A punta de chantaje

Para gobernar no basta ganar elecciones. Para gobernar se necesita legitimidad y la confianza del pueblo y de los inversionistas. En el Perú no existe ninguna. ¿Quién gobierna? ¿Confía usted en el Estado? Con una economía en desaceleración y una crisis institucional seria, los rumores de los últimos días no hacen más que empeorar la crisis.

La impersonalidad de las instituciones es una característica fundamental para lograr cruzar el umbral del desarrollo. Pero en el Perú, país caudillista seguimos esperado al outsider que salvara al país. Lo que nos hace idealizar candidatos y sobredimensionar sus posibilidades de acción para luego, una vez que fracasen, desilusionarnos y perder aún más confianza en la democracia y en las instituciones. Es un error defender personas por encima de instituciones. Como es un error permitir que se doblegue el principio de autoridad que debe ejercer un estado.

En Loreto, 600 miembros de la Fediquep y la Feconaco han tomado el helipuerto de Andoas y bloquean el ingreso al Lote 192 desde el sábado pasado. El Presidente de la Feconaco exige la llegada de una comisión de alto nivel del Ejecutivo para dialogar. ¿Acaso se puede dialogar bajo condiciones de fuerza?

Este tipo de acciones para exigirle al gobierno central presencia en zonas en conflicto y decisiones que beneficien a un grupo, se han hecho costumbre en el País. El gobierno de Toledo aceptó el levantamiento popular, la captura de rehenes y la toma de carreteras como mecanismos validos en la negociación con el Estado. El de García lo institucionalizó. Es momento que el Estado demuestre que tiene el control sobre la violencia y que ninguno de esos mecanismos puede ser exitoso. Quien bloquea una carretera, toma un aeropuerto o impide el libre desarrollo de las actividades comerciales comete un delito. El Estado no puede aceptar el chantaje de quienes están fuera de la ley. El estado peruano está siendo progresivamente secuestrado por la coerción de los ilegales. No podemos mantener un modelo de ausencia de autoridad.

¡A la cola!

Lima se sorprende cuando en las zonas de influencia minera y petrolera las comunidades buscan parar las inversiones. Pero Lima nunca pregunta por qué.

Cajamarca es la región más pobre del Perú. El 52.2% de cajamarquinos vive en pobreza. 32.7% de los menores de 5 sufre anemia y hay más de 600,000 pobladores que padecen déficit calórico. En Islay, área de influencia de Tía Maria, viven 53 mil personas. El 25% viven en pobreza, el 40% de las viviendas no están conectadas a una red pública de desagüe.

Las comunidades no confían ni en las empresas ni en el Estado. Ellos ven como con la mina llega gente de fuera, construyen caminos privados, traen seguridad que les impide el acceso, destruyen sus Apus, contaminan su agua y se llevan “su” riqueza. Y ellos siguen en la misma pobreza. Y nadie se toma el trabajo de explicarles si se cumple con los estándares medio ambientales y cuáles son las medidas de mitigación.

La falta de partidos formales que representen los intereses de los pobladores más pobres y de las regiones más alejadas los empuja hacia movimientos radicales. Los ciudadanos sienten que han sido abandonados por el estado y que las opciones pro-sistema no los benefician. Y por ello le exigen a sus autoridades locales que los protejan contra las mineras y contra el Gobierno Central.

La solución pasa por escuchar a la comunidad y diseñar intervenciones que cubran sus expectativas (caminos, colegios, centros de salud, redes de agua y desagüe, etc.) y a la vez le permitan a la empresa explotar el mineral, generando puestos de trabajo directos e indirectos, y regalías, para que todos los peruanos nos beneficiemos del crecimiento económico.

El gobierno central tiene un rol importantísimo que jugar y eso pasa por reconocer a las autoridades locales elegidas por el pueblo y trabajar con ellos para lograr el desarrollo de su comunidad. Comenzar respetando a las autoridades es un buen paso. Hacer que un alcalde haga cola para entrar a una reunión con un viceministro es un error que muestra que Lima, nunca entiende nada.

Chapa tu choro

“Cincuenta y seis personas que se meten a una casa, roban, agreden, son capturadas y luego son liberadas ¿cómo explicar eso? Señores fiscales, jueces, la policía si ‘chapa a los choros’” Fueron las declaraciones de un indignado José Luis Pérez Guadalupe, Ministro del Interior en respuesta a la resolución de la jueza Hayde Vergara Rodríguez.

En Lima, el 82% de los ciudadanos considera como el principal problema la delincuencia e inseguridad ciudadana. De acuerdo con cifras del INEI entre Octubre del 2014 y Marzo del 2015 el 32% de peruanos que viven en zonas urbanas con más de 20,000 habitantes ha sido víctima de algún hecho delictivo, sin embargo solo el 15% lo denunció. La incidencia de victimización en Lima es mucho mayor, en el 2014 el 43.1% de limeños fue víctima de algún delito.

Una de las condiciones para que un país cruce el umbral del desarrollo es que el Estado tenga el control del monopolio de la violencia. Esto es, solo el Estado a través de la ley puede ejercer la violencia (orden, persecución, sanción) sin que ningún otro grupo (narcoterrorista, sicario, pandillero) pueda hacerlo. En el Perú, el principio de autoridad ha sido socavado por la pérdida de legitimidad del Estado. Los ciudadanos no confían en las autoridades y eso se ve reflejado en la alta percepción de inseguridad y en el bajo porcentaje de denuncias de las víctimas.

Esta falta de confianza en el Estado ha llevado a un grupo de ciudadanos a promover el linchamiento de los delincuentes, tal como vienen haciendo rondas y comités de autodefensa. Cuando el ciudadano se ve obligado a “resolver” sus problemas por incapacidad del Estado, todos los ciudadanos pierden porque corremos el riesgo de que se imponga una anarquía.

Cabe resaltar que la incapacidad del poder Judicial no se ve reflejada exclusivamente en la liberación de delincuentes comunes. La impunidad con la que operan los delincuentes de cuello y corbata, esos que se pasean por los distintos poderes del Estado, amparados en Habeas Corpus, es otro ejemplo.

¡Sálvese quien pueda!

Mientras la bolsa de Valores China cae estrepitosamente contagiando al resto de países emergentes, entre ellos el Perú, no nos queda más que enfrentarnos a nuestra cruel realidad. Si bien, en los últimos años, hemos sido consientes de nuestras limitaciones como país en cuanto a la debilidad institucional que enfrentábamos, reconocíamos el impresionante crecimiento económico que experimentábamos como algo positivo. Este era el escenario cuando lo de la Gran Transformación y la Hoja de Ruta. Cuando las agendas aún no se perdían y su dueña dibujaba corazoncitos en ellas con ojos de Rico Mc Pato.

Como la pareja presidencial llegó al poder creyendo que el crecimiento económico estaba garantizado, dejaron de lado la implementación de políticas públicas adecuadas que mantuviesen el crecimiento y que facilitasen la inversión privada y la seguridad. El ruido político que generaron los dos aventureros y claro, la incapacidad demostrada lograron que los empresarios perdieran la confianza y las trabas burocráticas se encargaron de limitar la inversión pública. Todo lo anterior, sumado a factores externos, derivaron en el magro crecimiento económico 2014 y lo que va del 2015.

Mientras la desaceleración económica comienza a sentirse y nos enfrentamos al riesgo de que aquellos que salieron de la pobreza puedan caer nuevamente en ella, los temores sobre la magnitud del Fenomeno de El Niño se confirman. Y mire usted la incapacidad del Gobierno Nacionalista, el Ministro encargado de coordinar todas las acciones de prevención del gobierno ante El Niño, Juan Benites, no pudo responder ante la Comisión de Agricultura al no estar “preparado”. Si, así mismo lo dijo.

Hace un par de semanas yo preguntaba “Qué es lo que ha hecho el Estado para prevenir los efectos devastadores de un Niño extraordinario?” hoy tenemos la respuesta: nombrar a un Ministro incapaz de explicarse ante el Congreso.

Las agendas truchas de la primera dama

Cuando un ciudadano postula a un cargo de elección popular o acepta un puesto en el sector publico sabe bien que el puesto viene con la obligación de rendirle cuentas al país. Y que por ello, podría ser sujeto de infructuosas investigaciones: de contraloría, del congreso, de la fiscalía y sobre todo de la prensa.

Nadine Heredia no es funcionaria pública y por ello no está obligada a rendir cuentas. Sin embargo, ejerce un ilimitado poder. Pone, quita y da luz verde a Ministros y pese a que no existe un presupuesto asignado a su despacho, nadie sabe de donde, como ni porque sale el dinero que financia sus viajes, presentaciones y asesores. El poder de Heredia es un riesgo, porque es informal y no está sujeto a ningún contrapeso.

 Este poder informal de la primera dama es cuestionado desde hace mucho tiempo, sin que nada se pueda hacer en realidad por limitarlo. Ello demuestra la debilidad institucional en la que se mantiene nuestra endeble democracia.

El domingo Panorama presento una investigación sobre unas agendas que habrían sido escritas de su puño y letra. Nadine Heredia sin presentar prueba alguna que desacreditara la investigación, sostuvo que ella “no le atribuía ninguna seriedad”.

Las agendas hechas públicas muestran el manejo de dineros previamente a que la pareja llegara a Palacio. ¿Cuál es el origen de esos dineros? No sabemos. ¿Fueron aportes de campaña? De ser el caso, ¿de quién y porque no entraron a las cuentas del Nacionalismo?

Y usted se preguntara, si son previos al 2011, ¿Importa? Claro que importa porque serian ingresos no declarados y que son usados para financiar los gastos personales de quienes hoy rigen los destinos del país. La ley de partidos políticos busca arrojar transparencia sobre los aportes, aportantes y gastos de los partidos. El objetivo es limitar la corrupción y la infiltración de dinero del narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado en los partidos. Sin éxito alguno, por cierto.

¿Para quién trabajan los ministros?

El Senhami ha advertido que la llegada de una nueva onda Kelvin en la primera semana de setiembre refuerza la posibilidad de un fenómeno El Niño extraordinario.

Previamente a ello, Defensa Civil anuncio que cerca de 1200 viviendas de La Victoria en Chiclayo colapsarían de registrarse intensas lluvias. Mientras que Ingemmet advierte que hay 9 distritos en la ciudad de Lima que se verían seriamente afectados por la cantidad de viviendas precarias que existen. En Piura y Tumbes hay 17 distritos declarados en emergencia.

¿Qué es lo que ha hecho el Estado para prevenir los efectos devastadores de un Niño extraordinario? En 1996, cuando se supo que teníamos un niño en camino el gobierno central adopto una serie de medidas preventivas que iban desde movilización de personal especializado a las zonas vulnerables, simulacros de inundación y sequía, obras de ingeniería y reubicación de poblaciones vulnerables. Al no tener información sobre la magnitud del fenómeno, se consideró como escenario que la magnitud sería similar a la del de 1983-84, es decir bastante severa.    

Casi 20 años después y en referencia al niño actual, la flamante Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sostiene que “el gobierno central está haciendo su esfuerzo, pero los gobiernos locales tienen que asumir su responsabilidad”.  Mientras que el Ministro de Economía dice que él es ministro del gobierno central. ¿Sabrán los “ministros” que los ciudadanos no esperamos de ellos “un esfuerzo” sino el cumplimiento eficiente de su deber? ¿No es eso lo que prometieron al juramentar el cargo?

El Estado es el llamado a tomar las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos, especialmente aquellos en pobreza que son los más afectados ante los desastres naturales. Por cierto, la Ministra también sostuvo que en el caso del friaje y los 129 fallecidos, el Estado también “ha hecho su mejor esfuerzo”.

El Perú de la gran transformación

El ultimo año de gobierno del Presidente Humala empezó en un ambiente político caldeado y a través de un discurso donde no se asume responsabilidad alguna, ni política ni económica ni social. Los conflictos sociales han paralizado las grandes inversiones por todo el país. El BCR registra un crecimiento económico de solo 2.1% entre Enero y Mayo.

El fenómeno del Niño ya está declarado y la incapacidad del Estado para prever los desastres naturales, mitigar sus consecuencias y reparar los daños, es evidente. Como en el caso del friaje, los más afectados por esa clase de desastres son generalmente quienes menos tienen, y por ello la
responsabilidad del Estado es mayor y urgente.

Mientras la desnutrición crónica infantil afecta al 50.1% de los niños menores de cinco años en Huancavelica, a 35% en Cajamarca y a 30% en Ayacucho, la desaceleración económica comienza a sentirse y la delincuencia y el sicariato son cosa de todos los días, los ministros se toman selfies frente a Palacio. Y es que lo cierto es que una es la vida antes de llegar al poder y otra con un “ex ministro” en el CV. Ello sin importar lo buena o mala que haya sido la gestión.

Por otro lado, el gobierno del Presidente Humala, al amparo de la Ley del “Paquetazo ambiental”, habría suspendido y reducido las multas impuestas por la OEFA a empresas mineras y petroleras por haber incumplido con sus obligaciones medio ambientales. Gracias a ello empresas como Doe Run Perú (La Oroya), Volcan, Buenaventura y Santa Luisa se han beneficiado con multas congeladas por reiteradas faltas ambientales.

Así es como el gobierno de la “Gran Transformación” acoge y tutela los intereses creados de los sectores más poderosos, sin que los intereses de los más vulnerables cuenten con similar protección.  ¿Y qué dicen los “garantes” que facilitaron su elección? ¿Que les “devuelva” su voto?

En sus marcas, listos, ¡ya!

La campaña presidencial 2016 comenzó. Y como el Perú es un país sin memoria histórica, plagado de odios y venganzas, de intereses personalísimos y de demasiada mediocridad, ha comenzado una vez más la campaña anti-fujimorista, “políticamente correcta”, que olvido, convenientemente, que el Perú en 1990 era un país inviable. Se repiten una vez más con matices, historias que tratan al fujimorismo como si fuese el nazismo y hubiese llegado al poder a implementar una política sistemática de genocidio y corrupción. Las historias siempre son las mismas y ya llevan 15 años: violaciones de DDHH, esterilizaciones forzadas, los US$6,000 millones de la privatización embolsicados. Veamos:

Para condenar a Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, se tuvo que recurrir a la ficción jurídica de la autoría mediata, aludiendo al hecho de que Fujimori era el jefe supremo de las FFAA por la inexistencia de pruebas que demostraran su culpabilidad. Hace unas semanas, Cesar Azabache critico la sentencia de Fujimori al considerar que en 1991 Fujimori no tenía el control de las FFAA como para haber sido responsable de los hechos de Barrios Altos. ¿Por qué si Fujimori es responsable penal de las violaciones de DDHH ocurridas durante su gobierno, no lo es Belaunde de la política de tierra arrasada implementada durante el suyo y García de las desapariciones de campesinos, los asesinatos del Comando Rodrigo Franco y las matanzas de los penales? ¿Por qué la CVR encontró responsabilidad penal en Fujimori mas solo política en Belaunde y García?

Han vuelto también las mal llamadas “esterilizaciones forzadas” para aludir al Programa de Salud Reproductiva y Panificación Familiar que beneficio 850 mil familias al año, proveyendo de todos los métodos anticonceptivos disponibles (En 1997 el 13% de los beneficiarios eligió una esterilización, el 33.6% Depo-Provera, 20% píldora, 16% DIU y 12% condones) ¿Por qué si la Defensoría document 150 casos de esterilizaciones sin consentimiento, la campaña sostiene que hubo 300,000 esterilizaciones forzadas? ¿Por qué las esterilizaciones sin consentimiento ocurridas durante el Toledato no se mencionan?

¿Dónde está el informe Kroll contratado por el gobierno de Toledo para investigar y descubrir los dineros mal habidos de Fujimori, pero que sin embargo no le habría encontrado nada ilegal? ¿Sera por ello que Toledo lo declaro convenientemente secreto de estado?

Que el Fujimorismo aun no sea capaz de articular una defensa política sólida que responda a las acusaciones que se le hace, escapa a toda lógica. Los meses traerán renovadas versiones de lo anterior y más. La clase política será inmisericorde con Keiko, ello sin importar que ella no es Alberto y que los delitos no se heredan.

¿Y usted confía en el Estado?

Los ciudadanos a nivel mundial vienen perdiendo confianza en la democracia y en los actores políticos. El Perú no es la excepción. La sensación de que los políticos responden a intereses privados se acentúa incluso en países occidentales de larga historia democrática. La membresía partidaria viene cayendo en todos los países desarrollados, al igual que la participación electoral en aquellos donde el voto es voluntario. Una encuesta en siete países europeos encontró que más de la mitad de los votantes no confía en el Estado.

¿Y como pretendemos que los ciudadanos confíen en el Estado cuando estamos plagados de
políticos mediocres involucrados en escándalos de corrupción, lavado de activos y extrañas movidas?

La fiscalía ratifico la denuncia contra Alejandro Toledo por lavado de activos. El Sano y Sagrado el luchador contra la corrupción y la mafia, el “adalid” de “la reserva moral”, aquel a quien Julio Cotlear admiraba en como un ejemplo de político limpio, sin departamentos en Paris. Sobre quien Alvarez Rodrich sostuvo que siempre se ubicaba en el lado correcto, el de la decencia.  El mismo. Al ser cuestionado por el periodista de Univisión Jorge Ramos sobre el caso Ecoteva, sostuvo desencajado “pregúntele a mi suegra. Yo no sé si usted conoce las cuentas de sus suegros. ¡Esa casa nunca iba a ser para mi! ¡A mi me investigan por ser el yerno! ¡Están tratando de obstaculizar mi candidatura presidencial!”.

Nadine Heredia armo un teatro en el congreso rodeada de escuderos nacionalistas. Había sido
vejada en su condición de mujer, madre y esposa, dijo. Pero no dijo porque consideraba necesario usar una tarjeta adicional de la cuenta de una amiguísima. Quien por cierto resulto con un alto cargo en el OSCE. Digo, si no hay nada que ocultar, ¿para qué nos ocultamos? Mientras PCM sigue colocando y financiando Diario 1, de propiedad del padre de Martin Belaunde Lossio. 

PPK, cuando ministro de Toledo, exoneró a la Interoceánica del paso obligado por el SNIP. Ello
es hoy materia de un escándalo de corrupción. Y ahora, el candidato PPK ha propuesto eliminar el SNIP. Esto es eliminar el control que impide o dificulta que autoridades elegidas (alcaldes, gobernadores, y hasta el Presidente) puedan robarse la plata de todos los peruanos o utilizarla en obras absurdas. ¿Por qué PPK? Y es que, si con SNIP estamos hundidos en un pantano de corrupción, como seria sin SNIP? ¿O será que quiere ser consecuente con su decisión sobre la Interoceánica y de paso usarlo como defensa para la investigación que se vendría?  

Yo no sé usted, pero yo tampoco confío en el Estado ni en los políticos peruanos.

Más que solo buenas intenciones

Las declaraciones del Papa en Bolivia generaron que El Comercio le dedicara un editorial crítico el 12 de Julio pasado. El editorial resaltaba que las libertades económicas, basadas en derechos de propiedad, la defensa de los contratos y el estado de derecho son las responsables de la reducción de pobreza, la mejora en los indicadores de salud y educación, y en general, de la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos en el mundo.

Sin embargo, el mismo editorial reconocía que en 2008 la incidencia de pobreza global era de 60% y la extrema de 34%. Esto significa que aún hay mucho por hacer. Un mundo donde las libertades económicas, civiles y políticas solo alcanzan a unos cuantos no es sostenible. Ello es lo que reconoce el Papa.

El Perú es uno de los países más desiguales del mundo: 1.6 millones de niños son pobres multidimensionales. Solo 77% de los adolescentes asiste al colegio. En las zonas rurales es 67%. En Huánuco y Cajamarca 62% y en Loreto 58%. En el 2012, 458,136 niños dejaron de asistir al colegio, en el 33% de los casos por razones económicas, limitando sus posibilidades de escapar de la pobreza. La tasa de embarazo adolescente es 14%, la mortalidad materna 103x100,000nv y la infantil 16x1000nv. Existe, además, una brecha entre los indicadores de las zonas urbanas y las rurales siendo Lima quien mejores indicadores tiene. El 50.1% de los niños menores de 5 en Huancavelica sufre de desnutrición crónica, 35% en Cajamarca y 30% en Ayacucho. En Omacha, Cuzco la desnutrición alcanza al 80% de los niños. 

El liberalismo de hoy, basado en la doctrina clásica debe proponer un Estado efectivo y eficiente, que garantice igualdad de oportunidades, que complemente el mercado donde no funciona, y que no deje que, con el pretexto de la libertad, unos pocos se apropien del Estado, capturando rentas para beneficiarse. Se trata de hacer políticas públicas basadas en igualdad de oportunidades para “emparejar la cancha” en términos de acceso a nutrición, educación, salud, propiedad, crédito y justicia. sin importar su nivel socioeconómico, lugar de origen, sexo, raza o lugar de residencia

Nuestros liberales no han entendido que el liberalismo debe, como toda propuesta doctrinaria, ser adaptado a los cambios globales y a la realidad del país. No es posible implementar políticas liberales que pueden funcionar en sociedades homogéneas como Austria, en países heterogéneos donde prima la desigualdad y la inequidad. Es aquí donde el Estado tiene que intervenir para lograr reducir la inequidad y que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de prosperar en base a su esfuerzo y capacidades personales.

Dios los cría

El presidente de la Republica, dio una entrevista desde la cumbre de la Alianza del Pacifico. Y uno creería que iba a escuchar del presidente todos los beneficios que la alianza le traerá al desarrollo del país. Contrario a ello y olvidando que él no es más un hombre privado y si el Presidente de todos los Peruanos, fuimos sorprendidos por una defensa cerrada de su señora, la primera dama y presidenta del partido nacionalista y un ataque contra el poder legislativo y la congresista  Marisol Pérez Tello.

Para ello comparo la labor de la Comisión de Investigación del Congreso sobre el caso Belaunde Lossio con los juicios populares de Sendero. Y uno se pregunta ¿es que acaso el Presidente de la Republica entiende que el poder legislativo, además de otorgar leyes tiene la obligación de ejercer un rol de control tal como lo establece la Constitucion? ¿Sabrá el Presidente la importancia que tienen los distintos poderes del Estado en una democracia? “La primera dama no es funcionaria pública” nos dijo también el Presidente sobre su esposa. Y claro, eso lo sabemos bien y es precisamente uno de los cuestionamientos al poder informal que ejerce Heredia en el ejecutivo. Ella al no ser funcionaria pública no está obligada a rendir cuentas. Y esa lección se la aprendieron bien en Palacio. 

Mientras ello sucede, la procuradora de Lavado de Activos Julia Príncipe es acusada de inconducta funcional al haber hecho declaraciones relacionadas con la investigación sobre Nadine Heredia. Y mire usted, extrañamente PPK, flamante candidato presidencial que andaría buscando “todo el apoyo” sale a defender a la primera dama: “El Congreso esta para investigar a expresidentes y a exministros; ella no es ni expresidente ni exministro y el congreso no tiene nada que ver ahí”.  Y ello justo cuando PPK está siendo cuestionando por haber exonerado a la Interoceánica del filtro del SNIP.  

Existe en el país una percepción de que quienes entran a la política lo hacen por intereses personales y/o económicos. No existe actor político relevante sobre quien no pese alguna sospecha de corrupción. Lo mismo sucede con la percepción que tienen los ciudadanos sobre las grandes empresas. Y si esta percepción está basada en hechos ciertos o no, es irrelevante. Los ciudadanos no confían en el Estado ni en las grandes empresas que
tienen vínculos con el sector público.

El problema es que ambas organizaciones son fundamentales para el crecimiento económico y el desarrollo del país. La falta de confianza de los ciudadanos en estas instituciones solo pueden alimentar opciones antisistema, y a la larga afectar el desarrollo del país.

Chavín de Huantar

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (C-IDH) falló contra el Estado Peruano en el caso Chavin de Huantar, al considerar que Eduardo Nicolás Cruz Sánchez (a) “Tito” fue ejecutado extrajudicialmente y por ello el Estado Peruano es responsable internacional.

18 años después de la operación considerada internacionalmente como el modelo de rescate  de rehenes, la C-IDH decide que el Estado Peruano debe seguir investigando la muerte de "Tito” y con ella a los Comandos, héroes nacionales. Ello porque la tercera sala penal da como cierta la versión de Hidetaka Ogura, quien mediante una carta enviada desde Japón sostuvo que “Tito” fue detenido en la casa contigua y tenía las manos amarradas cuando habría sido ejecutado. 

En su sentencia, la sala solo consideró la pericia forense del antropólogo Baraybar (socio de Aprodeh) y no quiso valorar las pericias de médicos forenses contratados por el Estado que sostenían que “Tito” tenía más de un impacto de bala y que además el disparo en la cabeza habría entrado de lado y la trayectoria no coincidiría con un disparo característicos de una ejecución extrajudicial. Esta es la clave de todo el proceso.

Chavín de Huantar fue una operación militar de rescate de rehenes secuestrados por terroristas armados con fusiles AKM, lanzagranadas, cargas de dinamita,  que habían cubierto el perímetro de la residencia con minas antipersonales (http://hagamosmemoria.com/?p=497). Luego de más de 4 meses de cautiverio, al iniciarse la operación, los terroristas no se rindieron, Al contrario, implementaron un plan detallado de ejecución de rehenes, asesinando al vocal de la Corte Suprema Carlos Guisti y 2 Comandos: el Comandante EP Juan Valer, quien cayó protegiendo al Canciller Tudela, y el Capitán EP Raúl Jiménez, dejando más de veinte heridos.

En su carta, Ogura, sostuvo además que al momento de ser rescatado vio como Herma Luz Meléndez y Víctor Peceros se rendían mientras eran rodeados por los Comandos. Ello, se demostró falso y se probó que los emerretistas murieron en combate. ¿Porque si se ha demostrado que Ogura mintió en este caso, se acepta su versión en el caso “Tito”? ¿Cómo es posible que en el jardín donde supuestamente se le detuvo había 10 rehenes japoneses y 6 magistrados peruanos, y ninguno de ellos vio lo que dice Ogura? ¿Por qué 140 comandos y 70 rehenes tienen la misma versión pero la C-IDH le crea a Ogura, rehén japonés, posteriormente expulsado del servicio diplomático?

La sentencia de la C-IDH ordena al Estado Peruano pagarle a Aprodeh y Cepril US$30,000 por las costas del proceso. Y ello es considerado como “una sentencia positiva para el Perú” por el exPremier Jimenez Mayor.