando, poco importaba la institucionalidad, la transparencia, la rendición de cuentas. ¡Pero si estamos a un pasito de la OCDE! El grave problema del Perú es que no tenemos líderes, ni
empresariales ni políticos, ni mucho menos una visión de país.
Heredia no es funcionaria pública y por ello no está obligada a rendir cuentas. Ha sostenido muchas
veces que no existe un presupuesto asignado a su despacho, pero no dice de dónde, cómo ni por qué
sale el dinero que financia sus viajes, presentaciones y asesores. Ni tampoco sabemos cómo paga a sus abogados. La falta de transparencia que los rodeó desde que aparecieron en política está cobrándoles caro esta vez. Cuentas en Europa, tarjetas de crédito de amigas y el sueldo intacto del Presidente.
Explicaciones que se contradicen, y tardías subsanaciones en pago de tributos sobre compras realizadas. El poder de Heredia es un riesgo, porque es informal y no está sujeto a ningún contrapeso. El descaro con el que hace uso de él es una afrenta a la institucionalidad, al estado de derecho y a la democracia. Como lo fue el que alguna vez tuvo Vladimiro Montesinos desde el SIN, quien no era más que un asesor.
No hemos aprendido nada de la historia reciente. No basta decirnos demócratas y ser apoyados por
Marqueses libertarios. Heredia se da el lujo de llegar al Poder Legislativo y decirles a los congresistas que pueden y que no deben preguntar. Parecería creer estar por encima de todo, con su 16% de aprobación
un grupo de irresponsables líderes de opinión, políticos y empresarios llevados exclusivamente por el
anti y los intereses personales. Porque nadie puede sostener que el apoyo al candidato Humala estuvo
basado en la convicción de que podría dirigir los destinos del país. Alguien que podía cambiar la Gran Transformación por la Hoja de Ruta en cuestión de semanas era claramente un aventurero dispuesto a lo que fuera necesario. Quien converso con él en aquella época sabia de su limitada capacidad intelectual y del rol dominante que ejercía su mujer sobre él.
Las voces que desde el principio cuestionaron el rol de Heredia fueron acalladas por la Derecha, esa que dicen es bruta y achorada. “Es gracias a ella que se ha mantenido el modelo económico”, “Es la única pensante en Palacio” “¡Que importa si le da luz verde a los ministros mientras se mantenga el
crecimiento económico!” Y claro, en el Perú billetera siempre mata galán. Mientras los bolsillos se
siguiesen llenando, poco importaba la institucionalidad, la transparencia, la rendición de cuentas. ¡Pero si estamos a un pasito de la OCDE! El grave problema del Perú es que no tenemos líderes, ni
empresariales ni políticos, ni mucho menos una visión de país.
Heredia no es funcionaria pública y por ello no está obligada a rendir cuentas. Ha sostenido muchas
veces que no existe un presupuesto asignado a su despacho, pero no dice de dónde, cómo ni por qué
sale el dinero que financia sus viajes, presentaciones y asesores. Ni tampoco sabemos cómo paga a sus abogados. La falta de transparencia que los rodeó desde que aparecieron en política está cobrándoles caro esta vez. Cuentas en Europa, tarjetas de crédito de amigas y el sueldo intacto del Presidente.
Explicaciones que se contradicen, y tardías subsanaciones en pago de tributos sobre compras realizadas. El poder de Heredia es un riesgo, porque es informal y no está sujeto a ningún contrapeso. El descaro con el que hace uso de él es una afrenta a la institucionalidad, al estado de derecho y a la democracia. Como lo fue el que alguna vez tuvo Vladimiro Montesinos desde el SIN, quien no era más que un asesor.
No hemos aprendido nada de la historia reciente. No basta decirnos demócratas y ser apoyados por
Marqueses libertarios. Heredia se da el lujo de llegar al Poder Legislativo y decirles a los congresistas que pueden y que no deben preguntar. Parecería creer estar por encima de todo, con su 16% de aprobación
miércoles, 10 de junio de 2015
Economía y política: ¿Fin del divorcio?
Mientras el Perú se entretiene con las compras, las cuentas y el descaro de Nadine, la economía
nos juega una mala pasada. Hace unos días nos “sorprendió” el anuncio de que la economía
peruana habría crecido 1.73% en el primer trimestre del año. El Ministro de Economía, sin embargo,
se muestra inexplicablemente entusiasta: "Ya hay razones para estar tranquilos sobre la aceleración
de la economía" dijo, mientras que el BCR redujo su estimado de crecimiento de Perú para el 2015
del 4.8% anunciado a 3.9%. Con mayor prudencia, redujo su proyección de crecimiento a 3.3% y el
Citibank a 2.8%. Para Julio Velarde, presidente del BCR, el ajuste se explica por la caída en los
sectores construcción e hidrocarburos. No obstante, nada ha dicho sobre el efecto sobre las
expectativas de la inestabilidad política y de la paralización de proyectos mineros como Tía Maria.
El crecimiento económico es responsable de la reducción de pobreza y de una menor desigualdad.
El ensanchamiento de la clase media en teoría tiende a traer estabilidad política, social y económica
y a alejar del poder a líderes radicales antisistema. Ello porque una clase media tiene derechos de
propiedad que defender y no suele estar dispuesta a arriesgarlos.
Sin embargo, en el caso peruano, quienes han logrado escapar de la pobreza carecen de acceso a
salud y educación de calidad y a empleo formal. Por ello son calificados como una clase media
vulnerable al no haber incrementado sus activos mediante mayores niveles de ahorro, o capital
humano. El BID calcula que la clase media peruana era el 40.1% de la población. Sin embargo, el
38% de los peruanos son considerados como “población vulnerable”. Esto es podrían volver a caer
en pobreza ante cualquier eventualidad.
Así, la caída del poder adquisitivo de la clase media y el posible aumento de las familias en pobreza
tendrían como efecto inmediato el aumento del descontento, mayor precariedad institucional y
menor capacidad del estado -al disminuir sus ingresos- para responder ante la población. Todo ello
representa riesgos para la gobernabilidad en un contexto pre-electoral donde líderes antisistema y
anti inversión están ganando adeptos al interior del país. Por cierto, se calcula que la inversión
privada en el 2015 crecerá en 1%.
El conocido divorcio entre la política y la economía lleva a los ciudadanos de todos los niveles socio-
económicos a no entender que de las autoridades que eligen depende el futuro del país. Además de
una marcada irresponsabilidad en los líderes empresariales y en los partidos políticos. Todo
parecería indicar que ya no hay divorcio: ahora la política va mal y la economía también.
nos juega una mala pasada. Hace unos días nos “sorprendió” el anuncio de que la economía
peruana habría crecido 1.73% en el primer trimestre del año. El Ministro de Economía, sin embargo,
se muestra inexplicablemente entusiasta: "Ya hay razones para estar tranquilos sobre la aceleración
de la economía" dijo, mientras que el BCR redujo su estimado de crecimiento de Perú para el 2015
del 4.8% anunciado a 3.9%. Con mayor prudencia, redujo su proyección de crecimiento a 3.3% y el
Citibank a 2.8%. Para Julio Velarde, presidente del BCR, el ajuste se explica por la caída en los
sectores construcción e hidrocarburos. No obstante, nada ha dicho sobre el efecto sobre las
expectativas de la inestabilidad política y de la paralización de proyectos mineros como Tía Maria.
El crecimiento económico es responsable de la reducción de pobreza y de una menor desigualdad.
El ensanchamiento de la clase media en teoría tiende a traer estabilidad política, social y económica
y a alejar del poder a líderes radicales antisistema. Ello porque una clase media tiene derechos de
propiedad que defender y no suele estar dispuesta a arriesgarlos.
Sin embargo, en el caso peruano, quienes han logrado escapar de la pobreza carecen de acceso a
salud y educación de calidad y a empleo formal. Por ello son calificados como una clase media
vulnerable al no haber incrementado sus activos mediante mayores niveles de ahorro, o capital
humano. El BID calcula que la clase media peruana era el 40.1% de la población. Sin embargo, el
38% de los peruanos son considerados como “población vulnerable”. Esto es podrían volver a caer
en pobreza ante cualquier eventualidad.
Así, la caída del poder adquisitivo de la clase media y el posible aumento de las familias en pobreza
tendrían como efecto inmediato el aumento del descontento, mayor precariedad institucional y
menor capacidad del estado -al disminuir sus ingresos- para responder ante la población. Todo ello
representa riesgos para la gobernabilidad en un contexto pre-electoral donde líderes antisistema y
anti inversión están ganando adeptos al interior del país. Por cierto, se calcula que la inversión
privada en el 2015 crecerá en 1%.
El conocido divorcio entre la política y la economía lleva a los ciudadanos de todos los niveles socio-
económicos a no entender que de las autoridades que eligen depende el futuro del país. Además de
una marcada irresponsabilidad en los líderes empresariales y en los partidos políticos. Todo
parecería indicar que ya no hay divorcio: ahora la política va mal y la economía también.
miércoles, 3 de junio de 2015
Ella se lo buscó
La Comisión de Justicia del Congreso decidió que la ley que despenalizaba el aborto en casos de violación no justificaba ser debatida en el pleno y dispuso su archivo. Ello sin importar que en el Perú ocurran aproximadamente 400,000 abortos al año.
El aborto es la tercera causa de muerte materna en el Perú. Ello porque la ilegalidad genera redes clandestinas y las mujeres que se someten a abortos lo hacen en condiciones insalubres que ponen en riesgo su vida. La OMS calcula que el 98% de los abortos inseguros ocurren en países donde abortar es ilegal. Las cifras del aborto inseguro y sus consecuencias son consideradas una epidemia silenciosa.
El aborto es una realidad, como lo es que la primera experiencia sexual del 24% de las mujeres rurales haya sido forzada. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el Perú 7 de cada 100 mujeres será violada durante el curso de su vida.
¿Por qué el Congreso y el sector conservador puede decirnos que las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos? El aborto no es un Método Anticonceptivo ni debe ser visto como tal. Pero existen casos en los que las mujeres deben tener derecho a decidir sin poner en riesgo su vida. Uno de ellos es en el caso de violación.
¿Sabía que cada año la fiscalía recibe 15,000 denuncias por violación? El 75% de las víctimas son menores de edad. El 42% fue violada en su casa. Según la ENDES 2013, en el 48% de casos de violación, las victimas no denuncian al violador por miedo, vergüenza o sentimiento de culpa, lo que impide visibilizar la magnitud del problema y permitirles acceder a la justicia. Mientras tanto el 32% de limeños cree que las mujeres son violadas porque provocaron al hombre. Algo así como
“ella se lo buscó, ahora que se aguante.”
La decisión del Congreso, afectará fundamentalmente a las mujeres pobres. Ello porque cuando una mujer del NSE A-B se somete a un aborto lo hace sin riesgo en una clínica privada, mientras que las mujeres del NSE D-E deben recurrir a comadronas, curanderos o “resolver” usando pastillas para la úlcera.
Lo mismo sucede con la Resolución del TC que limitó el acceso de las mujeres pobres a la píldora del día siguiente, al impedir su distribución gratuita por considerarla abortiva. Como la venta es libre, quien tenga dinero puede comprarla en cualquier farmacia. Estas políticas amplían la brecha de desigualdad en el acceso a la salud.
Parecería que el Estado peruano sigue considerando que las mujeres somos incapaces y por ello debe decidir por nosotras.
El aborto es la tercera causa de muerte materna en el Perú. Ello porque la ilegalidad genera redes clandestinas y las mujeres que se someten a abortos lo hacen en condiciones insalubres que ponen en riesgo su vida. La OMS calcula que el 98% de los abortos inseguros ocurren en países donde abortar es ilegal. Las cifras del aborto inseguro y sus consecuencias son consideradas una epidemia silenciosa.
El aborto es una realidad, como lo es que la primera experiencia sexual del 24% de las mujeres rurales haya sido forzada. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el Perú 7 de cada 100 mujeres será violada durante el curso de su vida.
¿Por qué el Congreso y el sector conservador puede decirnos que las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos? El aborto no es un Método Anticonceptivo ni debe ser visto como tal. Pero existen casos en los que las mujeres deben tener derecho a decidir sin poner en riesgo su vida. Uno de ellos es en el caso de violación.
¿Sabía que cada año la fiscalía recibe 15,000 denuncias por violación? El 75% de las víctimas son menores de edad. El 42% fue violada en su casa. Según la ENDES 2013, en el 48% de casos de violación, las victimas no denuncian al violador por miedo, vergüenza o sentimiento de culpa, lo que impide visibilizar la magnitud del problema y permitirles acceder a la justicia. Mientras tanto el 32% de limeños cree que las mujeres son violadas porque provocaron al hombre. Algo así como
“ella se lo buscó, ahora que se aguante.”
La decisión del Congreso, afectará fundamentalmente a las mujeres pobres. Ello porque cuando una mujer del NSE A-B se somete a un aborto lo hace sin riesgo en una clínica privada, mientras que las mujeres del NSE D-E deben recurrir a comadronas, curanderos o “resolver” usando pastillas para la úlcera.
Lo mismo sucede con la Resolución del TC que limitó el acceso de las mujeres pobres a la píldora del día siguiente, al impedir su distribución gratuita por considerarla abortiva. Como la venta es libre, quien tenga dinero puede comprarla en cualquier farmacia. Estas políticas amplían la brecha de desigualdad en el acceso a la salud.
Parecería que el Estado peruano sigue considerando que las mujeres somos incapaces y por ello debe decidir por nosotras.
miércoles, 27 de mayo de 2015
El guerrero que todo lo ve
El Presidente sostuvo que Sendero estaría detrás del conflicto contra Tía María. Sendero y ciertos
intereses políticos estarían buscando desestabilizar al país. El Perú post-Fujimori optó por la
desarticulación de los servicios de Inteligencia, olvidando que no existe país desarrollado que no cuente con una inteligencia sólida. Los “demócratas”, demostrando su falta de capacidad para gobernar, creyeron que lo mejor era eliminar la semilla del mal, y no vieron que la inteligencia era necesaria, que se debía regular y colocar contrapesos. Hoy con una inteligencia dedicada a investigar a Gastón, los dirigentes de Tierra y Libertad, Sendero y el etnocacerismo amenazan con incendiarnos la pradera. Ollanta, el guerrero que todo lo ve, decidió regresarnos a los ochenta declarando Estado de Emergencia en Islay. Sin inteligencia, volvió al rastrillaje casa por casa, como hacia el ejército durante los gobiernos de Belaunde y García. Recordándonos que fueron los campesinos atrapados entre dos fuegos quienes más sufrieron.
La historia del desarrollo de los países ha sido distinta en tiempos y procesos, pero si en algo coinciden los expertos es que para lograrlo se requieren tres requisitos indispensables. Primero, la impersonalidad de las instituciones. En un país desarrollado existe un orden social de acceso abierto a las instituciones económicas y políticas, mientras que en uno no desarrollado este acceso está condicionado a características personales y basado en las relaciones entre la élite. El crecimiento económico no es suficiente, pues en los países en desarrollo está basado en la exclusión, las relaciones asentadas en privilegios y la apropiación de rentas. Ello se evidencia en el caso de las industrias extractivas en el Perú.
Por ello, aunque el crecimiento experimentado la década pasada hubiese sido mantenido, sería
insuficiente para lograr el desarrollo. Segundo, el estado de derecho. En los países desarrollados el estado garantiza la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, el respeto al derecho de propiedad y los contratos. En el Perú la justicia la compra aquel que tiene acceso al poder.
Tercero, el Estado debe tener el control sobre el monopolio de la violencia. Esto es, solo el Estado a
través de la ley puede ejercer la violencia (orden, persecución, sanción) sin que ningún otro grupo
(narco/terrorista, huaraquero,etnocacerista) pueda hacerlo. En el Perú, el principio de autoridad ha sido socavado por la pérdida de legitimidad del Estado. La población cuestiona el uso legítimo de la violencia por el gobierno de Humala.
Hace unos meses la clase empresarial, siempre tan conectada con el país, sostenía que estábamos a un pasito de la OCDE. Que ya casi llegábamos, que era cosita de nada. ¿Cómo la ve?
intereses políticos estarían buscando desestabilizar al país. El Perú post-Fujimori optó por la
desarticulación de los servicios de Inteligencia, olvidando que no existe país desarrollado que no cuente con una inteligencia sólida. Los “demócratas”, demostrando su falta de capacidad para gobernar, creyeron que lo mejor era eliminar la semilla del mal, y no vieron que la inteligencia era necesaria, que se debía regular y colocar contrapesos. Hoy con una inteligencia dedicada a investigar a Gastón, los dirigentes de Tierra y Libertad, Sendero y el etnocacerismo amenazan con incendiarnos la pradera. Ollanta, el guerrero que todo lo ve, decidió regresarnos a los ochenta declarando Estado de Emergencia en Islay. Sin inteligencia, volvió al rastrillaje casa por casa, como hacia el ejército durante los gobiernos de Belaunde y García. Recordándonos que fueron los campesinos atrapados entre dos fuegos quienes más sufrieron.
La historia del desarrollo de los países ha sido distinta en tiempos y procesos, pero si en algo coinciden los expertos es que para lograrlo se requieren tres requisitos indispensables. Primero, la impersonalidad de las instituciones. En un país desarrollado existe un orden social de acceso abierto a las instituciones económicas y políticas, mientras que en uno no desarrollado este acceso está condicionado a características personales y basado en las relaciones entre la élite. El crecimiento económico no es suficiente, pues en los países en desarrollo está basado en la exclusión, las relaciones asentadas en privilegios y la apropiación de rentas. Ello se evidencia en el caso de las industrias extractivas en el Perú.
Por ello, aunque el crecimiento experimentado la década pasada hubiese sido mantenido, sería
insuficiente para lograr el desarrollo. Segundo, el estado de derecho. En los países desarrollados el estado garantiza la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, el respeto al derecho de propiedad y los contratos. En el Perú la justicia la compra aquel que tiene acceso al poder.
Tercero, el Estado debe tener el control sobre el monopolio de la violencia. Esto es, solo el Estado a
través de la ley puede ejercer la violencia (orden, persecución, sanción) sin que ningún otro grupo
(narco/terrorista, huaraquero,etnocacerista) pueda hacerlo. En el Perú, el principio de autoridad ha sido socavado por la pérdida de legitimidad del Estado. La población cuestiona el uso legítimo de la violencia por el gobierno de Humala.
Hace unos meses la clase empresarial, siempre tan conectada con el país, sostenía que estábamos a un pasito de la OCDE. Que ya casi llegábamos, que era cosita de nada. ¿Cómo la ve?
sábado, 31 de mayo de 2014
El sacrificio de la alcaldesa
"La Municipalidad de Lima es una municipalidad pobre" fue la respuesta que dio la gerente de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad de Lima, preguntada por el aumento del comercio ambulatorio en el Centro. Alberto Andrade debe haberse retorcido en su tumba.
Esta es una muestra de lo que sucede cuando los ciudadanos votan sin tener en cuenta las capacidades de las autoridades que eligen. Cuando no las obligan a rendir cuentas y ellas se rodean de incapaces. Esta es una muestra de que Lima es gobernada por improvisados. Y, sin embargo Villarán tiene 20% de aprobación. ¿Qué es exactamente lo que aprueban? ¿El caos del transporte, la falta de gobernanza, las obras sin terminar, las mentiras, la falta de transparencia, las excusas de que los ataques son por ser mujer?
¿Sabía que la Municipalidad de Lima (que dicen es pobre) aumentó en 642% los gastos para publicidad e imagen institucional?
La campaña para la reelección de Villarán ya comenzó. La estrategia será nuevamente la de poner a la alcaldesa y sus regidores como la reserva moral, sus adversarios políticos serán sin duda corruptos probados o en potencia. Nuevamente, la decencia versus la mugre.
En el debate poco importará que Lima requiera autoridades con capacidad para gobernar y conocimiento de políticas públicas, porque nuevamente la "tía bacán" y su asesor convencerán a los limeños de que Lima no puede parar. Y los ilusos olvidarán las horas perdidas en el tráfico infernal, olvidarán que la alcaldesa aún no ha cumplido su promesa de rendir cuentas por la campaña por el "No", olvidarán el desorden de la ciudad y la mala calidad de vida que sufrimos como consecuencia de su mala gestión. Pregunto, ¿quién financia a Villarán?
Mientras tanto, el revocado y recontratado Eduardo Zegarra nos dice que Villarán, cual Virgen María, ha hecho un gran sacrificio al ser alcaldesa.
Esta es una muestra de lo que sucede cuando los ciudadanos votan sin tener en cuenta las capacidades de las autoridades que eligen. Cuando no las obligan a rendir cuentas y ellas se rodean de incapaces. Esta es una muestra de que Lima es gobernada por improvisados. Y, sin embargo Villarán tiene 20% de aprobación. ¿Qué es exactamente lo que aprueban? ¿El caos del transporte, la falta de gobernanza, las obras sin terminar, las mentiras, la falta de transparencia, las excusas de que los ataques son por ser mujer?
¿Sabía que la Municipalidad de Lima (que dicen es pobre) aumentó en 642% los gastos para publicidad e imagen institucional?
La campaña para la reelección de Villarán ya comenzó. La estrategia será nuevamente la de poner a la alcaldesa y sus regidores como la reserva moral, sus adversarios políticos serán sin duda corruptos probados o en potencia. Nuevamente, la decencia versus la mugre.
En el debate poco importará que Lima requiera autoridades con capacidad para gobernar y conocimiento de políticas públicas, porque nuevamente la "tía bacán" y su asesor convencerán a los limeños de que Lima no puede parar. Y los ilusos olvidarán las horas perdidas en el tráfico infernal, olvidarán que la alcaldesa aún no ha cumplido su promesa de rendir cuentas por la campaña por el "No", olvidarán el desorden de la ciudad y la mala calidad de vida que sufrimos como consecuencia de su mala gestión. Pregunto, ¿quién financia a Villarán?
Mientras tanto, el revocado y recontratado Eduardo Zegarra nos dice que Villarán, cual Virgen María, ha hecho un gran sacrificio al ser alcaldesa.
sábado, 24 de mayo de 2014
Vale Todo
Pese a que Latinoamérica ha experimentado altas tasas de crecimiento económico, ha reducido la pobreza considerablemente y la desigualdad, ha logrado mejorar los indicadores de salud y el acceso a la educación, no ha conseguido satisfacer las demandas de sus ciudadanos por seguridad, mejor calidad de educación, salud e infraestructura, ni ha logrado reducir la informalidad. Todo ello debilita la confianza de los ciudadanos en el Estado.
Para Fukuyama, esto se debe a la mala administración burocrática y la debilidad de los Estados. Por ello, considera que se deben "concentrar en desarrollar una administración pública de elevada calidad", siendo necesario acabar con el clientelismo. Sin una sociedad que mantenga la presión sobre sus gobernantes, ello no será posible, sostiene.
Lamentablemente, en el Perú no existe una cultura de rendición de cuentas. Hay una desconexión entre los políticos y los ciudadanos que los llevaron al poder. Los primeros no entienden que tienen la obligación de actuar con transparencia y eficiencia; y los segundos, que son ellos quienes tienen el poder a través del voto.
La inseguridad ciudadana, el sicariato y la violencia política están coartando al Estado y el Gobierno no tiene la capacidad para enfrentarlo. Hace unos días, Carlos Meléndez escribía sobre la amenaza que representan las mafias en la sociedad. Aquellas que extorsionan empresarios, políticos y ciudadanos por igual. Para Meléndez, hoy, es difícil distinguir entre víctimas y victimarios.
Esta anomia es producto de la falta de Estado. Ante ella, el monopolio de la violencia, que debe necesariamente ser ejercido por el Estado, no existe. La violencia es ejercida por cualquiera. Si el Estado no logra imponerse, nos convertiremos en el Medellín de los ochenta o en el norte de México.
Estamos cansados de vivir en medio de la violencia, la inseguridad y la informalidad. Pero sobre todo de autoridades ineficientes que no tienen capacidad para gobernar.
Para Fukuyama, esto se debe a la mala administración burocrática y la debilidad de los Estados. Por ello, considera que se deben "concentrar en desarrollar una administración pública de elevada calidad", siendo necesario acabar con el clientelismo. Sin una sociedad que mantenga la presión sobre sus gobernantes, ello no será posible, sostiene.
Lamentablemente, en el Perú no existe una cultura de rendición de cuentas. Hay una desconexión entre los políticos y los ciudadanos que los llevaron al poder. Los primeros no entienden que tienen la obligación de actuar con transparencia y eficiencia; y los segundos, que son ellos quienes tienen el poder a través del voto.
La inseguridad ciudadana, el sicariato y la violencia política están coartando al Estado y el Gobierno no tiene la capacidad para enfrentarlo. Hace unos días, Carlos Meléndez escribía sobre la amenaza que representan las mafias en la sociedad. Aquellas que extorsionan empresarios, políticos y ciudadanos por igual. Para Meléndez, hoy, es difícil distinguir entre víctimas y victimarios.
Esta anomia es producto de la falta de Estado. Ante ella, el monopolio de la violencia, que debe necesariamente ser ejercido por el Estado, no existe. La violencia es ejercida por cualquiera. Si el Estado no logra imponerse, nos convertiremos en el Medellín de los ochenta o en el norte de México.
Estamos cansados de vivir en medio de la violencia, la inseguridad y la informalidad. Pero sobre todo de autoridades ineficientes que no tienen capacidad para gobernar.
sábado, 17 de mayo de 2014
Una persecución política forzada
Una Comisión del Parlamento Andino llegó al Perú para presionar al Ministerio Público y al PJ por el caso de las mal llamadas esterilizaciones forzadas. Hace un tiempo, lo hizo Luz Patricia Mejía, comisionada de la CIDH.
¿Puede una comisión integrada por Hilaria Supa, activista política, ser imparcial? Supa sostiene que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar-PSRPF fue "la mayor discriminación (contra la mujer andina)" y añade que "la concepción del gobierno fujimorista fue profundamente racista. Quiso desaparecer a ese sector de la población". Además, el comunicado del Parlamento Andino señala que "en el Perú fueron esterilizadas forzosamente 300,000 mujeres y 22,000 hombres". ¿En qué basan esas afirmaciones? ¿Están buscando justicia o venganza política? ¿Por qué no investigan las 26 esterilizaciones sin consentimiento durante el gobierno de Toledo?
¿Está facultado el Parlamento Andino para investigar casos de DDHH? ¿Puede interferir en un caso que está judicializado? ¡Ni el Congreso peruano puede interferir con el PJ! La Comisión se reunió con víctimas y fiscales. ¿Se reunieron acaso con los ministros de Salud a los que acusan? ¿Y el debido proceso?
El PSRPF fue diseñado considerando la alta mortalidad materno-infantil en los segmentos marginados, dándosele énfasis a la población de la sierra por la desigualdad existente. En 1996, la mortalidad materna era 185 x100,000nv, pero en Ayacucho era 1039; si en Lima morían 26 niños por cada 1000nv, en Huancavelica morían 106. En 1993, murieron 1670 madres: una mujer cada 5 horas.
El PSRPF permitió que mujeres pobres accedieran a servicios de salud gratuitos, beneficiando a 850,000 familias al año. Como resultado se redujo la mortalidad materna en 30%.
Durante la implementación ocurrieron aproximadamente 150 casos donde médicos irresponsables realizaron esterilizaciones sin consentimiento. Los médicos debieron ser juzgados y condenados por la justicia y las víctimas resarcidas. Hubo 18 casos fatales como el de Mamerita Mestanza.
Lo que no dice el Parlamento Andino es que la Fiscalía encontró responsabilidad penal en los médicos que practicaron las esterilizaciones sin consentimiento. Además, ordenó que se investigue a jueces y fiscales que impidieron el acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, ¿a quiénes se quiere condenar?
En un Estado de Derecho, nadie puede ser perseguido políticamente. Aunque esta persecución venga del Parlamento Andino, CIDH o la conciencia moral. Ni siquiera los fujimoristas.
¿Puede una comisión integrada por Hilaria Supa, activista política, ser imparcial? Supa sostiene que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar-PSRPF fue "la mayor discriminación (contra la mujer andina)" y añade que "la concepción del gobierno fujimorista fue profundamente racista. Quiso desaparecer a ese sector de la población". Además, el comunicado del Parlamento Andino señala que "en el Perú fueron esterilizadas forzosamente 300,000 mujeres y 22,000 hombres". ¿En qué basan esas afirmaciones? ¿Están buscando justicia o venganza política? ¿Por qué no investigan las 26 esterilizaciones sin consentimiento durante el gobierno de Toledo?
¿Está facultado el Parlamento Andino para investigar casos de DDHH? ¿Puede interferir en un caso que está judicializado? ¡Ni el Congreso peruano puede interferir con el PJ! La Comisión se reunió con víctimas y fiscales. ¿Se reunieron acaso con los ministros de Salud a los que acusan? ¿Y el debido proceso?
El PSRPF fue diseñado considerando la alta mortalidad materno-infantil en los segmentos marginados, dándosele énfasis a la población de la sierra por la desigualdad existente. En 1996, la mortalidad materna era 185 x100,000nv, pero en Ayacucho era 1039; si en Lima morían 26 niños por cada 1000nv, en Huancavelica morían 106. En 1993, murieron 1670 madres: una mujer cada 5 horas.
El PSRPF permitió que mujeres pobres accedieran a servicios de salud gratuitos, beneficiando a 850,000 familias al año. Como resultado se redujo la mortalidad materna en 30%.
Durante la implementación ocurrieron aproximadamente 150 casos donde médicos irresponsables realizaron esterilizaciones sin consentimiento. Los médicos debieron ser juzgados y condenados por la justicia y las víctimas resarcidas. Hubo 18 casos fatales como el de Mamerita Mestanza.
Lo que no dice el Parlamento Andino es que la Fiscalía encontró responsabilidad penal en los médicos que practicaron las esterilizaciones sin consentimiento. Además, ordenó que se investigue a jueces y fiscales que impidieron el acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, ¿a quiénes se quiere condenar?
En un Estado de Derecho, nadie puede ser perseguido políticamente. Aunque esta persecución venga del Parlamento Andino, CIDH o la conciencia moral. Ni siquiera los fujimoristas.
sábado, 10 de mayo de 2014
Poderes Paralelos
Pese a los cuestionamientos al rol que ejerce Heredia en el gobierno de su marido, ella en reciente entrevista nos dejó en claro que poco le importa ser cuestionada. El problema no radica en lo que Heredia pueda pensar, sino en el hecho de que no existen contrapesos que limiten el poder que ella ejerce.
Es equivocado deslegitimar los cuestionamientos al rol de Heredia en el Gobierno desde una perspectiva de género. Nadine Heredia usurpa funciones sin asumir las responsabilidades de un puesto público. No es un tema de género, porque quienes hoy la cuestionamos, haríamos lo mismo si quien ejerciese un poder informal fuera Mark Villanella. Heredia no fue elegida para gobernar y al no asumir cargo público, no está obligada a rendir cuentas. Eso de por sí es grave, sin importar si ella tiene aspiraciones de postular a la Presidencia en el 2016 o no. El uso de recursos públicos es un problema distinto. Igual de serio, pero que no debe confundirse con la crítica que hace al poder que ejerce Heredia.
El caso de Heredia grafica la forma como el Perú está siendo gobernado, en base a instancias de poderes informales, pero no es el único. Dacia Escalante, militante nacionalista nombrada por el Presidente para dirigir la Onagi. Su puesto dependía del Ministerio del Interior, pero el ministro no tenía autoridad alguna sobre ella. Existen serios cuestionamientos sobre la utilización política de los gobernadores y de los recursos del Estado, y sin embargo esta funcionaria decidió no presentarse ante el Congreso. Uno se pregunta: ¿cómo es que ministros como Walter Albán, ex defensor del Pueblo, permiten que se use su imagen para esconder detrás poderes informales y actos de corrupción? ¿Qué más estará ocurriendo bajo las narices del ministro?
Nos estamos acostumbrando a que nadie rinda cuentas, a que nadie asuma responsabilidad
Es equivocado deslegitimar los cuestionamientos al rol de Heredia en el Gobierno desde una perspectiva de género. Nadine Heredia usurpa funciones sin asumir las responsabilidades de un puesto público. No es un tema de género, porque quienes hoy la cuestionamos, haríamos lo mismo si quien ejerciese un poder informal fuera Mark Villanella. Heredia no fue elegida para gobernar y al no asumir cargo público, no está obligada a rendir cuentas. Eso de por sí es grave, sin importar si ella tiene aspiraciones de postular a la Presidencia en el 2016 o no. El uso de recursos públicos es un problema distinto. Igual de serio, pero que no debe confundirse con la crítica que hace al poder que ejerce Heredia.
El caso de Heredia grafica la forma como el Perú está siendo gobernado, en base a instancias de poderes informales, pero no es el único. Dacia Escalante, militante nacionalista nombrada por el Presidente para dirigir la Onagi. Su puesto dependía del Ministerio del Interior, pero el ministro no tenía autoridad alguna sobre ella. Existen serios cuestionamientos sobre la utilización política de los gobernadores y de los recursos del Estado, y sin embargo esta funcionaria decidió no presentarse ante el Congreso. Uno se pregunta: ¿cómo es que ministros como Walter Albán, ex defensor del Pueblo, permiten que se use su imagen para esconder detrás poderes informales y actos de corrupción? ¿Qué más estará ocurriendo bajo las narices del ministro?
Nos estamos acostumbrando a que nadie rinda cuentas, a que nadie asuma responsabilidad
sábado, 26 de abril de 2014
Angelina Jolie
Hace unos días este diario publicó una caricatura ofensiva donde se hacía escarnio de las mujeres víctimas de violencia. La violencia doméstica es un problema de salud pública en el Perú, donde según la OMS, 69% de mujeres rurales y 51% de urbanas han sufrido violencia física o sexual. La violencia doméstica NO es graciosa.
¿Podemos reírnos de que 23% de mujeres en Lima y 47% en Cusco hayan sido forzadas por sus parejas a tener sexo? ¿Podemos reírnos de que un precandidato acuse de "muñeca brava" a la víctima de sus agresiones para justificarse? El 71% de las mujeres peruanas ha sido víctima de violencia sicológica (control, trato humillante, amenazas), aquella que vulnera la libertad y autonomía de las mujeres. Ese "Yo fui a Chicago y tú no".
La violencia contra la mujer responde al control que busca ejercer un hombre sobre una mujer. Es una muestra de poder, de superioridad. El la considera inferior y reclama su derecho de propiedad a través de la violencia, el control, la humillación o reclamando su derecho a poseerla cuando le plazca. La violencia contra la mujer es persistente en la medida en que la sociedad no la rechace enérgicamente. Mientras sigamos estereotipando a las mujeres víctimas de violencia y sosteniendo que basta con decirles que se parecen a
Angelina Jolie después de golpearlas para que no denuncien, mientras se siga buscando generar risas con la violencia de género, mientras no te importe que tu pata "gomee" a su mujer no acabaremos con la violencia de género. ¿Sabía que solo uno de cada cuatro víctimas denuncia a su agresor?
La violencia contra la mujer seguirá siendo un grave problema mientras todos los ciudadanos no levantemos la voz para ponerle un alto. Mientras aceptemos que se use la violencia de género para generar risas, seremos cómplices de ella.
¿Podemos reírnos de que 23% de mujeres en Lima y 47% en Cusco hayan sido forzadas por sus parejas a tener sexo? ¿Podemos reírnos de que un precandidato acuse de "muñeca brava" a la víctima de sus agresiones para justificarse? El 71% de las mujeres peruanas ha sido víctima de violencia sicológica (control, trato humillante, amenazas), aquella que vulnera la libertad y autonomía de las mujeres. Ese "Yo fui a Chicago y tú no".
La violencia contra la mujer responde al control que busca ejercer un hombre sobre una mujer. Es una muestra de poder, de superioridad. El la considera inferior y reclama su derecho de propiedad a través de la violencia, el control, la humillación o reclamando su derecho a poseerla cuando le plazca. La violencia contra la mujer es persistente en la medida en que la sociedad no la rechace enérgicamente. Mientras sigamos estereotipando a las mujeres víctimas de violencia y sosteniendo que basta con decirles que se parecen a
Angelina Jolie después de golpearlas para que no denuncien, mientras se siga buscando generar risas con la violencia de género, mientras no te importe que tu pata "gomee" a su mujer no acabaremos con la violencia de género. ¿Sabía que solo uno de cada cuatro víctimas denuncia a su agresor?
La violencia contra la mujer seguirá siendo un grave problema mientras todos los ciudadanos no levantemos la voz para ponerle un alto. Mientras aceptemos que se use la violencia de género para generar risas, seremos cómplices de ella.
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