Morir matando

El PPC anunció su apoyo al "No". Según Raul Castro, porque la revocatoria es un "injusto pedido formulado por un colectivo nada transparente". ¿Y el 65% de limeños que está a favor de la revocatoria?

La revocatoria es una institución democrática que, como la reelección, genera el incentivo para que las autoridades elegidas gobiernen eficientemente, sean transparentes, rindan cuentas y respondan a sus electores. La revocatoria beneficia a los ciudadanos en la medida en que les da el poder para evaluar a la autoridad elegida y decidir revocarla si es que no están satisfechos con su gestión. Si en el caso peruano la revocatoria está mal diseñada, debería regularse mejor. Eliminarla, como propone el PPC, no va a fortalecer la democracia ni la institucionalidad.

El PPC dice apoyar al "No" porque no está de acuerdo con la figura ni cree que sus regidores merecen ser revocados. Los regidores del PPC nos han dicho durante dos años que la alcaldesa llegó a la municipalidad sin un plan, que no estaba preparada para gobernar, que su gestión es ineficiente, que sus técnicos son incompetentes. Sostienen que todos los martes llevan propuestas al Concejo que no son escuchadas, que se les interrumpe, que Susana se para y se va y que FS impone su agenda sin saber lo que hacen. Que no rinden cuentas y que en lugar de haber cambios, ha habido rotación de los mismos funcionarios que demostraron ser incapaces. Y pese a ello, apoyan el "No".

La decisión de apoyar el "No" habría sido tomada por la cúpula del PPC, sin consulta con sus bases. Un partido que toma decisiones sin consultar. ¿Y la democracia interna?

En realidad, el PPC apoya el "No" porque teme perder el espacio político que han ganado sus regidores. El PPC no tiene fuerza a nivel nacional ni tiene gran representación; sin embargo, sus regidores han logrado ocupar un espacio importante.

El PPC ha decidido apoyar a Fuerza Social e indirectamente a Patria Roja. Esta es una muestra de cómo se sacrifican principios por intereses cortoplacistas. Ese es el gran problema del Perú: no tener líderes que tengan una visión de país. El PPC debió comprarse el pleito, liderar la revocatoria y luchar por que sus regidores no sean revocados.

Debieron entrar al ruedo y demostrar cómo se puede hacer política de manera transparente, con propuestas, sin insultos y sin mentiras, como la de las 1200 escaleras. El Perú tiene que aprender que no puede seguir siendo gobernado por improvisados.

El PPC pudo, terminada la revocatoria, liderar la campaña por la alcaldía, demostrar que hay líderes que están preparados para gobernar. Su elección no era entre apoyar a revocadores poco transparentes o a una alcaldesa inepta. Su elección debió ser la de liderar al 65% de limeños que quiere una gestión eficiente.

Le faltaron agallas para pelear un espacio legítimo, le faltó el temple del gallo Camarón de Chabuca para dar la pelea y, si era necesario, morir matando. El PPC acaba de perder una oportunidad más.

Los peligros de creerse el milagro latinoamericano

La inequidad, las diferencias entre ricos y pobres, la discriminación y la exclusión son causantes de inestabilidad. Latinoamérica, considerada la región con mayor iniquidad del mundo, lo sabe bien. Sin embargo, el crecimiento económico experimentado en los últimos años ha generado una nueva clase media. Cuando los ciudadanos dejan de ser pobres, adquieren educación y bienes, tienden a ser mejores electores y defensores de la estabilidad de su país. Porque a diferencia de cuando no tenían nada, ahora tienen que perder.

La clase media puede medirse en términos económicos, dependiendo del ingreso monetario o en términos sociológicos, donde se mide el nivel de educación, los bienes, las actividades económicas y ocupacionales de las personas.

En "The Politics of Latin America's New Middle Class", Fukuyama analiza el crecimiento de la clase media latinoamericana. Señala que entre 30% y 50% de esta nueva clase media, es lo que en otros países se considera clase trabajadora por las actividades a las que se dedican: manufactura, transporte y construcción. Más aun, en todos los países latinoamericanos los profesionales no llegan ni al 20%. No por nada ninguna universidad latinoamericana está entre las cien mejores del mundo. Un gran porcentaje de la clase media se desarrolla en el sector informal y se ha beneficiado dentro del arrastre del crecimiento económico del país. Este, está fuertemente relacionado con las exportaciones de commodities a Asia y no en base a industrialización. Por ello la clase media es susceptible de volver a caer en pobreza.

Para Fukuyama es un error creer que la clase media adquiere automáticamente valores como disciplina, trabajo y ahorro. La adquisición de valores no es endógena al crecimiento económico, sino exógena, por ello la importancia de la educación. Y en educación Latinoamérica esta coja.
Un ejemplo de lo anterior, es EE.UU. post2000 donde la cultura consumista, los realities y la frivolidad están erróneamente asociados con el éxito. Así los modelos de éxito son las hermanas Kardashian. Ninguna ha ido a la universidad ni tiene talento alguno. Se hicieron famosas porque una protagonizó un video porno.

En el Perú lo vemos, por ejemplo, en el Congreso con su comeoro, robacable, el condenado por proxenetismo, el dueño del motel donde se ejerce la prostitución infantil y el cuida madre. Esta es una muestra de falta de valores y principios. No importa el esfuerzo personal, importa llegar. No importa si me lo gano trabajando o si lo robo, importa que lo tengo. No importa si me ocupo económica y moralmente de mis hijos, importa que soy patero y cocino bien.

Tampoco existe relación causal inmediata entre el crecimiento económico y el fortalecimiento de la democracia. Más aun, el problema de una clase media sin educación y hábitos de consumo desmedidos son las expectativas que tienen. No hay nada más peligroso que una clase media que no logra cubrir sus expectativas. Huntington recordaba que las revoluciones casi nunca son orquestadas por las poblaciones pobres, sino por clases medias insatisfechas.

Los sin playa

El año pasado, durante la temporada de verano, tuvimos el gran destape de las empleadas domésticas a las que los clubes privados no permitían hacer uso de sus instalaciones. Todo el Perú se escandalizó; bueno, no todo. El que lleva a sus empleadas domésticas comentaba indignado: "Solo falta que pretendan que el chofer se bañe en la piscina". Ahora tenemos la vergüenza de ver cómo los "privilegiados" anconeros separan la arena a punta de guachimanes. Así tenemos por un lado a los "privilegiados" y por el otro a "los otros". Pero la separación no queda ahí: a "los otros", que no son propietarios ni arrendatarios, también se les prohíbe el uso de ese ladito, el "privilegiado", del mar peruano.

Las playas en el Perú son públicas, esto es, todos tenemos acceso a ellas sin restricción, salvo las establecidas por ley. Lo anterior en la medida en que la libre circulación por la playa garantiza el libre acceso al mar peruano, que es un bien que por su naturaleza es público.

Que una persona sea propietaria de una casa en un balneario, no le da derecho alguno a tener preferencia en el uso de la playa, menos aún a bloquear la libre circulación por la arena y por el malecón construido por la municipalidad. Eso se llama usurpación. ¡Aunque paguen impuestos!

Este es uno de los tantos casos de discriminación que existen en el Perú. A los anconeros, como a los de Asia, no les gusta que "los otros", esos sin derechos de propiedad, y que llegan con cebiche en bolsa y sopa en botellón, se instalen al lado de sus lindos toldos. Los vigilantes en Ancón con pantalón largo al mediodía de un domingo se sancochan para que la "privilegiada" anconera pueda relajarse en bikini sin que le perturben la vista. Esa "privilegiada" que conversará animadamente, traguito en mano, mientras su empleada, bien al pantalón remangado y polo blanco, se sancochará a la orilla cuidando al mocoso "privilegiado".

¿Es que acaso no es esa la realidad en el Perú? Milagro peruano o no, lo cierto es que en el Perú existen dos tipos de ciudadanos: los "privilegiados" y los de segunda clase. La discriminación racial es una realidad, póngale la excusa que usted quiera.

Este sector de "privilegiados" que ha dominado siempre el Perú, está acostumbrado a tener capturado al Estado. Se manejan en base a relaciones personales, a quiénes son y a quiénes conocen. En Ancón, pueden dividir la playa y bloquear el ingreso a punta de guachimanes porque creen que no hay nadie que se los impida. Cualquier problemita lo arreglarán de frente con el alcalde.

Como nos dicen los desarrollistas, como North, Wallis, Weingast, Fukuyama, Levy y otros, la diferencia entre un país desarrollado y uno en vías de desarrollo es que en el primero la sociedad está basada en relaciones impersonales. No importa quién seas, la ley es igual para todos. En el Perú sí importa. Si no, pregúntenle a todos esos que se atreven a gritar "¿Acaso no sabes quién soy?" .

¿Y la transparencia para cuándo?

La falta de transparencia en la política peruana llega al absurdo. En los últimos días, la jefa de campaña por el "No" a la revocatoria nos dijo que no sabe de dónde saldrá el dinero para pagar al próximo asesor Favre. Presionada, sostiene que este aún no ha sido contratado y cuando lo sea verán de dónde sale el dinero. Termina por aceptar que en el sector privado hay quienes están a favor de la causa, y por ello están financiándola. Sin embargo, no da nombres, tartamudea, se escuda, no responde. Solo dice: "Hay distintas modalidades de pago." Y eso, pregunto yo, ¿qué significa?

Dentro de los mecanismos de buen gobierno que caracterizan a los países desarrollados, y que son necesarios para la gobernabilidad, la estabilidad y lograr acabar con la corrupción, se encuentran la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.

Sabemos bien que intereses empresariales mercantilistas buscan capturar las rentas del Estado para enriquecerse (o seguir haciéndolo, como lo han hecho siempre). Cuando el Estado es capturado por grupos de interés ajenos a los intereses públicos y el bien común, el país y los ciudadanos pierden. Esto es lo que la izquierda llama la privatización del Estado.

Sinesio López nos dice en su última columna que "la desprivatización supone acabar con la captura del Estado por parte de los poderes fácticos para ponerlo al servicio del interés general y del bien común. La desprivatización permite organizar un Estado fuertemente autónomo (con respecto al sistema económico y a los poderes fácticos) en el que los desiguales sean considerados efectivamente iguales." Coincido. Más aún, la diferencia entre un país desarrollado y uno en desarrollo es que en el primero todos los ciudadanos tienen igual acceso a las instituciones políticas y económicas. Mientras que en el segundo son los grupos de interés los que capturan dichas instituciones para su beneficio y en perjuicio de los demás. Es por ello que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son esenciales. Aunque la ley no obligue.

La transparencia sobre el financiamiento de los políticos y sus campañas es necesaria en una democracia. También lo es, saber qué intereses tienen esos financiadores: ¿por qué financian a ese candidato? De esta manera los electores podrán identificar qué intereses defenderán esos políticos y tendrán la capacidad de hacer un mejor análisis y tener un voto informado. Además, es un incentivo para rendir cuentas e identificar si es que esos candidatos elegidos están beneficiando a alguna de las personas o empresas que los financiaron, a costa de otros.

¿Por qué la alcaldesa Villarán es incapaz de decirnos públicamente quién está financiando su campaña? ¿Por qué si los ciudadanos le exigen transparencia e información, ella y su equipo no responden? Una vez más la izquierda, la caviarada y ese sector políticamente correcto demuestran que los principios que dicen defender, como la transparencia y la lucha contra la corrupción, no son tales, sino meras herramientas para atacar a sus enemigos.

Nadie sabe para quién trabaja

El lobby son las acciones que hace un grupo de personas que representan intereses para influir en funcionarios públicos para lograr beneficios. Estos se pueden dar a través de la aprobación, modificación o derogación de normas y a través del otorgamiento de derechos como beneficios tributarios, subsidios, aranceles, restricciones sobre la competencia, contratos con el Estado, licencias y permisos. Todo lobby tiene efecto en la sociedad para bien y para mal.

El lobby y los lobbystas -aquellos que ejercen profesionalmente la actividad- son, en principio legales. El lobby busca influir en las decisiones del Estado. Busca que ese grupo de interés determinado sea escuchado. De la misma manera como grupos determinados de personas buscan proteger sus derechos y que el Estado los escuche y responda a sus necesidades. Sin embargo, el lobby tiene efectos económicos y los lobbystas reciben honorarios profesionales.

Si el Estado es capaz de administrar sus recursos de manera eficiente y transparente, evita la captura de rentas por parte de grupos de interés, tiene políticas de buen gobierno como transparencia, facilidad en el acceso a la información, rendición de cuentas, además de tener instituciones, políticas y regulación sobre el lobby, este no generaría mayores problemas.

Sin embargo, hay una delgada línea entre el lobby legal y el conflicto de interés, la corrupción y la captura de funcionarios públicos por parte de intereses privados. Hobbes sostenía que el hombre no es por naturaleza bueno y por lo tanto es necesario establecer incentivos para que éste actúe correctamente. Son los mecanismos del buen gobierno los que obligan a los funcionarios públicos a actuar teniendo el interés común como misión.

En EE.UU. el lobby está regulado al detalle. Las empresas lobbystas -dedicadas al lobby profesionalmente-, incluso las unipersonales, así como la empresa que tenga un lobbysta interno tienen la obligación de registrarse, declarar el nombre de su cliente, el asunto objeto del lobby y el costo aproximado. Esta información es pública. Pese a ello existen casos de corrupción. En el Perú no existe regulación alguna.

También hay los que tratan de influir en la opinión pública. ¿Cuando un periodista, analista político o columnista defiende los intereses de un grupo determinado a cambio de un beneficio no debería el público que lo sigue saberlo? ¿La opinión del experto es producto de un análisis concienzudo y especializado o es un lobby para beneficiar a una empresa o grupo de intereses por el que recibe un chequecito o viajecito? ¿Y cuando se trata de ONGs, consultoras y encuestadoras?

Ejemplos hay muchos. Periodistas que le hacen publicidad a una AFP, aceptan dictar conferencias a favor de mineras o escriben columnas sobre las ventajas de determinada concesión. JDC presentando una ley que beneficio a su exasesor, funcionarios del MEM defendiendo el EIA de Conga que luego tuvo que ser corregido. ¿Y cuando Alvarito escribe a favor de la posición chilena?

En aras de la transparencia es momento de regular el lobby y de que los lobbystas salgan del clóset.

Neguémoslo siempre

Las comisiones de Justicia y Constitución del Congreso han aprobado el proyecto de Ley del Negacionismo, que busca sancionar a aquel que "públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas." Marisol Pérez Tello sostiene que se trata de un tipo penal cerrado, que busca darle una herramienta adicional al Estado para defenderse. Mientras que Chehade no sabe qué es terrorismo.Cuando Sendero y el MRTA atacaron al Estado Peruano, este no estaba preparado para enfrentarlo. Al hacerlo se cometieron muchos errores. Miembros de las FF.AA. y Policiales cometieron crímenes terribles que son inaceptables y por los cuales están presos. Sin embargo, esos crímenes no fueron una política de Estado ni fueron ejecutados por las FF.AA. como institución. Por eso, escuchar a Ricardo Letts sostener que "las FF.AA. del Perú son terroristas" es vergonzoso.

El Estado Peruano aprendió a defenderse, y así pudo capturar y juzgar a la cúpula de Sendero y del MRTA. Lamentablemente, por razones políticas, la izquierda y la caviarada decidieron, desde el gobierno del presidente Paniagua, reescribir la historia y poner en igualdad de condiciones a los grupos terroristas y al Estado. Para ello utilizaron a la CVR, el Museo de la Memoria, El Ojo que Llora, el juicio contra los Chavín, la política de allanamiento ante la CIDH impulsada por García Sayán, y nos dijeron que el Estado cometió "violaciones sistemáticas de derechos humanos". Como su motivación era política, lo hicieron a partir de 1990. Así, la CVR encontró solo responsabilidad política en Belaunde y García, pero responsabilidad penal en Fujimori.

¿Por qué no se denunció al Movadef por apología cuando sus miembros irrumpieron en la presentación del libro de Portocarrero? Si no hay un solo proceso por apología del terrorismo, ¿para qué necesitamos el Negacionismo? La izquierda y la caviarada pretenden utilizar el Negacionismo para solidificar esta historia del Perú reescrita, en la que ellos, que fueron incapaces de enfrentar al terrorismo, se lavan la cara y quedan como grandes luchadores, demócratas y defensores de los DD.HH.

Pretenden decirnos que en los 90 hubo terrorismo de Estado y, por lo tanto, la Ley del Negacionismo debe incluirlo. Para ello, Rimarachín utiliza la sentencia de Fujimori como prueba. Más aún, pretende que se incluya dentro del concepto de terrorismo el delito de corrupción, con una clara motivación política. Una que no beneficia al país, sino a sus intereses de grupo.

El Perú enfrenta la posibilidad de una reagrupación del MRTA, considerando que parte de su cúpula será liberada en los próximos meses. Enfrenta además a Sendero y la liberación de Morote. Sin embargo, políticos mezquinos, limitados e incapaces pretenden convencernos de la necesidad de declarar al fujimorismo como ¿un partido terrorista?

Es necesario unir al Perú y trabajar políticamente en defensa de la democracia y el Estado de Derecho para enfrentar a la lacra que buscó destruir al Estado y dinamitar al país: Sendero y el MRTA. Para ello necesitamos no solo herramientas legales, sino políticos y generadores de opinión responsables.

La tristeza de la Primera Dama

Finalmente, la Primera Dama habló sobre el "affaire" Villena. Rodeada por las ministras Trivelli y Triveño, nos dijo que el ministro Villena ya había pedido disculpas y que "es una situación que hasta nos ha entristecido. Hay lecciones que aprender de esta experiencia".

Nadine Heredia, que en la práctica cogobierna con su marido y que no puede ocultar su intención de postular en el 2016, nos dijo que lo importante no era el empujón, ni el apretón, sino la disculpa. Así nomás, como cuando un policía en una comisaría de SJL le dice a la mujer ensangrentada que quiere denunciar a su marido porque le rompió la cara a golpes, que mejor no denuncie, que él está arrepentido y ha aprendido la lección. Seguro que no lo vuelve a hacer.

¿Dónde quedan los principios de esas ministras que seguirán sentándose en un Consejo de Ministros al lado de una pequeña persona que cree que cuando le pusieron un fajín en la cintura lo convirtieron en reyezuelo, en pacha, en inca? Ese que cree que le dieron las llaves del reino y lo convirtieron en señor feudal. ¿Es que el poder seduce al punto que hace que las ministras pierdan la decencia? ¿Cómo vamos a acabar con la violencia contra la mujer si el gobierno permite que ese reyezuelo siga usando fajín?

De acuerdo con un estudio multipaís de la OMS, la violencia en el Perú es más alta que en Etiopía, Tanzania y Bangladesh. El 69% de las mujeres rurales peruanas ha sufrido violencia física y/o sexual. 51% en zonas urbanas. La violencia contra la mujer es persistente en la medida en que la sociedad no la rechace enérgicamente. Mientras quienes la cometen no sean sancionados penal y socialmente.

La discriminación contra la mujer se basa en la división público/privada de la vida en sociedad. Las mujeres generalmente son ubicadas en el ámbito privado y sus intereses como la crianza y educación de los hijos, la salud y la violencia doméstica no han sido considerados "bien común". En el Perú creemos que lo que suceda dentro de la casa no nos incumbe. Poco importa que tu pata gomee a su mujer y que no le pase pensión alimenticia a sus hijos. Porque es súper bacán y cocina buenazo.

El affaire Villena es solo una muestra de lo podrida que está la sociedad. No es el primer caso, ni será el último. En el 2001, el Perú eligió a un presidente que no solo se negaba a reconocer a una hija sino que además tenía denuncias por violencia doméstica.

La actitud del Ejecutivo es una vergüenza. Porque así este reyezuelo no hubiese agredido físicamente a la empleada de LAN, su actitud matonesca en el aeropuerto es suficiente para que el Presidente lo despida. ¿O es que cuando Roque dice que el Perú es de todos, los más humildes y los más bacanes, es con cacha? Tome nota, señora, para el 2016.

La verdad de una mentira (parte II)

Las mal llamadas "esterilizaciones forzadas" vuelven a escena con innegable carga política. Contribuyen opinólogos, activistas y periodistas que abordan el tema con absoluta desinformación y ligereza. Jorge Bruce ha sostenido: "Está demostrado fehacientemente que se trató de una política sistemática de esterilización forzada". ¿Alguna autoridad judicial lo ha declarado así? Monseñor Bambarén dijo recientemente :"En la selva desaparecieron etnias pequeñas a raíz de las esterilizaciones". ¿Qué etnia ha desaparecido? Quienes en la campaña del 2011 denunciaron "300,000 esterilizaciones forzadas", hoy sostienen que son 1500 y solo 150 probadas.

El Minsa implementó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996-2000. El programa proveía gratuitamente métodos anticonceptivos a 850,000 familias al año. En 1997 se realizaron 109,000 AQV (ligaduras), representando el 13% del total de métodos usados. El 33.6% de las mujeres atendidas usaba inyecciones Depo-Provera, 20% píldora, 16% DIU (TdeCobre) y 12% condones. En 1998 el uso de Depo-Provera aumentó a 40%, la píldora a 24%, y los condones a 14%, mientras que AQV cayó a 3% del total.

¿De qué "política pública de esterilización forzada" hablan si en el año que más AQV se realizaron estas representaron el 13% de todos los métodos elegidos por las mujeres? Más aún, de acuerdo con la ENDES 2000, el 81% de las mujeres que se sometieron a una AQV estaban satisfechas con su decisión. El 94.4% de la población rural declaró saber que era un método permanente.

El programa incrementó el acceso a los servicios de salud reproductiva. Como resultado, el uso de métodos modernos aumentó de 31% en 1992 a 51% en el 2000, la mortalidad materna se redujo de 265 x 100,000 en 1996 a 185 en el 2000 y la mortalidad infantil de 43 x 1000 en 1996 a 33 en el 2000.

La Defensoría investigó el programa -emitiendo 4 informes- y encontró irregularidades en su implementación. Entre ellas, fallas de métodos anticonceptivos, consentimientos firmados en formato distinto al establecido por ley, ausencia del periodo de reflexión en AQV, maltrato del personal médico, fallecimiento y AQV sin consentimiento. El Informe 69 (2002) analizó 773 quejas, 35 por esterilizaciones sin consentimiento entre 1996-2000 (10 declaradas infundadas). Además, investigaron 26 quejas por esterilizaciones sin consentimiento ocurridas en el 2001 y 2002 después de cancelado el programa. ¿Esto significa que en el gobierno de Toledo también hubo una política pública de esterilización forzada?

El objetivo del programa fue mejorar las condiciones de salud en los segmentos marginados de la sociedad, dándosele énfasis a la población de la sierra por la desigualdad que existía en el acceso a los servicios de salud y en los indicadores. Ocurrieron 18 muertes y cerca de 150 casos donde médicos irresponsables realizaron AQV sin consentimiento. Estos representan el 0.05% del total de las AQV realizadas. Estos casos son inaceptables y los médicos responsables fueron llevados a la justicia. Ninguna mujer puede ser obligada a hacer nada contra su voluntad, ni a esterilizarse, ni a tener un hijo ni a abortar. Quien lo haga debe ser juzgado y condenado.

Aquí muestro evidencia de los resultados de una política pública. Es así como estas deben decidirse y evaluarse. Estamos plagados de mediocres opinólogos con ínfulas de experticia en políticas públicas, de políticos y activistas irresponsables que utilizan el dolor de las familias afectadas. Estamos acostumbrados a la mediocridad y la mentira, esa es la mayor lacra del Perú.

La verdad de una mentira (parte I)

¡Acabemos con el Club de Toby!

Contrariamente a lo que se cree, el crecimiento económico de un país no resuelve todos sus problemas. Por ejemplo, la desigualdad de género. En los últimos meses y a raíz de la visita de Hillary Clinton y Michelle Bachelet, se viene discutiendo la necesidad de que las listas al Congreso se estructuren en base a la alternancia de género: hombre, mujer.

Quien crea que los hombres y las mujeres en el Perú están en igualdad de condiciones para competir, no entiende qué significa la desigualdad de género. En el Perú el 60% de los pobres son mujeres, quienes además sufren una doble exclusión: por ser pobres y por ser mujeres. La violencia doméstica es de las más altas de Latinoamérica. De acuerdo con la OMS: El 69% de las mujeres de zonas rurales ha sufrido violencia física o sexual, 51% en zonas urbanas. Solo en el 2011 se produjeron 79 feminicidios y 131,494 denuncias por violencia doméstica. ¿Cuántas no denuncian? El hombre en el Perú cree que la mujer debe proveerle sexo cuando él así lo exija. El 23% de las mujeres en Lima y el 47% en Cusco han sido forzadas a tener sexo por sus parejas. El 13% de adolescentes está embarazada o es madre. En el Perú un hombre cabeza de familia gana 1,79 veces más que una mujer cabeza de familia. El 62% de las mujeres trabaja, pero el 60% lo hace en el mercado informal. En el caso de los hombres es 85% y 50%, respectivamente. ¿Sigue creyendo que estamos en igualdad de condiciones?

El empoderamiento político es clave para acabar con la discriminación de género. La evidencia demuestra que la participación de la mujer en política mejora las políticas públicas en materia de educación, salud, nutrición, violencia y acceso a la justicia. Además, es importante para garantizar que la igualdad de género sea abordada por la sociedad en general, ya que son las mujeres en política quienes representan la voz de la mujer. Por ello la participación política de la mujer es crucial y aquí son los partidos políticos los llamados a actuar.

De acuerdo con el PNUD, las mujeres ocupan menos del 20% de escaños en los parlamentos del mundo. En el Perú son 28 de 130 o 21.5%. Es por ello que los partidos deben garantizar la participación de la mujer en puestos claves dentro de la organización política. La evidencia demuestra que cuando se imponen cuotas de género la participación de la mujer en política aumenta considerablemente y ello beneficia a las mujeres pobres y excluidas.

Me ha sorprendido leer la columna de un vocero fujimorista, quien sostiene que obligar a los partidos a implementar listas alternadas destruiría la "meritocracia" y ello es profundamente antidemocrático. Sin embargo, él apoya la eliminación del voto preferencial. ¿Que "meritocracia" hay en el voto por lista cerrada? ¿Quién se beneficia, el elector o la cúpula partidaria y sus amigotes? ¿A quién responderá ese congresista, a su cúpula o al elector? Espero, que esa no sea la posición de su lideresa.

Ídolos de barro

JDC ha sido suspendido del Congreso por 90 días. Como ya nos tiene acostumbrados la izquierda, él no acepta responsabilidad alguna. La responsabilidad es de los fujimoristas y de la Primera Dama, quien ha liderado un "operativo" en su contra.

JDC presentó un proyecto de ley que de convertirse en ley habría beneficiado económicamente a su exesposa, a su hija y a su exasesor. Aquí hay, cuando menos, un conflicto de interés muy serio. Y así sería si lo hubiese hecho Lourdes Flores, PPK o Keiko.

La izquierda, incluyendo a la JotaCe Patria Roja, ha salido a darle su apoyo. A acusar a terceros y librarlo de toda responsabilidad porque él es un luchador contra la corrupción, una víctima de una supuesta "venganza política". Este es un ardid de la derecha fáctica, el fujimorismo, el APRA y el gobierno de OH. Qué duda cabe que la izquierda le reconoce muchos méritos a JDC. Lamentable-mente, en este caso la acusación está probada y su responsabilidad también.

Por otro lado, hace unos días se hizo público el video en el que se oye a Gustavo Guerra García y a Juan Tapia en lo que parecería una colusión con los transportistas para diseñar las bases de la licitación de los corredores viales. La respuesta de la municipalidad es sostener que ellos han sido víctimas de una campaña de difamación. La alcaldesa, como hizo con el gerente de Seguridad Ciudadana, Gabriel Prado, luego del Jueves Negro en La Parada, les ha dado todo su apoyo.

Flaco favor se hace la izquierda al hacer espíritu de cuerpo y proteger por un lado a un ídolo de barro, y por el otro a engreídos de la alcaldesa. Durante muchos años nos hablaron de sus elevados valores, se constituyeron en la reserva moral del país y nos dijeron que ellos estaban por encima del bien y del mal. Sin embargo, no se dieron cuenta que no basta repetirlo mil veces, es necesario demostrarlo y llegado el momento actuar firmemente contra aquel que se desvíe del camino, separándolo de su puesto y sancionándolo. La moral no es propiedad exclusiva de la izquierda, de la caviarada ni del sector políticamente correcto. Sin embargo, ellos descalifican a fujimoristas y apristas por el hecho de serlo. Llegan incluso a sostener, como ha hecho Cotler que "el Movadef y el fujimorismo tienen un aire de familia" ¿Cómo vamos a lograr fortalecer partidos políticos si la izquierda está empeñada en hacernos creer que el fujimorismo es un partido fuera de la ley?

La izquierda no solo tiene derecho a participar en política, su participación es necesaria porque representa a un grupo de electores y ello fortalece la democracia. Yo, no votaré por ella, porque no soy una mujer de izquierdas, como les gusta decir. Pero no voy creando colectivos ni movimientos para impedir que determinados partidos democráticos participen en política. Lamentablemente, la izquierda peruana no se ha desprendido de su inclinación totalitaria, que fue la misma que les impidió marcar distancia de los grupos radicales.

No me vengan con cuentos

La izquierda está tratando de convencernos de que ellos se enfrentaron a Sendero y por eso tienen muertos, como María Elena Moyano. Ademas, Sinesio López ha sostenido que "Hay un aire de familia entre el Movadef, la DBA y el fujimorismo. Tienen el mismo ADN político, son hermanos-enemigos (..), tienen la misma estructura de pensamiento y su comportamiento político es parecido." (La República 8/11/12)

Aclaremos, algunos valientes políticos de izquierda se enfrentaron a Sendero. No la izquierda. Recordemos que en los ochentas, muchos como García Sayán, Tapia y JDC distinguían entre la lucha armada y el terrorismo. Para ellos, Sendero era Robin Hood, quien llegaba a salvar a los pobres y se enfrentaba a un sistema corrupto, creían que el fusil les ofrecía la posibilidad de romper ese sistema. Muchos admiraban a Sendero porque tenía el valor de llegar a la lucha armada. Valor que los señoritos de bien no tenían. En los noventas, como hoy, promovían la amnistía general.

En palabras de Edmundo Murrugarra (La República 11/9/11): "La mayor parte de la izquierda fue vacilante, confusa, contradictoria, por eso murió la izquierda, porque cuando SL nos declaró la guerra no hubo una posición clara de acabarlo. " Y es que la izquierda sostiene que en el Perú no hubo terrorismo sino una guerra interna. En otra entrevista, Murrugarra dijo que "el tema de la violencia política nunca ha sido asumido por el socialismo peruano. No se ha hecho un balance de lo que significa el fomento de la guerrilla particularmente en los pueblos indígenas donde miles fueron lanzados a la lucha por su liberación." (Socialismo Peruano Amauta 26/6/10)

En las grabaciones de la entrevista de Ciurlizza, asesor de García Sayán, con Abimael se le oye decir: "Vamos al tema de la solución política de los hombres de guerra. (...) Lo que el gobierno quiere es sentar las bases de una reconciliación nacional. (...) Yo concuerdo con que el tema pase por una solución política y ténganlo seguro que buena parte del gobierno también." Sobre la CVR diría: "Consideramos que la CVR puede ofrecer espacios [donde] ese tipo de soluciones se puedan plasmar".

Como ramo de olivo, García Sayán y su viceministro Jiménez Mayor promoverían la modificación de la política antiterrorista, la flexibilización del régimen carcelario, el final del aislamiento y los beneficios penitenciarios. Este nuevo régimen permitió la salida anticipada de terroristas y facilitó su comunicación y reorganización dentro y fuera de las cárceles. La CVR les dio la condición de Partido Político y al terrorismo la de guerra interna. Estas fueron las bases para la reconversión política de Sendero mediante la creación de Movadef.

Por ello no debería sorprendernos las declaraciones de Lerner, que Lynch reciba al Movadef y que el Canciller y el Premier lo consideren un tema menor. Lo que sorprende es que la izquierda crea que no tenemos memoria.

Sin reconocer su pasado y sin autocrítica, la izquierda demuestra cómo no ha madurado, como no está a la altura de un país que busca no olvidar su historia para no repetirla.

Viejos conocidos con viejos hábitos

El Movadef con pancartas y prensa se instaló frente a la Embajada del Perú en Buenos Aires. Sostuvieron que el gobierno peruano estaría violando sus derechos fundamentales al no permitirles inscribirse como partido político. Fueron recibidos por el embajador del Perú Nicolás Lynch. Un grupo más grande se reunió frente a la Embajada del Perú en México con pancartas pidiendo la liberación del preso político Abimael Guzmán. Jóvenes estudiantes del Movadef fueron recibidos en Argentina por las Madres de la Plaza de Mayo y por el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel.

En Chile, hicieron un plantón frente a la Embajada, el cónsul peruano les recibió una carta dirigida al presidente Humala. Sus pancartas pedían "Solución política, amnistía general y reconciliación nacional en el Perú." Además hicieron un plantón en la Plaza de Armas de Santiago por el día del Preso Político. Elena Yparraguirre desde Santa Mónica concedió una entrevista a The Economist. En Lima, interrumpieron la presentación de un libro sobre Abimael en el CC de la PUCP.

¿Cómo es que el grupo terrorista considerado el más sanguinario del mundo occidental de pronto tiene presencia internacional y es recibido por diplomáticos peruanos y premios Nobel? Esto es producto de la política implementada durante los gobiernos de los presidentes Paniagua y Toledo, de liberación de terroristas, de la modificación de la legislación antiterrorista y de la flexibilización de los regímenes penitenciarios. Esto es producto de una CVR ideologizada, cuyo objetivo no fue encontrar la verdad y reconciliar al país sino destruir al fujimorismo. Es responsabilidad de la campaña de las ONGs de DD.HH. lideradas por la CNDDHH y de la izquierda que con su versión de la guerra interna quisieron convencernos de que en el Perú se había aplicado terrorismo de Estado. Es producto de la Lima políticamente correcta que prefiere mirar al otro lado. ¿Quién asume hoy la responsabilidad?

¿Por qué la Embajada del Perú en Washington condecora a las principales activistas americanas de DD.HH. que junto con la CNDDHH se encargan de poner al Perú frente al establishment internacional como un violador de DD.HH?

Cuando la izquierda buscó acabar con el fujimorismo se encargó de crear la imagen internacional de una dictadura violadora de DD.HH. Sin querer (o tal vez queriendo) le hizo un favor a Sendero, quienes hoy pueden decir que como luchadores sociales fueron víctimas de un Estado terrorista, que sus DD.HH. fueron violentados y tienen fallos de la CIDH a su favor, indemnizaciones, presos políticos y hasta un monumento.

La paradoja es que el esfuerzo que hicimos como país para acabar con Sendero en los noventa quede catalogado como un esfuerzo dirigido por un Estado violador de DD.HH. mientras que los verdaderos violadores quedaran como las grandes víctimas.

Lamentablemente esta clase política, los grupos de la sociedad civil y esta Lima políticamente correcta es la que nos ha llevado a la situación en la que estamos, por eso dudo que ellos mismos sean capaces de sacarnos de ella. Viejos conocidos con viejos hábitos. Como diría González Prada, "¡los viejos a la tumba!"