Los dioses del Olimpo

El poder obnubila, hace perder la perspectiva, lo llena al que lo ostenta de una sensación de estar por encima del bien y del mal, de ser intocable. Quien llega al poder sufre de la euforia que origina ser uno de los hombres o mujeres más poderosos del país. Hay quienes se sienten tocados por Dios. Olvidan que el poder es efímero y que en 4 años si se respeta la democracia, no lo tendrán más.

Desde que llegó a Palacio, Nadine Heredia se ha inmiscuido en asuntos de políticas públicas sin tener derecho. Ejerce una influencia sin que la ley permita exigirle rendir cuentas por los impactos que esa influencia podría generar. ¿Por qué viaja a Brasil?, ¿Por qué hay una comitiva de 26 personas, entre ellos una ministra de Estado y varios viceministros que la acompañan o a la que ella acompaña? ¿Lo hace como primera dama o lo hace en representación del Estado, para discutir asuntos del ejecutivo? Heredia será la Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Nacionalista, pero ella no forma parte del ejecutivo. La falta de perspectiva producida por el poder, lleva a la pareja presidencial y sus cortesanos a no entender que el rol que ejerce Heredia no es el que le corresponde.

¿Qué pensarán “sus” ministros cuando salen airosos a defenderla? Aquí las formas democráticas poco importan. Así tenemos un Canciller que habla de que los cuestionamientos a la primera dama son “cosas menudas”, un Ministro de Defensa que airado sale a enfrentarse y amenazar a la oposición desde su pedestal de demócrata. Quien además, como si su sector estuviese bajo control, se da el lujo de publicar publi-cherrys en columnas de opinión. Una Ministra de Inclusión que no asume la responsabilidad que le corresponde y un Ministro del Interior que niega la presencia de Sendero en el Huallaga. La caviarada entronada en el ejecutivo esta alzada. Mientras, desde el legislativo sus cortesanos y aquellos que negociaron bajo la mesa, pese ha haber sido elegidos como oposición, los protegen. Cuidado, no por nada Lord Acton sostuvo que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. La oposición en una democracia debe ser real y su rol garantiza que los pesos y contrapesos que sostienen la democracia sean ejercidos.

Durante la campaña, el odio antifujimorista llevo a muchos actores políticos que se venden como demócratas intachables, a defensores de DDHH y hasta a un Marques a pasar por alto las denuncias contra el “capitán Carlos” de Madre Mía y las asesorías de Nadine Heredia ¿están seguros que su moral es tan alta y que son tan íntegros y honorables? ¿O responden a intereses propios? El Presidente Bustamante desde el exilio luego del golpe de Odria, en carta dirigida a mi abuelo, Julio Cesar Villegas, quien fuese su ministro de Gobierno y Policía, sostuvo: “la historia hará justicia.” Quien hoy ostenta el poder, mañana será juzgado.

Hacia una verdadera reforma educativa

Un maestro estudia entre 3-5 años en un Instituto Pedagógico o Universidad. Su motivación no es hacerse rico, sino una verdadera vocación de enseñar y formar a los niños. Los últimos estudios en materia de educación establecen la importancia de las capacidades pedagógicas del maestro, incluso por encima de sus conocimientos generales. Esto es, un maestro de matemáticas de 1grado no necesita saber geometría, pero si tener habilidades pedagógicas.

Los maestros no son reconocidos, están mal pagados y no reciben los incentivos necesarios. El Sutep, capturado por Patria Roja, y Sendero se han encargado de desprestigiarlos a través de sus métodos violentistas y su ideología. De los 300,000 maestros públicos, ¿cuántos apoyan al Sutep?

Según la Evaluación Censal de Estudiantes 2011 solo 3 de cada 10 niños entienden lo que leen, y solo el 13 de cada 100 pueden resolver un problema de matemáticas. Esta prueba es aplicada por el MINEDU en todos los colegios del Perú, públicos y privados.

Para lograr una mejora en el sector educación necesitamos hacer a los maestros socios en la reforma. Convencerlos a través de incentivos que lograran más capacitándose. Pero además, la transparencia del sector y el rol de los padres son fundamentales.

La participación de los padres es crucial para lograr un mejor desempeño de los maestros y para que el Estado focalice mejor sus recursos. Cuando los padres no tienen información sobre el rendimiento de los colegios a los que mandan a sus hijos su posición frente a estos, es débil. Si el padre tiene información comparada con los demás colegios del distrito, provincia y departamento, podrá decidir a qué colegio mandar a su hijo.

La información genera el incentivo para que los colegios compitan entre ellos, buscando mejorar la calidad del servicio para atraer más estudiantes y así recibir más presupuesto. Este aumento en la calidad del colegio se reflejará en la mejora en el aprendizaje de sus alumnos.

La información provee de transparencia a las acciones del gobierno y empodera a los padres para exigirle al Estado un mejor servicio. En el caso peruano ni el MEF ni el MINEDU tienen información desagregada sobre el presupuesto para el sector educación ni sobre la calidad de los colegios. En cambio en países OECD si uno entra al portal del gobierno local podrá acceder al presupuesto de cada colegio, donde se incluye el sueldo de cada maestro y los resultados de sus alumnos en pruebas de matemática y lectura en comparación con otros colegios. Aquí un ejemplo http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/regulatoryaccountability/glance/ Además, los padres reciben libretas con los resultados académicos no solo de sus hijos, sino del colegio y de los demás colegios del área.

La información y la transparencia deben ser el punto de inicio de toda reforma. La Ministra ha declarado que para la LRM se tiene previsto 720 millones, pero no ha explicado cómo se distribuirán, ni el Ministro de Economía ha explicado de donde se obtendrán. Una clara muestra de falta de transparencia en la gestión pública.

¡Con orejas de burro!

La CPM fue la gran reforma del sector educación y el Perú creyó que con ella lograría una educación de calidad. Sin embargo, la CPM adolece de varios defectos que la hacen inviable, además de no enfrentar los verdaderos problemas del sector. Por esta razón era absolutamente necesaria modificarla.

Con el anuncio de la Ley de Reforma Magisterial el gobierno ha demostrado una vez más su falta de capacidad política. La poca información brindada por el ejecutivo y las distintas versiones de los ministros y viceministros llevaron a la población a creer que la ministra habría cedido frente a la posición intransigente del SUTEP al eliminar el requisito de la evaluación para entrar a la carrera magisterial y dándoles un aumento sin exigir resultados, confirmando su fama de “free rider”.

Hasta hace poco creíamos que el gran problema de la educación, además del diseño institucional, era que el SUTEP había sido capturado por Patria Roja, quienes a punta de huelgas exigían aumentos y se negaban a pasar evaluaciones y a capacitarse. Sin embargo en las últimas semanas descubrimos que el SUTEP se ha dividido en dos facciones: el SUTEP-Patria Roja y el SUTEP-Conare. De pronto nos despertamos en un país donde el SUTEP-Patria Roja es la facción no-radical y el SUTEP-Conare la extremista. Por ello, para lograr la tan ansiada reforma educativa e impedir que Sendero gane espacios políticos deberemos negociar y aliarnos con Patria Roja. ¿alo?

Como habría quedado demostrado, varios miembros del SUTEP-Conare son partidarios del Movadef, brazo político de Sendero, formado por orden del “Presidente Gonzalo” desde la base naval. Movadef proclama el Pensamiento Gonzalo y considera a su líder Abimael Guzmán un preso político. Para ellos en el Perú no hubo terrorismo fue una guerra interna y fueron los vencedores - el Estado - quienes escribieron la historia. Esta debería ser razón suficiente para que los profesores que forman parte del Movadef sean retirados de la magistratura.

¿O les vamos a dar la posibilidad de explicarles a nuestros niños su versión de los años de terror que vivió el Perú? Parece que hemos olvidado una vieja táctica de la izquierda marxista para ganar espacios: crea una facción radical y obliga al Estado a negociar con la facción original. Temo que el ejecutivo no ha identificado la real dimensión de lo que está enfrentando.

El gran problema del sector educación es de gestión y la LRM no ha incluido ninguna de las políticas públicas de educación que han dado resultados en los países desarrollados. No le da autonomía a los directores de los colegios, mantiene la toma de decisiones en la UGEL, y no implementa una política de “ningún niño es dejado atrás”.

Los maestros merecen ser valorados, capacitados y estar bien remunerados. Para ello tenemos que romper al SUTEP que es el principal obstáculo, generar incentivos individuales para los maestros y poner al niño como centro de la educación. Solo así lograremos la verdadera transformación.

¿Inexperiencia o excusa?

Sin lugar a dudas el tema emblemático del primer año del Presidente Humala ha sido Conga. El gobierno se ha excusado sosteniendo que no fueron ellos quienes otorgaron la concesión ni quienes aprobaron el EIA. Si bien eso es cierto ha sido este gobierno quien ha permitido la escalada del conflicto.

El problema de Conga fue desde un inicio un problema de percepciones y de intereses. Las comunidades reclamaban el respeto a sus derechos al agua y al medio ambiente y los percibían en riesgo en base a la trayectoria de Yanacocha. Mientras Yanacocha reclamaba tener derecho a explotar la concesión al haber cumplido los requisitos legales y percibía que el problema era generado por agitadores y sus intereses políticos. Este era un conflicto de derechos y percepciones. El derecho de propiedad que tiene Yanacocha sobre la concesión minera enfrentado al derecho de propiedad que tienen las comunidades de Cajamarca sobre el medio ambiente y la salud de sus habitantes.

En este enfrentamiento, estaban sentados a la mesa Yanacocha frente a las comunidades y era el Estado quien debía actuar como árbitro, facilitar el entendimiento entre las partes y resolver el conflicto. Más aun considerando que existe una clara desigualdad de acceso a la información – y al Estado- entre Yanacocha y las comunidades, el Estado debía igualar las oportunidades de las partes en la discusión. Sin embargo, el Presidente Humala, con una clara falta de estrategia política, decretó “conga va” sin siquiera haber oído a las comunidades ni evaluado sus reclamos. Así paso de ser árbitro a ser parte del proceso. Ollanta se sentó cómodamente a la mesa al lado de Yanacocha.

Las comunidades tenían reclamos legítimos que debían haber sido atendidos por el Estado. Prueba de ello es el dictamen de los peritos contratados por el Estado Peruano para revisar el EIA que Yanacocha ha aceptado.

Los ganadores en este proceso han sido los líderes radicales quienes claramente tienen mucha más experiencia política que Ollanta y sus ministros. Así, lograron que el Estado peruano perdiera en manos de un presidente sin sentido común, su rol de árbitro y de garante del principio de autoridad, teniendo que recurrir a la Iglesia. Hoy el conflicto no será resuelto por la autoridad del Estado, sino por lo que la Iglesia pueda lograr como mediadora. Esto, no es casualidad, fue diestramente manejado por los líderes radicales, quienes obligaron a Ollanta a dejar su rol de árbitro y sentarse junto a Yanacocha.

Parece que hemos olvidado la gran experiencia política que tiene la izquierda y sus facciones radicales. Lamentablemente, desde el gobierno del Presidente Toledo el Estado ha ido perdiendo el principio de autoridad hasta terminar hoy en manos de un presidente que en sus primeros meses fue arrinconado por líderes radicales y terminó siendo parte del conflicto.

Cuando un Estado se vuelve rentista, pierde la independencia y con ello el principio de autoridad y la confianza de sus ciudadanos. Este es el principal resultado del primer año de gestión del Presidente Humala.

¿Justicia?

La justicia, que se supone es ciega, no conoce de membrecías en partidos políticos, colectivos civiles ni asociaciones. Lo contrario no es justicia. Hace unos días la acusación contra el General Chacón por presunto uso indebido de recursos del Estado fue declarada prescrita por el Poder Judicial. Inmediatamente la izquierda caviar declaró que la prescripción no le hace bien a la lucha contra la corrupción. Habría que recordarles que la prescripción es un mecanismo de contención para evitar el abuso del poder. Así, la Convención Americana de DDHH de la OEA establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Si el acusado es culpable, se presentaran las pruebas que lo acrediten y este será sentenciado. Pero, ¿y si es inocente? Si no hay pruebas, ¿Lo perseguiremos el resto de su vida?

La izquierda caviar que llego al poder de la mano del Presidente Paniagua en Noviembre del 2000 ha controlado el Ministerio de Justicia, la procuraduría, y hasta el Poder Judicial desde entonces. ¿Por qué es que no han sido capaces de lograr probar sus acusaciones? Han tenido cerca de doce años para hacerlo. De acuerdo a la Constitución uno es inocente hasta que se pruebe judicialmente lo contrario. Sin embargo en el Perú, es la caviarada quien decide quién es culpable y quién no. Para ello no se necesitan pruebas, ni sentencia que lo declare, solo basta con acreditar a qué partido político pertenece el acusado. Así, usan los medios de comunicación y las redes sociales, manchan honras y nombres, aunque el poder judicial que controlan no les dé la razón. La Justicia que ellos dicen defender es aquella donde quien ellos deciden es culpable, con pruebas o sin ellas.

Esta izquierda caviar se rasga las vestiduras con los nuevos peritajes que establecen que el terrorista Eduardo Nicolás Cruz Sánchez “Tito” no fue ejecutado y que murió producto de un disparo a larga distancia. Incapaces de reconocer que se equivocaron -o mintieron- ahora argumentan que estos peritajes solo favorecen a Montesinos. Pero, si no hubo ejecución extrajudicial, ¿no importa? ¿No importa la persecución que por años sufrieron los Comandos?

La Izquierda caviar no puede reconocer que Chavín de Huantar fue la operación de rescate de rehenes más exitosa del mundo porque eso significaría concederle algo al gobierno de Fujimori. Y eso ¡Jamas! Porque además significaría que el tinglado montado contra el gobierno de Fujimori como sistemáticamente corrupto, violador de DDHH y genocida, comenzaría a caerse. Es que a la izquierda caviar no le importa la verdad. Ellos no tienen ningún interés de que se haga justicia. Lo que ellos tienen es una agenda política.

Un delito es un delito sin importar quien lo cometa. Un delito debe ser perseguido y sancionado. Pero, ¿y si no hay delito? ¿Basta con formar parte de un partido político o haber sido funcionario público de un régimen determinado para ser considerado culpable? Eso se llama persecución política.

La caviarada en su laberinto

Como durante los ochentas en San Marcos, Sendero entro a la PUCP, interrumpió la presentación de un libro y defendió al “Presidente Gonzalo”. Mientras los dueños de casa, bajaban la cabeza y callaban. Sendero exigió que se respetara su libertad de expresión. La caviarada dueña de la PUCP acepto. Así Sendero tuvo la posibilidad de hacer impunemente lo que hasta que llego Toledo era delito: apología al terrorismo. La presentación continuó sin que nadie se enfrentase a Sendero y termino entre arengas que retumbaron en el Centro Cultural de la PUCP.

Al día siguiente la intelectualidad caviar e izquierdista frente a sus pantallas y teclados decidió defender su orgullo mancillado. Cuestiono su silencio y lo vistió de pluralidad en lugar de vergüenza. Argumentó como esta vez no fue miedo. Fue sólo ingenuidad, falta de reflejos políticos. Permítanme disentir. Lo que vimos en la PUCP es lo mismo que vivimos en los ochentas. La izquierda no supo como contestarle a Sendero. Y esta vez Sendero se atrevió a entrar en su casa, mentarles la madre y escupirles la cara. ¡Fuerte y Claro!

En los ochentas, la izquierda, la caviarada hippie y los partidos no se atrevieron a responderle a Sendero. Fueron incapaces de resolver el problema. Fujimori logro acabar con Sendero, reducirlo a su mínima expresión, apresar a sus líderes y pacificar el país. Luego llegaría la caviarada con el Presidente Paniagua primero, Toledo y García después. Pasaríamos la página rápidamente y nos concentraríamos en el crecimiento económico, en creernos el milagro peruano y olvidar que durante años vivimos con velas, sin agua, con cinta adhesiva pegada en las ventanas, con bombas y sangre como música de fondo. Con campesinos, soldados y policías asesinados por Sendero. Y dejamos la educación de los niños y jóvenes en manos del Sutep.

Toledo junto a García Sayán aplicó una política de allanamiento ante la CIDH, liberaron e indemnizaron terroristas y construyeron el Ojo que llora. Borraron a Sendero de la conciencia colectiva para vender que el verdadero culpable había sido el Estado violador de DDHH.

Para legitimarse condenaron al Estado y hundieron a Fujimori. Nadie puede negar que el Estado cometió crímenes en la lucha contra Sendero, pero la mayoría de violaciones de DDHH ocurrieron en los ochentas. Sin embargo, la CVR le adjudicó a Fujimori responsabilidad penal, mientras que a Belaunde y a García sólo responsabilidad política. No creo que Fujimori haya ordenado “Barrios Altos” ni “La Cantuta” y en el proceso plagado de irregularidades y venganzas políticas no hubo una sola prueba que lo demostrara.

Así los caviares controlaron el país, los medios y convencieron al Perú que el camino era ser políticamente correcto. Hoy Sendero se pasea por la PUCP y arenga con impunidad porque la caviarada se enredo en su laberinto. Ellos, admiradores del Che y Fidel. Y que fue el Che si no un guerrillero terrorista y asesino. Pero qué bonito se ve en los polos y gorritos que usan, ¿no?

Una Laptop por niño

El gobierno aprista decidió implementar el programa “Una Laptop por niño”, sin tener evidencia solida que estableciera su efectividad para la mejora en educación. El Perú ha sido el país que más computadoras OLPC – por sus siglas en ingles- ha comprado en el mundo. 902,000 invirtiendo US$180 millones de dólares.

De acuerdo con la evaluación de impacto del programa hecha por el BID, no hay evidencia de que las computadoras hayan aumentado el aprendizaje en matemáticas o en lenguaje. Tampoco mejoraron la asistencia a clases, la motivación de los alumnos por aprender ni aumentaron el hábito de lectura.

Las computadoras fueron repartidas en colegios rurales, de zonas alejadas y en extrema pobreza. El objetivo del programa era mejorar la calidad de la educación primaria. Los requisitos originales eran que los colegios tuviesen electricidad e internet, requisitos mínimos para que las computadoras funcionen. Sin embargo el requisito de internet desapareció y en algunos casos, las computadoras fueron repartidas en colegios sin electricidad.

El programa Ceibal en Uruguay tiene una base de datos que identifica a cada computadora con su dueño. La del Perú sólo incluye que set de computadoras fue enviada a que colegio.

Sólo 71% de los profesores dentro del programa recibieron capacitación. Mientras que sólo 2 de cada 3 recibieron los manuales para su uso. El programa suponía que los colegios recibirían soporte pedagógico, pero 2 de cada 3 colegios, no lo recibió. Si una computadora se malogra, es el profesor el encargado de arreglarla, pero en la mayoría de los casos los profesores no saben cómo.

Los niños debían llevarse las computadoras a sus casas, pero solo el 40% lo hizo. Al 43% el colegio se lo prohibió. Los programas más usados fueron Word, calculadora, juegos y video. Las computadoras no tienen software de matemáticas ni lenguaje.

Un gobierno es responsable político por los programas que implementa y tiene la obligación de rendir cuentas. Las políticas públicas deben estar basadas en evidencia, ¿qué evidencia tenía el gobierno para invertir US$180 millones en OLPC? Ninguna.

El éxito atribuido al segundo gobierno del Presidente García no se debe a su capacidad para gobernar ni a los resultados de sus políticas, sino a que mantuvo en piloto automático el modelo económico, calmando los miedos de la Confiep. García no se atrevió a desarrollar la agenda del fortalecimiento de capital humano. Dejo que las oportunidades siguieran siendo de unos pocos. En esto fue igual que Toledo. La implementación de este programa, la priorización de los colegios emblemáticos en lugar de una mejora en la calidad de la educación y el parcial desarrollo de la reforma para la evaluación de los profesores son prueba de que García no fue un buen gobernante.

Tenemos que dejar de conformarnos con el candidato “menos malo” y aplaudir a aquel que mantenga el status quo. Tenemos que elegir presidentes preparados para gobernar, con equipos técnicos y exigirles rendir cuentas. El Apra tiene que ser más que García, se lo debe a Haya.

Uno más para la lista de pendientes

Brayan (18) tiene relaciones sexuales con Yaquelyn (16) desde hace varios meses. Si el papa de la Yaqui se entera, lo mete preso. Esa es la realidad de miles de adolescentes. El Congreso está debatiendo un proyecto de Ley que busca despenalizar las relaciones sexuales entre adolescentes. Si bien el Estado tiene la obligación de proteger a los niños y adolescentes, la relación sexual consentida entre menores – de cierta edad- no debería estar penalizada. El problema está en que la ley no puede dejar abierta la posibilidad de que hombres adultos la usen para defenderse de acusaciones de violación. No olvidemos que en el Perú la violencia sexual y física contra la mujer es de las más altas de Latinoamérica.

Despenalizar las relaciones sexuales entre menores, reconocería una realidad que existe. Pero no resolvería el problema. Necesitamos un enfoque integral que incluya educación e información. El Programa de Educación Sexual Integral del MINEDU debe ser fortalecido y los maestros capacitados. El MINSA necesita un programa eficiente de Salud Reproductiva y Sexual para adolescentes donde se provea de manera GRATUITA y confidencial información y métodos anticonceptivos (MAC) sin requerir la autorización de los padres y que aborde de manera integral los problemas de los adolescentes.

De acuerdo con la ENDES 2009 el 26.4% de los adolescentes (15-19) ya tuvo relaciones sexuales. Mientras que el 13.7% de las adolescentes (15-19) en el Perú ya son madres. En Loreto es el 30% y en Cajamarca 25% El embarazo adolescente generalmente es no deseado. En D y E implica el abandono escolar de la madre y su temprana inserción al mercado laboral informal y ocasional. Dificultando su posibilidad de escapar de la pobreza. El riesgo de mortalidad materna es de 2 a 5 veces más alto si la madre es adolescente. Las mujeres que pueden retrasar su primer embarazo tienen más posibilidades de terminar el colegio y acceder a estudios técnicos y/o universitarios lo que eleva sus posibilidades de trabajar en el sector formal y salir de la pobreza. De acuerdo con un estudio sobre el programa de planificación familiar (PF) Profamilia (Colombia), las adolescentes que tuvieron acceso al programa pudieron retrasar el comienzo de su maternidad y tuvieron 7% menos hijos en comparación con las que no tuvieron acceso a los MAC. Los programas de PF están considerados entre las intervenciones de capital humano más efectivas.

Conie (14) vive en San Juan Bosco y tiene un bebe de 6 meses. Ella se fue a vivir al cuarto del Fran y no se cuida porque él no quiere usar condones. En la posta no dan inyecciones y en la farmacia cuestan S/.19.50, el equivalente a cuatro días de “diario”. Esta realidad la enfrenta 1 de cada tres familias de peruanos que aun viven en pobreza.

Los problemas en el Perú no se van a resolver a través de leyes salpicadas preparadas por congresistas sin capacidad técnica. Necesitamos una política integral y una burocracia capaz de diseñarla y ejecutarla.

¿Y su brújula, Presidente?

La aprobación del Presidente ha caído de 55% a 43%. El nivel más bajo desde que fue elegido. Además, su desaprobación ha aumentado de 37% a 49% superando por primera vez a la de aprobación. Todavía no tiene un año en el poder y la población ya considera que es necesario que una bancada de oposición presida el Congreso. Hace unos meses sostuve que el 54% de la población que voto en primera vuelta por Keiko y Ollanta lo hicieron porque querían un cambio. Los que votaron por OH querían un cambio del modelo económico. Los que votaron por Keiko querían ser incluidos y beneficiarse del crecimiento económico.

Stiglitz premio Nobel de Economía acaba de publicar “El precio de la inequidad” donde postula que hay algo equivocado en un modelo que se dice exitoso cuando las cifras de desempleo - o subempleo-, discriminación, exclusión y pobreza son altas. El modelo económico implementado por el Presidente Fujimori es responsable del crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Pero desde fines de los noventas era evidente la necesidad de implementar las reformas de segunda generación. Estas no implican un cambio de modelo económico, sino ampliarlo y reducir la inequidad a través de políticas adecuadas, para que todos los peruanos tengan igualdad de oportunidades. Lamentablemente los presidentes Toledo y García optaron por el famoso piloto automático. El primero popularizo el "chorreo" y el segundo el "perro del hortelano". Humala llego al poder ofreciendo una gran transformación y exaltando a los peruanos excluidos. Hoy está pagando las consecuencias.

Uno de los principales generadores de inequidad es la captura de rentas, que aunque genere riqueza y puestos de trabajo, beneficia sólo a unos pocos. Ollanta ofreció romper con esta. En el camino cayó seducido. A punto de cumplir un año en el poder, el MIDIS no despega, los conflictos sociales están a la orden del día, no existe una estrategia contra el terrorismo y el narcotráfico, ni se ha avanzado con la seguridad ciudadana. Mientras tanto la primera dama no repite un sólo vestido y el Presidente se la pasa viajando por el mundo.

OH quería llegar al poder a como diese lugar. Para ello, traicionó a sus electores de la primera vuelta vendiéndose en una vergonzosa ceremonia de sumisión. Una vez en el poder, navega sin brújula. Sabe que necesita inversión y para ello le mueve la cola a la derecha mercantilista. Acalla a sus opositores y le pide a los dueños de los medios no darles cabida. Mientras que la información oficial no es clara, llega tarde y luego debe ser rectificada.

Stiglitz sostiene que hay una relación entre inequidad y estabilidad económica y que esta ultima afecta la democracia. La inequidad económica genera inequidad del poder político. La “voz” de los ricos es fuerte, mientras que los pobres y excluidos no tienen “voz”. Cuando una sociedad percibe el sistema como injusto se genera inestabilidad social, el país se divide y el futuro se pone en riesgo. ¿Le suena conocido? 

Jhinna, Yessica, Yakelyn y muchas más

Jhinna es una víctima de trata de personas (TP) que ha tenido la valentía de salir públicamente a denunciarlo. Ella fue atraída a una peluquería con una oferta de trabajo. Fue trasladada a Piura, violada, golpeada, drogada y obligada a prostituirse durante más de dos años, hasta que logro escapar. Jhinna le contaba a los “clientes”, pero a ellos no les importaba. Ella era una esclava sexual y no es la única. Según la Policía Nacional en los últimos 8 años se han encontrado cerca de 1960 víctimas. Se calcula que son muchísimas más. La gran mayoría de victimas que logra escapar, nunca lo denuncia.

Las víctimas del TP son jóvenes de bajos recursos, engañadas con ofertas de trabajo, trasladadas a una ciudad que no conocen, violadas, golpeadas y obligadas a prostituirse. Una víctima de TP no es una prostituta, ella no tiene la posibilidad de elegir, es obligada a prostituirse a golpes.

El Departamento de Estado Americano emite un reporte anual sobre TP. El Perú está catalogado en el nivel 2, de 3. El reporte 2011 señala que el Perú no cumple con los estándares mínimos para su eliminación ni ofrece servicios adecuados para las víctimas. Más aun el Plan Nacional para combatir la TP no ha sido formalizado. No existen albergues especializados ni servicios psicológicos para las mujeres ni para los niños víctimas de la TP.

Según un informe del Ministerio Publico entre 2009-2010 se reportaron 330 víctimas, 54.5% tenían entre 13 y 17 años, 2.7% entre 7 y 12 y hubo dos casos de niñitas menores de 6. El 96.7% son mujeres.

El Presidente Humala se comprometió a acabar con la TP. Para ello no basta dar discursos. Se requiere primero voluntad política y recursos. No basta que existan leyes que la sancionen si estas no son aplicadas eficazmente. Se necesita prevención, las mujeres son víctimas de las mafias de la TP porque pertenecen a estratos sociales bajos, sin acceso a educación ni oportunidades. Llegan buscando trabajo y desaparecen sin que nadie las proteja, las busque o reclame por ellas. El gobierno tiene la obligación de protegerlas y llevar ante el Poder Judicial a los responsables. Una oferta más, que parece no llego a la “Hoja de Ruta”

La pobreza y la exclusión facilitan la TP. Mientras que los animales que buscan comprar sexo con niñas o mujeres forzadas en la prostitución generan la demanda para que surjan las mafias, protegidas muchas veces, por policías, fiscales y jueces inescrupulosos.

¿Qué pasó con la denuncia contra Francisco Dongo, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Perú que fue encontrado en un hotel con una menor de 16 años a quien habría ofrecido S/.150 a cambio de sexo? ¿Y la menor?

La próxima vez que vaya a comprar sexo, tenga la amabilidad de preguntarle cuantos años tiene, asegúrese de que no sea menor de edad. ¡Es un delito! Pregúntele si ella está ahí por su voluntad. Si no es así, usted será cómplice del delito de trata de personas.

¡No pasa nada! ¡Mañana juega Perú!

El Perú está plagado de conflictos sociales extraños a Lima. Lima no entiende la pobreza peri-urbana y menos la rural. Lima sabe de riquezas, de crecimiento económico y de lo bien que le va. Lima olvida que 1 de cada 3 peruanos vive en pobreza, y que ese 1 vive fuera de Lima. Lima cree que la pobreza rural es una foto en National Geographic.

La causa de los conflictos sociales no son los líderes radicales que encabezan las protestas. Estos líderes violentistas se aprovechan de los reclamos, eventualmente legítimos, de las poblaciones. En Espinar la población le teme a la minería, cree que su sangre tiene altos contenidos de metales, cree que sus animales abortan y están malformados por culpa de la contaminación, cree que nadie le compra su leche ni sus quesos porque están contaminados. Ni la empresa ni el Estado se han ocupado de cambiar y aclarar esta percepción mediante dialogo y estudios que demuestren que sus miedos no tienen fundamento.

La respuesta del Estado ha sido enviar a la policía, declarar el Estado de Emergencia y detener autoridades. Restablecer el orden es fundamental pero si las percepciones no se aclaran el conflicto se agudizará.

Las poblaciones pobres del Perú no tienen información, capacidad, ni están en igualdad de condiciones que las empresas que invierten en sus comunidades. Es ahí donde el Estado debería intervenir, proteger los derechos de las comunidades, asesorarlas y hacer que las empresas cumplan con sus compromisos.

El Estado debería resolver sus dudas, informarlos y empoderarlos. Lamentablemente, el Estado está ocupado protegiendo los intereses de los inversionistas. El 30% de peruanos que votó por “La Gran Transformación” se siente traicionado y abandonado.

Si el Estado es incapaz de administrar justicia en Espinar y tiene que llevar al alcalde detenido a otras jurisdicciones, significa que el Estado está ausente y arrinconado. Mientras los problemas sociales no se enfrenten y resuelvan, otros líderes radicales ultras se aprovecharan de las comunidades. Sin Estado que responda, los radicales convencerán a las comunidades de exigir el cierre de la mina, los conflictos aumentaran y habrá más violencia. Sabemos bien el retroceso que eso significaría.

El mayor riesgo es que estas comunidades usen la democracia para elegir un líder radical en las próximas elecciones. La derecha ha olvidado el susto que paso con el Ollanta del 2006 y en la primera vuelta del 2011. Creen que lo han capturado, transformado y no se dan cuenta que su ineptitud le está abriendo la puerta a la izquierda radical. Visto con la mentalidad cortoplacista que caracteriza a la derecha, no importa, faltan 4 años para la próxima elección. Mientras tanto el Presidente visita a la selección en la Videna. Todos tranquilos, problema resuelto, pasemos a otra cosa. ¡Mañana juega Perú!

A todo esto, ¿ha olvidado el fujimorismo que estas comunidades rurales fueron sus aliados contra Sendero y sus votantes durante los noventas? Una vez más, ¿Dónde está el fujimorismo?

La Captura de las Instituciones

Hace unas semanas leía una entrevista en La República donde una persona se refería a la Constitución como el “documento” del 93 y exhortaba al Presidente a cumplir su promesa de retornar a la Constitución 1979. Cuando preguntada por el vacío legal que esto generaría sostuvo que todos los actos jurídicos de los últimos 19 años suscritos al amparo de la C1993 debían ser “actos nulos”. Deslegitimaba al CCD por haber sido convocado por Alberto Fujimori, “quien no tiene calidad moral” Preguntada por si no sería mejor continuar con las reformas constitucionales sostuvo que no porque eso sería “legalizar algo ilegitimo. (…) Además hay una bancada fuerte del fujimorato que no lo va a permitir”, asintió. Estas son declaraciones políticas con una clara tendencia antifujimorista. Hasta ahí, nada nuevo. Es el derecho ciudadano de participar en política y ejercer su libertad de opinión. El problema es que estas declaraciones son de Greta Minaya, miembro del JNE. No es la primera vez que hace declaraciones políticas desde el JNE. En pleno proceso electoral llamo a un candidato “apátrida” Su fanatismo le impide racionalizar el caos en el que sumiría al Perú si su argumento fuese valido.

La Ley Orgánica del JNE establece como prohibición para integrar el pleno pertenecer o haber pertenecido los últimos 4 años a una organización política. La lógica de la ley es que los miembros del JNE muestren independencia de criterio, que sean neutrales para poder administrar justicia electoral.

En pleno proceso de recolección de firmas para la revocatoria de la alcaldesa de Lima, una persona envía por redes un artículo suyo escrito meses atrás sobre la revocatoria a la que denomina la espada de Damocles que cuelga sobre la alcaldesa y que sería empuñada por la aborrecible derecha peruana. Hasta ahí todo bien. El problema es que esta persona es el funcionario de la RENIEC encargado del escrutinio de las firmas recolectadas para pedir la revocatoria.

La ética pública supone que los funcionarios públicos actúen con objetividad, transparencia e imparcialidad. Las instituciones electorales deben salvaguardar la democracia, y los procesos democráticos. Su imparcialidad es importantísima para el sostenimiento de la democracia.

Las Instituciones crean y regulan un orden social, esto es el comportamiento de las personas y las organizaciones dentro de una sociedad. Las instituciones deben ser impersonales. No importa quién sea usted ni quien sea yo, todos estamos sujetos a las mismas reglas y su aplicación debe ser hecha por un órgano impersonal e imparcial al que no le importe ni su nombre, ni sus simpatías políticas.

Cuando una institución pierde su impersonalidad y sus miembros son parcializados y con claras ideologías políticas todos los ciudadanos perdemos, aunque compartamos la ideología de sus miembros. Perdemos, entre otras cosas, confianza. Y sin confianza en las instituciones dejaremos de recurrir a ellas, y resolveremos nuestros problemas directamente. Así se frena el fortalecimiento institucional y se retrocede en el camino hacia el desarrollo al que queremos llevar al Perú.