¿Llegará la Inclusión a los Niños del Perú?

El Presidente Ollanta sostiene que las condiciones están dadas para que la economía peruana siga creciendo. Además tiene la esperanza que el Perú de un salto del crecimiento económico al desarrollo. Todo parece indicar que el Presidente se ha comprado el cuento de que el crecimiento económico lo resuelve todo.

El crecimiento económico es necesario para reducir la pobreza, pero no es suficiente. Se necesita de las oportunidades para acceder a mejores servicios de educación, salud, seguridad y justicia. Mientras el gobierno no tenga la voluntad política de enfrentar los problemas que surgen como consecuencia de la pobreza, de nada servirá que nuestro PBI se dispare.

En la Presentación de la Ministra Trivelli en el Dialogo Interamericano en Washington DC, Jeffrey Puryear, sostuvo que el Perú ha puesto énfasis en como tener una economía vibrante y ha dejado de lado el alivio de la pobreza. Está claro que seguir creciendo a tasas de 5% es lo que el país necesita, pero creímos que Humala había entendido que este crecimiento necesita políticas deliberadamente orientadas a mejorar las oportunidades de los más pobres y sobre todo de los niños del Perú que son los más afectados por la pobreza.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Perú fue encontrado en un hotel con una menor de 16 años a quien habría ofrecido S/.150 a cambio de sexo. Fue detenido y posteriormente puesto en libertad con comparecencia restringida. Una niña de 12 años es violada y embarazada por un delincuente que es puesto en libertad condicional por la jueza Liz Mary Huisa Félix. Una vez en libertad, Julio Cesar Méndez Quijano habría violado a otra menor de edad.

Una jueza que libera a un violador de niños, quien inmediatamente viola a otra menor debería ser destituida y denunciada penalmente. Sería bueno que el Supremo San Martin, acuse recibo y demuestre si es cierto que ahí manda el.

Estas niñas debieron tener la posibilidad de vivir en un país donde no tendrían que recurrir a la prostitución a los 16, donde la seguridad impidiera las violaciones y donde la justicia sancionara a los violadores ejemplarmente. Esto no viene en piloto automático de la mano del crecimiento económico.

El Perú tiene un serio problema de violación y tráfico de menores y de prostitución infantil y hasta ahora no hay una sola autoridad que se halla hecho cargo del problema. Peor aún, la indiferente sociedad peruana desvía la mirada. Ella sólo salta cuando le tocan a uno de los suyos. Miren la desproporción que hay entre el caso de un mocoso insolente hijo de famosos cacheteado y las niñas pobres violadas.

¿Por qué la tan mediática Primera Dama en lugar de subirse a cuanto avión y helicóptero puede, no se ocupa de la situación de la niñez? ¿No debería Abugattas preocuparse por los niños en lugar de por cinco espías cubanos presos en USA?

¡A emparejar la cancha!

El Perú ha logrado reducir la pobreza gracias al modelo económico de la Constitución 1993 y a la pacificación del país. Ello logró estabilizar la economía y permitir la inversión privada que son las bases del crecimiento. Sin embargo, la pobreza aun elevada, ataca de manera desigual a grupos poblacionales, siendo los más afectados los niños. Así mientras la pobreza está en 31%, esta afecta a 41% de los niños. En el área rural es aun más dramático: 60% de los niños son pobres.

El enfoque de “igualdad de oportunidades” busca que todos los ciudadanos tengan el mismo acceso a servicios fundamentales para progresar en la vida, haciendo que este progreso sólo dependa de su propio esfuerzo. Este enfoque se opone al de “igualdad de derechos”, propugnado por la izquierda y que sostiene que todos tienen derecho a acceder a los mismos resultados sin importar el esfuerzo individual.

El Índice de Oportunidades Humanas (IOH) compara el acceso que tienen los niños a servicios básicos de educación, salud, nutrición, acceso a información e infraestructura y tiene en cuenta si las oportunidades para acceder a ellos son universales y si están distribuidas equitativamente entre niños de distintas condiciones. A diferencia del Coeficiente Gini, el IOH es un índice multidimensional que no sólo mide el ingreso monetario.

Un estudio recién publicado del Banco Mundial y Grade “¿Esta el piso parejo para los niños en el Perú?”* utiliza el IOH para identificar el acceso a las oportunidades en el Perú. Este resalta la falta sistemática de oportunidades para los niños peruanos. Así, circunstancias que no tendrían porque incidir en el desarrollo de un niño como su lugar de nacimiento, etnia, género o el nivel socioeconómico de sus padres son determinantes en su desarrollo futuro. Esto condiciona su capacidad de llevar una vida productiva al convertirse en adulto, ya que es difícil compensar las oportunidades perdidas durante la niñez. Más aun, existe una gran posibilidad que los hijos que tenga de adulto sufran de las mismas condiciones de falta de acceso a oportunidades.

El Estudio muestra el contraste que existe entre la desigualdad de la distribución de oportunidades comparado con la desigualdad de ingreso. Si bien el Perú ha experimentado una ligera reducción de la desigualdad de ingreso y se ubica en el promedio de Latinoamérica, en cuanto a la distribución de oportunidades el Perú es más desigual que otros países de la región. Por cierto, que el Perú este ubicado en el promedio de Latinoamérica no es un logro considerando que es la región con mayor desigualdad en el mundo. Además un tercio de los peruanos siguen siendo pobres.

¿Cómo se empareja la cancha? Con políticas de desarrollo humano enfocadas en educación, salud, nutrición, vivienda, electrificación, agua y saneamiento. Así, todos estarán en igualdad de condiciones para buscar el bienestar en base a su esfuerzo. Este enfoque coincide con las bases fundamentales del modelo económico del 1993: libertad, derechos de propiedad, competencia y libre mercado.


*“¿Esta el piso parejo para los niños en el Perú? Medición y comprensión de la evolución de las oportunidades” Javier Escobel, Jaime Saavedra y Renos Vakis. Banco Mundial y Grupo Análisis para el Desarrollo GRADE. Lima, Perú Enero 2012 

Nuevamente, la tremenda corte

Las ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones son inaceptables. Los responsables de estos crímenes deben ser investigados y sancionados de acuerdo a la ley. La Convención Americana (Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html) es un valioso instrumento que busca proteger a los ciudadanos de posibles violaciones de DDHH cometidos por Estados. El problema no es la Convención, ni la Comisión ni la Corte. El problema es que estas instituciones han sido capturadas por activistas ideologizados que defienden sus intereses políticos haciendo una mala utilización del sistema interamericano de DDHH.

Durante su gobierno, el Presidente Toledo se allano en los procesos ante la CIDH, sin importar si el Perú era efectivamente responsable o no. Así se allano al proceso iniciado por Leonor La Rosa por supuestas torturas que le habrían producido una lesión en la medula espinal. En ceremonia pública le otorgo una indemnización y se disculpo en nombre del Estado. Sin embargo años después, una investigación de Ricardo Uceda (Investigación publicada por el Diario El Comercio) descubrió que las acusaciones de La Rosa no eran ciertas.

Este caso demuestra que las supuestas víctimas de violaciones de DDHH pueden no ser tales. Puede ser todo una gran mentira. Como en cualquier proceso, el Estado acusado tiene el derecho y la obligación de defenderse. Lamentablemente, Toledo olvido que su responsabilidad como presidente consistía en defender al Estado y tuvo un manejo políticamente interesado, sin proteger los intereses del país.

La operación Chavin de Huantar es un caso emblemático. Internacionalmente es considerada como el modelo de operación de rescate de rehenes. Sin embargo 15 años después los comandos siguen siendo juzgados. Ellos han rechazado categóricamente la tesis de “los gallinazos” y sostienen que cada uno de los terroristas caídos está acreditado por el/los comandos que los eliminó en la operación. Además han negado la existencia de un grupo clandestino que entrara a matar terroristas detenidos, porque no hubo un solo terrorista capturado. (Declaración José Williams Zapata, Jefe de la Operación Chavín de Huantar. 16 de Enero 2012. Base Naval del Callao)¿ Cómo es posible que 140 comandos tengan la misma versión pero la CIDH le crea a Hidetaka Ogura, rehén japonés que fue posteriormente expulsado del servicio diplomático? Los comandos han declarado que ellos no salieron de la residencia el día del rescate, por lo que de haber existido una ejecución extrajudicial la Corte IDH podría sostener que ellos fueron testigos y/o cómplices. Entonces, cuando el “establishment caviar” sostiene que los comandos no serán incluidos en el proceso, está mintiendo deliberadamente.

Mónica Feria acusada por terrorismo y prófuga de la justicia ha denunciado al Perú ante la CIDH por violación sin más pruebas que sus declaraciones. La CIDH ha emitido un informe denunciando al Perú ante la Corte IDH.

El sistema interamericano de DDHH ha perdido legitimidad. Ni sus comisionados ni sus jueces son imparciales y han demostrado actuar en beneficio de quienes comparten su ideología. ¿Es entonces razonable que un país siga sometido a su competencia contenciosa?

El Perú tiene la obligación de defender a sus valientes FFAA y policiales que se jugaron la vida por el país.

La Políticamente Correcta Hipocresía Nacional

Hace unos días un programa dominical revelo la discriminación que sufren las empleadas domesticas en los clubes privados. Ellas deben ir bien uniformadas, no pueden hacer uso de las instalaciones del club y están prohibidas de meterse a la piscina. Este informe causo gran revuelo en las redes sociales y uno que otro indignado congresista denunciaba ¡discriminación!

¿Es que acaso todos no sabemos que en los clubs las empleadas no pueden hacer uso de las instalaciones? ¿Qué club permite que una empleada se ponga ropa de baño y se meta a la piscina?

El empleo doméstico en el Perú es una esclavitud moderna. No solo reciben sueldos miserables que los mantienen a ellos y sus familias por debajo de la línea de la pobreza sino que además trabajan 16-18 horas diarias seis días a la semana, sin que puedan siquiera reclamar por sus derechos. Porque hay de aquel que se atreva a responderle a su patrona.

Ni una reforma agraria que destruyo la agricultura en el Perú y que fue consecuencia del abuso de los terratenientes, ni el grupo terrorista más sanguinario de americana latina, ha logrado que el Perú entienda que todos las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos.

Usted que se indigno con la tentativa de Movadef de inscribirse como partido, ¿se dio cuenta, que su mensaje fue directo a los sectores D y E? ¿Entendió lo que quisieron decir al comparar la muerte de Maria Elena Moyano con todas esas madres sacrificadas que venden caramelos en las esquinas arrastrando a sus hijos? El mensaje fue claro: “los blanquitos no saben de pobreza. Ellos se aprovechan de los pobres.”

La discriminación, la pobreza y la exclusión generan inestabilidad social. Esas mujeres sacrificadas que dedican su vida a trabajar en casas ajenas y criar hijos ajenos por sueldos miserables, tienen una vida y sueños. Ellas tuvieron que abandonar el colegio para trabajar. Ellas ven la riqueza, la malacrianza de los mocosos criados en la ola de crecimiento económico y ven que sus propios hijos no aprenden en el colegio, que se les enferman y no tienen con que curarlos, que no crecen como debieran y que muchas noches tienen hambre. Ellas que en lugar de estar en sus casas atendiéndolos, están en la tuya atendiéndote a ti. Esa mujer que cría a tus hijos con amor, podrá ser quechua, aymara, ashinanka, negra o mestiza, podrá no verse como tú, pero esa mujer es igual que tu. La democracia de cartulina de la que tanto se ufanan en el Perú no nos va a conducir al desarrollo ni con todo el crecimiento económico ni la inversión extranjera. No, mientras existan ciudadanos de segunda categoría. ¿Hasta cuándo vamos a mantener ese status quo que nos permite vivir a cuerpo de rey aprovechándonos de la pobreza y la necesidad? La discriminación seguirá existiendo mientras tú no le pongas un alto.

CVR

La Ley de creación de la CVR de Sudáfrica, considerada un ejemplo internacional, estableció como requisito que los comisionados debían ser imparciales y carecer de perfil político (Ley 34 de 1995: Promoción de Unidad Nacional y Reconciliación). Debían actuar sin ningún tipo de prejuicio. Debían ser independientes, no podían pertenecer a ningún partido, gobierno, ni representar intereses. Debían servir imparcialmente, dejando de lado opiniones personales o preferencias políticas y en buena fe. La Comisión debía enviar reportes financieros al parlamento y aquellos que fuesen de interés público, o que fuesen demandados por el Presidente del Senado o el Representante de la Asamblea Nacional. Estableciendo así, un sistema de control.

La CVR peruana, creada por el Presidente Paniagua prematuramente, omitió el requisito de imparcialidad de los comisionados, y nombro en su mayoría a personas de izquierda, 11 de 13. Además omitió un mecanismo de control y rendición de cuentas.

La CVR sentó premisas falsas: calificó a Sendero como “partido político” (“Hatun Willacuy” pagina 16) y a los años de violencia terrorista como “conflicto armado interno” (“Hatun Willacuy” pagina 16). Así, le dio a Sendero calidad de fuerza insurrecta en un conflicto armado, en lugar de establecer claramente y sin lugar a dudas que fue un grupo terrorista. Además, la CVR se refirió a la “guerra popular” (“Hatun Willacuy” Pagina 16), a los “ajusticiamientos” (“Hatun Willacuy” Conclusion 20) y “acciones armadas” (“Hatun Willacuy” pag.158) legitimando la terminología maoísta usada por Sendero.

La CVR sostuvo que las FFAA y policiales tuvieron una “práctica sistemática de violación de DDHH” y les adjudicó la responsabilidad del 37% de muertes, junto a los comités de autodefensa. Además encontró responsabilidad penal en el gobierno fujimorista, pero sólo política en los gobiernos de Belaunde y García. Pese a que reconoce que el gobierno acciopopulista toleró violaciones de DDHH. Mientras, en el caso del gobierno aprista reconoce que se produjo la “matanza de los penales”, se encubrió la matanza de Cayara y encontró indicios de existencia de escuadrones de la muerte (“Hatun Willacuy” Conclusiones 87, 88, 92, 93, 94, 97 y 100).

La CVR identificó únicamente 23,969 muertos pero usando la técnica de “Estimación de Múltiples Sistemas” elevo la cifra en 2.9 veces a 69,259, considerando el 46% como responsabilidad de SL (“Hatun Willacuy” Cita 3).

Los últimos diez años una posición hegemónica de lo “políticamente correcto” controlada por la “reserva moral del Perú” ha logrado dividir al país. Los que critiquen el informe CVR son descalificados como “fujimontesinistas” por quienes lo han tomado como su biblia y se dicen defensores de los DDHH. Para ellos y para Salomón Lerner Febres que calificó a los críticos de poseer “triste precariedad mental”(“La CVR, La verdad y Una Prensa Vil” La Republica 22 de Enero 2012), una cita del Presidente Paniagua:

"No se les puede considerar dentro del más elemental concepto de partido político, ni equiparar jurídica y políticamente a Sendero con los partidos. (..) Es un absoluto menosprecio por las instituciones que se enfrentaron a esa organización criminal.” Refiriéndose a las posiciones de Sofia Macher adoptadas por la CVR sostuvo "deben ser revisados. Errar es humano." (11 de Junio 2003. Agencia Peru)

Ese es el punto. El informe CVR debe ser revisado, porque no ha logrado llegar a la verdad ni reconciliar al Perú.

Daño Colateral

Ni Sendero ni el MRTA fueron grupos guerrilleros ni insurgentes. Ni guerra interna, ni conflicto armado. ¡Terroristas! Sendero mataba campesinos, asesinaba padres delante de sus hijos, abría vientres de mujeres embarazadas y arrebataba a los no nacidos, ejecutaba autoridades rurales y dejaba sus cuerpos colgados para que todos vieran como trataban a los “traidores”, masacraba pueblos enteros. El MRTA secuestraba empresarios a quienes mantenía en condiciones infrahumanas encerrados en cajones bajo tierra durante meses. Sendero y el MRTA son terroristas, pero extrañamente la CVR les dio status de grupo beligerante.

Cuando el Presidente Paniagua creo la CVR, fui muy crítica. Primero porque Sendero seguía activo, como hasta el día de hoy, y una comisión que busca la verdad y la reconciliación de un país no puede ser creada mientras el terrorismo no haya sido vencido. Pero además porque fue conformada por gente de izquierda, cercana a grupos de DDHH y sin representantes militares. Todos enemigos declarados del fujimorismo. ¿Entonces que imparcialidad podía tener? Más aun, la metodología utilizada no resiste análisis académico alguno (recomiendo revisar http://catarsisyharakiri.blogspot.com/2012/01/observacperuanosiones-academicas-al-informe-cvr.html).

Hoy, Sendero busca legalizar su brazo político: MOVADEF. Una vergonzosa resolución del JNE estaría demostrando que no hay autoridades dispuestas a enfrentárseles. Con la falta de visión de los políticos peruanos estoy segura que este caso terminará en la CIDH. Pero, preocupa más todavía, que hayan conseguido las firmas necesarias para lograrlo. Abimael comenzó capturando jóvenes en la Universidad Nacional de Huamanga. Continúo en La Cantuta y San Marcos. Y hoy están repitiendo la historia.

¿Cómo llegamos a esto? El Presidente Toledo junto al flamante presidente de la Corte IDH y del Museo de la Memoria Diego García Sayán, flexibilizó las leyes contra el terrorismo. Indultó y conmutó penas a terroristas, pese a que sus peticiones habían sido rechazadas por la Comisión Lanssiers. El gobierno de Toledo implementó una política de allanamiento en casos de DDHH. Así, se allanaron a las demandas presentadas ante la CIDH por defensores de terroristas amparados en el informe de la CVR, y les pagaron millonarias indemnizaciones. No contentos, iniciaron persecuciones a militares y policiales. Muchos de ellos hoy presos por haber defendido al país frente a terroristas. Toledo, también despenalizó el delito de apología al terrorismo. Gracias a ello y amparados en la libertad de expresión hay profesores que enseñan a sus alumnos que Sendero y MRTA fueron grupos románticos que luchaban contra la injustica social y propagan el “pensamiento Gonzalo”

Uno puede no coincidir con el fujimorismo como puede oponerse al Apra, a Gana Perú, al PPC o a Perú Posible, pero estos son partidos políticos legales. La base de la democracia. Es inaceptable que el fujimorismo sea comparado con Sendero. Como sería inaceptable comparar al Apra con el MRTA. El odio hacia Fujimori no puede llevar a la caviarada a tal ceguera. Parecería que en el camino por desacreditar al fujimorismo, los caviares creen que indemnizar terroristas y encarcelar comandos y policías es sólo daño colateral.

¿Dónde quedó el alma combativa del fujimorismo?

La capacidad de los caviares para tergiversar la realidad y reescribir la historia del Perú es ampliamente conocida. Basados en las tesis del nazista Goebbels: “Cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá” y “una mentira repetida mil veces se convierte en realidad” se han empeñado en cuestionar las tres grandes reformas del fujimorismo: la estabilidad y el crecimiento económico; la lucha contra el terrorismo y la estrategia de programas sociales.

Toledo ha sostenido impunemente que recibió un país en recesión, lo cual es falso. La mentira de las 300,000 esterilizaciones “forzadas” fue el gran golpe en la campaña del 2011. Hoy, atacan su bastión más fuerte: la lucha contra el terrorismo y la exitosa operación Chavín de Huantar.

Cuando se hizo público el informe de la CIDH (Informe #66/11 CIDH) que recomendaba al Perú volver a juzgar a los Comandos en el fuero civil, e indemnizar económica y reparar moralmente a las familias de los terroristas, el pueblo peruano se levantó. Entonces, los caviares se vieron obligados a retroceder y reacomodar su historia. Ahora sostienen que la operación Chavin de Huantar no está siendo cuestionada y han armado la tesis de que junto con los Comandos hubo un grupo de agentes del SIN, quienes una vez terminado el operativo habrían ejecutado extrajudicialmente a tres terroristas “quienes se encontraban en estado de indefensión” (Demanda presentada por Aprodeh ante la CIDH. Informe #66/11 CIDH) (?!) Esta tesis es además, sostenida por el Procurador Azabache, nombrado para defender al Estado Peruano ante la Corte IDH y es rechazada enérgicamente por los 140 comandos. (Ver entrevista al Capitan Alex Segura http://www.frecuencialatina.com/90segundos/interior.php?idnot=44167&not=)

Desde que se inicio la investigación contra los Comandos, ellos han sostenido que entraron a cumplir una misión: rescatar a los rehenes. Además, sostienen enérgicamente que no hubo ningún emerretista rendido ni detenido. ¿A quién le creemos? ¿A quienes se jugaron la vida por el honor del Perú o a los caviares y su afán de desprestigiar a Fujimori?

Los caviares quieren deslegitimar la operación para golpear al fujimorismo. Como no lograron su objetivo primero de cuestionar toda la operación, han lanzado esta tesis de dos operaciones distintas sin mayor sustento. Si el Procurador Azabache reconoce que hubo ejecuciones extrajudiciales ¿Qué es lo que va a defender ante la Corte IDH?

Finalmente, la caviarada estaría gestando una estrategia adicional, la de crear la leyenda urbana de un supuesto contubernio entre el fujimorismo y Sendero. Así La Republica ha comenzado a publicar el diario de un supuesto “Camarada José” que revelaría como Fujimori usaba un doble discurso frente a Sendero. Mientras que sus columnistas, sostienen por un lado que el fujimorismo estaría pidiendo una amnistía general y por el otro afirman que Abimael habría felicitado a Fujimori por haberse impuesto a los partidos democráticos.

No deja de sorprenderme la falta de reacción del fujimorismo. Tal vez deberían tomar en cuenta el consejo de una de mis profesoras del colegio: “guerra avisada no mata gente y si mata, mata por idiotas”

Los de arriba y los de abajo

Para North, Wallis y Weingast la diferencia entre un país desarrollado y uno no desarrollado es que el primero tiene un orden social de acceso abierto (OAA) y el segundo uno de acceso limitado (OAL) a las instituciones económicas y políticas. En el OAL, este acceso está condicionado a características personales y basado en las relaciones entre la élite. En el OAA las relaciones personales o de elite no son determinantes: no importa quién seas, todos los ciudadanos tienen acceso a los mismos derechos. En los OAL, el crecimiento económico no es suficiente para el desarrollo, pues este está basado en la exclusión, las relaciones asentadas en privilegios y la apropiación de rentas.

El Perú es un OAL. A, B y C viven en un seudo Estado de Derecho, en una democracia electoral donde la captación de rentas y privilegios impulsa el crecimiento económico. D y E viven a décadas de distancia de los primeros.

José (22) vive en SJL. La familia de su enamorada Jackelyn(18) se opone a la relación. En año nuevo se encontraron en una fiesta. Su papá la siguió y agarro a golpes a José, le voló un diente y lo dejo inconsciente con una contusión en la cabeza. El papá de Jackelyn es policía. No hubo denuncia. En los pueblos jóvenes no hay autoridades ni derechos que proteger. No existe Estado de Derecho. Existe la ley del más fuerte.

Marlene va por su séptimo embarazo. Su tercer marido la golpea cada que llega borracho. Su hijo Jeferson(3) tiene labio leporino. Trabaja lavando ropa en su “sitio” lo que le da para el “diario” En la farmacia se “consigue” sin receta unas pastillas para prevenir ulceras por S/50. Se toman 2 y se colocan vaginalmente 3. El dolor es intenso pero en 45 minutos el problema estará resuelto. Si no se expulsa el feto completo, Marlene desarrollará una infección que si no es atendida a tiempo le ocasionará la muerte y pasará a engrosar el ratio de 103 muertes maternas por 100,000nv. Una de las más altas de Latinoamérica. En Chile es de 17 por 100,000nv.

Sarela (11) vive en un caserío con su abuela y acaba de dar a luz a un niño. El violador es su abuelo, quien sigue libre ya que no existe denuncia policial ni acusación fiscal.

El Premier Valdés sostuvo que el gobierno aspira a que el Perú se convierta en un país desarrollado a través de una visión de futuro integral e inclusivo. La inclusión no pasa sólo por programas sociales. Para convertir al Perú en un país desarrollado necesitamos entender que el desarrollo económico y el político van de la mano; que la inversión en capital físico y humano, las mejoras en los servicios públicos y las reformas del Estado son pasos hacia adelante pero no son suficientes. Para lograr el desarrollo hay que empezar por romper los privilegios y desterrar las desigualdades que son la base de la exclusión.

Justicia Tramposa

El permiso de salida del país otorgado a dos emerretistas ha causado indignación. El MRTA fue un movimiento terrorista, que secuestraba, extorsionaba y asesinaba empresarios para obtener dinero para la lucha armada. Lori Berenson fue detenida, acusada y condenada por planear la toma del Congreso. Lautaro Mellado fue uno de los 4 chilenos, junto con Castillo Petruzzi que controlaban las “cárceles del pueblo” donde empresarios secuestrados eran retenidos en condiciones infrahumanas durante meses hasta que las familias pagaban rescates millonarios. Este dinero nunca ha sido encontrado. Se cree que estaría en cuentas en Suiza y que la esposa de Cerpa, Nancy Gilvonio, quien también ha pedido autorización para viajar a Francia, y otros más, tendrían esta información.

El MRTA tomo la embajada del Japón en diciembre de 1996 y mantuvo secuestrados a 72 rehenes durante más de 4 meses. A cambio de su liberación exigían la entrega de Polay, Gilvonio, Mellado, Castillo Petruzi y demás emerretistas. Ellos se consideran prisioneros políticos.

El Supremo San Martin ha salido en defensa de los jueces que autorizaron los permisos de viaje. Ha dicho que los jueces son independientes y que ellos son responsables ante su conciencia. Efectivamente, los jueces son independientes y salvo prevaricato sus fallos no deben ser cuestionados. Estos terroristas recibieron la liberación condicional al amparo del DL 927 otorgado por el expresidente Toledo y posteriormente derogado. Sin embargo, las condiciones de la liberación condicional deben ser cumplidas. El artículo 6 establece que “El Juez Penal al conceder el beneficio penitenciario de liberación condicional, dispondrá el impedimento de salida del país del liberado” No dice podrá disponer, lo ordena. Los jueces, violando el principio de ultraactividad de la ley, no lo han aplicado. Eso, Supremo San Martin se llama prevaricar y no debe quedar sólo en la conciencia de sus jueces.

Además, la crítica es a la doble moral con la opera el PJ. Por un lado amparado en el D.Leg. 927 concedieron beneficios penitenciarios a los condenados por terrorismo y por otro procesa dilatada y reiteradamente a los miembros de las Fuerzas Armadas del Perú. ¿Cómo podemos confiar en Jueces que aplican con subjetividad las leyes? Un país necesita de la predictibilidad de la ley y nuestro PJ no es garantía de ello.

El PJ a través de convenios con ONGs de Derechos Humanos ha permitido que estas capaciten a los jueces. Las ONGs tienen intereses creados ya que algunas representan a los condenados por terrorismo ante la CIDH y cobran un porcentaje de las indemnizaciones que logran. Esto se llama ideologizar.

Toledo y Vargas Llosa envalentonados sostienen que el indulto a Fujimori sería una vergüenza. ¿No es una vergüenza otorgar permisos navideños de viaje a terroristas que no han cumplido sus sentencias ni han pagado la reparación civil que le deben al país? (En el caso Berenson la ideologizada CIDH ordeno la suspensión de la reparación civil que Berenson debía pagar y ordenó que el Estado Peruano reparara a sus padres con US$30,000) El Perú no debe olvidar lo que fue el terrorismo.

El Imperio de la Ley

La falta de principios y valores es la debacle de una sociedad. El Perú ha perdido el principio de autoridad. Contrariamente a lo que algunos sostienen, autoridad no significa autocracia ni autoritarismo, significa respeto. Respeto a las leyes y a las autoridades. Además, implica la confianza de los ciudadanos en que el Estado actuara de manera responsable, administrando justicia conforme a ley, esa que es ciega y no considera el partido político al que perteneces; legislando con sapiencia y honor, guiando al país hacia el desarrollo y controlando la violencia. En el Perú no existe respeto ni confianza en la policía, en los jueces, en los congresistas, ni en los maestros. Entonces, ¿cómo queremos que el Perú sea grande?

No entendemos que por encima de todo está la Ley y no las FFAA como dijo el Presidente. No tenemos la costumbre de someternos a la Ley. Si no nos gusta una ley, no pasa nada, la cambiamos. Queremos seguir creciendo y convertirnos en un país desarrollado, entonces debemos aprender de ellos. En los países desarrollados el imperio de la ley es real y no ficticio como en el Perú.

Tenemos un país sin orden. Los últimos diez años los gobiernos nos han demostrado que para que las cosas funcionen hay que levantarse, hacer manifestaciones, tomar carreteras, rehenes y masacrar policías. En el camino se instalará una mesa de diálogo y el gobierno reculará.

Hemos implantado la ley del más fuerte, esa que lleva a meter la camionetaza a la fuerza y que se friegue el del costado, a tocarle la bocina a una señora para que cruce más rápido, a gritar al heladero porque se demora con el vuelto o a la empleada que trabaja 18 horas al día porque no te lavo el polo de ayer. Pero lleva también a que el Ministerio del Interior pase por encima de la Municipalidad de Lima cuando ésta emite un informe señalando que el Estadio Nacional no ofrecía la seguridad requerida o cuando Nadine posa en la foto del recién juramentado gabinete Valdés, como si ella fuera parte. La lucha del poder. Quien puede más.

El Presidente Toledo y sus constantes amenazas de ponerse la vincha y salir a las calles cada vez que algo no le gusta, es una muestra de cómo un “líder” menoscaba los principios de un país. En un Estado de Derecho hay vías democráticas para que los ciudadanos reclamen. Levantar al pueblo contra un gobierno democrático no es una de ellas, es una forma de ejercer presión y amenazar la gobernabilidad del país.

Sin el principio de autoridad, sin un Estado que haga cumplir las leyes, se someta a ellas y sancione a quienes no las cumplen sentando precedente, que defienda los derechos de los ciudadanos, que controle la violencia pero que sobre todo recupere la confianza de los ciudadanos, no habrá crecimiento económico que nos aguante.

Así los radicales la tienen fácil

El problema de Conga es un conflicto sobre derechos de propiedad. Por un lado tenemos los derechos de “propiedad” sobre la tierra y el agua de las comunidades y por otro el derecho de “propiedad” de Yanacocha sobre la concesión minera. Estos derechos de “propiedad” deberían poder coexistir si es que las dos partes negociaran sus intereses en igualdad de condiciones. No es así. Según cifras del INEI, 49.1% de la población de Cajamarca es pobre.

Cuando los servicios que brinda el Estado no son adecuados, los ciudadanos tienen dos opciones, usar su “voz” para exigir la mejora del servicio o usar una “salida” acudiendo a un proveedor distinto del servicio. Un ejemplo de “salida” es quien manda a su hijo a un colegio privado en lugar de uno público.

En el caso de Conga, Yanacocha ejerce su “voz” a través de los medios de comunicación, sus abogados y el gremio minero. Además tiene una “salida”, puede decidir invertir en otro lugar. En cambio, las comunidades no tienen la posibilidad de usar su “voz” pues no tienen abogados, acceso a medios, ni gremios que las representen. Tampoco tienen la posibilidad de una “salida”, ya que esta implicaría trasladarse a otras tierras. Esta desigualdad se muestra claramente en la capacidad de organización, de acceso a la información y de acceso a los recursos. El Estado debería “nivelar la cancha” haciendo que las comunidades tengan “igualdad de oportunidades” para discutir sus derechos.

Esta desigualdad, producto de la pobreza, es aprovechada por grupos radicales de izquierda quienes se posicionan como voceros de las comunidades. Lo cierto es que estos movimientos radicales en lugar de permitirles a las comunidades usar su “voz” lo que hacen es confundirla con sus propios intereses políticos.

Los partidos políticos peruanos no han logrado funcionar como correas de transmisión de los intereses de los ciudadanos. En el caso de las comunidades, los partidos no tienen presencia alguna. Esta falla en el mercado político es la que ha permitido que la izquierda radical capture la “voz” de las comunidades, al ser los únicos que las escuchan.

En el Perú, el desarrollo minero ha estado marcado por dos extremos, quienes ponen por delante sólo los intereses empresariales –el sector de la derecha que es mercantilista- y los que buscan desestabilizar el sistema -la ultraizquierda y su discurso antiminero. Hay un justo medio donde todos los peruanos somos ciudadanos y tenemos la posibilidad de ejercer nuestra “voz” con un Estado que responde. El Estado y los partidos políticos que creen en el mercado, la libertad y la democracia deberían contribuir a que la “voz” de los campesinos sea realmente representada sin manipulación política. Y Yanacocha necesita rectificar su actitud de los últimos 17 años y ganarse la confianza de la población. De lo contrario, todos los peruanos perdemos.

¿Y dónde está el Presidente?

Se acuerda de la película ¿y dónde está el piloto? Una comedia donde en pleno vuelo, el piloto desaparecía. Tengo la impresión que lo mismo está sucediendo en el Perú, solo que esta no es una comedia.

Una de las características de este gobierno son sus mensajes contradictorios. Desde los discursos del Presidente, uno en Paraguay que nos hizo recordar la “Gran Transformación” y otro diametralmente opuesto en la APEC. Las declaraciones del Premier sobre la participación de Nadine en los Consejos de Ministros, el calificativo de Antauro como preso político, y el status del asesor Favre. Todos rectificados al día siguiente. Se acuerda cuando Eguiguren dijo que la resolución de la CIDH no se refería a los Comandos y días después reconoció que en verdad sí. ¿Y cuando Roncagliolo desde España declaró que la relación con USA ya no era primordial mientras el Premier estaba en visita oficial en Washington?

Regresando de APEC el Presidente afirmo que “Conga va” y sin embargo después de siete días de paro en Cajamarca, el Premier y Yanacocha declaran su suspensión. Para Lerner dicha suspensión es un logro del gobierno. ¿Logro?

El gobierno tiene que dar las condiciones necesarias para atraer inversiones. Para que estas lleguen se necesita estabilidad política y jurídica. Pero no son los inversionistas privados quienes tienen que marcarle la agenda al gobierno. El gobierno no está distinguiendo los intereses públicos de los privados. Los ministros y Roque Benavides llegaron a Conga como los gamonales de antaño, basurearon al Presidente Regional y a las comunidades y volvieron en el avión de Yanacocha a Lima para terminar de arreglar el tema. ¿Que creían?

Yanacocha ha declarado que seguirá trabajando para lograr la aprobación social y que perfeccionaran el EIA. Sin embargo, Newmont ha anunciado que evalúa la posibilidad de redireccionar sus inversiones a otros países, por la oposición antiminera. Esta amenaza soterrada es la actitud matonesca que enfurece a las comunidades y que hace exitosos a los azuzadores radicales de izquierda que logran aglutinarlas simplemente porque estas comunidades no confían ni en las mineras ni en el Estado.

El gobierno no puede bailar al ritmo de las empresas privadas. Si Newmont se quiere ir, ¿qué podemos hacer? Sacaremos nuevamente el proyecto en concesión. El Perú debe exigir que los EIA cumplan con los estándares más altos, que se hagan evaluaciones de impacto social y económico y se prepare un plan para mitigarlos; pero además el Estado debe recuperar la confianza de la población. Estados Unidos y Canadá tienen estándares muy exigentes para las explotaciones mineras en sus territorios y que Newmont cumple sin chistar porque sabe que estos países no entran en vainas. Entonces, ¿por que el Perú no puede?

A todo esto, ¿y dónde está el Presidente? ¿Sera que ahora si se decide y aparece?