Hace dos años Omar Chehade Moya, congresista de la Republica y renunciante vicepresidente del Perú, organizó una cena a la que convocó a varios generales PNP. A raíz de ello, su hermano Miguel fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad por haber querido presionar a la Policía para ejecutar el desalojo de la azucarera Andahuasi, favoreciendo al Grupo Wong. Chehade fue investigado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y salvado en la Comisión Permanente del Congreso con el voto de Yehude Simon. Gracias a ello, Chehade nunca fue investigado por el Poder Judicial.
Trece votos salvaron a Chehade de la acusación constitucional, además de los de GP, los de Perú Posible y Fernando Andrade de Somos Peru. En su momento, Yehude Simon justificó su apoyo a Chehade diciendo: "Este no es un juicio político sino de pasiones. Chehade tiene derecho a reivindicarse por un error político". Ahora que hay una sentencia que condena al hermano de Chehade, ¿Simon seguirá pensando lo mismo?
Todo esto es público y probablemente usted lo recuerde. La pregunta es: ¿por qué los ciudadanos no hacemos nada? Los congresistas llegan al poder porque nosotros votamos por ellos. Son reelegidos porque nosotros los reelegimos, y no rinden cuentas porque nosotros no se lo exigimos. ¿Es que estamos tan acostumbrados a la mediocridad, a la corrupción y a la mugre que ya ni nos indignamos?
Hoy Chehade preside la Comisión de Constitución y esta semana salió como leal escudero a tratar de distraer a la opinión publica del escándalo López Meneses con la propuesta de la Cámara de Senadores y la inmunidad vitalicia.
Pero tranquilo, hoy nos enteraremos de la verdad de Tilsa, aunque el "Loco" Vargas esté desesperado porque eso no suceda. ¡Next!
Escribo para enfrentar lo "políticamente correcto", que constituye el mayor lastre del Perú. No formo ni he formado parte de partido político alguno y digo solo aquello en lo que creo, independientemente de a quién le guste y a quién no. Creo que estas razones son las que hacen de la irreverencia una virtud.
sábado, 30 de noviembre de 2013
sábado, 23 de noviembre de 2013
Soy su hermano pero no sé nada
Resulta que un exoperador de Montesinos es encontrado con una seguridad digna del jefe del Servicio de Inteligencia. Nadie sabe nada.
Sin embargo, en cuestión de horas cayeron varios generales, un ministro y el asesor Villafuerte. Para el Presidente, esto es culpa de la corrupción de la Policía. Con un simple: este es un "bisnes privado" da por cerrado el tema. Los del "bisnes privado" limpiaron el "local" y solo dejaron un betamax. Léase: "¿se acuerdan de los videítos en la salita del SIN? Les adelanto el betamax y si se me portan mal suelto un par".
¿Por qué la sobrerreacción de la pareja presidencial? Si solo se trata de un "bisnes" de policías corruptos por qué cae Villafuerte? ¿Por qué el Presidente le dice basura a López Meneses? ¿Y el desplante a los militares en la juramentación de Albán? Puro circo. ¿Por qué Favre está en Lima?
El affaire López Meneses se suma a otras prácticas ilegales denunciadas previamente como el reglaje a Rospigliosi, el chuponeo y los oportunos audios hechos públicos por periodistas fujicaviares que extrañamente siempre perjudican a la oposición y benefician al gobierno. Cuidado, no vaya a ser que todas estas prácticas tengan un hilo conductor común y que uno de los extremos esté en manos de operadores del gobierno.
Alvarito jala orejas, Cateriano mira para otro lado, queriendo hacernos creer que él manda en Defensa. Albán se ajusta el fajín como si aquí no pasara nada. Rivas, Figallo y demás olvidan que hoy son el Ejecutivo, y por ello serán responsables de lo que se llegue a descubrir. En ese momento, la excusa de la decencia, las credenciales democráticas y el no haber sabido, poco valdrán.
Sin embargo, en cuestión de horas cayeron varios generales, un ministro y el asesor Villafuerte. Para el Presidente, esto es culpa de la corrupción de la Policía. Con un simple: este es un "bisnes privado" da por cerrado el tema. Los del "bisnes privado" limpiaron el "local" y solo dejaron un betamax. Léase: "¿se acuerdan de los videítos en la salita del SIN? Les adelanto el betamax y si se me portan mal suelto un par".
¿Por qué la sobrerreacción de la pareja presidencial? Si solo se trata de un "bisnes" de policías corruptos por qué cae Villafuerte? ¿Por qué el Presidente le dice basura a López Meneses? ¿Y el desplante a los militares en la juramentación de Albán? Puro circo. ¿Por qué Favre está en Lima?
El affaire López Meneses se suma a otras prácticas ilegales denunciadas previamente como el reglaje a Rospigliosi, el chuponeo y los oportunos audios hechos públicos por periodistas fujicaviares que extrañamente siempre perjudican a la oposición y benefician al gobierno. Cuidado, no vaya a ser que todas estas prácticas tengan un hilo conductor común y que uno de los extremos esté en manos de operadores del gobierno.
Alvarito jala orejas, Cateriano mira para otro lado, queriendo hacernos creer que él manda en Defensa. Albán se ajusta el fajín como si aquí no pasara nada. Rivas, Figallo y demás olvidan que hoy son el Ejecutivo, y por ello serán responsables de lo que se llegue a descubrir. En ese momento, la excusa de la decencia, las credenciales democráticas y el no haber sabido, poco valdrán.
sábado, 16 de noviembre de 2013
La adolescencia perdida
La evidencia empírica ha demostrado que la mejor política social para disminuir la desigualdad y equilibrar las oportunidades de los niños es la inversión en educación de calidad. Un niño que ha recibido una buena alimentación, que ha tenido acceso a servicios de salud y a educación de calidad, estará mejor preparado y tendrá mayores posibilidades de ser absorbido por el mercado laboral y lograr escapar de las trampas de la pobreza. La educación, a diferencia de otras intervenciones, es la única cuyos efectos no pueden perderse. Lo que una persona aprendió, lo llevará y podrá utilizarlo el resto de su vida.
Acceder a educación de calidad no solo es un derecho de los niños, sino que es además un deber de sus padres enviarlos al colegio y del Estado brindar esa educación.
En el Perú, solo 77% de los adolescentes entre los 12 y 17 años asiste al colegio. En las zonas rurales, solo el 67%. En Huánuco y Cajamarca, el 62%, mientras que en Loreto solo el 58%. Más aún, el 37% de los que asisten está atrasado, en grados inferiores a los que les corresponde. Según varios estudios, las adolescentes en pobreza tienden a faltar entre tres y cinco días al mes cuando están menstruando, por falta de acceso a toallas higiénicas y baños en sus colegios. Lo que se traduce en un promedio de 40 días al año perdidos por falta de infraestructura básica.
El embarazo adolescente constituye uno de los mayores problemas. El 13.5% de las adolescentes peruanas ya son madres o están embarazadas. Este es un problema grave, porque una adolescente embarazada tendrá más probabilidades de hacer abandono escolar, limitando su acceso a la educación y con ello sus posibilidades de escapar de las trampas de pobreza. Es además un problema de salud pública: una adolescente no está físicamente preparada para enfrentar el embarazo y parto. Es por ello que los embarazos de adolescentes son riesgosos y con un índice mayor de abortos y complicaciones durante el parto. Por ello, para reducir la mortalidad materna se recomienda retrasar el primer embarazo. Pero además los hijos de madres adolescentes tienen más probabilidades de nacer prematuros y tener bajo peso al nacer. Una madre adolescente es una niña criando un niño. Sabía que de acuerdo con el Código Civil la edad mínima para casare es de 18 años, pero con dispensa de un juez los adolescentes pueden contraer matrimonio a los 16. A esa edad, ninguno de los dos ha terminado la secundaria, pero además a esa edad una adolescente no está preparada para llevar un embarazo. Entonces, ¿por qué es que teniendo toda esta evidencia seguimos aceptando que adolescentes de 16 puedan casarse? ¿No sería mejor darles acceso a educación y servicios de salud sexual y reproductiva, y además a métodos anticonceptivos?
Los estudios han demostrado que el Perú no tiene capital humano para sustentar un mayor crecimiento económico. Necesitamos a los niños y adolescentes en los colegios, recibiendo educación, no en sus casas porque no tienen acceso a toallas higiénicas ni baños ni tampoco en los hospitales dando a luz.
Acceder a educación de calidad no solo es un derecho de los niños, sino que es además un deber de sus padres enviarlos al colegio y del Estado brindar esa educación.
En el Perú, solo 77% de los adolescentes entre los 12 y 17 años asiste al colegio. En las zonas rurales, solo el 67%. En Huánuco y Cajamarca, el 62%, mientras que en Loreto solo el 58%. Más aún, el 37% de los que asisten está atrasado, en grados inferiores a los que les corresponde. Según varios estudios, las adolescentes en pobreza tienden a faltar entre tres y cinco días al mes cuando están menstruando, por falta de acceso a toallas higiénicas y baños en sus colegios. Lo que se traduce en un promedio de 40 días al año perdidos por falta de infraestructura básica.
El embarazo adolescente constituye uno de los mayores problemas. El 13.5% de las adolescentes peruanas ya son madres o están embarazadas. Este es un problema grave, porque una adolescente embarazada tendrá más probabilidades de hacer abandono escolar, limitando su acceso a la educación y con ello sus posibilidades de escapar de las trampas de pobreza. Es además un problema de salud pública: una adolescente no está físicamente preparada para enfrentar el embarazo y parto. Es por ello que los embarazos de adolescentes son riesgosos y con un índice mayor de abortos y complicaciones durante el parto. Por ello, para reducir la mortalidad materna se recomienda retrasar el primer embarazo. Pero además los hijos de madres adolescentes tienen más probabilidades de nacer prematuros y tener bajo peso al nacer. Una madre adolescente es una niña criando un niño. Sabía que de acuerdo con el Código Civil la edad mínima para casare es de 18 años, pero con dispensa de un juez los adolescentes pueden contraer matrimonio a los 16. A esa edad, ninguno de los dos ha terminado la secundaria, pero además a esa edad una adolescente no está preparada para llevar un embarazo. Entonces, ¿por qué es que teniendo toda esta evidencia seguimos aceptando que adolescentes de 16 puedan casarse? ¿No sería mejor darles acceso a educación y servicios de salud sexual y reproductiva, y además a métodos anticonceptivos?
Los estudios han demostrado que el Perú no tiene capital humano para sustentar un mayor crecimiento económico. Necesitamos a los niños y adolescentes en los colegios, recibiendo educación, no en sus casas porque no tienen acceso a toallas higiénicas ni baños ni tampoco en los hospitales dando a luz.
sábado, 9 de noviembre de 2013
Un tanto de Cristo
El Che es la representación suprema de la rebeldía y de la consecuencia. Porque es eternamente bello, eternamente joven, eternamente rebelde. Su imagen se ha convertido en la representación de un cierto tipo de guerrillero, envuelto en un halo romántico. Muchos años después, sigo perturbada por ese rostro que, aun cuando nadie quiera admitirlo, tiene un tanto de Cristo y un tanto de Rimbaud.
Sin duda admirar al Che, asesino confeso, forma parte de la libertad individual. Escribir sobre esa admiración es libertad de expresión. Pero que quien considera que el rostro del Che tiene un tanto de Cristo y otro de Rimbaud sea la autoproclamada defensora de los DD.HH., ocasiona, cuando menos, una sonrisa sarcástica. Que todas las personas tienen DD.HH., sin importar si se trata de terroristas, militares o civiles, es un hecho incuestionable. Que quien viole los DD.HH. de cualquier persona debe ser sancionado, no está en discusión. Lo que está en discusión es que permitamos que la izquierda, aquella que participó en la dictadura de Velasco, que durante los ochenta admiró –y en algunos casos defendió– la lucha armada, en los noventa trabajó en el gobierno de Fujimori –directamente o a través de ONGs– y que desde la caída del fujimorismo emprendió una cacería de brujas contra todo aquel que no hubiese renegado del Chino, y que encima admira al Che, sea la abanderada de los DD.HH. Sobre todo considerando que son ellos los que niegan los DD.HH de los militares y policías que se jugaron por cada uno de los peruanos en el monte durante la época del terrorismo. Y lo siguen haciendo hoy en el VRAEM. ¿Quién defiende los DD.HH. de los hijos de los militares asesinados por Sendero? ¿Es que la defensa de los DD.HH. depende de quién haya sido el que los violó? ¿Es que los estudiantes de La Cantuta tienen más DD.HH. que los Húsares de Junín que viajaban en el ómnibus que dinamitó Sendero? ¿O tal vez más que el empresario David Ballón, asesinado después de 5 meses encerrado bajo tierra en las cárceles del pueblo del MRTA? ¿Es que el emerretista "Tito" tiene más DD.HH. que los comandos Valer y Jiménez? ¿Qué pasa con los hijos de María Elena Moyano, que saben que los asesinos de su madre están libres? A ellos nadie los lleva a la CIDH. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué? Hágame un favor y regrese a la noche del 16 de julio de 1992, cuando escuchó las bombas que destruyeron Tarata. ¿Se acuerda qué fue lo que pensó qué debíamos hacer con los terrucos?
Esa izquierda que dejó pasar por alto las acusaciones sobre Madre Mía con tal de impedir que Keiko ganara las elecciones. Que decidió cambiar la historia sobre la muerte de Pedro Huilca, cuando ese crimen ya había sido reconocido por Sendero. Que nos dice que está probado que los estudiantes y el profesor no eran terroristas, cuando en realidad, más allá de la presunción de inocencia, hay indicios sobre lo contrario. Esa izquierda que ha decidido olvidar y esconder su participación en la dictadura de Velasco. Una verdadera dictadura, con tanques, botas y sin libertades civiles ni poderes más que el del General.
¿Ellos son los defensores de los DD.HH.? ¿Por qué?
Si tuviese la posibilidad de regresar en el tiempo, desearía que Vargas Llosa hubiese ganado las elecciones en 1990. Y me gustaría ver si en su gobierno no hubiese habido Colina, violaciones de DD.HH. ni desapariciones forzadas. Sobre todo considerando que ellas existieron en el cogobierno Belaunde-PPC (1980-1985) y en el de García (1985-1990). ¿Y ahí qué diría el Marqués?
Rocío Silva Santisteban
Sin duda admirar al Che, asesino confeso, forma parte de la libertad individual. Escribir sobre esa admiración es libertad de expresión. Pero que quien considera que el rostro del Che tiene un tanto de Cristo y otro de Rimbaud sea la autoproclamada defensora de los DD.HH., ocasiona, cuando menos, una sonrisa sarcástica. Que todas las personas tienen DD.HH., sin importar si se trata de terroristas, militares o civiles, es un hecho incuestionable. Que quien viole los DD.HH. de cualquier persona debe ser sancionado, no está en discusión. Lo que está en discusión es que permitamos que la izquierda, aquella que participó en la dictadura de Velasco, que durante los ochenta admiró –y en algunos casos defendió– la lucha armada, en los noventa trabajó en el gobierno de Fujimori –directamente o a través de ONGs– y que desde la caída del fujimorismo emprendió una cacería de brujas contra todo aquel que no hubiese renegado del Chino, y que encima admira al Che, sea la abanderada de los DD.HH. Sobre todo considerando que son ellos los que niegan los DD.HH de los militares y policías que se jugaron por cada uno de los peruanos en el monte durante la época del terrorismo. Y lo siguen haciendo hoy en el VRAEM. ¿Quién defiende los DD.HH. de los hijos de los militares asesinados por Sendero? ¿Es que la defensa de los DD.HH. depende de quién haya sido el que los violó? ¿Es que los estudiantes de La Cantuta tienen más DD.HH. que los Húsares de Junín que viajaban en el ómnibus que dinamitó Sendero? ¿O tal vez más que el empresario David Ballón, asesinado después de 5 meses encerrado bajo tierra en las cárceles del pueblo del MRTA? ¿Es que el emerretista "Tito" tiene más DD.HH. que los comandos Valer y Jiménez? ¿Qué pasa con los hijos de María Elena Moyano, que saben que los asesinos de su madre están libres? A ellos nadie los lleva a la CIDH. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué? Hágame un favor y regrese a la noche del 16 de julio de 1992, cuando escuchó las bombas que destruyeron Tarata. ¿Se acuerda qué fue lo que pensó qué debíamos hacer con los terrucos?
Esa izquierda que dejó pasar por alto las acusaciones sobre Madre Mía con tal de impedir que Keiko ganara las elecciones. Que decidió cambiar la historia sobre la muerte de Pedro Huilca, cuando ese crimen ya había sido reconocido por Sendero. Que nos dice que está probado que los estudiantes y el profesor no eran terroristas, cuando en realidad, más allá de la presunción de inocencia, hay indicios sobre lo contrario. Esa izquierda que ha decidido olvidar y esconder su participación en la dictadura de Velasco. Una verdadera dictadura, con tanques, botas y sin libertades civiles ni poderes más que el del General.
¿Ellos son los defensores de los DD.HH.? ¿Por qué?
Si tuviese la posibilidad de regresar en el tiempo, desearía que Vargas Llosa hubiese ganado las elecciones en 1990. Y me gustaría ver si en su gobierno no hubiese habido Colina, violaciones de DD.HH. ni desapariciones forzadas. Sobre todo considerando que ellas existieron en el cogobierno Belaunde-PPC (1980-1985) y en el de García (1985-1990). ¿Y ahí qué diría el Marqués?
sábado, 2 de noviembre de 2013
Juan Jimenez Mayor y sus calatos
En las últimas semanas varias ONG de izquierda, representadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Rocío Silva, han tratado de utilizar al pueblo nahua para impulsar su agenda contra la inversión privada y el Lote 88. Ayer, Aidesep, la CNDDHH y DAR se presentaron ante la CIDH para informar acerca de la situación de los DDHH de los pueblos en contacto inicial y aislamiento de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti. Muy diligentes presentaron videos y fotos de los avistamientos de los no-contactados: mashco-piros que pertenecen a Madre de Dios y no tienen nada que hacer con el Lote 88.
Los nahua no son no-contactados, ellos se convirtieron en pueblo en contacto inicial en 1984 y hoy son un pueblo asentado. Ellos llegaron a Lima buscando ser escuchados. Resulta que existe un fondo creado por el Consorcio Camisea, en virtud a un convenio firmado con la comunidad que desde el 2001 está en "custodia" del organismo estatal de turno (hoy el VM Interculturalidad) al que, por razones burocráticas, no tienen acceso. Los nahua no se oponen a la inversión privada, ellos quieren beneficiarse del desarrollo.
En Lima se contactaron con el Viceministerio de Interculturalidad para que a través del Estado se les permita participar en la audiencia ante la CIDH. El Estado los ignoró. Sin embargo, llegaron a Washington, a la CIDH y se sentaron en la primera fila, frente a los comisionados. Rocío Silva no solo no los miró sino que en su presentación fue incapaz de informarle a la CIDH que los nahua, a quienes las ONG dicen defender y a quienes llaman "calatos" tenían ropa, pasaporte y estaban en la audiencia listos para ser escuchados y defender ellos mismos sus derechos e intereses.
¿Sabe qué hizo el Estado peruano? Una presentación vergonzosa, sumisa, de cabeza gacha, incapaz de defender los intereses del país. Un representante del Viceministerio de Interculturalidad con una presentación mediocre. Un procurador supranacional incapaz de decir que los nahua estaban ahí para ser escuchados y una representante del MEM, a quien al preguntarle por qué no habían presentado a los nahua y por qué permitían que la CNDDHH presentara fotos de mashco-piros confundiendo a la CIDH, no supo qué decir. Esa es la mediocre defensa del Estado peruano. Un país de ingreso medio-alto. ¡La vedette de Latinoamérica!
¿Por qué el expremier Jiménez y su ministro de Justicia no se preocuparon en recibir a los nahua y en reconocer el esfuerzo que estaban haciendo al viajar a Lima y luego a Washington? ¿Por qué el Estado no los apoya en la defensa de sus derechos y de la inversión privada? ¿Sabe por qué? Porque la caviarada y las ONG de izquierda vienen de las mismas canteras y tienen el mismo "bisnes". Es imperdonable que los nahua hayan llegado a Washington y el Estado no los haya acogido ni apoyado. Es imperdonable que los ministros se preocupen más en filtrar fotos de un expresidente del Perú, viejo, enfermo y calato. Esta es una muestra de la mediocre administración del presidente Humala y del legado de Juan Jiménez Mayor.
Los nahua no son no-contactados, ellos se convirtieron en pueblo en contacto inicial en 1984 y hoy son un pueblo asentado. Ellos llegaron a Lima buscando ser escuchados. Resulta que existe un fondo creado por el Consorcio Camisea, en virtud a un convenio firmado con la comunidad que desde el 2001 está en "custodia" del organismo estatal de turno (hoy el VM Interculturalidad) al que, por razones burocráticas, no tienen acceso. Los nahua no se oponen a la inversión privada, ellos quieren beneficiarse del desarrollo.
En Lima se contactaron con el Viceministerio de Interculturalidad para que a través del Estado se les permita participar en la audiencia ante la CIDH. El Estado los ignoró. Sin embargo, llegaron a Washington, a la CIDH y se sentaron en la primera fila, frente a los comisionados. Rocío Silva no solo no los miró sino que en su presentación fue incapaz de informarle a la CIDH que los nahua, a quienes las ONG dicen defender y a quienes llaman "calatos" tenían ropa, pasaporte y estaban en la audiencia listos para ser escuchados y defender ellos mismos sus derechos e intereses.
¿Sabe qué hizo el Estado peruano? Una presentación vergonzosa, sumisa, de cabeza gacha, incapaz de defender los intereses del país. Un representante del Viceministerio de Interculturalidad con una presentación mediocre. Un procurador supranacional incapaz de decir que los nahua estaban ahí para ser escuchados y una representante del MEM, a quien al preguntarle por qué no habían presentado a los nahua y por qué permitían que la CNDDHH presentara fotos de mashco-piros confundiendo a la CIDH, no supo qué decir. Esa es la mediocre defensa del Estado peruano. Un país de ingreso medio-alto. ¡La vedette de Latinoamérica!
¿Por qué el expremier Jiménez y su ministro de Justicia no se preocuparon en recibir a los nahua y en reconocer el esfuerzo que estaban haciendo al viajar a Lima y luego a Washington? ¿Por qué el Estado no los apoya en la defensa de sus derechos y de la inversión privada? ¿Sabe por qué? Porque la caviarada y las ONG de izquierda vienen de las mismas canteras y tienen el mismo "bisnes". Es imperdonable que los nahua hayan llegado a Washington y el Estado no los haya acogido ni apoyado. Es imperdonable que los ministros se preocupen más en filtrar fotos de un expresidente del Perú, viejo, enfermo y calato. Esta es una muestra de la mediocre administración del presidente Humala y del legado de Juan Jiménez Mayor.
sábado, 26 de octubre de 2013
El ombligo del mundo
El plazo para que los países cumplan las metas del milenio está cerca de cumplirse y ya se está discutiendo cuál será la agenda post 2015. La erradicación de la violencia contra la mujer está siendo considerada como una de las nuevas metas.
La violencia de género es la mayor forma de discriminación contra la mujer. No es cosa de mujeres ni pertenece al ámbito privado. La violencia contra la mujer afecta a toda la sociedad y es reconocida como un problema de salud pública. Esto no solo por los costos que genera al Estado en servicios de salud, sino además porque sus efectos se extienden a través de generaciones. La exposición de un niño a la violencia en contra de su madre es uno de los mayores factores de riesgo para que ese niño sea violento cuando crezca.
La OMS calcula que 35% de mujeres en el mundo ha sufrido violencia de género. En el Perú, el 69% de mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas. La primera experiencia sexual del 24% de mujeres rurales fue forzada. El 23% de mujeres en Lima y 47% en Cusco han sido forzadas por sus parejas a tener sexo. ¿Sabía que entre 2010 y 2012 ha habido un aumento de 61% de denuncias por violación sexual en el Perú? Tenemos un congresista denunciado por haber violado a su asesora, un expresidente con denuncias por violencia doméstica y sus sobrinos por violencia sexual. Y aquí no pasa nada.
En lo que va del año se han presentado 32 denuncias de desaparición de menores en Piura. El 90% de casos está vinculado a la explotación sexual. Según un informe del Ministerio del Interior, entre 2011 y 2013 se reportaron 2000 víctimas. De ellas 840 eran niñas o adolescentes. ¿Cuántas adolescentes son prostituidas por sus madrinas en los puertos de Pucallpa? ¿Cuántas más son víctimas de explotación sexual en los campamentos de los mineros ilegales? ¿Cuántas en los prostíbulos del Perú?
¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno para reducir la incidencia de casos de violencia contra la mujer? Para eliminar la violencia contra la mujer no es suficiente atender a las sobrevivientes. Se necesitan programas de prevención, incluir a hombres y adolescentes en la discusión y ser firmes como sociedad en rechazar la violencia contra la mujer. La impunidad y la aceptación impiden su erradicación. La violencia contra la mujer es un delito que no se justifica en ningún supuesto. Ni el maltrato sicológico, ni el físico, ni el sexual.
Y a pesar de que el Perú es uno de los países con mayor incidencia de violencia contra la mujer, la lideresa política que encabeza las encuestas no solo no tiene una agenda de género, sino que además decidió infelizmente atacar las pocas medidas de género del presidente Humala para cuestionar la eficiencia de su gobierno. El Perú siempre ha tenido el complejo de creerse el ombligo del mundo, sería bueno que comenzáramos a mirar la agenda de la política pública internacional a ver si aprendemos algo.
La violencia de género es la mayor forma de discriminación contra la mujer. No es cosa de mujeres ni pertenece al ámbito privado. La violencia contra la mujer afecta a toda la sociedad y es reconocida como un problema de salud pública. Esto no solo por los costos que genera al Estado en servicios de salud, sino además porque sus efectos se extienden a través de generaciones. La exposición de un niño a la violencia en contra de su madre es uno de los mayores factores de riesgo para que ese niño sea violento cuando crezca.
La OMS calcula que 35% de mujeres en el mundo ha sufrido violencia de género. En el Perú, el 69% de mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas. La primera experiencia sexual del 24% de mujeres rurales fue forzada. El 23% de mujeres en Lima y 47% en Cusco han sido forzadas por sus parejas a tener sexo. ¿Sabía que entre 2010 y 2012 ha habido un aumento de 61% de denuncias por violación sexual en el Perú? Tenemos un congresista denunciado por haber violado a su asesora, un expresidente con denuncias por violencia doméstica y sus sobrinos por violencia sexual. Y aquí no pasa nada.
En lo que va del año se han presentado 32 denuncias de desaparición de menores en Piura. El 90% de casos está vinculado a la explotación sexual. Según un informe del Ministerio del Interior, entre 2011 y 2013 se reportaron 2000 víctimas. De ellas 840 eran niñas o adolescentes. ¿Cuántas adolescentes son prostituidas por sus madrinas en los puertos de Pucallpa? ¿Cuántas más son víctimas de explotación sexual en los campamentos de los mineros ilegales? ¿Cuántas en los prostíbulos del Perú?
¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno para reducir la incidencia de casos de violencia contra la mujer? Para eliminar la violencia contra la mujer no es suficiente atender a las sobrevivientes. Se necesitan programas de prevención, incluir a hombres y adolescentes en la discusión y ser firmes como sociedad en rechazar la violencia contra la mujer. La impunidad y la aceptación impiden su erradicación. La violencia contra la mujer es un delito que no se justifica en ningún supuesto. Ni el maltrato sicológico, ni el físico, ni el sexual.
Y a pesar de que el Perú es uno de los países con mayor incidencia de violencia contra la mujer, la lideresa política que encabeza las encuestas no solo no tiene una agenda de género, sino que además decidió infelizmente atacar las pocas medidas de género del presidente Humala para cuestionar la eficiencia de su gobierno. El Perú siempre ha tenido el complejo de creerse el ombligo del mundo, sería bueno que comenzáramos a mirar la agenda de la política pública internacional a ver si aprendemos algo.
sábado, 19 de octubre de 2013
Welcome to Peru...
...uno de los países más desiguales del mundo, donde 1.6 millones de niños son pobres multidimensionales. De ellos, 768,205 menores de 5 años no tienen acceso a centros de educación inicial ni guardería, limitando su desarrollo temprano. 571,409 de entre 6 a 17 años de la Sierra y Selva no van al colegio. En el 2012, 458,136 niños dejaron de asistir al colegio, en el 33% de los casos por razones económicas. 166,928 adolescentes mujeres de entre 12 a 17 años han abandonado el colegio, limitando considerablemente sus posibilidades de escapar de la pobreza. Esta es la verdadera pobreza. ¿O cree que porque un canillita saque más de $2 al día ha dejado de ser pobre?
El gobierno del presidente Humala y su bandera de la inclusión social, con Carolina Trivelli a la cabeza de los programas sociales, poco hizo para llegar a los pobres multidimensionales. El primer error es que el Estado sigue usando mapas de pobreza monetaria. ¿Sabe por qué? Porque esas cifras son más bonitas, más convenientes, le exigen menos esfuerzo al Estado y dejan mejor parado al Perú y sus gobernantes. Pero poco dicen de la realidad en la que vive uno de cada tres peruanos. Las cifras oficiales dicen que hay 7.8 millones de pobres (25.8%) que viven con menos de $2 al día, pero si usamos el índice de pobreza multidimensional hay 11.1 millones de pobres (36.6%). Ahora, hágame un favor y póngale caras a esas cifras.
Tomemos Qali Warma, programa diseñado por Trivelli, la estrellita de la inclusión social. Casi un millón de niños peruanos viven en hogares con déficit calórico, esto es que no se alimentan bien. En Huancavelica, el 51.3% de los niños sufre de desnutrición crónica. Un gobierno eficiente debería concentrar el gasto en lugares como Huancavelica, para atacar directamente el problema de la desnutrición beneficiando a quienes más lo necesitan. Sin embargo, el estudio de Enrique Vásquez encontró que las regiones con mayor número de niños de 6 a 11 años, en cuyos hogares había déficit calórico, no recibían un mayor gasto por escolar y sin embargo en Tumbes donde hay menos pobreza el gasto social es mayor. Mala focalización, el dinero no llega a los más necesitados. Pero no solo eso, ¿sabía usted que 31% de los recursos fueron adjudicados a proveedores que no tenían experiencia en el sector alimentos? Entonces, ¿por qué nos sorprendemos de la cantidad de niños intoxicados?
¿Cómo Trivelli puede sostener que el problema no es de Qali Warma cuando estamos viendo las fallas en el diseño, implementación y focalización? ¿Dónde está la responsabilidad del Estado y sus funcionarios? Si como ciudadanos no les exigimos a las autoridades rendir cuentas, ¿cómo pretendemos tener un Estado eficiente? ¿No le importan los pobres? Hágalo, porque Trivelli y sus programas sociales son financiados con el dinero de todos que sale de nuestros bolsillos y que, en lugar de intoxicar niños, debería ser usado para alimentarlos y ayudarlos a desarrollar sus capacidades, lo que en el futuro les permitirá escapar de las trampas de la pobreza. Ese es el objetivo de un programa social bien diseñado.
El gobierno del presidente Humala y su bandera de la inclusión social, con Carolina Trivelli a la cabeza de los programas sociales, poco hizo para llegar a los pobres multidimensionales. El primer error es que el Estado sigue usando mapas de pobreza monetaria. ¿Sabe por qué? Porque esas cifras son más bonitas, más convenientes, le exigen menos esfuerzo al Estado y dejan mejor parado al Perú y sus gobernantes. Pero poco dicen de la realidad en la que vive uno de cada tres peruanos. Las cifras oficiales dicen que hay 7.8 millones de pobres (25.8%) que viven con menos de $2 al día, pero si usamos el índice de pobreza multidimensional hay 11.1 millones de pobres (36.6%). Ahora, hágame un favor y póngale caras a esas cifras.
Tomemos Qali Warma, programa diseñado por Trivelli, la estrellita de la inclusión social. Casi un millón de niños peruanos viven en hogares con déficit calórico, esto es que no se alimentan bien. En Huancavelica, el 51.3% de los niños sufre de desnutrición crónica. Un gobierno eficiente debería concentrar el gasto en lugares como Huancavelica, para atacar directamente el problema de la desnutrición beneficiando a quienes más lo necesitan. Sin embargo, el estudio de Enrique Vásquez encontró que las regiones con mayor número de niños de 6 a 11 años, en cuyos hogares había déficit calórico, no recibían un mayor gasto por escolar y sin embargo en Tumbes donde hay menos pobreza el gasto social es mayor. Mala focalización, el dinero no llega a los más necesitados. Pero no solo eso, ¿sabía usted que 31% de los recursos fueron adjudicados a proveedores que no tenían experiencia en el sector alimentos? Entonces, ¿por qué nos sorprendemos de la cantidad de niños intoxicados?
¿Cómo Trivelli puede sostener que el problema no es de Qali Warma cuando estamos viendo las fallas en el diseño, implementación y focalización? ¿Dónde está la responsabilidad del Estado y sus funcionarios? Si como ciudadanos no les exigimos a las autoridades rendir cuentas, ¿cómo pretendemos tener un Estado eficiente? ¿No le importan los pobres? Hágalo, porque Trivelli y sus programas sociales son financiados con el dinero de todos que sale de nuestros bolsillos y que, en lugar de intoxicar niños, debería ser usado para alimentarlos y ayudarlos a desarrollar sus capacidades, lo que en el futuro les permitirá escapar de las trampas de la pobreza. Ese es el objetivo de un programa social bien diseñado.
sábado, 12 de octubre de 2013
Pregunte por qué
Hasta hace poco una mujer andina embarazada dudaba en acercarse al centro médico. Tenía miedo, el doctor no habla quechua, no la trata bien. Para dar a luz, la quieren echar en una camilla. Por eso, sin importar la inversión del Estado en caminos y hospitales, el número de mujeres que tenía un parto institucionalizado no aumentaba.
La evidencia demuestra que las mujeres víctimas de violencia domestica tienen menos probabilidades de acceder a cuidado prenatal y mayores probabilidades de sufrir un aborto. Sus hijos tienen mayores probabilidades de sufrir de desnutrición.
Un adolescente que a los 15 años se encuentra en primero de secundaria, tiene la autoestima baja, no entiende, se aburre. Está avergonzado. Entonces, abandona el colegio, limitando sus oportunidades.
Cuando una empleada doméstica baja a la playa con uniforme a cuidar niños, ¿es porque no siente calor? La respuesta de los patrones suele ser: "no se siente cómoda en ropa de baño". ¿No se siente cómoda, o las barreras sociales que le han sido impuestas le impiden sentirse cómoda?
La exclusión no es sinónimo de pobreza. Se puede pertenecer a la clase media y estar excluido. Un ejemplo son los homosexuales, quienes son agredidos físicamente por el solo hecho de serlo. ¿Cuántos no revelan su identidad sexual por miedo a perder el trabajo?
La exclusión social le impide a distintos grupos de personas participar activamente en el desarrollo económico, social y político del país. En los últimos años hemos visto manifestaciones alrededor del mundo donde grupos excluidos se levantan y demandan al Estado desde mejores servicios hasta el fin de privilegios. Un estudio reciente muestra cómo en los años que antecedieron a la primavera árabe, el coeficiente de Gini, que mide la inequidad en el ingreso, se había reducido en Egipto. La explicación no es económica.
El Banco Mundial acaba de publicar el reporte sobre Inclusión Social: "Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity" que demuestra la importancia de que todos los ciudadanos puedan participar en los mercados, servicios y espacios políticos, sociales y culturales. El reporte encuentra grupos excluidos en todos los países, sin importar si son desarrollados o no, o si son democracias o no.
Una mujer quechua en Bolivia tiene 28% menos probabilidades de terminar la secundaria que un hombre blanco. La exclusión social tiene consecuencias económicas para un país ya que limita la participación de grupos en los mercados, su acceso al empleo formal y el desarrollo de capital humano. La raza y el color de la piel son también causas de exclusión. ¿Ha visto en los periódicos anuncios de empleo que piden personas de "tez clara"? La exclusión social en el acceso al mercado laboral se demuestra por la diferencia en los ingresos entre los grupos privilegiados y los excluidos. En el Perú un hogar no-indígena tiene ingresos laborales que casi doblan a los de un hogar indígena.
Un país donde sigan existiendo categorías distintas de ciudadanos es inviable, sin importar el crecimiento económico que experimente. Lograr la inclusión social solo es posible con el diagnóstico correcto: preguntando el por qué de la exclusión.
La evidencia demuestra que las mujeres víctimas de violencia domestica tienen menos probabilidades de acceder a cuidado prenatal y mayores probabilidades de sufrir un aborto. Sus hijos tienen mayores probabilidades de sufrir de desnutrición.
Un adolescente que a los 15 años se encuentra en primero de secundaria, tiene la autoestima baja, no entiende, se aburre. Está avergonzado. Entonces, abandona el colegio, limitando sus oportunidades.
Cuando una empleada doméstica baja a la playa con uniforme a cuidar niños, ¿es porque no siente calor? La respuesta de los patrones suele ser: "no se siente cómoda en ropa de baño". ¿No se siente cómoda, o las barreras sociales que le han sido impuestas le impiden sentirse cómoda?
La exclusión no es sinónimo de pobreza. Se puede pertenecer a la clase media y estar excluido. Un ejemplo son los homosexuales, quienes son agredidos físicamente por el solo hecho de serlo. ¿Cuántos no revelan su identidad sexual por miedo a perder el trabajo?
La exclusión social le impide a distintos grupos de personas participar activamente en el desarrollo económico, social y político del país. En los últimos años hemos visto manifestaciones alrededor del mundo donde grupos excluidos se levantan y demandan al Estado desde mejores servicios hasta el fin de privilegios. Un estudio reciente muestra cómo en los años que antecedieron a la primavera árabe, el coeficiente de Gini, que mide la inequidad en el ingreso, se había reducido en Egipto. La explicación no es económica.
El Banco Mundial acaba de publicar el reporte sobre Inclusión Social: "Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity" que demuestra la importancia de que todos los ciudadanos puedan participar en los mercados, servicios y espacios políticos, sociales y culturales. El reporte encuentra grupos excluidos en todos los países, sin importar si son desarrollados o no, o si son democracias o no.
Una mujer quechua en Bolivia tiene 28% menos probabilidades de terminar la secundaria que un hombre blanco. La exclusión social tiene consecuencias económicas para un país ya que limita la participación de grupos en los mercados, su acceso al empleo formal y el desarrollo de capital humano. La raza y el color de la piel son también causas de exclusión. ¿Ha visto en los periódicos anuncios de empleo que piden personas de "tez clara"? La exclusión social en el acceso al mercado laboral se demuestra por la diferencia en los ingresos entre los grupos privilegiados y los excluidos. En el Perú un hogar no-indígena tiene ingresos laborales que casi doblan a los de un hogar indígena.
Un país donde sigan existiendo categorías distintas de ciudadanos es inviable, sin importar el crecimiento económico que experimente. Lograr la inclusión social solo es posible con el diagnóstico correcto: preguntando el por qué de la exclusión.
sábado, 5 de octubre de 2013
¿La sociedad civil o la sociedad privilegiada?
En las últimas semanas hemos sido testigos de una acción colectiva iniciada por la "sociedad civil" contra las famosas fotopapeletas. A diferencia de los mineros ilegales y la CGTP que salen con palos y piedras a tomar calles, los organizadores de la acción colectiva contra las fotopapeletas no usaron la violencia. Usaron simplemente su acceso al poder.
Veamos las similitudes que existen entre los mineros ilegales y los organizadores de la acción colectiva contra las fotopapeletas:
1. Ambos grupos cuestionan la autoridad del Estado para poner orden en una situación donde existe caos, desorden, ilegalidad e informalidad. No olvidemos que las papeletas son producto de la violación de normas de tránsito.
2. Ambos grupos esgrimen como pretexto para sus protestas el abuso del Estado y los altos costos de transacción que el Estado impone, ya sea para formalizar la concesión minera, o para cumplir con una regla de tránsito.
3. Ambos grupos congregan gente con capacidad y recursos de organización.
4. Ambos grupos son privilegiados. Por un lado, los mineros ilegales están defendiendo una renta del Estado y por el otro el privilegio de circular por la calle a la velocidad que quieran sin que la Policía los sancione.
¿Por qué estos grupos que representan a una minoría de ciudadanos (las fotopapeletas tienen 43,000 'Me gusta" en Facebook) tienen la capacidad de hacer que el Estado escuche su "voz"? ¿Qué es lo que sucede con las millones de personas que viven en Lima y circulan en transporte público? ¿Es que acaso ellos no tienen la posibilidad de que el Estado escuche sus reclamos por el exceso de velocidad y la inseguridad del transporte? ¿Y los millones que viven en comunidades y que se ven afectados por la deforestación y la contaminación producida por la minería ilegal?
La sociedad civil llegó hasta el ministro del Interior, a la Comisión de Transporte y a la de Defensa del Consumidor. Atacando a policías y sosteniendo que eran corruptos logró que el ministro recule. Cosa que en este gobierno no es muy difícil, pero que es una muestra de la absoluta debilidad institucional del país y de la falta de cohesión política. Una sociedad antiweberiana, donde las leyes solo se aplican para aquellos que no tienen poder económico ni acceso al poder político y mediático.
Los ciudadanos no entienden que hay un vínculo directo entre las autoridades políticas que llevan al poder y el desarrollo del país. Lima es un caos, pero usted votó por la tía bacán y luego por el No a la Revocatoria. Este es el resultado. Cuando se elige a una autoridad se le da el poder de llevar la voz de los ciudadanos y de representarlos, y por ello se le debe exigir rendir cuentas. Pero, no hay incentivos para hacerlo. La revocatoria era uno, ¿pero se acuerda que nos dijeron que era "por la institucionalidad"?
En un país con debilidad institucional, sin cohesión política para que los ciudadanos logren ser escuchados hay dos opciones, o usar la violencia o los privilegios del acceso al poder.
Veamos las similitudes que existen entre los mineros ilegales y los organizadores de la acción colectiva contra las fotopapeletas:
1. Ambos grupos cuestionan la autoridad del Estado para poner orden en una situación donde existe caos, desorden, ilegalidad e informalidad. No olvidemos que las papeletas son producto de la violación de normas de tránsito.
2. Ambos grupos esgrimen como pretexto para sus protestas el abuso del Estado y los altos costos de transacción que el Estado impone, ya sea para formalizar la concesión minera, o para cumplir con una regla de tránsito.
3. Ambos grupos congregan gente con capacidad y recursos de organización.
4. Ambos grupos son privilegiados. Por un lado, los mineros ilegales están defendiendo una renta del Estado y por el otro el privilegio de circular por la calle a la velocidad que quieran sin que la Policía los sancione.
¿Por qué estos grupos que representan a una minoría de ciudadanos (las fotopapeletas tienen 43,000 'Me gusta" en Facebook) tienen la capacidad de hacer que el Estado escuche su "voz"? ¿Qué es lo que sucede con las millones de personas que viven en Lima y circulan en transporte público? ¿Es que acaso ellos no tienen la posibilidad de que el Estado escuche sus reclamos por el exceso de velocidad y la inseguridad del transporte? ¿Y los millones que viven en comunidades y que se ven afectados por la deforestación y la contaminación producida por la minería ilegal?
La sociedad civil llegó hasta el ministro del Interior, a la Comisión de Transporte y a la de Defensa del Consumidor. Atacando a policías y sosteniendo que eran corruptos logró que el ministro recule. Cosa que en este gobierno no es muy difícil, pero que es una muestra de la absoluta debilidad institucional del país y de la falta de cohesión política. Una sociedad antiweberiana, donde las leyes solo se aplican para aquellos que no tienen poder económico ni acceso al poder político y mediático.
Los ciudadanos no entienden que hay un vínculo directo entre las autoridades políticas que llevan al poder y el desarrollo del país. Lima es un caos, pero usted votó por la tía bacán y luego por el No a la Revocatoria. Este es el resultado. Cuando se elige a una autoridad se le da el poder de llevar la voz de los ciudadanos y de representarlos, y por ello se le debe exigir rendir cuentas. Pero, no hay incentivos para hacerlo. La revocatoria era uno, ¿pero se acuerda que nos dijeron que era "por la institucionalidad"?
En un país con debilidad institucional, sin cohesión política para que los ciudadanos logren ser escuchados hay dos opciones, o usar la violencia o los privilegios del acceso al poder.
sábado, 28 de septiembre de 2013
Qali Warma: ¿niño vigoroso?
Qali Warma es el programa de alimentación escolar diseñado por el gobierno del presidente Humala, está a cargo del Midis y atiende a 4 millones de niños en todo el Perú. En los últimos días ha habido más de 160 niños intoxicados por recibir los alimentos de Qali Warma: 50 en Apurímac, 100 en Huancayo y 11 en el Santa. Desde el inicio del programa (marzo del 2013) se han recibido 90 denuncias. Desde coliformes fecales en los alimentos en colegios de La Victoria y Huaycán, hasta un ratón dentro de una bolsa de leche en San Martín de Porres. En Cusco 62 niños fueron internados por cólicos, diarreas, vómitos y fiebre. Las víctimas son niños desde los tres años que viven en pobreza y muchos sufren de desnutrición.
En un Estado que sea receptivo a los intereses de sus ciudadanos, la primera denuncia hubiera sido suficiente para que la ministra inicie una investigación y reestructure el programa. Pero el Estado peruano no es un Estado receptivo y eso se ve en la reacción de los directivos de Qali Warma. Ninguna de las dos ministras de Inclusión ni la directora del programa han asumido responsabilidad.
El diseño e implementación de una política pública es responsabilidad del ministerio que la tiene a su cargo. Uno de los componentes más importantes de un programa es el de monitoreo y evaluación. Durante la implementación de un programa es necesario que este sea monitoreado y evaluado para que se corrijan las posibles fallas. La falta de monitoreo y evaluación de los programas, así como la falta de responsabilidad y de rendición de cuentas de las autoridades son una debilidad muy grande en la implementación de políticas públicas en el Perú. Si bien es cierto que la participación de los padres y de la comunidad en la implementación de programas es muy importante para garantizar el éxito, los padres de familia no pueden ser responsables de la supervisión del programa. Una cosa es control social y otra supervisión del Estado.
La actitud de las dos ministras de Inclusión demuestra una absoluta dejadez de parte del Ejecutivo. Aquí no hay una denuncia, ni un niño intoxicado. Hay más de 90 denuncias y la responsabilidad de las ministras consiste en no haber ordenado una evaluación del programa para identificar cuál es el problema y cuáles son las medidas que se deben tomar para resolverlo. Entre ellas, la posible suspensión del programa o la corrección del mal diseño. Aquí hay una gravísima falta de rendición de cuentas. Nadie le da explicaciones a la ciudadanía.
¿Por qué es que las fallas de Qali Warma no nos enfurecen? ¿Por qué la sociedad civil, que nos ha sorprendido con la acción colectiva para tirarse abajo las foto-papeletas, no se organiza también para obligar al Estado a que sus programas sociales sean eficientes, a que el Ejecutivo asuma su responsabilidad por enfermar a los niños más pobres del Perú? ¿Será que la sociedad civil se mueve cuando le duele la billetera y los niños de Qali Warma no son de su interés?
En un Estado que sea receptivo a los intereses de sus ciudadanos, la primera denuncia hubiera sido suficiente para que la ministra inicie una investigación y reestructure el programa. Pero el Estado peruano no es un Estado receptivo y eso se ve en la reacción de los directivos de Qali Warma. Ninguna de las dos ministras de Inclusión ni la directora del programa han asumido responsabilidad.
El diseño e implementación de una política pública es responsabilidad del ministerio que la tiene a su cargo. Uno de los componentes más importantes de un programa es el de monitoreo y evaluación. Durante la implementación de un programa es necesario que este sea monitoreado y evaluado para que se corrijan las posibles fallas. La falta de monitoreo y evaluación de los programas, así como la falta de responsabilidad y de rendición de cuentas de las autoridades son una debilidad muy grande en la implementación de políticas públicas en el Perú. Si bien es cierto que la participación de los padres y de la comunidad en la implementación de programas es muy importante para garantizar el éxito, los padres de familia no pueden ser responsables de la supervisión del programa. Una cosa es control social y otra supervisión del Estado.
La actitud de las dos ministras de Inclusión demuestra una absoluta dejadez de parte del Ejecutivo. Aquí no hay una denuncia, ni un niño intoxicado. Hay más de 90 denuncias y la responsabilidad de las ministras consiste en no haber ordenado una evaluación del programa para identificar cuál es el problema y cuáles son las medidas que se deben tomar para resolverlo. Entre ellas, la posible suspensión del programa o la corrección del mal diseño. Aquí hay una gravísima falta de rendición de cuentas. Nadie le da explicaciones a la ciudadanía.
¿Por qué es que las fallas de Qali Warma no nos enfurecen? ¿Por qué la sociedad civil, que nos ha sorprendido con la acción colectiva para tirarse abajo las foto-papeletas, no se organiza también para obligar al Estado a que sus programas sociales sean eficientes, a que el Ejecutivo asuma su responsabilidad por enfermar a los niños más pobres del Perú? ¿Será que la sociedad civil se mueve cuando le duele la billetera y los niños de Qali Warma no son de su interés?
sábado, 21 de septiembre de 2013
Amarás a tu prójimo como a ti mismo
La historia ha demostrado que lo que en un tiempo y en una sociedad determinada se consideraba aceptable, no necesariamente lo seguiría siendo. Durante cientos de años las sociedades se llenaron de explicaciones para justificar la esclavitud. Hasta hace poco las mujeres no teníamos el derecho al voto, ni a disponer de nuestros bienes. Como si fuésemos incapaces eran nuestros padres o maridos los encargados de administrarlos. Para poder tener un pasaporte necesitábamos de su autorización y aún hoy nuestros hijos deben ser registrados por sus padres.
Hubo una época cuando los indígenas latinoamericanos eran llevados a Europa a ser expuestos en zoológicos humanos. Esos mismos indígenas estaban prohibidos de entrar al Damero de Pizarro. Hasta hoy, los empleados domésticos usan baños distintos a los de sus patrones.
Aceptar aquello que rompe el statu quo, asusta. Sobre todo a aquellos privilegiados por ese statu quo. El Estado no puede intervenir en la vida privada de las personas, ni decirle a un ciudadano a quién debe amar y cómo hacerlo. El Estado no puede disponer mayores derechos civiles para unos y menos para otros. El Estado tiene la obligación de reconocer que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y por ello debe reconocerles sus derechos y brindarles protección sin importar su orientación sexual. Sin importar lo que piense la Iglesia, porque somos un Estado laico.
En el Perú existen ciudadanos gay que han formado familias, que tienen parejas estables y son padres. Esas familias y esos niños tienen los mismos derechos que cualquier otra familia y que cualquier otro niño. ¿Por qué se les está privando de ser reconocidos? Hayek sostenía que la ley debe ser producto de un reconocimiento de lo que sucede en la sociedad. La ley debe nacer de la realidad, porque de lo contrario es letra muerta. La ley de la unión civil lo que busca es reconocer una realidad y otorgarles derechos patrimoniales a quienes, en la práctica, son una familia igual que cualquier otra. La libertad consiste en que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades, ejercerlos o no es parte de la libertad individual.
Los congresistas no han sido elegidos para imponernos sus ideas o los dogmas de su Iglesia. Aquel congresista que denuncia que esto es un matrimonio encubierto, que pretende irrogar derechos que la Constitución otorga solo a los heterosexuales, olvida que el principio de la Constitución es la igualdad ante la ley. ¿Cuál es el problema de que el Estado proteja la unión civil? Tengo maravillosos amigos gay que son estupendos padres de niños sanos y llenos de amor. Conozco maridos que golpean a sus mujeres y a sus hijos, padres heterosexuales que no visitan a sus hijos y que deben ser enjuiciados para pasarles una pensión. ¿Es que acaso la orientación sexual determina qué tan buenas personas podemos ser? La intolerancia es una característica de nuestra sociedad, donde unos se creen superiores a otros y no terminan de entender que la Constitución, la ley -y también Dios-, nos hacen a todos iguales.
Hubo una época cuando los indígenas latinoamericanos eran llevados a Europa a ser expuestos en zoológicos humanos. Esos mismos indígenas estaban prohibidos de entrar al Damero de Pizarro. Hasta hoy, los empleados domésticos usan baños distintos a los de sus patrones.
Aceptar aquello que rompe el statu quo, asusta. Sobre todo a aquellos privilegiados por ese statu quo. El Estado no puede intervenir en la vida privada de las personas, ni decirle a un ciudadano a quién debe amar y cómo hacerlo. El Estado no puede disponer mayores derechos civiles para unos y menos para otros. El Estado tiene la obligación de reconocer que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y por ello debe reconocerles sus derechos y brindarles protección sin importar su orientación sexual. Sin importar lo que piense la Iglesia, porque somos un Estado laico.
En el Perú existen ciudadanos gay que han formado familias, que tienen parejas estables y son padres. Esas familias y esos niños tienen los mismos derechos que cualquier otra familia y que cualquier otro niño. ¿Por qué se les está privando de ser reconocidos? Hayek sostenía que la ley debe ser producto de un reconocimiento de lo que sucede en la sociedad. La ley debe nacer de la realidad, porque de lo contrario es letra muerta. La ley de la unión civil lo que busca es reconocer una realidad y otorgarles derechos patrimoniales a quienes, en la práctica, son una familia igual que cualquier otra. La libertad consiste en que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades, ejercerlos o no es parte de la libertad individual.
Los congresistas no han sido elegidos para imponernos sus ideas o los dogmas de su Iglesia. Aquel congresista que denuncia que esto es un matrimonio encubierto, que pretende irrogar derechos que la Constitución otorga solo a los heterosexuales, olvida que el principio de la Constitución es la igualdad ante la ley. ¿Cuál es el problema de que el Estado proteja la unión civil? Tengo maravillosos amigos gay que son estupendos padres de niños sanos y llenos de amor. Conozco maridos que golpean a sus mujeres y a sus hijos, padres heterosexuales que no visitan a sus hijos y que deben ser enjuiciados para pasarles una pensión. ¿Es que acaso la orientación sexual determina qué tan buenas personas podemos ser? La intolerancia es una característica de nuestra sociedad, donde unos se creen superiores a otros y no terminan de entender que la Constitución, la ley -y también Dios-, nos hacen a todos iguales.
sábado, 14 de septiembre de 2013
A nadie
El 11 de setiembre es un día de duelo nacional en los Estados Unidos. Sin importar que nunca hayan estado en Nueva York ni en Washington DC, todos los norteamericanos sienten el ataque de Al Qaeda como si hubiese ocurrido en el jardín de su casa. Como si cada una de las 2977 personas que murieron hubiesen sido sus amigos, sus parientes o hermanos. No hay un solo norteamericano que cuestione que Al Qaeda es un grupo terrorista y su líder, Osama Bin Laden, era el mayor enemigo de Estados Unidos. A nadie se le ocurriría cuestionar la operación "Gerónimo" que acabó con Bin Laden, ni al Presidente que la ordenó. A nadie se le ocurriría que en el monumento del 11 de setiembre, junto a los nombres de cada una de las víctimas, se escriba el nombre de los miembros de Al Qaeda que ejecutaron los ataques. A nadie.
En el Perú, durante los años que vivimos bajo la violencia terrorista murieron alrededor de 23,969 personas. El 50% de las muertes y desapariciones ocurrieron en Ayacucho. Las víctimas eran personas como usted o como yo. Hombres, mujeres, ancianos y niños. En su mayoría campesinos pobres. ¿Quiénes recuerdan a las víctimas de Sendero y el MRTA? ¿Es que alguien en el Perú siente el dolor de las muertes de esos campesinos ayacuchanos masacrados, de sus hijos, de los militares y policías que dieron su vida por el Perú, como si hubiese sido la de un hermano, un pariente o un amigo? ¿Quién?
Nosotros permitimos que una Comisión de la Verdad y Reconciliación escribiera una historia, sin consultar siquiera con quienes lucharon contra el terrorismo: Los militares y policías. Permitimos que la izquierda, prima hermana de Sendero y del MRTA, controlara la CVR y que nos dijera que el Estado peruano ejecutó una política sistemática de violación de derechos humanos. Permitimos que la CVR promoviera una agenda política de izquierda. Permitimos que una ideologizada Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos obligara a construir un monumento, donde al lado del nombre de las víctimas del terrorismo, colocamos el nombre de los terroristas. Un monumento que ofende la memoria nacional. Que ofende a cada una de las víctimas y de los sobrevivientes del terrorismo. ¿Qué verdad y qué reconciliación? Y hablando de verdad, aquellos miembros de las FF.AA. que cometieron crímenes atroces contra los ciudadanos que debían proteger deben ser juzgados y condenados. Pero no por ellos, todas las FF.AA.
¿Hasta cuándo vamos a callar porque eso es políticamente correcto? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la izquierda y sus ONG sigan llenándose de plata persiguiendo policías y militares, y sacándole plata al Estado peruano en indemnizaciones a favor de terroristas? ¿Cómo es posible que 16 años después se siga discutiendo cómo murió un terrorista en una operación de rescate de rehenes y que nuestros héroes, nuestros comandos Chavín de Huántar, sigan siendo cuestionados en juzgados penales y cortes internacionales ideologizadas?
Vergüenza debería darnos no tener el coraje de decir las cosas claras. ¿Cuándo, como dijo González Prada, tendremos el valor de "romper el pacto infame de hablar a media voz"?
En el Perú, durante los años que vivimos bajo la violencia terrorista murieron alrededor de 23,969 personas. El 50% de las muertes y desapariciones ocurrieron en Ayacucho. Las víctimas eran personas como usted o como yo. Hombres, mujeres, ancianos y niños. En su mayoría campesinos pobres. ¿Quiénes recuerdan a las víctimas de Sendero y el MRTA? ¿Es que alguien en el Perú siente el dolor de las muertes de esos campesinos ayacuchanos masacrados, de sus hijos, de los militares y policías que dieron su vida por el Perú, como si hubiese sido la de un hermano, un pariente o un amigo? ¿Quién?
Nosotros permitimos que una Comisión de la Verdad y Reconciliación escribiera una historia, sin consultar siquiera con quienes lucharon contra el terrorismo: Los militares y policías. Permitimos que la izquierda, prima hermana de Sendero y del MRTA, controlara la CVR y que nos dijera que el Estado peruano ejecutó una política sistemática de violación de derechos humanos. Permitimos que la CVR promoviera una agenda política de izquierda. Permitimos que una ideologizada Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos obligara a construir un monumento, donde al lado del nombre de las víctimas del terrorismo, colocamos el nombre de los terroristas. Un monumento que ofende la memoria nacional. Que ofende a cada una de las víctimas y de los sobrevivientes del terrorismo. ¿Qué verdad y qué reconciliación? Y hablando de verdad, aquellos miembros de las FF.AA. que cometieron crímenes atroces contra los ciudadanos que debían proteger deben ser juzgados y condenados. Pero no por ellos, todas las FF.AA.
¿Hasta cuándo vamos a callar porque eso es políticamente correcto? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la izquierda y sus ONG sigan llenándose de plata persiguiendo policías y militares, y sacándole plata al Estado peruano en indemnizaciones a favor de terroristas? ¿Cómo es posible que 16 años después se siga discutiendo cómo murió un terrorista en una operación de rescate de rehenes y que nuestros héroes, nuestros comandos Chavín de Huántar, sigan siendo cuestionados en juzgados penales y cortes internacionales ideologizadas?
Vergüenza debería darnos no tener el coraje de decir las cosas claras. ¿Cuándo, como dijo González Prada, tendremos el valor de "romper el pacto infame de hablar a media voz"?
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