¿La sociedad civil o la sociedad privilegiada?

En las últimas semanas hemos sido testigos de una acción colectiva iniciada por la "sociedad civil" contra las famosas fotopapeletas. A diferencia de los mineros ilegales y la CGTP que salen con palos y piedras a tomar calles, los organizadores de la acción colectiva contra las fotopapeletas no usaron la violencia. Usaron simplemente su acceso al poder.

Veamos las similitudes que existen entre los mineros ilegales y los organizadores de la acción colectiva contra las fotopapeletas:

1. Ambos grupos cuestionan la autoridad del Estado para poner orden en una situación donde existe caos, desorden, ilegalidad e informalidad. No olvidemos que las papeletas son producto de la violación de normas de tránsito.

2. Ambos grupos esgrimen como pretexto para sus protestas el abuso del Estado y los altos costos de transacción que el Estado impone, ya sea para formalizar la concesión minera, o para cumplir con una regla de tránsito.

3. Ambos grupos congregan gente con capacidad y recursos de organización.

4. Ambos grupos son privilegiados. Por un lado, los mineros ilegales están defendiendo una renta del Estado y por el otro el privilegio de circular por la calle a la velocidad que quieran sin que la Policía los sancione.

¿Por qué estos grupos que representan a una minoría de ciudadanos (las fotopapeletas tienen 43,000 'Me gusta" en Facebook) tienen la capacidad de hacer que el Estado escuche su "voz"? ¿Qué es lo que sucede con las millones de personas que viven en Lima y circulan en transporte público? ¿Es que acaso ellos no tienen la posibilidad de que el Estado escuche sus reclamos por el exceso de velocidad y la inseguridad del transporte? ¿Y los millones que viven en comunidades y que se ven afectados por la deforestación y la contaminación producida por la minería ilegal?

La sociedad civil llegó hasta el ministro del Interior, a la Comisión de Transporte y a la de Defensa del Consumidor. Atacando a policías y sosteniendo que eran corruptos logró que el ministro recule. Cosa que en este gobierno no es muy difícil, pero que es una muestra de la absoluta debilidad institucional del país y de la falta de cohesión política. Una sociedad antiweberiana, donde las leyes solo se aplican para aquellos que no tienen poder económico ni acceso al poder político y mediático.

Los ciudadanos no entienden que hay un vínculo directo entre las autoridades políticas que llevan al poder y el desarrollo del país. Lima es un caos, pero usted votó por la tía bacán y luego por el No a la Revocatoria. Este es el resultado. Cuando se elige a una autoridad se le da el poder de llevar la voz de los ciudadanos y de representarlos, y por ello se le debe exigir rendir cuentas. Pero, no hay incentivos para hacerlo. La revocatoria era uno, ¿pero se acuerda que nos dijeron que era "por la institucionalidad"?

En un país con debilidad institucional, sin cohesión política para que los ciudadanos logren ser escuchados hay dos opciones, o usar la violencia o los privilegios del acceso al poder.

Qali Warma: ¿niño vigoroso?

Qali Warma es el programa de alimentación escolar diseñado por el gobierno del presidente Humala, está a cargo del Midis y atiende a 4 millones de niños en todo el Perú. En los últimos días ha habido más de 160 niños intoxicados por recibir los alimentos de Qali Warma: 50 en Apurímac, 100 en Huancayo y 11 en el Santa. Desde el inicio del programa (marzo del 2013) se han recibido 90 denuncias. Desde coliformes fecales en los alimentos en colegios de La Victoria y Huaycán, hasta un ratón dentro de una bolsa de leche en San Martín de Porres. En Cusco 62 niños fueron internados por cólicos, diarreas, vómitos y fiebre. Las víctimas son niños desde los tres años que viven en pobreza y muchos sufren de desnutrición.

En un Estado que sea receptivo a los intereses de sus ciudadanos, la primera denuncia hubiera sido suficiente para que la ministra inicie una investigación y reestructure el programa. Pero el Estado peruano no es un Estado receptivo y eso se ve en la reacción de los directivos de Qali Warma. Ninguna de las dos ministras de Inclusión ni la directora del programa han asumido responsabilidad.

El diseño e implementación de una política pública es responsabilidad del ministerio que la tiene a su cargo. Uno de los componentes más importantes de un programa es el de monitoreo y evaluación. Durante la implementación de un programa es necesario que este sea monitoreado y evaluado para que se corrijan las posibles fallas. La falta de monitoreo y evaluación de los programas, así como la falta de responsabilidad y de rendición de cuentas de las autoridades son una debilidad muy grande en la implementación de políticas públicas en el Perú. Si bien es cierto que la participación de los padres y de la comunidad en la implementación de programas es muy importante para garantizar el éxito, los padres de familia no pueden ser responsables de la supervisión del programa. Una cosa es control social y otra supervisión del Estado.

La actitud de las dos ministras de Inclusión demuestra una absoluta dejadez de parte del Ejecutivo. Aquí no hay una denuncia, ni un niño intoxicado. Hay más de 90 denuncias y la responsabilidad de las ministras consiste en no haber ordenado una evaluación del programa para identificar cuál es el problema y cuáles son las medidas que se deben tomar para resolverlo. Entre ellas, la posible suspensión del programa o la corrección del mal diseño. Aquí hay una gravísima falta de rendición de cuentas. Nadie le da explicaciones a la ciudadanía.

¿Por qué es que las fallas de Qali Warma no nos enfurecen? ¿Por qué la sociedad civil, que nos ha sorprendido con la acción colectiva para tirarse abajo las foto-papeletas, no se organiza también para obligar al Estado a que sus programas sociales sean eficientes, a que el Ejecutivo asuma su responsabilidad por enfermar a los niños más pobres del Perú? ¿Será que la sociedad civil se mueve cuando le duele la billetera y los niños de Qali Warma no son de su interés?

Amarás a tu prójimo como a ti mismo

La historia ha demostrado que lo que en un tiempo y en una sociedad determinada se consideraba aceptable, no necesariamente lo seguiría siendo. Durante cientos de años las sociedades se llenaron de explicaciones para justificar la esclavitud. Hasta hace poco las mujeres no teníamos el derecho al voto, ni a disponer de nuestros bienes. Como si fuésemos incapaces eran nuestros padres o maridos los encargados de administrarlos. Para poder tener un pasaporte necesitábamos de su autorización y aún hoy nuestros hijos deben ser registrados por sus padres.

Hubo una época cuando los indígenas latinoamericanos eran llevados a Europa a ser expuestos en zoológicos humanos. Esos mismos indígenas estaban prohibidos de entrar al Damero de Pizarro. Hasta hoy, los empleados domésticos usan baños distintos a los de sus patrones.

Aceptar aquello que rompe el statu quo, asusta. Sobre todo a aquellos privilegiados por ese statu quo. El Estado no puede intervenir en la vida privada de las personas, ni decirle a un ciudadano a quién debe amar y cómo hacerlo. El Estado no puede disponer mayores derechos civiles para unos y menos para otros. El Estado tiene la obligación de reconocer que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y por ello debe reconocerles sus derechos y brindarles protección sin importar su orientación sexual. Sin importar lo que piense la Iglesia, porque somos un Estado laico.

En el Perú existen ciudadanos gay que han formado familias, que tienen parejas estables y son padres. Esas familias y esos niños tienen los mismos derechos que cualquier otra familia y que cualquier otro niño. ¿Por qué se les está privando de ser reconocidos? Hayek sostenía que la ley debe ser producto de un reconocimiento de lo que sucede en la sociedad. La ley debe nacer de la realidad, porque de lo contrario es letra muerta. La ley de la unión civil lo que busca es reconocer una realidad y otorgarles derechos patrimoniales a quienes, en la práctica, son una familia igual que cualquier otra. La libertad consiste en que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades, ejercerlos o no es parte de la libertad individual.

Los congresistas no han sido elegidos para imponernos sus ideas o los dogmas de su Iglesia. Aquel congresista que denuncia que esto es un matrimonio encubierto, que pretende irrogar derechos que la Constitución otorga solo a los heterosexuales, olvida que el principio de la Constitución es la igualdad ante la ley. ¿Cuál es el problema de que el Estado proteja la unión civil? Tengo maravillosos amigos gay que son estupendos padres de niños sanos y llenos de amor. Conozco maridos que golpean a sus mujeres y a sus hijos, padres heterosexuales que no visitan a sus hijos y que deben ser enjuiciados para pasarles una pensión. ¿Es que acaso la orientación sexual determina qué tan buenas personas podemos ser? La intolerancia es una característica de nuestra sociedad, donde unos se creen superiores a otros y no terminan de entender que la Constitución, la ley -y también Dios-, nos hacen a todos iguales.

A nadie

El 11 de setiembre es un día de duelo nacional en los Estados Unidos. Sin importar que nunca hayan estado en Nueva York ni en Washington DC, todos los norteamericanos sienten el ataque de Al Qaeda como si hubiese ocurrido en el jardín de su casa. Como si cada una de las 2977 personas que murieron hubiesen sido sus amigos, sus parientes o hermanos. No hay un solo norteamericano que cuestione que Al Qaeda es un grupo terrorista y su líder, Osama Bin Laden, era el mayor enemigo de Estados Unidos. A nadie se le ocurriría cuestionar la operación "Gerónimo" que acabó con Bin Laden, ni al Presidente que la ordenó. A nadie se le ocurriría que en el monumento del 11 de setiembre, junto a los nombres de cada una de las víctimas, se escriba el nombre de los miembros de Al Qaeda que ejecutaron los ataques. A nadie.

En el Perú, durante los años que vivimos bajo la violencia terrorista murieron alrededor de 23,969 personas. El 50% de las muertes y desapariciones ocurrieron en Ayacucho. Las víctimas eran personas como usted o como yo. Hombres, mujeres, ancianos y niños. En su mayoría campesinos pobres. ¿Quiénes recuerdan a las víctimas de Sendero y el MRTA? ¿Es que alguien en el Perú siente el dolor de las muertes de esos campesinos ayacuchanos masacrados, de sus hijos, de los militares y policías que dieron su vida por el Perú, como si hubiese sido la de un hermano, un pariente o un amigo? ¿Quién?

Nosotros permitimos que una Comisión de la Verdad y Reconciliación escribiera una historia, sin consultar siquiera con quienes lucharon contra el terrorismo: Los militares y policías. Permitimos que la izquierda, prima hermana de Sendero y del MRTA, controlara la CVR y que nos dijera que el Estado peruano ejecutó una política sistemática de violación de derechos humanos. Permitimos que la CVR promoviera una agenda política de izquierda. Permitimos que una ideologizada Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos obligara a construir un monumento, donde al lado del nombre de las víctimas del terrorismo, colocamos el nombre de los terroristas. Un monumento que ofende la memoria nacional. Que ofende a cada una de las víctimas y de los sobrevivientes del terrorismo. ¿Qué verdad y qué reconciliación? Y hablando de verdad, aquellos miembros de las FF.AA. que cometieron crímenes atroces contra los ciudadanos que debían proteger deben ser juzgados y condenados. Pero no por ellos, todas las FF.AA.

¿Hasta cuándo vamos a callar porque eso es políticamente correcto? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la izquierda y sus ONG sigan llenándose de plata persiguiendo policías y militares, y sacándole plata al Estado peruano en indemnizaciones a favor de terroristas? ¿Cómo es posible que 16 años después se siga discutiendo cómo murió un terrorista en una operación de rescate de rehenes y que nuestros héroes, nuestros comandos Chavín de Huántar, sigan siendo cuestionados en juzgados penales y cortes internacionales ideologizadas?

Vergüenza debería darnos no tener el coraje de decir las cosas claras. ¿Cuándo, como dijo González Prada, tendremos el valor de "romper el pacto infame de hablar a media voz"?

¡Qué "pendejo" que soy!

Carlos llegó a recoger a su hijo del colegio, cargado con el malestar que produce vivir en una ciudad caótica, sin encontrar dónde cuadrarse. Como él, varios padres lidiaban con el mismo problema: colegios que no tienen parqueo y que congestionan las calles. Pedro venía por el lado contrario tratando de llegar a su casa, justo cuando Carlos pasaba frente a su garaje. Pedro le hace una seña para que retroceda y así poder entrar a su casa. Alzado, Carlos le dice que de ninguna manera y le mete el carro. Como Pedro no retrocedía, Carlos decidió que se jodieran todos. Se bajó del auto dejándolo en el medio de la vía y se fue al colegio a recoger a su hijo, pese a las protestas de los demás. Cuando regresó, su hijo le preguntó: "Papi, ¿ese es tu carro?". "Sí, hijito", contestó: "Ya sabes como es papi". Y se fue orgulloso. ¡Era un gran "pendejo" y nadie se metía con él!

Esta es la imagen de nuestra sociedad, donde nadie tiene consideración por los demás. Donde el vecino no importa, importa imponerse, ganar, llevárselo todo. Los ciudadanos no confían ni en el Estado ni en los demás ciudadanos. No existe cohesión social, ni conciencia de grupo. No nos importa el bien común, ni tenemos un plan de país. No nos enfurece la discriminación, ni saber que uno de cada tres peruanos vive en pobreza. No nos interesa que niñas de 12 años sean prostituidas por 3 soles. No importan los niños que crecen en la miseria ni la violencia física y sexual contra las mujeres.

Una de las condiciones para llegar al desarrollo es que exista cohesión social y confianza entre los ciudadanos y de los ciudadanos en el Estado. No basta el crecimiento económico. Esta confianza es la que hace que las normas sociales se cumplan, no por miedo a una sanción sino porque existe un interés de grupo de vivir en armonía. Por ejemplo, en países desarrollados la ley establece que el dueño de un perro debe recoger la caca. Por ello, cuando sacan a los perros llevan bolsas para cumplir su deber ciudadano. Si bien existen "free riders", estos son los menos. La mayoría recoge la caca de sus perros porque confían en que los demás también lo harán. En el Perú existe la misma regla, pero nadie la cumple. Como consecuencia, los parques donde juegan los niños están llenos de caca.

Esta semana Fernando Cillóniz escribió sobre Puno. Para él, en Puno hay mucha plata, aunque en su mayoría es mal habida. Pero qué importa "Que hay plata, hay". También hay pobres, decía, pero hay mucha riqueza. "No hay que caer en la trampa de los falsos mendigos". Este es otro ejemplo de la falta de cohesión y conciencia social. Repasemos Puno: desnutrición crónica en mayores de 5 años: 21.5%, acceso a agua potable en vivienda: 30%, pobreza multidimensional: 60%. Hasta fines de julio habían muerto 34 niños por frío. Pero según Cillóniz, en Puno hay mucha plata. Con ustedes, la clase empresarial peruana.

Yo soy sano y sagrado

El último capítulo de la tragicomedia "Ecoteva: la offshore del sano y sagrado", lo complica cada vez más. El sano y sagrado, el expresidente del Perú que luchó contra la corrupción y la mafia, el "adalid" de "la reserva moral" del país, aquel que hace un tiempo Julio Cotler admiraba en televisión nacional como un ejemplo de político limpio, sin departamentos en París. Aquel sobre quien Álvarez Rodrich sostuvo que siempre se ubicaba en el lado correcto, el de la decencia.

El informe de la UIF es bastante serio, no solo porque habría confirmado las transferencias de millones de dólares de la cuenta de Ecoteva al Perú para comprar la casa de Casuarinas y la oficina, sino porque además demuestra que con ese dinero se pagaron las hipotecas de las casas de Camacho y de Punta Sal. Estas dos casas han sido reconocidas por el mismo Toledo como sus únicas propiedades. Pero, además, echa luz sobre las mentiras de Toledo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y la Fiscalía de la Nación.

Repasemos un poco sus varias y contradictorias versiones. Cuando se hizo pública la compra de la casa de Casuarinas, Toledo sostuvo que el dinero provenía de recursos propios de la señora Fernenbug –entre ellos la indemnización del gobierno alemán por el Holocausto y las millonarias herencias de sus exmaridos ricos–, que el pago se realizó a través de transferencias bancarias, después vinieron confusas rectificaciones notariales, supuestos cheques de gerencia, avales, una hipoteca y tres bancos involucrados. Toledo dijo que él qué culpa tenía de las inversiones que decidía hacer su anciana suegra, que él nunca estuvo en Costa Rica, luego que en verdad sí, pero que fue a dar una conferencia. La conferencia nunca existió y un abogado costarricense confirmó que fue Toledo quien ordenó la creación de Ecoteva. Finalmente, y como bajado del cielo, apareció el millonario empresario y cercano amigo de Toledo Yosef Maiman, quien sostuvo que Eva Fernenbug era algo así como su testaferra. Y ahora que se ha descubierto que con el dinero de Ecoteva también se pagaron las dos casas de Toledo (Camacho y Punta Sal) y las deudas de Eliane Karp, ¿qué explicación nos va a dar Maiman? ¿Estas también fueron una inversión? Según su abogado Luis Lamas Puccio, las hipotecas se pagaron por decisión personal de Maiman. Entonces, ¿fueron un regalito?

Que Toledo es mentiroso lo sabíamos desde que nos contó que su madre había muerto en un alud, que Zaraí no era su hija y que él nunca estuvo en la suite presidencial del Melody, sino que lo habían secuestrado y que fue liberado sin calzoncillo. Pero, escucharlo en la grabación del periodista de El Comercio negar que era él al teléfono, fue demasiado vergonzoso. Como lo es que los miembros de su partido sigan defendiéndolo. Todo parecería indicar que Toledo está dando una clase magistral desde Stanford, sobre cómo se oculta dinero a través de una amigo millonario.

Me pregunto, ¿qué dirá el valiente zar anticorrupción que blindó a Toledo en la Comisión de Fiscalización?

"Hablando no se escucha a la gente"

Esta semana, el Premier ha insistido con el diálogo al que convocó a los partidos. Algunos han aceptado con la esperanza puesta en alguna cartera. Otros pusieron condiciones pero ofrecieron a sus técnicos, soñando con que el chamán Tejada se quede sin megacomisión. Otros dijeron de plano, no.

¿Que es lo que busca el Gobierno con esta convocatoria? ¿Qué sentido tiene un diálogo orientado a forjar un consenso entre partidos que no representan a los ciudadanos? ¿O usted cree que la gente se siente representada por el Congreso? Si los cafetaleros, las comunidades, los maestros y los doctores toman las calles y presionan, con medidas violentas exigiendo políticas públicas, es porque no sienten que los partidos los representan.

Mientras, los políticos peruanos están ensimismados diciéndonos que su partido tiene todas las respuestas para sacarnos de este bachecito y llevarnos de un salto al desarrollo, en Washington se presentó "In the shadow of violence" el último libro de Douglass North, John Wallis, Barry Weingast y Steven Webb. El libro describe el rol de las organizaciones políticas, sociales y económicas en el desarrollo.

¿Por qué los partidos peruanos no tienen convocatoria? Porque no son partidos, son clubes de amigos, vehículos interesados únicamente en llevarlos al poder. Cuando los partidos están dirigidos por cúpulas que responden a intereses de grupo, no tienen legitimidad ante los ciudadanos. Por el contrario, son los partidos donde los líderes son elegidos en primarias por sus militantes -y no donde son impuestos- aquellos que tienen mayor representatividad en la población.

¿Qué incentivo tienen los ciudadanos para militar en un partido donde no tienen la posibilidad de elegir a sus líderes ni de influir en la agenda? Para Wallis y Webb las mejores organizaciones políticas son aquellas donde no hay caudillos, ya que le dan mayor importancia a los intereses de sus militantes y no a los intereses de su cúpula. Un partido masivo está sujeto a un mayor control de sus militantes, y por ello habrá menor posibilidad de corrupción y mayor institucionalidad. Por lo anterior, los líderes políticos prefieren militar en clubes de amigos donde no están sujetos a rendición de cuentas ni a la regulación.

Contrariamente a lo avanzado en economía política del desarrollo, en el Perú se cree que una solución a la crisis de los partidos es anular el voto preferencial, quitándole a los ciudadanos la posibilidad de elegir a sus representantes. Quieren regresar a las listas cerradas, donde es la cúpula en base a sus intereses quien asigna el orden de los candidatos.

Los ciudadanos dejarán de tomar las calles cuando sientan que los partidos los representan y eso solo ocurrirá si es que los ciudadanos pueden influir en los partidos y sus agendas. Lamentablemente, ningún político quiere reconocer que su sostenibilidad se basa en organizar y representar los intereses de las mayorías, y no de los grupos de poder que los controlan.

Regresando a la convocatoria, un diálogo entre gobierno y partidos no es un diálogo donde los peruanos se sientan representados. Es solo un diálogo entre caciques y cúpulas para repartirse rentas y prebendas.

¡Que no pare la fiesta!

Todo parecería indicar que el ministro Castilla se cansó de soplar y poner velitas para que los efectos de la crisis no lleguen al Perú. De pronto, pasamos de "la demanda interna sostendrá el crecimiento económico" (Velarde dixit), a estamos "en tránsito de un mundo de vacas gordas a otro de vacas flacas" (Castilla dixit). Y así, sin más, el Gobierno le informó a los peruanos que lo de "al Perú no lo para nadie" no era tan cierto.

Ahora resulta que el Premier ha decidido hacer un llamado a todas las fuerzas políticas para establecer una agenda de trabajo vinculada a la inversión y a la sostenibilidad del crecimiento del país. "Queremos tender puentes", dijo. Y olvidó que solo hace unos días el Gobierno estaba en campaña atacando a todos los líderes de oposición, llamándolos desde corruptos hasta cómplices de violaciones de DD.HH. ¿Ahora, quieren dialogar, cuando no saben cómo arreglarla?

¿Acaso el Gobierno no sabía desde hace más de un año que la reducción del precio de los minerales implicaría, como efecto inmediato, una reducción del canon y la recaudación tributaria? ¿Acaso no podían haber advertido al país que la caída implicaría menos dinero para las regiones y municipios? ¿No sabían que era necesario advertirle al país, sobre todo a lo que llaman la "clase media" (aunque solo estén a un centavo por encima de la línea de la pobreza), que debían tomar en cuenta que podía producirse una desaceleración de la economía y por ello debían tener cuidado al endeudarse? ¿Qué va a pasar con toda esta "clase media" si esta desaceleración implica un menor consumo que afecte el empleo y que haga que sus ingresos se reduzcan?

Las regiones y municipios ya sintieron el golpe. ¿No debió el Gobierno discutir este tema con las autoridades locales con anticipación? ¿Cómo creen que van a reaccionar al recibir menos ingresos en año previo a elecciones? Culparán al gobierno central y generarán más descontento social.

Pero más allá del mal manejo del gobierno de Humala, el mayor culpable es el presidente Toledo, quien para poder gobernar desde el avión parrandero, hizo una reforma de la descentralización que convirtió a los gobiernos regionales y municipales en "dueños" del canon. No se creó un fondo de estabilización fiscal, ni se establecieron reglas razonables y equitativas para que estos recursos vayan donde más se necesiten. Toledo y sus ministros no estaban para tomar decisiones incómodas. Ellos solo quisieron gobernar sin sobresaltos, desde Punta Sal. ¿Por qué el gobierno de García no corrigió los errores de la descentralización de Toledo? ¿Para qué? ¡Si eso cansa! Además, "la plata llega sola." ¿Y ahora?

¿Cómo es que pretenden controlar la crisis incrementando la demanda interna mediante una mayor inversión estatal? ¡Han tenido dos años para hacerlo y no han sido capaces! Y a todo esto, gran papel el del BCR y el del gran empresariado nacional. ¡Nadie dijo nada! Y los bancos siguieron colocando créditos y llenando sus bóvedas. Es que la fiesta para el mercantilismo y los gobiernos incapaces nunca para.

¡Aquí mando yo!

"¡Aquí mando yo!" era la frase a la que nos tuvo acostumbrados el supremo San Martín, mientras presidió la sala que juzgo al expresidente Fujimori y luego como presidente de la Corte Suprema. Lo que el supremo San Martín no entendió es que en un Estado de Derecho quien manda es la ley y no un hombre. 

 
En los audios de un almuercito de "coordinación" entre el Premier, el ministro Cateriano, la jueza Carmen Rojjasi y el supremo San Martín, se le escucha decir a este último: "La doctora ha sido muy comprensiva, y creo que siempre ha sido abierta con nosotros y con el Estado. Eso es lealtad al Estado, lo que no quiere decir que sea parcial, o viole derechos de terceros, pero siempre está llana al diálogo". ¿Qué significa que una jueza tenga lealtad al Estado? ¿Quiso decir San Martín que la jueza era leal a una de las partes en el proceso y no a la ley? Extrañamente, la sentencia declara que Tito fue ejecutado, pero libera de responsabilidad a los acusados, dejando la puerta abierta para que el caso Chavín de Huántar siga siendo el caballo de batalla de las ONG de derechos humanos en el Perú y en tribunales internacionales.

El Premier se defendió diciendo que: "el problema no lo generó la reunión, sino quienes ingresaron ilegalmente y sacaron el audio", lo que traducido significaría algo así como: "el problema no es que hicimos algo ilegal, sino que nos ampayaron".

La caviarada ha reaccionado dividiéndose. Por un lado están quienes han salido a apoyar a los del almuercito, sosteniendo que lo que se buscaba era tener unidad en la defensa del Estado peruano. Pero no todos están de acuerdo. En su última columna, Ernie de la Jara ha sostenido que los audios demuestran que ese almuerzo fue para "cocinar una sentencia, sin importar para nada los hechos y el derecho". Ernie se siente decepcionado por un juez que "tenía la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias y no permitir la manipulación política". Frágil memoria la de Ernie, considerando que el supremo San Martín hizo exactamente lo mismo cuando presidió la sala que juzgó a Fujimori. O no es acaso cierto que la sentencia que condenó a Fujimori estuvo "cocinada" (me permito tomar prestado el término) un año antes de ser emitida? ¿No están los correos entre San Martín y Gonzalo del Río, donde se le explica al supremo cómo lograr condenar al expresidente, incluso antes de que se actúen las pruebas? Entonces, en esa sentencia tampoco importaron los hechos ni el derecho, ¿no? ¿No será que la diferencia entre una "cocinada de sentencia" y la otra es que en un caso le convenía a la caviarada el resultado y en el otro no?

Aquí lo que tenemos es una muestra de cómo los autodenominados conciencia moral del Perú, a los que los noventa les apesta, no son mejor que el resto. Aunque se cubran con aura de sabiduría, decencia, legalidad y democracia. Ya los estamos viendo.

¡A la búsqueda del Tesoro!

La izquierda sostiene que el Perú siempre ha sido gobernado por poderes fácticos, que el Estado ha sido privatizado. Es lo que en "El otro sendero", De Soto describe cómo el mercantilismo les permite, a aquellos con acceso al poder, obtener privilegios del Estado. ¿Extraña coincidencia?

Un día antes de que sean elegidos los nuevos miembros del TC, repartija aparte, el TC de salida decidió resolver sobre la acción presentada por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), a fin de que se ordene el pago de los bonos agrarios.

¿Es tan simple sostener que esta es una acreencia del Estado que debe ser honrada sin discusión? ¿Es este un simple perro muerto? Discutible. ¿Qué llevó al TC a decidir este importante tema con gran impacto fiscal, estando de salida?

Desde hace años, especuladores con grandes bolsillos fueron adquiriendo los bonos agrarios de manos de sus tenedores originales por un porcentaje mínimo de su valor. Se calcula que 70% a 80% de los bonos están hoy en manos de especuladores.

¿Es que tiene legitimidad ética una decisión sobre el pago de los bonos adoptada por un TC que decide con el voto dirimente de su presidente, quién fue funcionario de uno de los tenedores más grandes de bonos? ¿De qué deuda con los perjudicados hablamos si los que cobrarán son los especuladores?

Cuando el TC resuelve una causa, debe cuidar que el derecho de los ciudadanos y los objetivos constitucionales primen en sus decisiones con absoluta independencia de criterio y una visión de la problemática jurídico-social-económica del país. Lamentablemente, no es el caso. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo los poderes fácticos de los que habla la izquierda, o el mercantilismo del que habla De Soto, captura rentas del Estado.

Analistas económicos sostienen que el pago ordenado por el TC, en un plazo de 8 años, no significará ningún problema para el Estado. ¿El Estado pagará 4000 millones de dólares, 80% de los cuales irán a manos de especuladores, a cambio de qué? A cambio de que uno de cada cinco niños siga estando desnutrido, de que el Perú sea el país con mayor índice de TBC, de seguir mandando a nuestras tropas al VRAEM sin rancho ni balas ni guantes, a cambio de que el Hospital Policial carezca de insumos, de que el Perú tenga la peor educación de los países de ingreso medio-alto. A cambio de ser incapaces de luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y de que la brecha de infraestructura siga creciendo. Porque, para todo lo anterior, se necesitan recursos.

¿Por qué es que la deuda agraria tiene precedente sobre la deuda a los fonavistas? ¿Será porque los fonavistas no tienen especuladores detrás que puedan organizarse para promover que el TC falle a favor, detallando incluso cómo debe proceder el MEF? ¿Por qué el CIP presenta una acción para beneficiar a intereses privados? ¿Quién estuvo detrás? ¿Por qué recién el decano del CIP sostiene que aquí hay irregularidades?

¿Será por esto que los recursos del Estado son llamados el Tesoro de la Nación?

El pueblo no quiere más pan ni circo

Cuando la Constitución estableció que los miembros del TC debían ser nombrados con el voto de dos tercios de sus miembros lo que se buscaba era que los congresistas llegaran a un consenso. Que se pusieran los intereses del país por delante y que dejando de lado intereses partidarios, se nombren a los mejores para el cargo. Los miembros del TC no solo deben tener un conocimiento profundo de la ley, sino además una intachable trayectoria moral, absoluta independencia de criterio y una visión de la problemática jurídico-social-económica del país. Al resolver las causas el TC tiene que cuidar que el derecho de los ciudadanos y los objetivos constitucionales primen en sus decisiones.

Quienes sostienen que el mecanismo de nombramiento de los miembros del TC es malo, se equivocan. El problema es la falta de responsabilidad de los partidos, quienes desvirtuando completamente la Constitución, han optado por una vulgar repartija. El TC y la Defensoría se han convertido en un botín y los partidos han decidido que lo mejor es repartírselo de acuerdo a cuotas partidarias. La institucionalidad del país poco importa.

En el reparto ya no se cuidan ni las formas ni las vergüenzas.

¿Será que nos estamos acostumbrando a la mediocridad de la clase política? ¿A que todos defiendan sus intereses y ninguno los del país? Digamos que indignados estamos, pero no tanto como para salir a las calles a decirle al Gobierno que no queremos más que sus congresistas blinden a Toledo, que no queremos más que se repartan puestos claves, que no queremos más gente mediocre mamando del Estado.

Los ciudadanos no están dispuestos a salir a las calles ni a enfrentarse al Estado porque no tienen los incentivos necesarios. Los peruanos siguen creyendo que la ola de crecimiento económico nos arrastrará indubitablemente al desarrollo, y nos conseguirá una membresía en la OECD. Ilusamente, creen que poco importa lo que hagan los políticos en el Congreso, quiénes sean los vocales del TC o el Defensor del Pueblo. Aún no se han dado cuenta que la economía ha comenzado a desacelerarse, que el Perú está en la cola del índice de competitividad, y que cuando las papas quemen, van a ser esas autoridades de cuestionable calidad quienes tomarán decisiones que nos afectarán a todos.

El gran problema es el diseño institucional: no existen incentivos para que las autoridades rindan cuentas. Así, quienes son elegidos difícilmente representan a los electores. Quienes llegan al Congreso buscan defender sus intereses personales o partidarios, saben que probablemente solo tengan 5 años para hacerlo. Hoy no existe visión de país. Hoy en el Congreso hay que tomar lo que se pueda y salir corriendo. ¿Cómo explica sino, que pese a los cuestionamientos que hay a Rolando Sousa, Cayo Galindo, Víctor Mayorga y Pilar Freitas, el Congreso siga defendiendo sus nombramientos? Los ciudadanos estamos cansados de los papelones que hacen los congresistas en los programas cómicos, en los cumpleaños de sus lideresas y en los bautizos de sus ahijados. No los hemos llevado al poder para que sean los payasos del circo.

La clase política fallida

No tenemos Defensor del Pueblo, ni directores del BCR, ni miembros del TC. Tenemos una ministra que no controla su cartera, donaciones que se pierden en el camino, bienes embargados que son regalados en actos proselitistas por congresistas oficialistas. Una Ley de Servicio Civil y una Universitaria que nadie ha explicado. Empleados públicos tomando carreteras, la CGTP apedreando a policías, universitarios en las calles, pobladores movilizados por todo el Perú, un Premier sin correa y un Presidente "cosito".

Pilar Freitas, exprocuradora toledista, y Guido Lombardi son candidatos a Defensor del Pueblo. Yehude Simon renuncia a la bancada de APGC, Enrique Wong dice que renuncia pero Lourdes Alcorta aclara que no, que es solo un malentendido. PPK se muestra ofuscado, traicionado y sostiene que esa bancada no lo representa. Cuando los ofuscados y traicionados deberían ser todos aquellos ingenuos que votaron por PPK.

Alejandro Toledo desaparece. Perú Posible sostiene que el expresidente vendrá a dar explicaciones, que nada es cierto, que el cholo sigue siendo sano y sagrado. Su exvicepresidente replica que Eva Fernenbug nunca estuvo en la lista de los indemnizados por el Holocausto. Y el Perú se queda pensando que algo grande ocultan.

El PPC sostiene que es crítico de la gestión de la alcaldesa, olvidando que fue por ellos que Villarán sigue siendo alcaldesa. Es por la institucionalidad, dijeron. Cuando Villarán, y con ella todos los políticos, debieron recibir el mensaje claro: una autoridad incompetente e incapaz será revocada por el pueblo. Es un despilfarro, dijeron, y en el camino Villarán gasta 140% más en parques que en escaleras y muros. La ciudad es un caos y ella habría gastado S/.270 millones en consultorías. Pero el PPC quiere convencernos que cumple su rol, olvidando que el rol de un partido es el de ser una correa de transmisión de las necesidades de la población, para que así esa población no tenga que salir a las calles.

El sector fundamentalista del fujimorismo pretende poner sus creencias religiosas por encima de los intereses públicos que el Estado debe tutelar: el derecho a la vida de las mujeres embarazadas y el derecho a la educación sexual de los adolescentes. El Congreso elimina la orientación sexual como agravante en casos de discriminación.

Desde la izquierda se escuchan voces sosteniendo que lo que tenemos es un desprestigio de la clase política. ¡Qué novedad! Aunque aún no deciden si este es generado por la poca capacidad de los políticos.

Todos estos son síntomas de una enfermedad: la falta de una democracia funcional. Para que una democracia funcione se necesita que los ciudadanos tengan confianza en el Estado, esto es que sepan que el Estado va a responder imponiendo orden y seguridad, controlando la violencia, administrando justicia, defendiendo derechos de propiedad y garantizando libertades civiles, políticas y económicas. Pero además se necesita el respeto de los ciudadanos a la autoridad. En el Perú no existe ninguno. Lo que tenemos es una falta de representación política real. Esta es la verdadera debilidad institucional del Perú. La misma que afecta a Brasil, Egipto y Turquía.